A finales de enero de este año, policías estatales de Tamaulipas, en activo, acribillaron en Camargo a 19 personas –16 de ellas, migrantes de Guatemala– que iban a bordo de una camioneta. Les prendieron fuego, muy probablemente para dificultar su identificación o para hacer pasar la masacre como una acción del crimen organizado, y trasladaron el vehículo, con los cadáveres, a un sitio distinto, lejos del rastro de sus municiones. Subrayo: No se trata de policías cualquiera, sino de una agrupación con una encomienda fuera de lo común, probablemente extralegal. La mayoría de los implicados pertenece al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que, de acuerdo con el decreto de su creación, tiene entre sus objetivos desplegar tareas “de neutralización de objetivos tácticos o estratégicos”; por supuesto, “neutralizar” es un eufemismo ampliamente utilizado para referirse a una acción realizada para privar de la vida a alguien. Hasta la fecha, no hay noticia de que el grupo en cuestión haya dejado de existir. La decisión recae en el titular del ejecutivo estatal, Francisco García Cabeza de Vaca. No debería esperar más para hacerlo.Surgen entonces las interrogantes: ¿Por qué subsisten estos grupos, en Tamaulipas y otros estados? ¿A quién responden en el día a día los GOPES? Sobre ellos pesan otros señalamientos recientes por delitos tan graves como homicidios y desapariciones forzadas. Me atrevo a lanzar la hipótesis de que los grupos especiales tienen lugar en las instituciones –de los tres órdenes de gobierno, sin distinción– porque se piensa que “hacen justicia” y que ésta no se puede lograr por la vía de ley, pues implica procesos de investigación, acusación y sentencia emitida por una autoridad neutral (es decir, jueces y juezas). No recurren a este camino por varias razones, entre ellas, su incapacidad de investigar y, luego, de litigar un caso en los juzgados; porque desconfían del sistema de justicia; por franca colusión con alguna de las partes en conflicto; o por una combinación de las tres. Así que se les expiden (informalmente) licencias para matar o, en su léxico, para “neutralizar” al enemigo.Les llaman grupos de operaciones especiales, de élite. Sus creadores se inventaron y se creyeron que son la única forma de enfrentar al crimen organizado y sus distintas ramificaciones –pobres de aquellos no criminales que queden en medio, en el caso de Camargo, migrantes–. Mientras tanto, sus defensores arguyen que los derechos humanos “sólo sirven a los delincuentes” o hacen referencia a situaciones extremas: ¿Qué harías tú si te disparan varios con fusiles AR-15?, ¿leerles sus derechos y arrestarlos?[read more]Nadie pide que las personas que integran las instituciones de seguridad pública o las fuerzas armadas se inmolen cuando su vida peligra. Al contrario, lo que argumento es que cuando se llega a esas situaciones extremas, que implican intercambios de disparos, muchas acciones, alejadas del escenario de guerra, se omitieron antes, como la investigación criminal. ¿Son imposibles esas acciones, tratándose del crimen organizado? Falso: A inicios de este año, en Italia empezó un juicio contra más de 350 acusados pertenecientes a la mafia calabresa (la ‘Ndrangheta), la más grande en ese país desde hace cuatro décadas. El Estado dirimirá el conflicto en tribunales; no a tiros. En México, nuestro gran problema es que, si acaso, se sentencia a capos o a empleados de menor escala en el cártel; nunca a redes completas del crimen organizado, que incluyen a las autoridades que les dan protección o facilidades para operar.Está escrito en la Constitución mexicana que uno de los objetivos del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, es decir, se procesa penalmente a una persona acusada de un delito para conocer la verdad –bastante han escrito al respecto autoridades del derecho penal–. Esto pasa por identificar responsables y complicidades mediante investigaciones que deben contribuir a responder preguntas como: ¿quiénes cometieron los delitos y cómo lo hicieron? Acertadamente, la fiscalía de Tamaulipas logró la vinculación a proceso de los 12 policías que el gobierno estatal puso a su disposición por la masacre. Sin embargo, que se sepa, ningún mando de la institución está entre ellos.Es indispensable vigilar que se busque la verdad de los hechos de Camargo en el sentido más amplio posible. Una investigación profesional y un proceso transparente de principio a fin debería responder cuestiones como ¿actuaron los policías por motivación propia para extorsionar a los traficantes de personas o abrieron fuego contra quienes creyeron miembros del crimen organizado? Si éste fue el caso, ¿el grupo especial tiene permiso u órdenes de sus mandos para aniquilar a sospechosos? Los sobrevivientes de la masacre, entre los que supuestamente se encuentra uno de los traficantes de personas, son clave si se quiere verdaderamente esclarecer los hechos y determinar quienes son todos los involucrados, más allá de los autores materiales.Detrás de este negro episodio en Camargo no solamente está el hecho de que hay rutas mortales para migrantes y nacionales en suelo mexicano, sino que aparentemente hay actores estatales con permiso para matar. Por ello, necesitamos la verdad completa del caso: para las víctimas, sus deudos y para que el gobierno de Tamaulipas haga lo necesario para que no vuelva a ocurrir. La verdad tiene el poder de traer paz.[/read]
