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La Patagonia es un territorio en disputa. Los estados chileno y argentino, a través de las llamadas Conquista del Desierto y Pacificación de la Araucanía, incorporaron a los suyos los territorios de la Patagonia, hasta entonces en manos de los pueblos originarios. Estos hechos sucedieron a fines del siglo XIX y, con ellos, se establecieron nuevos límites territoriales, un proceso de consolidación militarizado que hoy los historiadores revisionistas califican como genocidio.

Los estados de Argentina y Chile se cimentaron, durante las últimas cuatro décadas del siglo XIX, a imagen y semejanza del sueño y espíritu europeos. El cura italiano Alberto María de Agostini dejó asentado en sus escritos, tras su paso por la Patagonia a principios del siglo XX, que “el principal agente de la rápida extinción [de los pueblos originarios] fue la persecución despiadada y sin tregua que les hicieron los estancieros, por medio de peones ovejeros quienes, estimulados y pagados por los patrones, los cazaban sin misericordia a tiros de Winchester o los envenenaban con estricnina, para que sus mandantes se quedaran con los campos primeramente ocupados por los aborígenes. Se llegó a pagar una libra esterlina por par de oreja de indios. Al aparecer con vida algunos desorejados, se cambió la oferta: una libra por par de testículos”.

El general Julio Argentino Roca, que llevó adelante la Conquista del Desierto, en su informe al senado de la nación de 1878 anticipó su política hacia la Patagonia: “En la superficie de 15 mil leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los limites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20 mil almas, en cuyo número alcanzarán a contarse de mil 800 a dos mil hombres de lanza […] Su número es bien insignificante en relación al poder y a los medios que dispone la Nación. Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otra arma que la lanza primitiva”.

Dice que está preso por un acuerdo entre dos presidentes, Mauricio Macri y Michelle Bachelet, ambos mandatarios que reforzaron la represión contra el pueblo mapuche. Y advierte que esto lleva a la radicalización. Dice que han agotado todas las vías pacíficas, legales e institucionales.

Hoy, el conflicto en la Patagonia no sólo implica la lucha contra un clima hostil y la carrera por la propiedad de los recursos naturales como el agua, el petróleo, el gas, sino también, desde hace tres décadas, el resurgimiento de la resistencia del pueblo mapuche, que había permanecido disperso desde finales del siglo XIX.

—Aquí hay ciudades ricas por el petróleo, ricas por el turismo, que nos desplazan a la marginalidad a nosotros, que somos los nietos y bisnietos de los habitantes que la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía mataron, torturaron, encerraron y desterraron—dice Jones Huala.

—Nuestra generación es la última esperanza. Fuimos un pueblo a punto de morir—dice este hombre que, además de lonko, se asume weichafe (guerrero) y es el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que desde 2009 realiza y reivindica acciones de “autodenfesa” como sabotajes contra maquinaria y camiones de empresas. Sólo entre 2016 y 2017 se sucedieron la quema del puesto “Tranquera La Bolsa” de la compañía Tierras del Sur, de Luciano Benetton; el incendio de un puesto de la empresa Hidden Lake, del magnate inglés Joe Lewis; el ataque a la Oficina de Tierras de la Municipalidad de la localidad andina de El Bolsón; la quema de refugios de montaña en terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otros.

Durante el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, el Ministerio de Seguridad de la nación, entonces al mando de Patricia Bullrich, presentó en diciembre de 2017 el Informe RAM, en el que se enumeran 96 acciones supuestamente realizadas por esa organización. Algunas son reales, como los ataques mencionados; otras consisten en cortes de ruta; y otras situaciones son falsas, como la acusación de la RAM como responsable del asesinato del policía de la provincia de Neuquén, José Aigo, que la justicia desmintió desvinculando por completo a esa organización. Ese informe hace propio lo que la ministra Bullrich había dicho a los medios de comunicación, catalogando a la RAM como una organización terrorista, que acciona con la intención de conformar un Estado mapuche produciendo una escisión territorial. En la práctica, el gobierno argentino nunca pudo demostrar la existencia ni la estructura de la RAM, sino hasta 2017, con la desaparición en la Patagonia del joven anarquista Santiago Maldonado, que conmovió a buena parte de la sociedad argentina y se metió en la agenda política. Fue el 1 de agosto de 2017, durante un corte de ruta en el que participaba Maldonado, reclamando la liberación del lonko Jones Huala, detenido el 27 de junio por las razones ya aludidas. Un operativo de la Gendarmería Nacional corrió de la ruta a los manifestantes y los persiguieron comunidad adentro, hasta el borde del río Chubut, donde Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez. Estuvo 78 días desaparecido y su caso generó protestas de la ciudadanía en todo el país. El gobierno nacional y la fuerza de seguridad aseguraron que se había arrojado al agua y se había ahogado sin ninguna intervención de los gendarmes. La comunidad mapuche, la familia del joven y los organismos de Derechos Humanos apuntaron al Estado como responsable de su desaparición forzada y fallecimiento. La causa judicial sigue abierta.

