Tiempo de lectura: 7 minutosMientras en gran parte del territorio nacional el PRI lo perdía casi todo, en el pueblo de Huitzizilapan, del municipio de Lerma en el Estado de México, la elección del 1 de julio de 2018 no generó demasiada expectativa, pues todo apuntaba a que Jaime Cervantes, el presidente municipal por PRI, se reelegiría sin demasiada competencia para un periodo adicional de tres años. La reforma político-electoral de 2014 trajo la reelección de regreso, tanto a nivel federal para legisladores, como a nivel local, en congresos y presidencias municipales.
El pueblo otomí de Huitzizilapan está compuesto por doce barrios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, y tienen con la presidencia municipal una relación distante, que en realidad preferirían no tener. De parte del gobierno municipal les llega, muy de vez en cuando, material para construir alguna escuela, que ellos levantan con mano de obra propia; o la noticia de que les construirán otra cancha de basquetbol que ni necesitan, ni solicitaron, pero que les venden como una gran idea, pues esta vez será techada. Eso, cuando son “buenas noticias”, pero de cuando en cuando les llegan también amenazas en forma de obras públicas que traerán “progreso”, una palabra que han aprendido a temer porque suele usarse para disfrazar proyectos que ponen peligro lo que más cuidan: la tierra, los árboles, el aire y el agua.
El pueblo otomí de Huitzizilapan tiene entre 12 mil y 15 mil habitantes.
El panteón de Huitzizilpan tiene un nombre en otomí, que el gobierno quiso renombrar en español, como una forma de reclamar control sobre su operación. El pueblo demandó que por respeto a sus usos y costumbres, el panteón conservara su nombre y organización tradicional. “Si lo que quieren es un panteón de pueblo indígena, les voy a mandar vasijas, en vez de material de construcción”, fue la respuesta del secretario del ayuntamiento, según recuerda José Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. “La declaración es un botón de muestra de la carga de racismo y desprecio que hay en el gobierno municipal hacia estas comunidades”, dice Lara en entrevista telefónica.
“Huitzizilapan es un bastión de la defensa del agua, el territorio y la cultura, y son un hueso muy duro de roer si se tratan de meter a sus tierras”, afirma. Para ellos eso del progreso no significa nada. Lo único que quieren y defienden a capa y espada es que los dejen en paz. Que les permitan organizarse política y económicamente como lo han hecho desde hace siglos, bajo las reglas comunitarias que los han colocado como un emblema de la lucha indígena a nivel nacional. Pero Huitzizilapan no la tiene fácil, está atrapado en el estado más corrupto de todos (hoy uno de los pocos bastiones priistas que quedan), y entre dos monstruos urbanos que avanzan como torbellinos: Toluca y la Ciudad de México. Además, el suyo es un territorio privilegiado: el espléndido bosque Otomí-Mexica con sus valiosas cuencas de agua, que comparten con Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco y Tlalmimilolpan y que hasta el momento han logrado proteger, pero está en constante riesgo de desaparecer.
En Huitzizilapan los otomíes son dueños, no sólo de sus casas y los terrenos donde están construidas, sino este inmenso bosque, que está cerca de las 2,800 hectáreas, y que el gobierno ha reconocido siempre, aunque a regañadientes, como territorio de pueblos originarios. Si está vivo, es solamente por eso. De no estar bajo el resguardo de los indígenas, seguramente habría dejado de existir hace mucho tiempo. También son dueños del agua, que llevan a sus casas con infraestructura propia, y para su adecuado manejo han creado instituciones especiales.
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En 2003 el gobierno federal implementó padrones de comuneros en los núcleos agrarios y comunales del país. El esfuerzo administrativo tenía por objetivo hacer un registro de los miembros y líderes de estas comunidades, pero sin información suficiente sobre la importancia del trámite, muchos no acudieron al llamado. Actualmente Huitzizilapan tiene entre 12 mil y 15 mil habitantes, pero apenas mil, aproximadamente, son comuneros registrados y como tales, solamente ellos pueden participar en las asambleas donde se toman las decisiones más importantes para la comunidad. Desde entonces, varios proyectos se impusieron a partir de estas autoridades sin consultar al pueblo.
