En abril de este año el presidente López Obrador propuso una reforma electoral que plantea más de cien modificaciones en torno al Instituto Nacional Electoral (INE). La noticia encendió las alarmas de la opinión pública, pues la reforma plantea un debilitamiento de la institución que hizo posible la transición democrática en el país. El pasado martes 25 de octubre dicha reforma entró a discusión en la Cámara de Diputados, lo que motivó a miles de personas a salir a marchar a las calles en defensa del INE.

De las tantas modificaciones que propone la reforma, cuatro de ellas han generado especial controversia: primero, que los consejeros y magistrados se elijan por medio del voto popular; segundo, que se recorte al financiamiento operativo de los partidos políticos; tercero, la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales; y cuarto, que el control del padrón electoral deje de estar en manos del INE.

Los reclamos de la ciudadanía son, sin duda, legítimos, pero habría que preguntarse, ¿realmente implica esta reforma el desmantelamiento del INE? y de ser así, ¿qué consecuencias podrían tener para México?, ¿verdaderamente está en riesgo la democracia en nuestro país?

Para averiguarlo, hay que remontarse a la historia detrás del Instituto Federal Electoral, que comenzó a construirse en 1946, cuando el entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM) tomó la decisión de institucionalizar el sistema político, y al mismo tiempo reinventarse, para convertirse en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a partir de ese momento se buscó engrosar la estructura de los procesos electorales, además de centralizarlos.

“La Secretaría de Gobernación creó una Comisión Federal Electoral, un organismo que dependía directamente de Gobernación y con ese mecanismo se unió con la ciudadanía desde 1946 hasta 1977 con las reformas que se van dando, que se van concediendo y que le van permitiendo a la oposición tener pequeños espacios dentro de este resquicio de la autoridad electoral”, relata Victor Alarcón, profesor investigador de la UAM- Iztapalapa.

Con el paso de los años las demandas ciudadanas en contra el autoritarismo, el presidencialismo excesivo y la falta de libertades cívicas se acrecentaron, principalmente principalmente con el movimiento del 68’. A partir de ese año se llevaron a cabo protestas postelectorales en demanda de una democracia verdadera y en denuncia de las prácticas priistas como la compra y robo de votos, o la eliminación de opositores del padrón electoral.

En este contexto, la caída del sistema en las elecciones de 1988 cambió todo el panorama, luego de que el aclamado candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, perdiera las la presidencia habría ganado en las urnas, ante Carlos Salinas de Gortari. La población se movilizó de manera inmediata y esto llevó a la gran reforma electoral de 1990, cuando el Congreso de la Unión aprobó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Para 1996, una nueva reforma convirtió al IFE en un órgano verdaderamente autónomo, sin injerencias del poder Federal y tras algunas modificaciones más llegamos al INE que organiza actualmente nuestros procesos electorales.

Ya revisada la historia, la pregunta se vuelve aún más pertinente: ¿qué tanto podrían afectar las modificaciones que plantea la reforma de AMLO a la consolidación democrática?

Para analizarlo hay que ir caso por caso, empecemos por la elección de consejeros y magistrados electorales. Los 11 consejeros del INE son los encargados de discutir y organizar todos los aspectos relacionados a las elecciones, desde la emisión de credenciales de elector hasta la impresión de boletas electorales, y son elegidos por la Cámara de Diputados; mientras que los magistrados son jueces en materia electoral y se encargan de dirimir los conflictos entre partidos o candidatos, éstos son elegidos por la Cámara de Senadores.

El planteamiento propone, de entrada, reducir el número de consejeros de once a siete, y luego que el poder ejecutivo, legislativo y la Suprema Corte de Justicia propongan a los candidatos que posteriormente serán elegidos por la ciudadanía a través del voto. Lo cual, de entrada, no suena nada mal, ¿no es ésta una clara representación de la democracia? No necesariamente, principalmente porque si son ellos los encargados de organizar y vigilar las elecciones, entonces, quién vigilaría sus candidaturas y los procesos para elegir al ganador. Además, esto implicaría recurrir a las mismas estructuras partidistas que después tendrían que regular y por supuesto, invertir un gran presupuesto en la organización de un proceso electoral más.

La propuesta de AMLO de quitarle al INE el padrón electoral, es quizás una de las más preocupantes, pues el país ha vivido ya en otros momentos de su historia las consecuencias de que esta base de datos no esté en manos de un órgano autónomo, sino de un ente de gobierno. Por otro lado, aún se desconoce en manos de qué secretaría o institución quedaría el padrón, pues no se especifica en la propuesta de reforma.

Un tercer planteamiento busca recortar el financiamiento operativo de los partidos políticos, con lo que se planea ahorrar cerca de 24 mil millones de pesos dejando de pagar rentas, salarios de dirigentes y personal, papelería, transporte, etc., y a pesar de que es otra idea que no suena mal, no es tan sencilla o saludable como parece.

Esto se debe a que el financiamiento de los partidos está establecido en la Constitución, por lo que para implementarla sería necesaria una reforma constitucional. “Si tú cambias tu legislación para que pueda ingresar dinero privado, primero tienes que discutir cuáles van a ser los mecanismos de fiscalización de ese dinero, y hay que preguntarnos si de veras queremos que los entes privados nos financien las campañas electorales, porque no estoy hablando de las empresas formales, estoy hablando de todo el dinero del crimen organizado que podría en dos patadas meterse al sistema, al igual que intereses de terceros o de grandes corporativos”, dice  Sofía Ramírez, directora de la organización México ¿Cómo vamos?

Finalmente, se ha hablado de que la reforma electoral busca la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, pero en realidad la interpretación de este punto se ha dado de manera equivocada, no son a éstos a quienes se piensa eliminar, sino todo lo contrario. Lo que la reforma plantea erradicar son los 300 distritos, los diputados y senadores uninominales, por lo que aumentarían los provenientes de las listas de partido, que son precisamente los plurinominales, así que los ciudadanos ya solo votarían por partidos sin que haya un diputado en específico que represente la zona territorial donde ellos viven y en el caso del Senado habría listas estatales.

Es evidente que las instituciones deben cambiar constantemente para mejorar su desempeño, pero en esta reforma los expertos perciben una falta de análisis sobre las fallas y aciertos del INE para buscar alternativas eficientes. Sin embargo, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no cree que esta reforma tenga el poder de desmantelar lo que el país ha avanzado en términos democrácticos. “La democracia es algo mucho más grande que ir a votar cada tres años, más grande que un instituto administrativo y muchísimo más que un tipo que dice que él es la voz del pueblo. La democracia no se va a acabar con una reforma electoral por más profunda y terrible que sea, no, la democracia al final del día es imperfecta y se va construyendo a prueba y error, viendo qué funciona, viendo qué se modifica”, afirma el especialista.

Escucha el episodio completo en Spotify, Apple, Amazon o en tu plataforma de pódcast preferida.