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Hidroituango es una represa en construcción. Se levanta en un cañón de montañas que desde lejos parecen verdes, pero cuya tierra está tapizada de árboles como chamizos enfermos; toda una población endémica que se conoce como bosque seco tropical.

Está ubicada en el departa­mento de Antioquia, Colombia, a casi doscientos kilómetros de Medellín. La obra fue una idea primaria que nació hace casi sesenta años y que tuvo estudios geológicos en los años setenta y ochenta, que ahora son motivo de debate, pues se actualizaron poco. Debido a las condiciones del terreno —carreteras de barro y piedra, cumbres de difícil acceso—, a que la energía se iba a generar aprovechando el cauce del segundo río más importante de Colombia —el Cauca— y a que los grupos del añoso conflicto armado habían elegido ese cañón como guarida, por el que corrían con alijos de cocaína, el proyecto fue inviable. A mediados de los años noventa, la Gobernación de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) —la segunda empresa pública más importante del país— compraron la idea, proyectaron costos y algunos diseños; pero hasta 2010 empezaron las obras, evidenciando un mito muy colombiano: que los antioqueños pueden romper cualquier montaña y hacer dinero donde otros sólo ven viento.

Se esperaba que la represa —que sería la más grande de Colombia, al generar 2 600 megavatios, casi 30% de la energía del país— estuviera lista en diciembre de 2018 pero, en mayo de ese año, un error ocasionó un derrumbe en uno de los túneles, por lo que se desvió el río y las obras se postergaron hasta 2022 o 2023. Ese accidente puso en peligro a más de una decena de poblados, en lo que pudo haber sido el desastre más grande ocasionado por un error de ingeniería en todo el continente. Se creyó que el muro de presa, de 225 metros de altura, se rompería por la fuerza del agua. No sucedió, pero sí hubo desastres aguas abajo: crecientes súbitas que se llevaron casas y colegios, sequías inéditas y una mortandad de peces que parecía sacada de una plaga bíblica.

Es octubre de 2020 y recorremos largos túneles que pasan por una montaña de nombre Capitán, justo donde los campesinos dicen que hay una falla geológica que pudo haber sido el motivo del derrumbe de 2018. Cada tanto hay que pasar retenes que la empresa ha dispuesto para desinfectar carros y pasajeros. Los obreros hacen largas filas para que los rocíen con alcohol y les tomen la temperatura corporal. Todos trabajan en una noche perpetua; hacen turnos de doce horas: de seis de la mañana a seis de la tarde y de seis de la tarde a seis de la mañana. Siempre están metidos en las cavernas, donde hace un calor primigenio, sólo alumbradas por grandes bombillos.

Hidroituango fue un foco centrado de coronavirus: 918 personas estuvieron contagiadas en 2020, un evento que fue noticia en toda Colombia: una obra de ingeniería maltrecha que ya no avanzaba por la pandemia. Hernán Botero Vargas es el gestor logístico del proyecto. Es un hombre de más de cincuenta años, experimentado, que ha trabajado en la construcción de las centrales hidroeléctricas más importantes de Antioquia. Montados en la camioneta, mientras esperamos a que la desinfecten en el exterior y nos refu­giamos del calor espantoso que hace afuera, dice: “Yo estuve acá durante el brote de Covid-19 y no me dio. Aquí se contagiaron 918 personas que, si nos ponemos a pensar, fueron muy pocas, porque aquí han llegado a trabajar unas 11 600 personas, compartiendo habitaciones, camarotes y trabajo en esos túneles donde la circulación de aire no es mucha. Por el coronavirus ahora tenemos una rotación más alta y sólo tenemos 4 200 personas que están aquí laborando tres semanas, salen a descansar nueve días y se les practica la prueba para salir y entrar”.

Botero es un hombre creyente, ingeniero, pero creyente, que dice que todas las mañanas realiza un “devocional” que consiste en orar y leer la Biblia. Los obreros le hablan con reverencia; todo lo que sucede en el gran campamento está bajo su control. Puede hacer venir un helicóptero desde Medellín o que los viernes haya un menú especial en el restaurante. Es empleado de EPM desde hace varias décadas y dice que ama a la empresa con fervor (“esta empresa es lo más lindo que tiene Antioquia”). Agrega que el derrumbe de marzo de 2018 fue un suceso imprevisto, “como un temblor de tierra”.

Entramos a las cavernas, enormes túneles por los que van grúas de tamaño industrial, como Transformers que huyen a su guarida. Hay grandes mangueras amarillas por las que chorrea agua y se conduce oxígeno; los intestinos de una enorme estructura que un cerebro no puede comprender, sólo los ingenieros. Es inevitable sentir una luz de admiración por quienes están dotados para hacer cosas útiles. En un gran espacio, la casa de máquinas, hay diez de esas grúas y retroexcavadoras. Parecen pequeñas en el corazón de la caverna, donde hay puertas enormes, arcos sobre los que se han hecho a manera de homenaje tallas en lengua indígena nutabe. Los obreros con sus máquinas trabajan para retirar los rastros del desastre de 2018.

