“Hacer bullying a la gente en Twitter no construye puentes, los quema”, dijo la gobernadora de Michigan en su respuesta al discurso de un Donald Trump tan desconectado de lo que ocurre en el país, que la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, rompió su copia del texto como protesta cuando el evento aún no finalizaba su transmisión en cadena nacional. “No podemos olvidar que a pesar de la deshonestidad y la división que hemos vivido en los años recientes, y que escuchamos esta noche por parte del Presidente de Estados Unidos, juntos tenemos un potencial sin límite”.

El discurso, leído por una mujer joven, demócrata y egresada del Colegio de Leyes de la Universidad Estatal de Michigan, dejó claras las diferencias ideológicas y de forma que hay entre dos sectores de la política estadounidense: el que denuncia el autoritarismo y la falta de argumento político, y el que considera que, para cuestionar a las corrientes más progresistas del país, es preciso apoyar a ciegas al republicano en la presidencia.

Ante un presidente cuya línea de gobierno es la ocurrencia y el capricho, el contrapeso de los otros poderes federales y, sobre todo el de los gobiernos locales, se vuelve indispensable. Cuando una pandemia —o una oleada de protestas por violencia racial— atraviesa tu país, no hay nada más importante que tener la resistencia en casa.

La actual gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, llegó al gobierno del estado a los 47 años bajo su slogan “Fix the damn roads”. Fotografía de Ryan Garza / Reuters.

Vacío de poder

Donald Trump no entiende. Esta no es una apreciación hecha a la ligera, ni con un trasfondo político partidista. Es una descripción de la situación: estamos a finales de febrero de 2020, ha pasado casi un mes desde que se realizó la declaración de emergencia sanitaria en Estados Unidos, y el presidente aún no ha entendido qué es la Covid-19, ni cuáles son las características del comportamiento del virus SARS-CoV-2, ni las implicaciones que tiene para el país y el resto del mundo una pandemia de esta magnitud.

La valoración de Trump sobre la pandemia pasa por varias fases: “Una vez que llegue el calor, el virus se va a debilitar”; “tenemos solo 15 personas enfermas, en un par de días la cifra estará cercana a cero”; “un día de milagro desaparecerá”; hasta que en abril se le ocurrió que, dado que los desinfectantes matan al virus, “posiblemente hay una manera de hacer algo, como eso, mediante una inyección”.

Mientras en la Casa Blanca un equipo de asesores se encarga del control de daños después de cada rueda de prensa del presidente, en los gobiernos de los estados se libra una batalla muy diferente: la de obtener recursos, información confiable, e insumos suficientes para manejar la pandemia. Debido a que desde el gobierno federal no hubo una estrategia nacional para enfrentar el contagio, en parte por la insistencia del presidente de minimizar el riesgo, cada estado debió crear su propia estrategia, y en ello también se involucró la política.

Durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria, Trump marcó una línea clara. En una conferencia de prensa declaró que debían “tratarlo bien” los gobernadores estatales que buscaran ayuda federal para luchar contra el coronavirus. “Si no me tratan bien, no les llamaré”, dijo, en clara referencia a los gobernadores demócratas que exigían una línea de acción clara desde la Presidencia. “La joven, la gobernadora”, agregó dirigiéndose al vicepresidente Mike Pence, aún ante las cámaras. “La mujer esa de Michigan; a ella no le llames”.

“El presidente aún no ha entendido qué es la Covid-19, ni cuáles son las características del comportamiento del virus SARS-CoV-2, ni las implicaciones que tiene para el país y el resto del mundo una pandemia de esta magnitud”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ve un clip de la conferencia de prensa diaria de Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, sobre el estatus de la pandemia por Covid-19 a mediados de abril. Fotografía de Al Drago / Reuters.

Ante el vacío de liderazgo desde la Casa Blanca, los gobernadores de California, Gavin Newsom; de Nueva York, Andrew Cuomo, y “la mujer esa de Michigan”, Whitmer, se convirtieron —junto con el doctor del gobierno federal Anthony Fauci— en las voces más confiables para obtener información sobre la pandemia. En marzo, Cuomo y Newsom iniciaron sus conferencias de prensa diarias para actualizar las cifras y las medidas de seguridad. Cada gobernador emitió de manera individual la orden para que sus ciudadanos se quedaran en casa, y se dio a la tarea de buscar el equipo y los recursos médicos necesarios para atender a su población.

Cuando resultó evidente que la falta de equipo para realizar las pruebas de diagnóstico, así como para atender pacientes infectados en los hospitales, entorpecía la labor de control de la pandemia, los gobernadores exigieron ayuda al gobierno federal, al tiempo que buscaban opciones en el sector privado para subsanar las carencias. En un punto, explicó Whitmer, varios estados competían por obtener el mismo contrato con las empresas que fabrican estos insumos.

