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“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia".
El 29 de septiembre se reveló que un grupo de hacktivistas, autodenominado Guacamaya, intervino los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información, donde se hallaron datos sobre el estado de salud del presidente e intervenciones militares como el conocido “Culiacanazo” en 2019. Incluso, se encontraron registros de decenas de denuncias de abuso sexual por miembros de las Fuerzas Armadas hacia sus compañeras. Los ahora conocidos como #GuacamayaLeaks tomaron el control de la agenda mediática.
Ante el volumen y magnitud de la filtración, un grupo de periodistas de diversos medios y organizaciones como R3D, Artículo 19, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias decidieron hacer equipo para analizar estos documentos en busca de pruebas que sustentaran una investigación en la que llevaban meses trabajando y que buscaba probar que el actual gobierno, encabezado por López Obrador, también estaba espiando periodistas y defensores de derechos humanos.
Una vez que pasaron los filtros para acceder a los #GuacamayaLeaks, que los hactivistas decidieron compartir solamente con periodistas que consideran calificados, hallaron la evidencia que buscaban: una recontratación de 2019 que el Gobierno hizo con la Comercializadora Antsua para adquirir los servicios de Pegasus, un malware creado por la empresa israelí NSO Group que solo se vende a gobiernos y que fue diseñado para infectar cualquier teléfono celular con el fin de extraer toda su información, desde chats, correos y fotografías, hasta contraseñas y cuentas bancarias. Además, tiene la posibilidad de activar la cámara y el micrófono en cualquier momento sin que el usuario se de cuenta. Todo esto, con la finalidad de que los gobiernos puedan intervenir a criminales y terroristas con mayor facilidad. Sin embargo, esta tecnología se está utilizando en contra de personas que no corresponden a ninguna de estas categorías.
La investigación arrojó que la Sedena no solo había recontratado este software, sino que lo había utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Ricardo Raphael, escritor del libro Hijo de la Guerra y columnista en el diario Milenio y el semanario Proceso, fue una de las víctimas de este espionaje. Se enteró de que había sido infectado con Pegasus luego de que su hijo de 12 años recibiera un mensaje a través de su celular con una nota de voz que decía: “diles que se cuiden”. Después de consultar a una serie de expertos, decidió mandar su teléfono al laboratorio de Citizen Lab, una organización en Canadá que tiene experiencia en el análisis forense de la infección de este software.
“Resultó que sí había sido infectado en 2016 o 2017, pero que, además, hubo una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 30 de octubre de 2019 y que continuó hasta diciembre de 2020. Y la fecha del 30 de octubre, de la primera infección, coincide con los días en los que estuve promoviendo en entrevistas un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama “Hijo de la Guerra”, comenta Raphael.
Este libro relata la historia de un presunto fundador del grupo criminal los Zetas, que narra cómo sucedió su deserción del ejército mexicano para formar, junto con otros exmilitares, esta masiva y sanguinaria organización. Razón que el periodista vincula al interés de la Sedena para seguirlo de cerca.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Pegasus enciende alarmas. En 2017 se reveló que, durante el gobierno Enrique Peña Nieto, se usó de la de la misma forma, para espiar a activistas y periodistas. De hecho, México encabezaba la lista de países con más objetivos en la mira para la infección. En aquel momento, el actual presidente, Lopez Obrador, se posicionó firmemente en contra el espionaje y aseguró que durante su gobierno estas acciones, características de regímenes autoritarios, no se llevarían a cabo.
Tras este nuevo escándalo enmarcado en su gobierno, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, fue la Mañanera para preguntarle frente a frente al presidente si estaba enterado del espionaje a periodistas que las Fuerzas Armadas han estado haciendo durante su gobierno. En su respuesta AMLO justificó a la Sedena diciendo que no hacía espionaje, sino labores de inteligencia, pero lo más preocupante fue que a través de sus declaraciones erráticas, dejó ver su desconocimiento de lo sucedido.