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El río Cauca nace a 3 900 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Sotará, en el Valle del Cauca, una estrella fluvial portentosa a la que se conoce como el “macizo colombiano”, donde también brotan los ríos Magdalena, Caquetá —tributo del Amazonas— y Putumayo. El Cauca recorre siete departamentos en más de 1 300 kilómetros sobre el costado occidental del país. En invierno arrasa con casas, camiones, cosechas, vacas, familias. Es una fiera temible que se explaya por planicies rebosantes de cañaduzales y, luego, baja con furia por cañones de bosques secos. Los indígenas le ofrecieron tributos y hombres temerarios bajaron por él abrazados a troncos, jinetes que desde zonas apartadas llevaban enfermos, heridos, mujeres en emba­razo. El Cauca no sólo arrastra por la fuerza de su cauce, también lleva lo que le arrojan: es un sumidero, una cloaca, un basurero por donde bajan aguas negras de pueblos enteros.

Este río —la fuerza de su caudal y las condiciones geológicas de las regiones por las que pasa— fue una de las obsesiones del ingeniero José Tejada y la empresa Integral —creada en 1955, en Medellín— que, durante más de cuarenta años, hizo diseños y estudios de factibilidad para una veintena de proyectos hidroeléctricos. Tejada era un tipo tenaz. En vacaciones viajaba con su familia a los lu­gares más extraños para encontrar una idea. En José Tejada, visionario de la ingeniería colombiana, un trabajo académico, Sarah Thénot Tejada escribe: “En uno de esos recorridos cerca del río Cauca reconoció el potencial del caudal de éste como posible fuente de energía”. El texto resalta que el ingeniero vio “once millones y medio de kilovatios y una generación anual de cincuenta mil millones de kilovatios por hora, resultados que se podrían obtener con una serie de grandes hidroeléctricas”. De esa visión, hoy sólo se levanta Hidroituango, que desde 2018 es una incertidumbre.

Las obras de Hidroituango, que tomó su nombre del pueblo Ituango, que queda a unas dos horas de camino desde el muro de presa, empezaron en 2010. Primero se construyeron carreteras, túneles y campamentos. Dos años después inició lo importante: túneles para desviar el río, el muro de presa y la casa de máquinas —el corazón de las hidroeléctricas, donde el agua mueve las turbinas que convierten la energía mecánica en eléctrica—. En 1995 se había creado la sociedad Pescadero Ituango, conformada por la Gobernación de Antioquia, EPM y particulares privados, para empezar a planear la construcción de la central. A mediados de los años 2000 los dos primeros tenían, cada uno, un 46.5% de las acciones. Sin embargo, en un movimiento político que se recuerda como una “toma hostil”, ocurrido en 2010, la Gobernación adquirió la mayoría y obtuvo el 53% al comprarle a particulares. EPM se quedó con el 46.5% y un grupo de privados con no más de 1%. Ya con un dueño mayoritario, ese mismo año se abrió la licitación de construcción. La primera opción era un conglomerado chino. Sin embargo, por presiones políticas, EPM se convirtió en socio constructor en un contrato que le permite recuperar la inversión y administrar la represa durante cincuenta años. Dada la magnitud de la obra, EPM contrató al consorcio CCC —integrado por dos empresas colombianas y una brasileña: Conconcreto, Coninsa Ramón H. y Camargo Correa— por unos 5 500 millones de dólares. Sin embargo, ese valor cambió después del derrumbe en el túnel en abril de 2018 y se calcula que el precio final rondará ahora los veinte mil millones de dólares.

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El sábado 12 de mayo de 2018 se destapó momentánea­mente un derrumbe que había ocurrido —y se había mantenido en secreto— en uno de los dos túneles por los que el consorcio constructor de Hidroituango había desviado el río Cauca con el fin de levantar sobre tierra seca el muro de presa. Desde que empezaron las obras en 2010, EPM ha forcejeado con la comunidad del Valle de Toledo, un caserío exiguo y el más cercano a la zona de construcción. Pese a que pavimentaron las vías, construyeron escuelas y trajeron una bonanza económica inédita, hay cientos de habitantes que prefieren que el río no se intervenga y defienden un ecosistema virgen. Ellos se han agremiado en una organización que se llama Movimiento Ríos Vivos y ahora exigen que la obra se desmonte. Fueron los primeros, en abril de 2018, en alertar que algo extraño sucedía en el río, pues el cauce había empezado a arrastrar una empalizada de miles de árboles talados. Además, notaban que el nivel del agua subía más rápido de lo normal. EPM argumentó que se debía a la rápida construcción del muro de presa, que estaba a unos cuantos metros de alcanzar su cota máxima, a 225 metros sobre el nivel del mar, que se conoce también como la cota 410.

Cuando se destapó el túnel, hubo una creciente aguas abajo como nunca antes. El primer caserío, a poco más de cuarenta kilómetros del muro de presa, Puerto Valdivia, recibió 6 000 m³/s, cuando lo máximo en temporada de lluvias había sido 1 500. La creciente arrasó con una veintena de casas, un colegio, cultivos, cerdos, gallinas y vacas. Fue como perder el mundo para una población totalmente pobre. El río también destruyó un puente de casi cien años por el que en otros tiempos pasaron arrieros con recuas de mulas y que en tiempos modernos se usaba de manera doméstica. La fuerza del río dejó el puente redu­cido: pegado apenas de una orilla, parecía una enredadera de metal amarillo. Todo quedó expuesto como un cráneo abierto sobre la tierra.