El Comisariado de Bienes Comunales, electo por un periodo de tres años, ha tenido buenos y malos momentos. La gestión anterior, con miembros de filiación priísta, representó su momento más oscuro, tras aprobar un supuesto plan de aprovechamiento forestal propuesto por el municipio, y que no era más que un disfraz para la tala indiscriminada. Tiempo después, como aliados de la Procuraduría Agraria y de los tres niveles de gobierno, realizaron asambleas afines a sus intereses y aprobaron el paso de la autopista Naucalpan-Toluca por los límites de su territorio, y la expropiación de seis hectáreas del bosque de Huitzizilapan. Como estocada final, antes de finalizar su gestión en 2014, convocaron a una asamblea que tenía como objetivo modificar el uso de suelo en la región, para pasar de la modalidad de tierras comunales a una que abría el camino a la propiedad privada. Un grupo de mujeres y jóvenes pasó la noche del 5 de julio de ese año afuera de la sede del Comisariado para impedir que la asamblea tuviera lugar y alertar al resto del pueblo ante cualquier amenaza.
Citlalli González es una de las voces más fuertes de su comunidad.
Horas más tarde, en la mañana del 6 de julio, ochocientos granaderos llegaron hasta Huitzizilapan para asegurarse de que la asamblea sucediera, y golpearon y agredieron a las personas, en su mayoría mujeres, que habían pasado ahí la noche. Pero la organización del pueblo fue más fuerte. Hicieron sonar las campanas de la iglesia más cercana en señal de alerta y en poco tiempo más de tres mil personas llegaron a hacerle frente al grupo de granaderos que, completamente rebasado, prefirió retirarse.
“Hubo momentos muy tensos y estuvimos a un empujoncito de que se desatara un enfrentamiento grave. Ellos venían dispuestos a todo, pero nunca se imaginaron que tanta gente iba a venir a confrontarlos”, dice Citlalli González, una joven abogada que nació y creció en Huitzizilpan, y se ha convertido en una voz clave en la defensa de su comunidad, a pesar de que no está entre los comuneros registrados. La asamblea nunca tuvo lugar, y el Comisariado de Bienes Comunales fue reemplazado por uno que ha representado mucho mejor los intereses del pueblo. Aquella fue una enorme victoria para este pueblo otomí y la noticia llegó hasta San Cristóbal de las Casas, otro de los bastiones de la lucha indígena, desde donde les han llovido felicitaciones
La casilla electoral de Huitzizilpan se montó en su única escuela primaria.
El domingo 1 de julio Citlalli, quien también trabaja en el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, no había decidido si votar o no, a pesar de que la casilla, montada en la única escuela primaria del pueblo, está a unos pasos de su casa. Ella está segura de que los partidos políticos no son la respuesta. Le gustaría ser líder en su comunidad, pero no le interesa ser presidenta municipal ni nada por el estilo. Sólo formaría parte del gobierno si este fuera autónomo y le permitiera a Huitzizilapan organizarse libremente. “Nosotros no tenemos miedo y queremos que nos dejen en paz. Si no se meten en nuestro territorio, nosotros no nos metemos con nadie”, dice categórica.