“Las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende que una u otra intervención de comunidades privadas sea legal o no, es que la lleve a cabo una autoridad que tenga facultades legales para hacerlo y que haya una revisión por parte de un juez que determine esa valoración”, explica Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Básicamente, y de acuerdo con la La Ley de Seguridad Nacional, intervenir las comunicaciones privadas de alguien no es ilegal, siempre y cuando un juez determine que esta acción es necesaria para la investigación de un delito, regularmente vinculado a alguna forma de crimen organizado. Sin embargo, así no funciona Pegasus. A través de él, la Sedena se brinca todos los procesos legales en clara violación al Artículo 177 del Código Penal Federal que establece como “delito grave” el “intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
Sin duda, los avances tecnológicos y su mal uso por parte de los gobiernos ya han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas, la institución más opaca, hermética y ahora, poderosa, del Estado, ha tomado el control de gran parte de los proyectos gubernamentales y llegado al punto de pasarle de largo a la figura presidencial.
“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia”, afirma Luis Fernando García.
Si quieres saber más sobre este tema, escucha en voz de Fernanda Caso el episodio completo de Semanario Gatopardo en Spotify, Apple, Amazon o en tu plataforma de pódcast preferida.
¡Gracias!
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“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia".
El 29 de septiembre se reveló que un grupo de hacktivistas, autodenominado Guacamaya, intervino los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información, donde se hallaron datos sobre el estado de salud del presidente e intervenciones militares como el conocido “Culiacanazo” en 2019. Incluso, se encontraron registros de decenas de denuncias de abuso sexual por miembros de las Fuerzas Armadas hacia sus compañeras. Los ahora conocidos como #GuacamayaLeaks tomaron el control de la agenda mediática.
Ante el volumen y magnitud de la filtración, un grupo de periodistas de diversos medios y organizaciones como R3D, Artículo 19, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias decidieron hacer equipo para analizar estos documentos en busca de pruebas que sustentaran una investigación en la que llevaban meses trabajando y que buscaba probar que el actual gobierno, encabezado por López Obrador, también estaba espiando periodistas y defensores de derechos humanos.
Una vez que pasaron los filtros para acceder a los #GuacamayaLeaks, que los hactivistas decidieron compartir solamente con periodistas que consideran calificados, hallaron la evidencia que buscaban: una recontratación de 2019 que el Gobierno hizo con la Comercializadora Antsua para adquirir los servicios de Pegasus, un malware creado por la empresa israelí NSO Group que solo se vende a gobiernos y que fue diseñado para infectar cualquier teléfono celular con el fin de extraer toda su información, desde chats, correos y fotografías, hasta contraseñas y cuentas bancarias. Además, tiene la posibilidad de activar la cámara y el micrófono en cualquier momento sin que el usuario se de cuenta. Todo esto, con la finalidad de que los gobiernos puedan intervenir a criminales y terroristas con mayor facilidad. Sin embargo, esta tecnología se está utilizando en contra de personas que no corresponden a ninguna de estas categorías.
La investigación arrojó que la Sedena no solo había recontratado este software, sino que lo había utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Ricardo Raphael, escritor del libro Hijo de la Guerra y columnista en el diario Milenio y el semanario Proceso, fue una de las víctimas de este espionaje. Se enteró de que había sido infectado con Pegasus luego de que su hijo de 12 años recibiera un mensaje a través de su celular con una nota de voz que decía: “diles que se cuiden”. Después de consultar a una serie de expertos, decidió mandar su teléfono al laboratorio de Citizen Lab, una organización en Canadá que tiene experiencia en el análisis forense de la infección de este software.
“Resultó que sí había sido infectado en 2016 o 2017, pero que, además, hubo una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 30 de octubre de 2019 y que continuó hasta diciembre de 2020. Y la fecha del 30 de octubre, de la primera infección, coincide con los días en los que estuve promoviendo en entrevistas un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama “Hijo de la Guerra”, comenta Raphael.