En la tercera semana de abril, el presidente declaró que los gobernadores estaban utilizando los recursos de laboratorios estatales para realizar las pruebas de diagnóstico de Covid-19, y no en los laboratorios comerciales —que en algunos estados ya estaban operando a toda su capacidad—. En su cuenta de Twitter, Trump escribió que él estaba haciendo las cosas bien en ese sentido, y que los gobernadores tenían que actuar y realizar su trabajo. En su intento por demostrar que las cosas marchaban, y que pronto se podría volver a la actividad económica regular, Pence dijo que el país estaba realizando cerca de 150 mil pruebas de diagnóstico al día, y que podría doblar esa cifra trabajando con laboratorios adicionales.

Los gobernadores respondieron que eso era imposible. Larry Hogan, de Maryland, dijo a la cadena CNN que el principal problema de Estados Unidos, desde el inicio de la crisis, había sido la falta de pruebas. “La administración está tratando de aumentar el número trabajando con laboratorios privados; pero evadir la responsabilidad diciendo que los gobernadores tienen material suficiente, y que deberían ponerse a trabajar en ello, como si no estuviéramos haciendo nuestro trabajo, es absolutamente falso”. Ralph Northam, gobernador de Virginia, llamó al presidente delusional, disparatado; y Whitmer acudió a un programa de entrevistas vistiendo una camiseta con la leyenda “la mujer esa de Michigan”.

Nancy Pelosi rompe el discurso del presidente Donald Trump después de dirigirse al Congreso a principios de 2020. Fotografía de Alex Weoblewski / Reuters.

Los gobernadores contra el rey

Tras varios intentos de tregua que incluyeron establecer conferencias semanales con los gobernadores de los 50 estados, el 18 de mayo, Donald Trump les anunció que su administración “entraría a apoyarlos” si necesitaban ayuda en sus planes para reabrir la economía. Aunque no especificó cómo sería esa ayuda, lo que sí dijo fuerte y claro fue que los gobernadores habían tomado sus propias decisiones porque así es como [Trump] lo había deseado, “pero vamos a intervenir si vemos que algo va mal, o si estamos en desacuerdo; el presidente tiene la autoridad total para hacerlo, y lo haremos si vemos algo mal”. Nuevamente las alarmas se encendieron.

Además de Whitmer, una de las relaciones más visiblemente conflictivas con Trump ha sido la del gobernador de Nueva York, quien durante sus conferencias de prensa diarias manifestó de manera abierta su desacuerdo con el discurso que viene de la Casa Blanca. Cuando el presidente declaró que él tenía autoridad total sobre los estados, Cuomo respondió que el país no votó para tener un rey. Y cuando, un viernes, el presidente escribió en Twitter que Cuomo debería pasar más tiempo dando resultados en lugar de quejarse, el gobernador respondió en tiempo real: “Si está sentado en su casa viendo televisión, tal vez debería levantarse e ir a trabajar”.

En este punto quedó claro que Trump no solo no entiende nada sobre el coronavirus, sino que tampoco se le informó que su poder no es absoluto. El Presidente de Estados Unidos tiene poderes establecidos en el Artículo II de la Constitución, pero en otros artículos se establecen también los poderes del Congreso, del Poder Judicial y de los estados; en el caso de los gobernadores, específicamente aparecen en la Décima Enmienda. Posiblemente alguien se lo explicó un poco más tarde, pero tal declaración evidenció cuál era la estrategia de Trump: cuando todo salga bien, será gracias a él; y cuando salga mal, será culpa de los gobernadores.

Sin embargo, el plan no le ha funcionado. Justamente porque los gobernadores determinan si la gente debe quedarse en casa o no, dirigir recursos para la compra de equipo para hospitales, o coordinar acciones conjuntas entre agencias. Ellos han sido el rostro de batalla contra la pandemia, y también quienes se han llevado el reconocimiento por su liderazgo. En marzo, el diario The New York Times llamó a Cuomo “el político del momento”. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, también recibió alabanzas por su rápida capacidad de actuar para reducir la diseminación del virus, mientras que Trump continuaba afirmando que se trataba solo de un “resfriado”. El elogio fue aún mayor porque DeWine es republicano.

“‘Si no me tratan bien, no les llamaré’, dijo, en clara referencia a los gobernadores demócratas. ‘La joven, la gobernadora’, agregó dirigiéndose al vicepresidente Mike Pence, aún ante las cámaras. ‘La mujer esa de Michigan; a ella no le llames’”.