El actual Comisariado termina su gestión en enero de 2019 y la comunidad está considerando ratificar su mandato para extenderlo, al considerar que ha hecho un buen trabajo. Eso evitaría que vuelva a caer en manos de un grupo cercano al gobierno municipal y estatal. “Esas son las vías legales y es lo que podemos hacer para evitar que haya más enfrentamientos y violencia; pero una comunidad organizada puede doblar a cualquier gobierno”, dice convencido Ismael Santana, secretario del actual Comisariado, quien reconoce bajo el árbol de peras en el jardín trasero de su casa, que el que sus tierras se encuentren en peligro, también es responsabilidad de los miembros de la comunidad. “El nuestro es un territorio privilegiado, sí, pero preferimos ser empleados de los ricos en la ciudades, en vez de explotar lo que nos brinda la tierra, que está abandonada en un 99%», afirma. «Al alejarnos de nuestro territorio facilitamos los despojos y ese es nuestro gran pecado”.
La única casilla de Huitzizilapan operó con normalidad.
Cuando cayó la noche de ese domingo, el PREP ya anunciaba la inminente reelección del priista Jaime Cervantes como presidente municipal de Lerma. “Él se dedicó a incentivar el despojo allá por La Marquesa, entonces lo están reeligiendo para que siga en esa línea”, dice Santana. “Es la herramienta de Eric Sevilla en esta zona del Estado de México”, asegura. Eric Sevilla fue el anterior presidente municipal en Lerma y hoy es uno de los más cercanos colaboradores del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien lo nombró Secretario de Desarrollo Social de su gobierno.
Entre los habitantes de Huitzizilapan corre el rumor de que empresas como Coca Cola, Lala y Alpura, además de los ex gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, han comprado tierras en esa zona. “Lo que me preocupa es que en esta comunidad somos respondientes. No prevenimos, reaccionamos cuando ya tenemos la desgracia encima”, dice Citlalli González.
Ismael Santana es secretario del actual Comisariado de Bienes Comunales de Huitzizilapan
“La estrategia del gobierno seguirá siendo abrir la cartera y comprar conciencias. El peligro está en que la gente se conforma con muy poquito”, suma Ismael Santana. “Obvio quieren regresar para continuar con lo que ya empezaron, pero no los vamos a dejar, a ver cómo le hacemos, pero no van a pasar”.
Hace apenas unos meses la autopista Naucalpan-Toluca, literalmente atravesó a Xochicautla, un pueblo contiguo a Huitzizilapan. El momento más dramático del proceso fue la demolición de la casa del doctor Armando García Salazar para dar paso a la obra. En cuestión de dos horas la maquinaria pesada destruyó el patrimonio de su familia, que les tomó más de diez años construir y que era, además, un símbolo de resistencia para su pueblo. Varios vecinos de Huitzizilapan acudieron para ofrecer ayuda, pero ya no hubo mucho que hacer.
Cerca de la casa de Abundio Rivera, otro de los miembros del Comisariado actual, hay escurrideros de agua que bajan de las montañas, directo de manantiales que también están bajo constante amenaza.
«Contra la militarización de los cuerpos y los territorios. Quien defiende el agua defiende la vida. Huitzizilapan pueblo originario…»
El presidente Enrique Peña Nieto firmó el 5 de junio de este año diez decretos que modifican la veda o prohibición que había en algunas zonas del país para explotar el agua, una de esas regiones es Lerma, el municipio al que pertenece Huitzizilapan. La modificación abre la posibilidad a empresas para acceder al líquido de 295 cuencas del país, o sea el 55% del agua de lagos y ríos a lo largo del territorio nacional.
“Yo vivo sin drenaje porque sé que es una comodidad que destruiría otro río, quizás uno de los pocos quedan limpios”, dice Rivera. “Para nosotros los indígenas estos son recursos de vida y yo defiendo el agua, no sólo por nosotros, sino también por ustedes, que ni siquiera han volteado a ver lo que está pasando y no entienden el valor que tiene un bosque en tiempos de calentamiento global”, denuncia.
Hasta el momento, el bosque otomí de Huitzizilpan conserva el estatuto de tierras comunales, que le garantiza cierta protección ante el capitalismo y la corrupción que lo atacan por varios frentes, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Los guardianes del bosque están en vigilia permanente.