Este libro relata la historia de un presunto fundador del grupo criminal los Zetas, que narra cómo sucedió su deserción del ejército mexicano para formar, junto con otros exmilitares, esta masiva y sanguinaria organización. Razón que el periodista vincula al interés de la Sedena para seguirlo de cerca.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Pegasus enciende alarmas. En 2017 se reveló que, durante el gobierno Enrique Peña Nieto, se usó de la de la misma forma, para espiar a activistas y periodistas. De hecho, México encabezaba la lista de países con más objetivos en la mira para la infección. En aquel momento, el actual presidente, Lopez Obrador, se posicionó firmemente en contra el espionaje y aseguró que durante su gobierno estas acciones, características de regímenes autoritarios, no se llevarían a cabo.
Tras este nuevo escándalo enmarcado en su gobierno, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, fue la Mañanera para preguntarle frente a frente al presidente si estaba enterado del espionaje a periodistas que las Fuerzas Armadas han estado haciendo durante su gobierno. En su respuesta AMLO justificó a la Sedena diciendo que no hacía espionaje, sino labores de inteligencia, pero lo más preocupante fue que a través de sus declaraciones erráticas, dejó ver su desconocimiento de lo sucedido.
“Las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende que una u otra intervención de comunidades privadas sea legal o no, es que la lleve a cabo una autoridad que tenga facultades legales para hacerlo y que haya una revisión por parte de un juez que determine esa valoración”, explica Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Básicamente, y de acuerdo con la La Ley de Seguridad Nacional, intervenir las comunicaciones privadas de alguien no es ilegal, siempre y cuando un juez determine que esta acción es necesaria para la investigación de un delito, regularmente vinculado a alguna forma de crimen organizado. Sin embargo, así no funciona Pegasus. A través de él, la Sedena se brinca todos los procesos legales en clara violación al Artículo 177 del Código Penal Federal que establece como “delito grave” el “intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
Sin duda, los avances tecnológicos y su mal uso por parte de los gobiernos ya han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas, la institución más opaca, hermética y ahora, poderosa, del Estado, ha tomado el control de gran parte de los proyectos gubernamentales y llegado al punto de pasarle de largo a la figura presidencial.
“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia”, afirma Luis Fernando García.
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El 29 de septiembre se reveló que un grupo de hacktivistas, autodenominado Guacamaya, intervino los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información, donde se hallaron datos sobre el estado de salud del presidente e intervenciones militares como el conocido “Culiacanazo” en 2019. Incluso, se encontraron registros de decenas de denuncias de abuso sexual por miembros de las Fuerzas Armadas hacia sus compañeras. Los ahora conocidos como #GuacamayaLeaks tomaron el control de la agenda mediática.
Ante el volumen y magnitud de la filtración, un grupo de periodistas de diversos medios y organizaciones como R3D, Artículo 19, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias decidieron hacer equipo para analizar estos documentos en busca de pruebas que sustentaran una investigación en la que llevaban meses trabajando y que buscaba probar que el actual gobierno, encabezado por López Obrador, también estaba espiando periodistas y defensores de derechos humanos.
Una vez que pasaron los filtros para acceder a los #GuacamayaLeaks, que los hactivistas decidieron compartir solamente con periodistas que consideran calificados, hallaron la evidencia que buscaban: una recontratación de 2019 que el Gobierno hizo con la Comercializadora Antsua para adquirir los servicios de Pegasus, un malware creado por la empresa israelí NSO Group que solo se vende a gobiernos y que fue diseñado para infectar cualquier teléfono celular con el fin de extraer toda su información, desde chats, correos y fotografías, hasta contraseñas y cuentas bancarias. Además, tiene la posibilidad de activar la cámara y el micrófono en cualquier momento sin que el usuario se de cuenta. Todo esto, con la finalidad de que los gobiernos puedan intervenir a criminales y terroristas con mayor facilidad. Sin embargo, esta tecnología se está utilizando en contra de personas que no corresponden a ninguna de estas categorías.
