Ya se cumplieron poco más de tres años desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, en ese tiempo, al menos 70 organismos gubernamentales desaparecieron o están en proceso de desaparecer: 43 están extintos y 27 permanecen en la cuerda floja. Bajo la política de austeridad que AMLO instauró desde 2018, la administración pública ha perdido catorce subsecretarías de Estado, seis organismos desconcentrados —tienen conocimientos especializados sobre un tema y dependen de las secretarías—, tres organismos descentralizados —con personalidad jurídica y patrimonio propios—, dos áreas internas de dependencias, una empresa de participación estatal mayoritaria, un organismo autónomo y diecisiete de las veinte oficialías mayores que operaban al interior de las secretarías. Además, se eliminaron 109 fideicomisos públicos que mermaron las capacidades administrativas y económicas de ciertas instituciones, como los centros públicos de investigación. Entre decretos presidenciales polémicos y cambios discretos a los reglamentos internos, quedaron en el olvido decenas de áreas y dependencias.

En la lista está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que se extinguió el 31 de diciembre pasado. Entre otras cosas, se encargaba de apoyar programas de inclusión de género. “[Estaba ahí] para entregar dinero a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial. No entregan cuentas”, dijo el presidente en la mañanera del 5 de enero de este año sobre su decisión.

Lo anterior pese a que, entre sus funciones, el Indesol debía monitorear las acciones de las organizaciones de la sociedad civil cuando participaban en programas sociales federales o cuando accedían a apoyos presupuestales. También se aseguraba de que estas cumplieran todos los requisitos para considerarlas formalmente constituidas. El instituto tenía, además, un programa clave bajo su responsabilidad: el Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, que financiaba refugios a cargo de la sociedad civil que atendían a mujeres víctimas de violencia. Aunque el gobierno federal asegura que los apoyos seguirán entregándose, no está claro cuál institución es responsable ahora de este programa indispensable en un país con feminicidios, desapariciones y violencia de género.

También desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que tuvo la misión de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. El decreto del 15 de mayo de 2019 eliminó el instituto, pero el entonces presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Senadores y miembro de Morena, Rubén Rocha Moya, agregó que hacerlo era necesario para la “pacificación del país”, de cara al magisterio. Para suplir esta ausencia, el gobierno creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación con la promesa de que las evaluaciones negativas no se traducirán en despidos sino en la capacitación para los docentes.

En la lista se encuentra la Administración Nacional de Aduanas, un área interna que regulaba la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y que estaba bajo el control del Servicio de Administración Tributaria. Terminó por convertirse en la Agencia Nacional de Aduanas de México, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda bajo la operación del ejército.

“Ya no está el que le carga el portafolio al alto funcionario, quien le abre la puerta. Hemos ahorrado más de quinientos mil millones de pesos”, dijo AMLO en 2020 sobre su decisión de eliminar 14 subsecretarías. “En el pasado había direcciones adjuntas para todos los amigos del presidente en turno. Ahora es como el juego de las sillas, se van quitando”, remató desde la tribuna mañanera.

En el recuento realizado por Gatopardo se encuentra el Consejo de Promoción Turística de México, la empresa estatal que diseñaba las estrategias de promoción del país tanto al interior como al exterior de sus fronteras; en esa línea también se esfumó ProMéxico, que promovía la imagen del país en el extranjero y al que AMLO acusó de corrupción.

Incluso hay áreas internas que quedaron volando con la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República. Esto significa que siguen funcionando, pero ya no están contempladas en la legislación vigente y han quedado a la espera del reglamento que termine de definir su futuro. Algunos ejemplos son la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que quedaron agrupadas en la nueva Coordinación de Métodos de Investigación.

En otros casos, las responsabilidades se perdieron o se trasladaron a otras dependencias. Así sucedió con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y el Instituto Nacional del Emprendedor. Acerca de la fusión y el traslado de responsabilidades a otras dependencias, los especialistas consultados para este reportaje advierten que esto no necesariamente se traduce en eficiencia o ahorro, sobre todo si no hay un plan de trabajo claro.

Para justificar estas decisiones —por lo menos, en el discurso—, el gobierno ha argumentado que este proceso de desaparición de instituciones tiene que ver con la política de austeridad y de combate a la corrupción que AMLO prometió en campaña. Sin embargo, no se han hecho públicos documentos o informes que contengan los análisis que sustenten la decisión de las instituciones que son absorbidas por otras y de las que desaparecen por completo.

Al respecto, Sergio López Ayllón, exdirector del CIDE y ahora investigador de su División de Estudios Jurídicos, explica que estos cambios se explican a partir de la visión de AMLO sobre la administración pública: “La considera colonizada por ideas neoliberales y con duplicidad de funciones. Le tiene una profunda desconfianza, particularmente a los organismos con autonomía técnica que por normatividad no responden órdenes directas”.