Las autoridades evacuaron a un centenar de familias que lo perdieron todo. Puerto Valdivia es un caserío que conecta la parte montañosa del departamento de Antioquia con la vía hacia la costa Caribe, donde hay una seguidilla de pueblos calurosos que se levantan a no más de 150 metros sobre el nivel del mar. Todos ellos estuvieron en riesgo de inundación total después del 12 de mayo de 2018.

Cuatro días después, el miércoles 16 a las diez de la mañana, un grupo de bomberos limpiaba las aulas del colegio, anegadas de barro y basura, mientras unas pocas familias abandonaban sus casas en Puerto Valdivia. Todos eran pescadores y mineros artesanales, que buscan oro en el agua o en pequeños socavones río arriba. Toda la parte baja del caserío estaba afectada, así que se improvisó un refugio —organizado con carpas en una cancha de fútbol— sobre la vía principal, donde ha habido siempre restaurantes y bares que ofrecen servicio a los camioneros que van hasta ciudades como Cartagena o Barranquilla. Los damnificados pensaban que en cuestión de días regresarían a sus casas, a sus oficios, y comentaban la rareza de la creciente.

Puerto Valdivia es un resumen de olvidos. El cementerio está repleto de cuerpos que nadie nunca identificó. En el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares que se libró en la zona donde se construye el embalse, hubo torturas, secuestros, mutilaciones, asesinatos; muchos cuerpos terminaron en fosas comunes y otros, arrojados al río, fueron rescatados en Puerto Valdivia, donde los sepultaron. Madres de los desaparecidos locales tomaban a esos muertos desconocidos y los bautizaban para hacer un duelo en cuerpo ajeno. La violencia continúa —hoy, en 2021— y aquella mañana de miércoles, aún en medio del desastre, los paramilitares se camuflaban como mototaxistas; otros atravesaban las calles en camionetas con el aire acondicionado a tope, vigilando que nadie hablara de más y que sus negocios de narcotráfico y extorsión marcharan sin pro­blema. Era inevitable que los habitantes de Puerto Valdivia sintieran que la creciente que se había llevado sus casas era una nueva manifestación de violencia, un agente externo que les quitaba una vez más lo poco que tenían. Mientras tanto, EPM decía que todo era resultado de un evento fortuito, propio de la naturaleza.

Era la una de la tarde de aquel 16 de mayo y, pese a la evacuación y a las familias acomodadas en carpas en una cancha, había calma. Todos estaban acostumbrados a cosas peores. En los restaurantes de carretera sonaban vallenatos y los camioneros comían en abundancia. Yo estaba en Puerto Valdivia para entrevistar a los damnificados y, mientras almorzaba, recibí una llamada. Me avisaban que el ministro de Minas había dicho, en una reunión privada, que Puerto Valdivia tenía que evacuarse de inmediato. Me percaté de que los funcionarios de EPM se montaban muy rápido a las camionetas y se dirigían al puente que pasaba por encima del río Cauca, tomando camino hacia la montaña, hacia Medellín. Colgué y dos o tres minutos después una alarma ensordecedora empezó a sonar con histeria. Los militares corrían por la calle y, aunque no decían mucho, todos entendíamos que venía una avalancha. El hombre del restaurante cerró sin cobrar, bajó la persiana y salió huyendo con una Biblia en la mano. Corrimos. Sobre el puente una mujer lloraba y llevaba bajo el hombro izquierdo, asido como un tronco inerte, un perro de pelos largos y sobre sus hombros, sentada a horcajadas, una niña pequeña. La si­rena no dejaba de sonar. Un hombre corría con un colchón sobre el hombro y me gritó: “Nos dijeron que no iba a pasar nada, los de EPM nos mintieron”.

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Veinte minutos antes de que sonara la alarma en Puerto Valdivia, Ana Milena Joya llegó al campamento de Hidroituango donde, desde la última semana de abril de 2018, se había instalado una mesa de crisis en la que trabajaban ingenieros, geólogos, hidrólogos y arqueólogos para responder las preguntas de los emisarios del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Ana Milena había llegado desde Medellín para atender el protocolo de crisis, en una comisión ordenada por el gerente de EPM. Sólo había estado en la obra una vez, en una visita de conocimiento, meses atrás; ahora se enfrentaba a lo desconocido. Sus colegas la pusieron al tanto y le dijeron que era muy probable que el muro de la presa se reventara y se llevara Puerto Valdivia, donde vivían unas dos mil personas. Ana Milena tomó su celular, revisó la ubicación en Google Maps para entender si estaba aguas abajo o aguas arriba del muro. En ese momento, le informaron que había un escape de agua y en Puerto Valdivia sonó la alarma.

Todos corríamos sobre el puente y mirábamos la boca del cañón, por donde se esperaba que bajara una ola del tamaño de un edificio de diez pisos. Familias enteras lloraban; muchos no habían podido regresar a sus casas y sólo conservaban la ropa que tenían puesta. Nos refugiamos en la parte norte de la carretera, que va rumbo a Medellín, justo donde empieza la montaña. Nadie sabía muy bien qué sucedía y minutos después circuló en WhatsApp un video grabado por un obrero. En él se veía cómo desde el muro de la presa salía a presión un chorro de agua que podía arrastrar a un camión. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, comparó la posible ola con el diluvio bíblico. La alarma dejó de sonar y lo único que se escuchaba eran murmullos. La gente lloraba mordiéndose la lengua, en silencio, en un lamento triste de puro pánico.