La investigación arrojó que la Sedena no solo había recontratado este software, sino que lo había utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Ricardo Raphael, escritor del libro Hijo de la Guerra y columnista en el diario Milenio y el semanario Proceso, fue una de las víctimas de este espionaje. Se enteró de que había sido infectado con Pegasus luego de que su hijo de 12 años recibiera un mensaje a través de su celular con una nota de voz que decía: “diles que se cuiden”. Después de consultar a una serie de expertos, decidió mandar su teléfono al laboratorio de Citizen Lab, una organización en Canadá que tiene experiencia en el análisis forense de la infección de este software.
“Resultó que sí había sido infectado en 2016 o 2017, pero que, además, hubo una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 30 de octubre de 2019 y que continuó hasta diciembre de 2020. Y la fecha del 30 de octubre, de la primera infección, coincide con los días en los que estuve promoviendo en entrevistas un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama “Hijo de la Guerra”, comenta Raphael.
Este libro relata la historia de un presunto fundador del grupo criminal los Zetas, que narra cómo sucedió su deserción del ejército mexicano para formar, junto con otros exmilitares, esta masiva y sanguinaria organización. Razón que el periodista vincula al interés de la Sedena para seguirlo de cerca.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Pegasus enciende alarmas. En 2017 se reveló que, durante el gobierno Enrique Peña Nieto, se usó de la de la misma forma, para espiar a activistas y periodistas. De hecho, México encabezaba la lista de países con más objetivos en la mira para la infección. En aquel momento, el actual presidente, Lopez Obrador, se posicionó firmemente en contra el espionaje y aseguró que durante su gobierno estas acciones, características de regímenes autoritarios, no se llevarían a cabo.
Tras este nuevo escándalo enmarcado en su gobierno, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, fue la Mañanera para preguntarle frente a frente al presidente si estaba enterado del espionaje a periodistas que las Fuerzas Armadas han estado haciendo durante su gobierno. En su respuesta AMLO justificó a la Sedena diciendo que no hacía espionaje, sino labores de inteligencia, pero lo más preocupante fue que a través de sus declaraciones erráticas, dejó ver su desconocimiento de lo sucedido.
“Las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende que una u otra intervención de comunidades privadas sea legal o no, es que la lleve a cabo una autoridad que tenga facultades legales para hacerlo y que haya una revisión por parte de un juez que determine esa valoración”, explica Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Básicamente, y de acuerdo con la La Ley de Seguridad Nacional, intervenir las comunicaciones privadas de alguien no es ilegal, siempre y cuando un juez determine que esta acción es necesaria para la investigación de un delito, regularmente vinculado a alguna forma de crimen organizado. Sin embargo, así no funciona Pegasus. A través de él, la Sedena se brinca todos los procesos legales en clara violación al Artículo 177 del Código Penal Federal que establece como “delito grave” el “intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
Sin duda, los avances tecnológicos y su mal uso por parte de los gobiernos ya han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas, la institución más opaca, hermética y ahora, poderosa, del Estado, ha tomado el control de gran parte de los proyectos gubernamentales y llegado al punto de pasarle de largo a la figura presidencial.
“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia”, afirma Luis Fernando García.
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El 29 de septiembre se reveló que un grupo de hacktivistas, autodenominado Guacamaya, intervino los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información, donde se hallaron datos sobre el estado de salud del presidente e intervenciones militares como el conocido “Culiacanazo” en 2019. Incluso, se encontraron registros de decenas de denuncias de abuso sexual por miembros de las Fuerzas Armadas hacia sus compañeras. Los ahora conocidos como #GuacamayaLeaks tomaron el control de la agenda mediática.
Ante el volumen y magnitud de la filtración, un grupo de periodistas de diversos medios y organizaciones como R3D, Artículo 19, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias decidieron hacer equipo para analizar estos documentos en busca de pruebas que sustentaran una investigación en la que llevaban meses trabajando y que buscaba probar que el actual gobierno, encabezado por López Obrador, también estaba espiando periodistas y defensores de derechos humanos.