El impacto nacional del caso de Maldonado hizo que, por primera vez, los medios hicieran eco de la existencia de Jones Huala y la RAM. Su nombre apareció en la tapa de los principales diarios y ocupó interminables horas de informativos televisivos y radiales. El punto máximo de esa exposición nacional llegó cuando recibió, en la cárcel de Esquel, a Jorge Lanata, conocido periodista y conductor del programa televisivo Periodismo para todos. Esta entrevista salió al aire el 27 de agosto de 2017, cuando Santiago Maldonado continuaba desaparecido, y la RAM y Jones Huala eran tema de agenda diaria.

• Jorge Lanata: ¿Qué es lo que reclaman?
• Jones Huala: Que nos devuelvan esos cuadros [por las tierras] y que se vayan los Benetton.
• JL: ¿Estás en contra de la propiedad privada?
• JH: Sí.
• JL: Pero está garantizada por la Constitución.
• JH: La propiedad comunitaria no está reglamentada. Nosotros tenemos un reclamo constitucional.
• JL: ¿Cómo podés estar en la Argentina y estar en contra de la propiedad privada?
• JH: La propiedad privada está en contra de nosotros. Nosotros existimos antes que el Estado, lo dice la Constitución.
• JL: Por un lado estás en contra de la propiedad privada y por otro defendés la propiedad más que nadie, porque estás defendiendo la propiedad de 4 000 años. Sos más conservador que los conservadores.
• JH: Sí, claro. Soy conservador, sí. Soy mapuche. No soy ni argentino ni chileno, una cosa es la nación y otra el Estado.

La difusión de la entrevista supuso el punto más alto de desprestigio nacional para Jones Huala. Su sola mención fue asociada al terrorismo y la violencia. Dos años y medio después, en febrero de 2020, en la cárcel de Temuco, dice que fue un error haber concedido la entrevista.

A pesar de la reivindicación por parte de la RAM de cada una de las acciones realizadas, algunos sectores mapuches y organizaciones de Derechos Humanos adjudicaron la información sobre su existencia a “montajes de los servicios de inteligencia”.

Jones Huala, en cambio, dice:

—La RAM existe.

— ¿Tiene forma, un lugar, una cantidad de personas que la integren?

—La RAM es un estado de conciencia que cruza a muchos integrantes del pueblo mapuche.

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Una de las acciones centrales de la resistencia mapuche es lo que denominan “recuperación territorial”. El primer registro de recuperación territorial mapuche en Chile corresponde a 1969, cuando, en un hecho conocido como el “Cautinazo”, algunas comunidades ocuparon tierras en la provincia de Cautín. Éste fue el antecedente de la radicalización de las recuperaciones que se dieron luego de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Salvador Allende, a partir de 1970.

En Argentina, ese proceso se puso en marcha desde mediados de los noventa, fundamentalmente en tierras improductivas, sin valor para el mercado turístico ni potencialidad de explotación, pero de alto valor espiritual para las comunidades mapuches. Cuando, a partir del siglo XX, las recuperaciones llegaron a la zona cordillerana patagónica, de alto valor inmobiliario y con potencial de usufructo turístico y energético, comenzó la preocupación de los Estados nacional y provincial, y de los propietarios privados.

Las recuperaciones se realizan fundamentalmente en territorios desocupados de grandes latifundios, que se usan para el pastaje de animales, o en zonas ocupadas y protegidas por Parques Nacionales. La última ocupación registrada se dio en el noroeste de la provincia de Chubut, el 22 de enero de 2020. La comunidad mapuche Lof Pailako-Futalaufquen Mew inició una recuperación territorial dentro del Parque Nacional Los Alerces. El personal del parque bloqueó el camino de acceso al sector y solicitó la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Hasta hoy, la comunidad sigue en ese territorio.

Desde el año 2010, la RAM ha acompañado varias recuperaciones en distintos puntos de la Patagonia.