En el campamento de Hidroituango los ingenieros trataban de entender qué había fallado. Hernán Botero recibía llamadas que le anunciaban el aterrizaje de helicópteros con generales y coroneles de la República. Todos creían que la represa se iba a romper y mataría a miles de personas, un desastre inédito en el continente. Los técnicos hicieron un recuento de las últimas semanas: hubo un invierno fuerte y desde el 28 de abril de 2018 empezó a subir el caudal del embalse; el 30 de abril hubo un hundimiento en el cerro Capitán, lo que taponó el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD); el 5 de mayo, el SAD se destapó de manera natural durante una hora; el 7 de mayo, aunque todo ocurría con reserva, las denuncias de los campesinos obligaron a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tomara el control; el 10 de mayo EPM decidió pasar agua por cuatro túneles de captación —de los ocho existentes— para bajar el nivel del embalse; y el 12 de mayo hubo otro destaponamiento natural que duró dos horas y a Puerto Valdivia llegaron seis mil metros cúbicos. Sólo quedaba esperar la rotura de la presa.

El agua no bajó en una gran ola. Con el paso de las horas, la preocupación y el miedo se convir­tieron en desesperación: el río no creció, mantuvo su flujo delicado y sutil; los militares no mudaban su rostro siempre alerta, los labios cerrados en un rictus. De EPM no había nadie. Ellos fueron los primeros en evacuar, en tomar la vía hacia la montaña, a la que el agua no tenía cómo llegar. Una mujer de más de sesenta años, que estaba sentada en una silla plástica que logró sacar de su casa, se llevaba a la boca un gran hueso del que florecían hilachas de carne y dijo: “Aquí tiene que haber tiempo para comer, porque qué hambre”. En el puente de Puerto Valdivia todo em­peoraba: los campesinos se acercaban, iracundos, a los oficiales de policía; les gritaban que los dejaran regresar al campamento y a sus casas, porque ya tenían hambre y no iba a pasar nada.

Al finalizar la tarde, ese mismo día, evacuaron a todos los habitantes y los asentaron en un pueblo de la montaña llamado Valdivia, que es la zona más urbana del municipio. Llegaron cuando ya era de noche. Los que tenían algo de dinero se ubicaron en una habitación de hotel y, aunque sin lujos, era mejor que dormir en el coliseo de Valdivia, donde se acomodaron más de dos mil personas. El arribo de los cientos de campesinos fue dramático: los soldados cargando ancianas que no podían caminar, y hombres y mu­jeres con niños en brazos. Había unos cuantos enfermos: en silla de ruedas, mancos, rengos. Eran familias enteras que vivían en la pobreza absoluta y que traían una rabia enorme. En medio de la neblina y la bulla, vi entrando al coliseo a Rosalba Carvajal, a quien había entrevistado esa misma mañana en la sala de su casa, cuando vestía una pi­yama rosada y se reía a carcajadas como quien no habla de una tragedia, sino de una vergüenza pasada que con los años dejó de importar. Era una mujer pobre, tan pobre que su única propiedad eran tres marranos que se llevó el río el 12 de mayo y esa casa al borde de la carretera que se sacudía cuando los camiones pasaban a toda velocidad. Esa noche estaba sentada en una de las gradas del coliseo. Me dijo: “Nos quitaron todo, el río y la casa. Ahora nos dicen que lo que pasó fue una creciente, pero no, es culpa de ellos, de sus obras”.

La rabia aumentó con el tiempo porque, aunque parecía temporal, los habitantes de Puerto Valdivia permanecieron en albergues o casas rentadas durante más de un año. Vi familias en la miseria, viviendo en casas ruinosas de alquiler, hacinadas, sin la posibilidad de bajar al río a pescar, pues le temían más a una avalancha que al hambre. Algunos regresaron a su caserío en octubre de 2018, pero la mayor parte lo hizo en junio de 2019. Valdivia estuvo convertido por más de un año en un albergue y los locales sacaron provecho subiendo el alquiler. Algunas de estas casas eran apenas cuatro paredes de tapia con letrinas por las que cobraban hasta doscientos dólares.

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Desde mayo de 2018 todo es un escándalo alrededor de EPM e Hidroituango, un puñado de alcaldes de Medellín y gerentes de la empresa, quienes tienen abiertas investiga­ciones en la fiscalía, procuraduría y contraloría —estas dos últimas investigan malos manejos de los dineros públicos—. Los señalan como responsables de malas decisiones que van desde proteger a empresas privadas hasta meter al conglomerado público en una serie de inversiones que terminaron en pérdidas.