López Ayllón detalla que la administración pública había ido creciendo y haciéndose más compleja desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Conforme fueron surgiendo necesidades, se fueron creando nuevos organismos reguladores, organismos con autonomía y otros más, relacionados con la defensa de los derechos de las minorías. Así se fueron formando áreas técnicas de especialización que se hicieron cargo de muchas funciones de las secretarías de Estado.

“No era perfecto, pero sí perfectible”, coincide la doctora en ciencias políticas María del Carmen Pardo, quien ha investigado procesos de modernización administrativa, descentralización, servicio de carrera y rendición de cuentas. Ella asegura que la autonomía y la repartición de responsabilidades son herramientas que fortalecen a los gobiernos, permiten la transparencia y le cierran la llave a la corrupción: “No son una ocurrencia, son una tendencia global. Responden, además, a un ejercicio de descentralización”. Los movimientos que AMLO ha hecho en los últimos tres años regresan esas responsabilidades al gobierno central, en contra de la meta de descentralizar que, en opinión de la especialista, tiene como objetivo descargar a los órganos centrales para que operen mejor y ofrezcan una mejor calidad en el servicio a la ciudadanía.

Por su parte, el investigador del Colegio de México Fernando Nieto Morales sostiene que, pese a la diversidad de instituciones que hay dentro de la administración pública, en realidad, no es un ente inmenso y caro. Por el contrario, “México tiene un sector público relativamente pequeño para el tamaño de su economía, [también es así si se contempla] la cantidad de personal contratado. No es el monstruo burocrático que imaginamos. Los sueldos no son millonarios en la mayoría de los casos. Incluso se estima que hay menos de una computadora por cada funcionario público en el país”, recalca el investigador de las burocracias mexicanas. A manera de ejemplo, la Secretaría de Economía estableció en 2020, de cara a la pandemia de covid y a las medidas de austeridad del gobierno federal, que se reducirían en 75% los equipos de cómputo que el personal tenía asignado, lo que provocó dudas sobre cómo harían sus labores sin esa herramienta básica.

“Ni Margaret Tatcher [primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990 que desmanteló el sector público británico durante su gestión] habría soñado con un desmantelamiento tan grande como el que estamos viviendo en este momento”, advierte López Ayllón. “Lo que revelan estos movimientos”, recalca, “es un profundo desconocimiento de las funciones de la administración. No se tomaron el tiempo de evaluar, de conocer, de entender la lógica de los organismos”. Sin embargo, López Ayllón reconoce que sí había un problema de multiplicación de instituciones que generaba insuficiencia en el gasto: “lo único que se requería era un buen diagnóstico organizacional completo de la administración”.

En la cuerda floja, decenas más

Además de las 43 instituciones que desaparecieron o se fusionaron con otras, hay al menos 27 que están en la cuerda floja. La mayoría goza de cierta autonomía ante el gobierno central y muchas tienen grados de especialización importantes, sobre todo en la atención a grupos y temas históricamente olvidados.

En este listado se encuentran la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué se puede perder? La desaparición del Inali, por ejemplo, puede poner en riesgo los avances en los derechos de las poblaciones indígenas, pues este instituto ha formalizado algunos alfabetos y se ha encargado de formar traductores y hacer que estén disponibles para estas comunidades.

AMLO también ha mencionado su deseo de desaparecer a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, porque considera que sus funciones –a pesar de su grado de especialización– pueden realizarse dentro de las secretarías existentes, como la del Bienestar, la de Gobernación o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A la vez, el presidente ha insistido en poner en duda al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, dos organismos autónomos cruciales para la democracia en México.

En el ámbito de la salud, están pendientes las reformas que confirmen el nacimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que desaparecería a tres organismos internos de la Secretaría de Salud: el Consejo Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental.

Por otra parte, aunque desde su campaña AMLO se comprometió a eliminar el Estado Mayor Presidencial y optó por no utilizar sus servicios, este no ha desaparecido. Se encuentra “en receso”, según información obtenida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Acerca de la respuesta de la opinión pública a este aspecto de la austeridad de AMLO, el investigador Fernando Nieto menciona que “la burocracia es un animal difícil de defender. Por eso, el costo de hacer estos movimientos mal hechos es bajo”. La sociedad, argumenta, percibe el mundo administrativo como lejano y le genera desconfianza. Con todo, los especialistas coinciden en que los cambios administrativos y la desaparición de organismos dejan preguntas sin responder: ¿qué ahorros efectivos se han logrado? y ¿a dónde ha ido a parar ese dinero?, ¿qué pasó con los empleados de esas áreas?, ¿se les liquidó conforme a derecho?, ¿las secretarías que absorbieron las nuevas responsabilidades tienen la capacidad técnica y operativa de cumplir con los nuevos encargos? Sobre todo, ¿cómo afectan a la ciudadanía estos movimientos que AMLO ha llevado a cabo?