Una vez que pasaron los filtros para acceder a los #GuacamayaLeaks, que los hactivistas decidieron compartir solamente con periodistas que consideran calificados, hallaron la evidencia que buscaban: una recontratación de 2019 que el Gobierno hizo con la Comercializadora Antsua para adquirir los servicios de Pegasus, un malware creado por la empresa israelí NSO Group que solo se vende a gobiernos y que fue diseñado para infectar cualquier teléfono celular con el fin de extraer toda su información, desde chats, correos y fotografías, hasta contraseñas y cuentas bancarias. Además, tiene la posibilidad de activar la cámara y el micrófono en cualquier momento sin que el usuario se de cuenta. Todo esto, con la finalidad de que los gobiernos puedan intervenir a criminales y terroristas con mayor facilidad. Sin embargo, esta tecnología se está utilizando en contra de personas que no corresponden a ninguna de estas categorías.
La investigación arrojó que la Sedena no solo había recontratado este software, sino que lo había utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Ricardo Raphael, escritor del libro Hijo de la Guerra y columnista en el diario Milenio y el semanario Proceso, fue una de las víctimas de este espionaje. Se enteró de que había sido infectado con Pegasus luego de que su hijo de 12 años recibiera un mensaje a través de su celular con una nota de voz que decía: “diles que se cuiden”. Después de consultar a una serie de expertos, decidió mandar su teléfono al laboratorio de Citizen Lab, una organización en Canadá que tiene experiencia en el análisis forense de la infección de este software.
“Resultó que sí había sido infectado en 2016 o 2017, pero que, además, hubo una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 30 de octubre de 2019 y que continuó hasta diciembre de 2020. Y la fecha del 30 de octubre, de la primera infección, coincide con los días en los que estuve promoviendo en entrevistas un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama “Hijo de la Guerra”, comenta Raphael.
Este libro relata la historia de un presunto fundador del grupo criminal los Zetas, que narra cómo sucedió su deserción del ejército mexicano para formar, junto con otros exmilitares, esta masiva y sanguinaria organización. Razón que el periodista vincula al interés de la Sedena para seguirlo de cerca.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Pegasus enciende alarmas. En 2017 se reveló que, durante el gobierno Enrique Peña Nieto, se usó de la de la misma forma, para espiar a activistas y periodistas. De hecho, México encabezaba la lista de países con más objetivos en la mira para la infección. En aquel momento, el actual presidente, Lopez Obrador, se posicionó firmemente en contra el espionaje y aseguró que durante su gobierno estas acciones, características de regímenes autoritarios, no se llevarían a cabo.
Tras este nuevo escándalo enmarcado en su gobierno, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, fue la Mañanera para preguntarle frente a frente al presidente si estaba enterado del espionaje a periodistas que las Fuerzas Armadas han estado haciendo durante su gobierno. En su respuesta AMLO justificó a la Sedena diciendo que no hacía espionaje, sino labores de inteligencia, pero lo más preocupante fue que a través de sus declaraciones erráticas, dejó ver su desconocimiento de lo sucedido.
“Las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende que una u otra intervención de comunidades privadas sea legal o no, es que la lleve a cabo una autoridad que tenga facultades legales para hacerlo y que haya una revisión por parte de un juez que determine esa valoración”, explica Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Básicamente, y de acuerdo con la La Ley de Seguridad Nacional, intervenir las comunicaciones privadas de alguien no es ilegal, siempre y cuando un juez determine que esta acción es necesaria para la investigación de un delito, regularmente vinculado a alguna forma de crimen organizado. Sin embargo, así no funciona Pegasus. A través de él, la Sedena se brinca todos los procesos legales en clara violación al Artículo 177 del Código Penal Federal que establece como “delito grave” el “intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
Sin duda, los avances tecnológicos y su mal uso por parte de los gobiernos ya han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas, la institución más opaca, hermética y ahora, poderosa, del Estado, ha tomado el control de gran parte de los proyectos gubernamentales y llegado al punto de pasarle de largo a la figura presidencial.