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Jones Huala protagonizó su propia recuperación territorial. El 13 de marzo de 2015, junto con integrantes de su familia y otros mapuches, ingresó a un pequeño territorio que forma parte de las más de 900 mil hectáreas que compró el magnate italiano Luciano Benetton, propietario de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, en la zona del noroeste cordillerano de la provincia de Chubut. Saltaron los alambres, ingresaron a los lotes sólo utilizados para el pastaje de ovejas y levantaron rápidamente una casilla con maderas y chapas, que serviría como “guardia de seguridad”. Luego llevaron algunos animales e iniciaron la edificación de las rukas (casas) donde vivirían. Dieron forma así a pu lof (comunidad) en Resistencia Cushamen. Jones Huala se convirtió en lonko de esa comunidad.

Ese territorio, ubicado entre la ruta 40 y el río Chubut, es, desde el momento de la recuperación, escenario de incursiones de la policía de Chubut y las fuerzas federales. Por caso, el 10 y 11 de enero de 2017, una avanzada del grupo de élite de la policía de Chubut ingresó al territorio para liberar la vía del tren La Trochita que cruza el lugar. La comunidad había interrumpido esa vía pocos días antes en protesta por la apertura de causas judiciales bajo la figura de usurpación y abigeato. La represión resultó en 10 detenidos y dos heridos graves: Emiliano Jones, que recibió el impacto de una bala de goma en la mandíbula y de un perdigón en el maxilar; y Fausto Jones Huala —hermano de Facundo—, a quien un perdigonazo en la cabeza le provocó una fractura de cráneo y la pérdida de la audición en el oído izquierdo.

Cinco meses después de esto, al momento de su detención, por pedido de la justicia chilena por el incendio de 2013, Facundo Jones Huala y otros integrantes de la comunidad volvían de la celebración del winoy tripantu (solsticio de invierno), una conmemoración de una vuelta más del sol y el momento más esperado de la espiritualidad mapuche. En esa ceremonia realizada durante varios días, los mapuches creyeron ver una señal.

—Sabíamos que venía el malón blanco, que las fuerzas represivas nos atacarían —dice Jones Huala, sentado en la celda, pava en mano.

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En 1959 el escritor e historiador argentino Osvaldo Bayer contó cómo los mapuches perdieron los terrenos de Cushamen. En su periódico La Chispa, publicado en Esquel, Bayer detalló cómo un par de “turcos” y un diputado provincial se quedaron con los terrenos del mapuche Rafael Nahuelquir, para entonces fallecido, que eran de su viuda y sus hijos. “Es urgente que los legisladores aclaren los despojos de Cushamen”, tituló La Chispa el 24 de enero de 1959, en el primero de una serie de artículos que investigaban el asunto.

El texto recordaba que, como integrante de la comunidad Ñancuchi Nahuelquir, Rafael era uno de los habitantes del predio de 625 hectáreas cuya distribución se había realizado en 1899 entre los ocupantes originarios de la zona, y señalaba: “Hace cerca de 40 años que el Estado entregó al jefe aborigen Rafael Nahuelquir un predio de 625 hectáreas en el lote 140 de la Colonia Cushamen […] así comienza el detallado drama de la tierra en Cushamen […] que publicaremos en nuestras páginas a partir del próximo número”.

El medio creado por Bayer detalló cómo el comerciante Julio Telleriarte y el tasador Luis Zuschlag operaron para quedarse con las tierras de la viuda e hijos de Nahuelquir. La estrategia incluyó un remate, realizado “sin notificar a los herederos”. “Del dinero obtenido en el remate, los herederos no han recibido hasta la fecha un solo centavo. Les queda la casa habitación que valientemente se negaron a desalojar”, informó Bayer.

Cincuenta y seis años después, un puñado de jóvenes mapuches, entre los que estaba Jones Huala, recuperó parte de ese territorio en Cushamen que Benetton ostentaba como propiedad, sin construcciones, sólo habitado por ovejas y caballos.

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Después de un año y tres meses detenido en Argentina, Jones Huala fue extraditado a Chile el 12 de septiembre de 2018 por la antigua causa del incendio en el fundo, ocurrido en enero de 2013. Una semana antes, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU había reclamado al Estado argentino que no lo extraditara argumentando el respeto a los derechos del detenido. El gobierno argentino, sin embargo, cumplió con el pedido del poder judicial chileno.