EPM fue creada en 1955 para prestar los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y telefonía. Su único dueño era y es hasta ahora la ciudad de Medellín. Por tanto, cada cuatro años el nuevo alcalde se convierte en presidente de la junta directiva y nombra a un nuevo gerente. Desde 1998 EPM se rige por el derecho privado y llevó sus servicios a más de trece departamentos del país y a México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Chile. El secreto de lo que se conoce como la transformación de Medellín —la ciudad más violenta del mundo convertida en referente de innovación— se debe a las transferencias que la empresa le entrega a la ciudad cada año, ahora por el orden de 1.5 billones de pesos —unos trescientos millones de dólares—. Así, en los últimos años se construyeron colegios, bibliotecas, escuelas de música, y se entregaron becas para hacer libros, discos, obras de teatro, películas. Todo un milagro.

Después del derrumbe en el túnel del SAD en 2018, EPM empezó una carrera para evitar un desastre. El destaponamiento natural del túnel que inundó Puerto Valdivia fue temporal, duró sólo dos horas, y el embalse quedó nuevamente sin salida de agua. El consorcio CCC, bajo orden de EPM, asignó a 1 500 obreros por turnos de ocho horas para que trabajaran sin descanso en terminar el muro de presa y evitar que el río Cauca pasara por encima. Fue titánico. Por muchas horas trabajaron con el agua a los pies, pues la obra sólo había alcanzado los 190 metros de altura y tenía que llegar a los 225, la cota máxima. Lograron el obje­tivo el 28 de mayo, en un registro casi milagroso. De esa manera, si el agua subía, podía bajar a su cauce controla­damente por un sistema conocido como el vertedero.

Mientras los obreros trabajaban, en Medellín algunos activistas e ingenieros cuestionaban duramente a EPM: querían saber por qué el túnel se había derrumbado. Sin embargo, los políticos que han estado detrás del “milagro” de transformación de la ciudad aseguraban en medios de comunicación que no era momento de atacar a EPM, sino de apoyarla, echando mano de una característica de los medellinenses: amar en sobremanera lo propio, las empresas, los políticos, los equipos de fútbol, ciertas calles, cierta mú­sica. Se vio a los críticos como a personas no gratas que querían pescar en río revuelto.

EPM lo tuvo todo en contra. El 30 de diciembre de 2015, penúltimo día para que terminaran los periodos de gobiernos locales y departamentales —y, por tanto, la gerencia del conglomerado—, se firmó un plan de aceleración para que la hidroeléctrica pudiera cumplir con los compromisos adquiridos con la nación, que consistían en generar electricidad en diciembre de 2018. De lo contrario, se someterían al pago de una multa millonaria. Detrás de la decisión estuvieron el exgerente Juan Esteban Calle —que meses después terminó trabajando en la competencia—, el exalcalde Aníbal Gaviria y el exgobernador Sergio Fajardo, hoy todos investigados por la fiscalía y la contraloría. El plan de aceleración no era un problema. Tampoco lo era que, para cumplir con la obra a contrarreloj, le prometieran un bono de veintitrés millones de dólares al consorcio CCC.

El plan de aceleración definió dos cosas: taponar con concreto los únicos dos túneles de desviación del río que existían, en lugar de instalar compuertas, como correspondía según los diseños, y abrir un nuevo túnel (el SAD) varios metros más arriba en la montaña, al que no se le construyó losa de concreto, por lo que la roca quedó expuesta. El SAD no estaba en los diseños originales, aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que otorga los permisos de obra; para construirla, debían aplicar a una modificación de licencia ambiental, pero no lo hicieron: empezaron las perforaciones mientras realizaban el trá­mite, hecho por el que son investigados desde hace dos años. En un estudio conocido en 2019, contratado por EPM, se supo que para abril de 2018 el caudal del río había crecido debido a las lluvias y la fuerza hídrica levantó esas rocas expuestas, lo que ocasionó el taponamiento que subió el nivel del embalse a mediados de abril de 2018, pero que el 12 de mayo se destaponó naturalmente durante dos horas. Cuando esto se supo, proveedores, críticos del proyecto y unos pocos miembros del Concejo de Medellín —una corporación que es una suerte de cámara local elegida por voto popular y se encarga de hacer control político y aprobar decretos y presupuestos públicos— empezaron a presionar a EPM para que demandara al consorcio constructor, discusión que la empresa siempre descartó.

Era una mañana de diciembre de 2018, siete meses después de la evacuación de Puerto Valdivia. En Medellín había un cielo tan azul que hería los ojos. En la sede de EPM, un edificio moderno construido muy cerca del río de la ciudad, Jorge Londoño de la Cuesta, entonces gerente de EPM, se comía un helado de vainilla mientras escuchaba mis preguntas. Estaba impasible, vestido con una camisa blanca y un blue jean. El mes de mayo, cuando se le vio con la cara desencajada y la barba de días, parecía muy lejano. “Yo no podía dormir mucho, era incapaz al pensar que el muro de la presa se podía venir abajo. Fueron tiempos muy duros”. Esa mañana hablamos de las decisiones que se habían tomado para evitar un desastre en Puerto Valdivia y otra decena de pueblos. No sólo se terminó de construir el muro de presa a toda velocidad: se tuvo que inundar la casa de máquinas, donde ya se estaban instalando dos turbinas —de ocho— que iban a generar energía. De ese modo se perdieron casi tres años de trabajo. Le pregunté por la demanda al consorcio constructor y dijo que no lo contemplaban: “Nuestra prioridad es asegurar a las comunidades y salvar el proyecto”.