“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia”, afirma Luis Fernando García.
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El 29 de septiembre se reveló que un grupo de hacktivistas, autodenominado Guacamaya, intervino los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información, donde se hallaron datos sobre el estado de salud del presidente e intervenciones militares como el conocido “Culiacanazo” en 2019. Incluso, se encontraron registros de decenas de denuncias de abuso sexual por miembros de las Fuerzas Armadas hacia sus compañeras. Los ahora conocidos como #GuacamayaLeaks tomaron el control de la agenda mediática.
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La investigación arrojó que la Sedena no solo había recontratado este software, sino que lo había utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Ricardo Raphael, escritor del libro Hijo de la Guerra y columnista en el diario Milenio y el semanario Proceso, fue una de las víctimas de este espionaje. Se enteró de que había sido infectado con Pegasus luego de que su hijo de 12 años recibiera un mensaje a través de su celular con una nota de voz que decía: “diles que se cuiden”. Después de consultar a una serie de expertos, decidió mandar su teléfono al laboratorio de Citizen Lab, una organización en Canadá que tiene experiencia en el análisis forense de la infección de este software.
“Resultó que sí había sido infectado en 2016 o 2017, pero que, además, hubo una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 30 de octubre de 2019 y que continuó hasta diciembre de 2020. Y la fecha del 30 de octubre, de la primera infección, coincide con los días en los que estuve promoviendo en entrevistas un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama “Hijo de la Guerra”, comenta Raphael.
Este libro relata la historia de un presunto fundador del grupo criminal los Zetas, que narra cómo sucedió su deserción del ejército mexicano para formar, junto con otros exmilitares, esta masiva y sanguinaria organización. Razón que el periodista vincula al interés de la Sedena para seguirlo de cerca.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Pegasus enciende alarmas. En 2017 se reveló que, durante el gobierno Enrique Peña Nieto, se usó de la de la misma forma, para espiar a activistas y periodistas. De hecho, México encabezaba la lista de países con más objetivos en la mira para la infección. En aquel momento, el actual presidente, Lopez Obrador, se posicionó firmemente en contra el espionaje y aseguró que durante su gobierno estas acciones, características de regímenes autoritarios, no se llevarían a cabo.
Tras este nuevo escándalo enmarcado en su gobierno, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, fue la Mañanera para preguntarle frente a frente al presidente si estaba enterado del espionaje a periodistas que las Fuerzas Armadas han estado haciendo durante su gobierno. En su respuesta AMLO justificó a la Sedena diciendo que no hacía espionaje, sino labores de inteligencia, pero lo más preocupante fue que a través de sus declaraciones erráticas, dejó ver su desconocimiento de lo sucedido.
“Las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende que una u otra intervención de comunidades privadas sea legal o no, es que la lleve a cabo una autoridad que tenga facultades legales para hacerlo y que haya una revisión por parte de un juez que determine esa valoración”, explica Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Básicamente, y de acuerdo con la La Ley de Seguridad Nacional, intervenir las comunicaciones privadas de alguien no es ilegal, siempre y cuando un juez determine que esta acción es necesaria para la investigación de un delito, regularmente vinculado a alguna forma de crimen organizado. Sin embargo, así no funciona Pegasus. A través de él, la Sedena se brinca todos los procesos legales en clara violación al Artículo 177 del Código Penal Federal que establece como “delito grave” el “intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
Sin duda, los avances tecnológicos y su mal uso por parte de los gobiernos ya han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas, la institución más opaca, hermética y ahora, poderosa, del Estado, ha tomado el control de gran parte de los proyectos gubernamentales y llegado al punto de pasarle de largo a la figura presidencial.
“Es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia. Los aparatos de inteligencia en países autoritarios y, sin duda, en México, han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades y pactos de impunidad que esconden la verdad y la justicia”, afirma Luis Fernando García.
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