Ahora está alojado en el Pabellón 5 de la unidad penal de Temuco, Chile. Es febrero de 2020. Al salón de visitas lleva una canasta, dos ponchos y una manta, que utiliza como almohadón y mantel, y el equipo de mate que tomará sin pausa entre las 10 y las 15 horas, cuando amigos y familia deberán dejar el penal. Está más gordo; se toca la panza.

—Con esta guata no se puede hacer la revolución—dice y se ríe.

Habla de su madre y sus hermanos.

—Los quiero, claro, pero a veces no comparto el camino de lucha elegido.

María Isabel, su madre, vive en un territorio recuperado en Bariloche. Desde allí acompaña y promueve las luchas y movilizaciones mapuches.

—Aprendí todo de él —dice María Isabel—. Es mi hijo, lo amo, es mi vida; el día que decidí tenerlo, asumí una responsabilidad de madre, por eso lo acompaño y estoy con él: porque sé que es una lucha digna. También es mi lamien, mi hermano mapuche; también es mi autoridad, mi lonko. Yo sé que muchas veces es difícil entenderlo. Muchas madres que han sufrido cosas con sus hijos, a veces no lo pueden entender. Yo lo asumo desde ese lado: lo veo como mi hermano mapuche que está luchando por mi pueblo, no solamente por él o por mí como mamá. Está luchando por un pueblo que se tiene que levantar, que despertar, que dejar de ser oprimido, pisoteado, ninguneado, insultado.

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Facundo nació en 1986. Nació mapuche sin saberlo, a pesar de su linaje. Durante décadas, los mapuches ocultaron su pertenencia a ese pueblo debido a la discriminación y, durante un siglo, fue difícil encontrar a alguno de ellos que reconociera: “Soy mapuche”. Pero durante los noventa, ese proceso empezó a revertirse como consecuencia del trabajo de organizaciones como el Centro Mapuche y, posteriormente, el Consejo Asesor Indígena, que recorrieron pueblo por pueblo de la zona andina. En 1994, la Constitución argentina se reformó y en su nueva versión se incluyó el reconocimiento de los pueblos originarios como preexistentes al Estado nacional.

En ese contexto, Jones Huala entró en contacto con una realidad que hasta entonces miraba lateralmente. La marginalidad en la que vivía no le había permitido hacer otra cosa. La vida itinerante de María Isabel Huala, madre de él y otros cinco hijos, los llevó a Bariloche, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Chile y de vuelta a Bariloche. Ella asumió casi en soledad la crianza de Facundo y sus cinco hermanos menores: Fernando, Fiorella, Fausto, Nicolás y Pirén; los más grandes hijos de Ramón Eloy Jones Huala. El Jones hace ruido en el linaje mapuche.

—Dicen que mi viejo era inglés: cualquier cosa dicen—se ríe Facundo y aclara que el Jones llegó de algún mestizaje pasado y que su padre era mapuche nacido en Cushamen, en el territorio que él recuperó en 2015.

María Isabel y Ramón Eloy se separaron cuando Facundo tenía 11 años.

—Él era el más grande de los varones, entonces muchas veces se tomaba atribuciones como papá —dice María Isabel y explica que, si bien la ayudaba muchísimo, también peleaban por eso—. Tuvimos que trabajar muchísimo para que él ocupe el puesto de hermano mayor y no de papá. Peleábamos mucho por eso.

“Aquí hay ciudades ricas por el petróleo, ricas por el turismo, que nos desplazan a la marginalidad a nosotros, que somos los nietos y bisnietos de los habitantes que mataron, torturaron, encerraron y desterraron”.

A sus 11 años, caminaba por las calles de la periferia pobre de Bariloche, se escapaba a veces de la casa. La lectura empezó a ser una forma de escape durante la adolescencia y la Biblioteca de Bariloche, un refugio. Fue salteado a la escuela primaria y la terminó, pero la secundaria se convirtió en un escollo. Prefería la calle. Dormía algunas noches abajo de un puente al costado de un arroyo y otras, en una comisaría. “Era bravo yo”, dice ahora desde la cárcel de Temuco, años después de aquella adolescencia. De niño tenía una salud endeble. Bajas defensas, sucesivos resfríos, descompensaciones, ninguna enfermedad de fondo diagnosticada.

—Lo tildaron de loco, esquizofrénico; decían que le faltaban vitaminas, minerales… andá a saber qué más —se irrita María Isabel—. En realidad, tenía que conocer y asumir su condición de lonko: lo que tenía era una enfermedad espiritual que, si no se trata, enferma al cuerpo.