Pero el drama continuó en Puerto Valdivia. Sucedió que, en febrero de 2019, casi un año después de que el agua pasara de manera descontrolada por la casa de máquinas, los ingenieros detectaron una abertura en la montaña rocosa, pues los túneles de captación, diseñados para recibir 160 m³ de agua por segundo, recibieron durante un año cada uno más de 600. Se creyó que el daño iba a ser irreparable, pero parece que la ingeniería ahora es un nuevo Dios todopoderoso. Cerraron entonces las captaciones para re­visar la montaña y el río se secó aguas abajo, ya que tuvieron que esperar cuatro días para que el embalse llegara al nivel del vertedero y el agua cayera por este sistema de nuevo a su cauce.

Fue un drama. El 9 de febrero de 2019, cuando cerraron los túneles de captación, volví a Puerto Valdivia. El caserío seguía deshabitado. En las casas permanecía el barro que había llegado hasta allí el 12 de mayo de 2018. El río ya no era ese demonio de aguas ocre que, embravecido, podía llevarse puentes, canoas y hombres: se había transformado en apenas un charco, por el que pasé caminando como un Moisés sin vara ni milagros. Era como ver a un guerrero debilitado, con el cerebro yerto, senil. Niños pequeños pasaban con el agua a la mitad de pecho, jugaban con balones, se divertían. El color del río había cambiado: el café de siempre se había tornado verde, como una laguna que recibe a cualquier nadador desprevenido. La Procuraduría General de la Nación contabilizó 57 mil peces muertos cuatro días después. Ecosistemas enteros perdieron la sangre que les daba vida. James Ányelo Vanegas, biólogo colombiano y doctor en Ciencias Naturales, ictiólogo e investi­gador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  con sede en Argentina—, me dijo en ese momento que el mayor riesgo por cortar el flujo del río de una manera tan abrupta recaía en los peces endé­micos del Cauca y sus tributarios.

Dijo Vanegas: “Aguas abajo, por la alteración del flujo del río, los peces pierden sus dinámicas de convivencia y de­sove y se desorientan sus ciclos reproductivos. Esto sin contar a los peces migratorios, que dependen totalmente de la temperatura, el oxígeno y otras variables. Además, se están perdiendo todos los nutrientes que vienen con el sedi­mento del río; todos los suelos van a sufrir por esta causa, porque esa parte boscosa asociada no va a recibir la misma cantidad de agua. Cambia una dinámica de los suelos de las plantas. Todo esto en verdad es lamentable”. Aunque EPM ubicó decenas de cuadrillas de profesionales de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia para que salvaran peces, dos años después los pescadores de la zona aseguran que la pesca cambió radicalmente: es más difícil encontrar bancos de peces y algunas especies, como la dorada o el picudo, no se volvieron a encontrar.

Es imposible encontrar un ictiólogo o un biólogo que conozca el caso del río Cauca e Hidroituango de cerca y que no esté trabajando con EPM. El conglomerado público contrató a gran parte de los investigadores de las univer­sidades mencionadas para que estudiaran la cuenca del río después de los desastres ambientales de 2018 y 2019. Además, contrató al Instituto Humboldt Colombia para resarcir el daño ocasionado aguas abajo del muro de presa. Ninguno de estos académicos puede hablar públicamente, pues compromete su trabajo, hasta que se conozca un informe oficial, que hasta el momento no es público.

Un informe del Instituto Humboldt anterior a la crisis de Hidroituango dice que en Colombia hay 1 494 especies de peces de agua dulce, “de las cuales, 112 realizan migraciones exclusivamente en estas aguas […] y repre­sentan los mayores aportes a la producción de la pesca artesanal continental […]. El ritmo biológico de las especies potamódromas (especies de agua dulce que migran) ga­rantiza la renovación de sus poblaciones con cada temporada de lluvias, así como el sustento proteínico y econó­mico para los pescadores y los dependientes de la red de comercialización del producto pesquero. La producción pesquera dependerá de tres factores fundamentales: 1. La conectividad espacial entre los sistemas (ríos, ciénegas, quebradas), 2. La conectividad temporal entre los sistemas acuáticos para llevar a cabo las migraciones (mantenimiento de la dinámica fluvial durante las épocas de lluvia y sequía) y 3. El mantenimiento de las condiciones bióticas y abióticas necesarias para que las especies puedan realizar su ciclo de vida”. Todos estos factores que mantienen saludable el río se perdieron en el Cauca después de la crisis de Hidroituango, sin contar con que los embalses ya afectan en un grado importante estos ecosistemas, pues impiden el paso libre de agua con los muros de presa, lo que cambia el tiempo de desove y la estacionalidad de las especies. “Lo que pasó con Hidroituango fue un desastre que no se calcula, pues el segundo río más importante del país dejó de fluir por varios días, cambió enteramente las condiciones ecosistémicas”, dijo uno de los investigadores hoy contratados por EPM.

