Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, que le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Esto implica que tanto su dirección como la totalidad de su presupuesto quedarán en manos del Ejército, pero ¿cuál es el objetivo de esta decisión?

Originalmente la institución se estableció bajo la condición de permanecer con un mando civil y policíaco, sin embargo, esto nunca fue así. Según reportes del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal de 2021, 76% de sus elementos eran militares y miembros de la Marina Armada de México, al igual que sus cabezas de mando. La formación y los protocolos bajo los que se rigen las fuerzas armadas suelen ser más violentos y mucho menos transparentes, una realidad que se ha vuelto evidente desde la llegada de la Guardia Nacional. De acuerdo con datos de la CNDH, en el período de enero a septiembre de 2021, se acumularon 388 quejas de violaciones a derechos humanos, posicionándose incluso por encima del Ejército, que tiene 344 quejas.

“La Sedena no está sujeta a las mismas normas de transparencia y rendición de cuentas que el resto de la administración, pueden clasificar sus acciones por motivos de seguridad nacional e incumplir recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y encima esta ley les amplía la jurisdicción y el fuero militar, así que todos los delitos cometidos por los miembros de la Guardia Nacional van a poder ser juzgados en tribunales militares”, comenta Lisa Sánchez, directora de la Organización México Unido Contra la Delincuencia.

Empoderar aún más a una institución tan lejana a la rendición de cuentas podría tener graves consecuencias para la impartición de justicia y el resguardo a los derechos humanos. Durante los últimos años la cantidad de miembros de las fuerzas armadas desplegados en nuestro territorio y el presupuesto asignado a sus operaciones se ha incrementado exponencialmente: de 2006 a 2020, el número de elementos se incrementó de 45 mil a más de 181 mil y tras esta reforma, la Sedena pasará a tener cerca de 240 mil elementos distribuidos en todo el país.

En cuanto al presupuesto, de 2018 a la fecha, el monto asignado a Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –órgano al que estaba adscrita la Guardia Nacional– decayó 500%, mientras que el de la Sedena, Semar y la Guardia Nacional pasó de casi 140 mil millones a más de 200 mil millones de pesos. Con las modificaciones recientemente aprobadas, la Sedena se consolidará como la segunda dependencia con mayor presupuesto a nivel federal, solo superada por la Secretaría de Educación Pública, pero por encima de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud.

“Esta iniciativa viola la Constitución, no nos va a entregar seguridad pública y encima convierte a las fuerzas armadas en un monstruo de la administración pública federal, pues va a tener a los efectivos suficientes y el dinero suficiente para influir políticamente en el futuro del país”, añade Lisa Sánchez.

Por otro lado, hay quienes ven en el paso de la Guardia Nacional a la Sedena un movimiento necesario para solucionar problemas jurídicos, administrativos y laborales al interior de una institución supuestamente civil, pero de mayoría militar.

“El dinero no puede ser transferido entre instancias y los militares que estaban en la Guardia Nacional no podían tener acceso a una serie de beneficios salariales, recompensas monetarias y seguros, precisamente porque no estaban en el Ejército. La idea de llevar la Guardia Nacional a la Sedena es, sobretodo, la búsqueda por resolver esos problemas”, argumenta Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE.

En medio de una enorme controversia la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a pesar de ser una medida que contraviene la Constitución, especificamente el Artículo 129, que establece que, en tiempos de paz, los militares deben permanecer en sus cuarteles; y el Artículo 21, que dice que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpos civiles. Aún queda la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interponga una apelación por la inconstitucionalidad de la reforma y surja un debate paralelo para seguir discutiendo las implicaciones de esta decisión.

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