Un lonko dentro del cuerpo de un pibe de barrio que camina las calles de tierra; un adolescente desgarbado que escucha heavy metal y punk, que devora títulos en la Biblioteca Sarmiento de Bariloche, que tirita de fiebre en el frío patagónico porque adentro, adentro, dice María Isabel, era lonko.

—Una machi se lo dijo —explica.

Una machi, líder espiritual, chamana con capacidades de curación y premonición, alguien un poco más cerca de la wenu mapu, el territorio de arriba, le informó en 2015 que era lonko y debía manifestarse como tal; que debía realizar ceremonias y que iba a sanar. Le dijo que al ser lonko aquellas dolencias desaparecerían.

—Facundo tenía 28 años y es justo cuando le dicen que tiene que levantarse como lonko, que ya no hay tiempo —recuerda María Isabel—. Ese espíritu estaba apurando y él cada vez más enfermo.

Según su madre, reconocerse como lonko lo sanó.

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Es extenso el historial de detenciones de Jones Huala. El 30 de enero de 2013 cayó preso en el sur de Chile por su participación en el incendio del fundo Pisu Pisué, ubicado en la comuna de Río Bueno. Cumplió unos meses de prisión preventiva y, cuando en junio de 2014 lo beneficiaron con la prisión domiciliaria, aprovechó el relajamiento de la custodia, se escapó y cruzó a pie a la Argentina. Participó en varias acciones de recuperación territorial, en distintos puntos de la cordillera. Recorrió territorios, habló con las comunidades y fue radicalizando su posición.

En junio de 2017, lo detuvieron nuevamente. Un juicio de extradición resolvió que lo entregaran a Chile, paso que se cumplió el 12 de septiembre de 2018. Tres meses después, lo declararon culpable de aquel incendio de 2013 y de la tenencia de arma casera. Le dieron 10  años de prisión, que está cumpliendo. Según el fallo de dicho juicio, “el día 9 de enero de 2013, a las 23:00 horas, en circunstancias que don Alberto Riquelme Paillán, cuidador del fundo Pisu Pisué, se encontraba en el interior de su casa- habitación en compañía de su grupo familiar y cuatro menores de edad, de 12, 6y 5 años, y una lactante de 6 meses. En esas circunstancias ingresaron al predio a lo menos tres sujetos: Facundo Jones Huala (y otros dos), quienes encapuchados y vestidos con ropas oscuras del tipo tenida militar de campaña, incluidas botas, y premunidos de armas de fuego cortas tipo pistolas, intimidaron al grupo familiar y maniataron a don Alberto Riquelme Paillán y a don Jaime Montes Moll, obligándolos a salir del domicilio y luego, con el propósito de incendiar el inmueble, rociaron con acelerante el lugar prendiéndole fuego, resultando la casa-habitación completamente destruida por la acción del fuego. Las víctimas resultaron lesionadas con laceraciones leves producto de las ataduras realizadas. Luego, los imputados se dieron a la fuga efectuando disparos al aire y llevándose los aparatos celulares de los ocupantes del inmueble”.

Algunos días antes del hecho, Jones Huala había advertido a la población sobre acciones de ese tipo, en contra de la instalación de una represa, según lo declaró en el juicio una vecina del sector, Elisa Anilde Cárdenas Epuyao: “Las personas que llegaron se oponían a la construcción de una represa y en una reunión donde se encontraban unas 20 personas, convocada por la comunidad para discutir dicha cuestión, llegaron [la machi] Millaray Huichalaf y el argentino Jones Huala, quienes insultaron a los vecinos, que andaban armados con chuecas y otras cosas, y les dijeron que si no los apoyaban iban a quemar las casas, por lo que a partir de esa noche se amanecían cuidando sus casas”.

Esa violencia, muchas veces ejercida contra personas de origen mapuche (“pero no conscientes de la lucha”, argumenta Jones Huala), lo alejó de algunas comunidades. Por caso, el vocero de otra comunidad en la zona de Cushamen, Antonio Fermín, dijo en ocasión de una asamblea en la localidad de El Maitén, provincia de Chubut: “Condenamos y repudiamos de forma categórica los métodos criminales de RAM que actúan contra nuestros propios hermanos indígenas y exigimos que todo encapuchado sea identificado para demostrar que no son mapuches, sino impostores que se arrogan una representatividad de nuestro pueblo que no tienen”.