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Jorge Londoño de la Cuesta entregó la gerencia de EPM el 31 de diciembre de 2019, cuando hubo cambio de alcaldías y gobernaciones en Colombia. Contra todo, dejó a Hidroituango con un nivel de riesgo de rotura muy bajo, casi inexistente. Sin embargo, la obra seguía maltrecha: se comprobó que, tras el paso de agua de manera descontrolada por la casa de máquinas, todo se había perdido. Su gestión no admitió la demanda al consorcio CCC por errores constructivos, pues la junta directiva de la empresa —integrada por empresarios de Medellín, algunos que tuvieron rela­ciones con dos de las empresas del consorcio, Conconcreto y Coninsa Ramón H.— argumentó que no podían demandar a sus socios estratégicos. Así las cosas, los daños de más de cinco mil millones de dólares los asumió EPM, es decir, todos los ciudadanos de Medellín a través de las facturas de servicios públicos.

El primero de enero de 2020, llegó a la alcaldía de Medellín Daniel Quintero Calle, un político de cuarenta años que creció en un barrio pobre de la ciudad. Quintero Calle quedó huérfano a los quince y terminó sus estudios de ingeniería gracias a que su hermano mayor trabajaba en los semáforos vendiendo pasteles para mantener la casa; era un desconocido porque había desarrollado su carrera política en Bogotá. Sin embargo, hizo una campaña electoral en la que prometía destapar la corrupción al interior de EPM y ganó. Los empresarios y todos los políticos locales —desde el investigado y polémico expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hasta el matemático y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo— lo tildaron de anárquico, sin mayores argumentos para hacerlo. Quintero nombró como gerente de EPM al exauditor general de la República —entidad en­cargada de vigilar la administración de los recursos públicos—, Álvaro Guillermo Rendón, quien en pocos meses demandó al consorcio CCC por los errores constructivos de Hidroituango y las pérdidas que ocasionaron por un monto cercano a los cinco mil millones de dólares.

Daniel Quintero sufrió el ataque de exgerentes de EPM, exalcaldes de Medellín y empresarios locales. Toda la junta directiva renunció en bloque, pues estaban en desacuerdo con la decisión. Sin embargo, continuó firme y en abril de 2021 la Contraloría le dio la razón al anunciar que embargaría las cuentas de todas las empresas contratistas para recuperar 2 500 millones de dólares. Pero Quintero no ha sido afortunado: tuvo que nombrar una junta nueva, de la que se cree que no tiene independencia, sino que debe hacer caso a todo lo que diga el alcalde. En enero de 2021 retiró a Álvaro Guillermo Rendón de la gerencia de EPM y nombró a Alejandro Calderón, quien renunció cinco días después en medio de presiones políticas, contrarias al alcalde, que alegaban la poca experiencia de Calderón y un par de títulos universitarios no homologados. En redes sociales, los adversarios lo hicieron ver como un desastre, un hombre que improvisa y que quiere acabar con EPM.

Por teléfono y después de la renuncia, Álvaro Guillermo Rendón me dijo: “Desde que llegué a la gerencia de EPM sufrí ataques. Yo estaba decidido a ir adelante con la demanda y lo hicimos. Además, sacamos adelante otros negocios, como la compra del Electricaribe [la empresa de energía en la costa colombiana]. Sin embargo, al interior de la empresa tuve amenazas. A mi vicepresidente jurídico le desorganizaron varias veces la oficina y le comunicaron que no podía proceder con los trámites legales. Finalmente, Daniel Quintero me sacó, después de que fuimos grandes amigos, porque yo estaba logrando conciliar con las partes y él no quería. Él quiere como gerente a un mandadero”. Bajo la administración de Rendón, se hizo público un documento que había ocultado la gerencia de Jorge Londoño de la Cuesta y del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Se trataba de un estudio hecho por las firmas reaseguradoras de Hidroituango donde se revelaba que los constructores sabían que la montaña donde iban a construir el SAD tenía problemas geológicos y que la roca se convertía fácilmente en arenilla. Aun así, sin importarles, construyeron el túnel y lo pusieron en servicio.

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La concejal María Paulina Aguinaga, que hace parte del partido Centro Democrático —dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez—, ha sido vehemente en su revisión del caso EPM. Desde antes de la crisis de Hidroituango ha criticado las inversiones extranjeras de la empresa en países como México, Panamá y Chile, pues han sido muy costosas y con pocas ganancias. Hablamos en su oficina una tarde de septiembre de 2020. La concejal cuidaba el distan­ciamiento social, llevaba un elegante vestido azul de dos piezas y un tapabocas color turquesa. Aguinaga dijo: “Demandar al constructor es una decisión correcta, pero no se respetaron los votos de la junta directiva, lo que es muy grave, pues se pasó por encima de lo que internacionalmente se conoce como gobierno corporativo. El punto es que EPM siempre ha protegido a los empresarios y cuando hay fracasos no los cobra, por lo que los ciudadanos terminan pagando a través de los impuestos”.

Cuando sucedió la emergencia, el entonces alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de EPM, Jorge Londoño, protegieron al consorcio constructor. Desde el primer momento aseguraron que éste no tenía responsabilidades, que se trataba de un hecho fortuito. Esto se debe a que en Medellín existe desde hace veinte años un gobierno mancomu­nado en el que los empresarios tienen voz y voto, además de representantes en las principales juntas directivas de las empresas públicas de la ciudad, por lo que atacarlos y demandarlos significaba una traición. En adición, son un directorio político que cada cuatro años apoya a candidatos a la alcaldía. A Daniel Quintero, ese modelo de gobierno le importó poco y demandó al consorcio. Sostuvo que los ciudadanos no podían pagar por los errores de los privados, lo que le valió una imagen de Robin Hood para algunos y, para otros, la de un radical que quiere acabar con el sistema de mercado.