La acciones de la RAM apuntan a desgastar y socavar la presencia de las empresas extractivistas que perforan la tierra en busca de petróleo; de las mineras que provocan enormes daños al territorio; las hidroeléctricas que encajonan ríos e inundan territorios y poblaciones; y las empresas forestales que talan árboles nativos para sembrar pinos de rápido crecimiento y ganancias.

El Maitén es un pequeño pueblo de menos de 5 mil habitantes, cuya estación de tren fue incendiada en 2017, en un ataque que reivindicó la RAM. La asamblea de la localidad le pidió a las autoridades provinciales y judiciales que consideraran este hecho, sumado a los incendios del campo de Benetton, las agresiones a puesteros y la quema de vehículos, maquinaria agrícola y galpones, como “hechos terroristas”. El lonko Camilo Nahuelquir repasó en esa oportunidad, en diálogo con un diario nacional, que “nuestro pueblo mapuche es pacífico, respetuoso y está abierto al diálogo. Jamás usamos la violencia como forma de reclamo y ahora —por culpa de la RAM— los medios de comunicación hablan de los mapuches como una comunidad violenta que no somos”.

En la sala de visitas de la prisión de Temuco, Jones Huala dice que asume todas las acciones de resistencia activa que se le endilgan en Argentina; que es militante del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu y de la RAM.

—Es un movimiento que incluye a todas las tendencias que se dicen autonomistas dentro del pueblo mapuche. Dentro de ese movimiento conviven diferentes organizaciones, comunidades e individuos con diversas miradas de la realidad y de la forma que deben accionar, y también soy militante de la criminalizada, perseguida y vapuleada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Me hago cargo de eso.

Entre las acciones que reivindica figuran los incendios de los icónicos refugios de montaña Jakob y Neumeyer, lo que le valió a la RAM numerosos pronunciamientos de repudio. En octubre de 2013, las llamas consumieron el refugio Neumeyer, que utilizaban anualmente miles de senderistas, ubicado en el valle del Challhuaco, a 19 kilómetros del centro de Bariloche. En el lugar aparecieron volantes de la RAM y, un mes después, la organización se hizo cargo del hecho a través de un comunicado:

“Nos adjudicamos de manera digna y responsable la última operación pública ejecutada por un weichafe (guerrero) de la RAM, la cual obedece a una visión estratégica del conflicto. Es un mensaje para todo Nuestro Pueblo Mapuche, Comunidades, organizaciones, los enemigos winka (blancos) capitalistas, sus empresas y Estado opresor, ya que el refugio Neumeyer representa intereses de la burguesía y el fascismo local a través del Club Andino Bariloche coludido con Parques Nacionales”.

En el mismo, la organización se hizo responsable de la “quema de plantaciones de pinos de la multinacional Bennetton en el noroeste de Chubut”, que ocurrió en diciembre de 2012, además de un ataque con una bomba molotov contra el Consulado de Chile en Bariloche y otros hechos.

El 6 de julio de 2017 incendiaron el refugio Jakob. Una vez más, la agrupación RAM reivindicó el ataque como una acción “de sabotaje” realizada “en la lucha contra del sistema capitalista y las empresas trasnacionales con el objetivo de frenar la destrucción de nuestro walmapu (territorio) y liberarnos como pueblo nación mapuche”.

Este hecho “fue realizado en el marco de la nueva ilegal detención del lonko Facundo Jones Huala, exigiendo su inmediata liberación y una solución política real a las demandas del pueblo nación mapuche”, comunicó el grupo a través de redes sociales. Al momento de ocurrir esos ataques, organismos de Derechos Humanos y comunidades mapuches denunciaron un montaje de los servicios de inteligencia para culpar a la organización que lidera Jones Huala.

—Fue la RAM —dice, sin embargo, Jones Huala—. La RAM es una organización que ha validado todas las formas de lucha y que no teme decir que, entre esas muchas formas de lucha, se incluye la violenta. Deben encuadrarse como acciones de defensa activa que apuntan, fundamentalmente, a desgastar y socavar la presencia de las empresas extractivistas que en la Patagonia argentina perforan la tierra en busca de petróleo y gas; de las mineras que provocan enormes daños al territorio; las hidroeléctricas que encajonan ríos e inundan territorios y poblaciones; y las empresas forestales que talan árboles nativos para sembrar pinos de rápido crecimiento y ganancias.

Habla también de atacar latifundios como el de Benetton o el de Joe Lewis, el magnate inglés que cercó un lago que estaba dentro de las tierras que compró, de modo que él es quien da paso (o no) a éste. La RAM vandalizó maquinarias y puestos de ambas estancias en varias oportunidades.

Saltaron los alambres, ingresaron a los lotes utilizados para el pastaje de ovejas y levantaron rápidamente una casilla con maderas y chapas, que serviría como “guardia de seguridad”. Luego llevaron algunos animales e iniciaron la edificación de las rukas (casas) donde vivirían.

Los planteos de recuperación territorial y las acciones contra propiedades privadas y del Estado encuentran poco apoyo entre sectores no mapuches. Organizaciones de Derechos Humanos, partidos de izquierda, abogados indigenistas, algunas mínimas estructuras dentro del poder judicial y militantes sociales acompañan las proclamas. Pero una mayoría intensa los rechaza. Por caso, la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Esquel, la de Bariloche y la misma entidad a nivel nacional se pronunciaron contra los reclamos mapuches. Leonardo Jones, extitular de la SRA de Esquel, señaló en 2017 que “en la mas absoluta de las soledades advertimos esta situación. Veíamos claramente que los hechos podían ampliarse a la región y escalar en violencia” y habló de los “avivados que bajo banderas de reclamos históricos encubren oscuros objetivos separatistas y violentos”.

La SRA—que, a fines del siglo XIX, se benefició con el reparto de tierras, tras la Campaña del Desierto— planteó que “las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) […] Entre los delitos por los que esta asociación criminal es acusada están el incendio de viviendas, de bosques, el ataque a trabajadores rurales, la privación ilegítima de la libertad, el abigeato, la usurpación y el daño a la propiedad privada. Es hora de que la justicia aplique la ley en tiempo y forma. A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora”.

En las redes sociales también se multiplican los mensajes, muchos de ellos de tinte racista:

“Indios terroristas, hay que limpiarlos a todos. ¡Vuelva señor general gon Julio Argentino Roca, que todavía no se terminó su misión!”, escribió el usuario F. J. Caldera, tras el incendio al refugio Jakob.

Pedro Garis, agregó en otro comentario:

“La solución política real a sus demandas son [sic.] en principio meterlos presos por terrorismo y después determinar cuántos son chilenos y cuántos se hacen pasar por argentinos para reclamar tierras y desarmar la estructura de ‘educación’ que fueron creando con mentiras para agrupar gente”.

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Once eran, a fines de febrero de 2020, los comuneros mapuches presos en el pabellón 5 de la cárcel de Temuco. Algunos de ellos estaban realizando una huelga de hambre. Algunos pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización política mapuche que, en Chile, cuenta con un “brazo armado”, los Órganos de Resistencia Territorial (ORT). Se trata, en realidad, de grupos que protagonizan las recuperaciones y la defensa territoriales, acompañan el trabajo de reinserción de las comunidades en la tierra despojada.

—Tenemos diferencias estratégicas, pero reconocemos y reivindicamos la tarea de la CAM como hermana de la RAM —dice Jones Huala.

La situación insurreccional mapuche en Chile alcanza un grado de avance superior al de la Argentina. Fernando Pairican —doctor en Historia, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, de la Universidad Católica de Chile— escribió en julio de este año en el Centro de Investigación Periodística de Chile que “se puede discutir cual ‘vía’ es la mejor para llevar adelante los derechos a la autodeterminación. Nos inclinamos por la que sitúe la democracia como el mecanismo; sin embargo, la porfía en avanzar en torno a los derechos fundamentales ha cerrado la discusión para un cambio político y abrió las puertas a la radicalización de algunos miembros del movimiento autodeterminista mapuche”.

En las regiones de Los Ríos, la Araucanía, Bío Bío, en el sur de Chile, abundan las recuperaciones territoriales.

“Las nuevas organizaciones mapuche —explica Pairican—, luego de la crisis política de la Coordinadora Arauco Malleco, como Aukan Weichan Mapu o la Resistencia Mapuche Lavkenche, se han sumado a la aspiración de construir un control territorial como sendero a la liberación nacional. Según una declaración política de WAM, la violencia política sería de carácter defensivo, ‘circunscrito en primer orden a nuestro territorio’ y luego sobre latifundistas, empresas forestales, proyectos energéticos e inversiones del gran capital”.