De todo esto, Aguinaga dice: “En Hidroituango hubo errores muy graves y EPM se está privatizando, porque son los empresarios privados los que toman decisiones al interior. Cuando al exalcalde Federico Gutiérrez se le propuso que demandara al consorcio, la junta directiva dijo que no era conveniente porque las empresas del consorcio eran amigos, eran socios. Muchas cosas tienen que cambiar en la empresa y, sobre todo, hay que salvar a Hidroituango, pero el alcalde no está haciendo las cosas bien porque no hace un consenso con la comunidad, con los aliados, con la junta directiva; toma decisiones él solo sin respetar los estamentos empresariales y democráticos”.

Hidroituango se levanta en el norte de Antioquia entre los municipios de Ituango y Briceño, sobre un cañón de la cordillera occidental a donde, a finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI, sus habitantes se desplazaron por la violencia paramilitar. Hubo torturas públicas, violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones. Según Movimiento Ríos Vivos, los paramilitares arrasaron para abrirle camino a las empresas que explotan los recursos naturales. Isabel Zuleta es una de las directoras de la organización. Nació en Ituango y fue desplazada por la violencia; estudió sociología y, cuando regresó al pueblo, organizó a la gente para protestar contra la construcción de la represa. Hablamos una noche de octubre de 2020 en un café. Es una mujer combativa, temeraria: “Lo que nosotros queremos es que desmonten Hidroituango”.

Isabel hizo un recuento. Aseguró que, desde que EPM llegó a la región, se pisotearon los derechos de los campesinos, no se respetó la voluntad de quienes querían mejores precios por sus tierras y, mucho menos, la de quienes pedían que se buscara a los desaparecidos que estaban sepultados en la zona de obras. “La represa ha sido un mal para la región; es un modelo que acaba con la pesca y la minería artesanal, no es compatible con el modelo de vida de los campesinos. Desde el primer día advertimos que estaban construyendo en una zona inestable, pero no nos hicieron caso. Lo mejor que pueden hacer es desmontar”.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —un tribunal creado para el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado—, en la zona de influencia de Hidroituango los grupos armados desaparecieron a 2 094 personas. Después de un cotejo en cementerios y morgues, se detectó que las víctimas habían sido ejecutadas con disparos en el cráneo. Los datos hacen parte de una diligencia que la JEP adelanta para establecer si existen lugares de inhumación en la zona de embalse.

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Ahora, el alcalde Quintero ha remplazado en tres ocasiones al gerente de EPM, un hecho que no ocurría en la empresa desde hace veinte años, pues el gerente siempre fue una figura estable durante cada gobierno en la ciudad. La Contraloría General de la República le ha dado la razón a la demanda que hizo el conglomerado en contra de los constructores. En Puerto Valdivia la vida retornó a la normalidad desde finales de 2019. Sin embargo, los pescadores se quejan de no obtener peces en gran cantidad y temen que la obras en Hidroituango produzcan más desastres. Con Hernán Botero hablamos de esto mientras recorremos las obras de la central hidroeléctrica: “El problema es que el coronavirus nos retrasó aun más, porque no podemos poner a trabajar a once mil personas al mismo tiempo. Hemos tenido críticas por parte de ese movimiento, Ríos Vivos, pero pregunte a los empleados que hay aquí: todos aman este proyecto porque aquí encontraron trabajo, reciben un salario justo, se les paga salud y estudio. Mire ese derrumbe —señala un deslizamiento en el exterior de la montaña—. Ahí no hay intervenciones y sucedió. Pues lo mismo pasó acá”.

Las cavernas parecen la construcción de una raza alienígena y los obreros, arqueólogos que excavan en busca de un mineral extraño. Los ingenieros muestran las grandes rocas del tamaño de una catedral que arrastró el río con su paso descontrolado por la casa de máquinas. Esas rocas enormes, sumadas a los lugares de desinfección, le otorgan a la obra un aire de apocalipsis aséptico. Todos en el proyecto esperan que las primeras turbinas generen energía para finales de 2022. Es extraño estar en el interior de la montaña. Un geólogo toca la piedra y me dice: “Este material lleva aquí un tiempo, quizá cien mil años”. Habla de erupciones volcánicas y movimientos de tierra. Parece un sacerdote egipcio haciendo un ritual.

Por las galerías parecemos roedores y los obreros, roedores sabios con cascos y palas que se concentran en su tarea como matemáticos en los cálculos. Los ingenieros explican dónde se ubicarán las ocho turbinas, a qué velo­cidad llegará el agua. Pero todo es un lenguaje ininteligible. Cuando se les pregunta por la inundación de la casa de máquinas en 2018, dicen que lloraron, que vieron el trabajo perdido de años, pero aseguran que todo obedeció a un suceso imprevisto y que en esos momentos sólo podían rezar con fe cuanta oración sabían. Que la ingeniería la dejaron en manos de Dios.