Dice que “algo se expresa con claras diferencias en las vías que hemos identificado: la democrática y la insurrecional. No son divergentes, pues ambas buscan la autodeterminación; pero enfatizan caminos distintos para reimaginar un país con base en un nuevo marco político” y plantea que existe una “creciente fortaleza y coherencia del movimiento mapuche para sostener la autodeterminación como un derecho a conquistar”.

“En Chile, el uso de la violencia a baja intensidad por miembros de la Coordinadora Arauco Malleco y los últimos episodios atribuidos a la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) dan cuenta de que el uso de la violencia política continúa presente en el contexto de las naciones originarias como instrumento de acción colectiva”, explica en su extenso informe.

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Facundo Jones Huala reinstala en su discurso la figura de Antonio Modesto Inakayal, uno de los últimos lonkos tehuelche mapuche en rendirse al poderío militar del naciente Estado argentino, a fines del siglo XIX. Habitó por 1870 las mismas costas del lago Nahuel Huapi donde nació Facundo Jones Huala y hoy se asienta San Carlos de Bariloche.

Cerca de las costas del encuentro del río Limay con el lago, Inakayal soportó embates militares y tejió alianzas diplomáticas que le valieron un liderazgo reconocido, incluso por sus victimarios. Un avance de una de las columnas del coronel Conrado Villegas, “el hombre que designó Julio Argentino Roca para finalizar la Campaña del Desierto”, recuerda el periodista y escritor Adrián Moyano, obligó a Inakayal a trasladarse hacia el sur e instalarse en territorios que hoy pertenecen a la provincia de Chubut.

En 1884, Inakayal junto al lonko Foyel viajaron para negociar con un comandante del ejército de apellido Lasciar instalado en una colonia galesa. Los recibieron y atendieron bien primero con raciones de alimentos; pero más tarde, los traicionaron y tomaron prisioneros, junto a sus konas, jóvenes valientes.

En su libro A ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto Inakayal, Moyano rescata el relato del mapuche Katrülaf, a su vez recogido en la historia oral y el conocimiento mapuche. Allí, como integrante de la partida que acompañó a Inakayal y Foyel, Katrülaf relata que los dos lonkos “fueron apresados dentro del corral” y que “por la noche nos traían lazos para dejarnos amarrados; así como las ovejas estábamos atados de los pies”. Tras varios días de permanecer amarrados, comenzó el viaje hacia el Fuerte del Carmen, en la costa este patagónica, a más de 1 200 kilómetros de la partida. Torturados y hambreados, muchos murieron en la travesía.

Inakayal permaneció como prisionero en la Isla Martín García y luego lo trasladaron al Museo Nacional de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, donde lo exhibieron vivo durante algunos años. Falleció en 1888 y sus restos se unieron a la colección que el museo mostraba a sus visitantes como elogio del poder civilizatorio del winka.

Un jefe político dentro del cuerpo de un pibe de barrio que camina las calles de tierra; un adolescente desgarbado que escucha heavy metal y punk, que devora títulos en la Biblioteca Sarmiento de Bariloche, que tirita de fiebre en el frío patagónico porque adentro, adentro, dice María Isabel, era lonko.

En las pedregosas riveras del Nahuel Huapi, Inakayal había dejado su impronta guerrera y en los márgenes de la periferia de la ciudad de Bariloche, 102 años después, Facundo Jones Huala comenzó su camino como integrante del pueblo mapuche.

—Inakayal era de la misma tierra de mi origen. Ahí en el Nahuel Huapi donde yo nací, el lonko Inakayal fue capturado como prisionero político y no ha habido ningún hecho de justicia. Nosotros reivindicamos a todas esas figuras del pasado heroico que tuvimos: nuestros grandes guerreros, nuestros grandes weichafes que defendieron a costa de su vida a nuestro pueblo, a nuestra tierra.

Dice que estuvieron dormidos un tiempo pero que, ahora, el día vuelve a perfilarse con perspectivas de liberación. Y que entonces reivindica todo lo que desencadene un proceso de emancipación, y dice que se hace cargo de su militancia política, de su condición de revolucionario mapuche, asumiendo todas las consecuencias.

—Esas acciones te ponen al margen de la ley.

—Yo siempre soy consciente de la posibilidad de la cárcel, de la muerte, de la tortura.

“Yo no soy un loco suelto”, dice, mientras guarda el mate en la bolsa y agrega que cada vez son más los jóvenes que reconocen su pertenencia al pueblo originario. Se termina la hora de visita y antes de volver a la celda se despide y dice “marichiweu, cien veces venceremos, marichiweu”.