Manifestantes plagan las calles de Washington DC a mediados de mayo en protesta por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Fotografía de Jonathan Ernst / Reuters.

A finales de abril, DeWine, un político de 72 años no muy conocido, que después de 40 años en la política finalmente llegó a la gubernatura de Ohio, decidió aplicar la estrategia de los expertos en materia de salud para enfrentar al coronavirus en su estado cuando el presidente aún minimizaba el riesgo. Fue el primer gobernador que ordenó el cierre de escuelas; pospuso la elección primaria de su estado; empezó a dar reportes semanales que la gente siguió con entusiasmo, y su popularidad se fue por los cielos.

Este tipo de reconocimientos son el talón de Aquiles de Trump, quien durante tres años ha gobernado con los ojos puestos en su popularidad, esperando elogios por su desempeño. En ese sentido, la crisis ocasionada por su mal manejo de la pandemia no le ha ayudado: hasta el 24 de mayo —un día antes del asesinato de George Floyd— su nivel de aprobación era del 44% y el de desaprobación del 53%.

Uno podría pensar que estas cifras son una consecuencia normal de la pandemia en la percepción que los ciudadanos tienen de su gobierno; pero los mismos indicadores son más benévolos con la percepción de los gobernadores que Trump ha atacado más. Empecemos con el caso de Cuomo. Una encuesta de Siena College Research mostró que, a finales de marzo, el mes crucial para tomar las medidas de seguridad y distanciamiento para controlar la pandemia, 87% de los votantes en Nueva York consideraban que el gobernador estaba haciendo un buen trabajo en el manejo de la crisis (a pesar del gran número de casos registrados en esa entidad); en la misma encuesta, solo 41% aprobaba el manejo por parte de Trump.

En el resto de los estados, la historia no ha sido muy distinta. A principios de abril, el portal sobre política fivethirtyeight.com publicó una encuesta en la que, en promedio, los gobernadores contaban con un 69% de aprobación por el manejo del coronavirus, mientras que el promedio de Trump se ubicaba en 44%.

En esa misma encuesta, en la revisión de casos individuales, Newsom, Cuomo y Whitmer reciben una aprobación de 82, 79 y 66% respectivamente, y el republicano DeWine alcanza un 80%. Otro republicano, el gobernador de Florida, Ron de Santis, quien decidió seguir la línea de Trump y ha sido señalado por su manejo erróneo, bajó siete puntos en su nivel de aprobación, que apenas rebasa el 50% (pero aún así, está seis puntos más arriba que Trump). Si las encuestas son un indicador confiable, el presidente debe estar muy enojado.

Mike DeWine, gobernador del estado de Ohio, hace una declaración sobre el coronavirus en una conferencia de prensa a mediados de marzo. Fotografía de Doral Cheneweth / Reuters.

En las calles gobiernan los alcaldes

Cada mañana el gobernador DeWine sostiene una conferencia con los alcaldes de las siete ciudades principales de su estado, Ohio. En una de esas llamadas el alcalde de la ciudad de Dayton, Nan Whaley, dijo que probablemente no había otro gobernador republicano que trabajara tan bien con los alcaldes demócratas. Cualquier gobernador que se precie de saber de política debería tener una estrategia similar a ésta. Si bien los gobernadores determinan los lineamientos de seguridad en casos como una pandemia, son los alcaldes quienes están a cargo de aplicar dichos lineamientos, comunicarlos de manera clara a la población, y sancionar a quienes los violen. Los alcaldes controlan el acceso a los servicios de salud, la atención de las emergencias médicas, y a los departamentos de policía. En casos como una pandemia, un asesinato o una protesta violenta, la primera línea de respuesta está en sus manos.

Uno de los alcaldes que ha tenido un mejor manejo de la crisis con oportunas decisiones radicales, es el de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti. En coordinación con los lineamientos del gobernador de California, Garcetti fue capaz de controlar una epidemia que podría haber sido una gran tragedia. Con cuatro millones de residentes —pero en una población flotante que puede llegar a los ocho millones de personas—, Los Ángeles es el puerto comercial más grande del continente americano, y es el principal ingreso de mercancía que llega de países orientales a Estados Unidos. La diversidad de nacionalidades e idiomas que confluyen en esta ciudad puede hacer aún más complicado el manejo de información y medidas de seguridad en un caso extremo.

Garcetti ha explicado que sus primeras decisiones se tomaron después de hablar con funcionarios públicos de salud, y con científicos, “lo cual sé que no es común en estos días”, agregó lanzando un dardo sutil a Trump. “Fuimos la primera gran ciudad en hacer un cierre casi total. Cada noche tuve conferencias telefónicas con los alcaldes de las otras trece grandes ciudades en California para comparar notas”, dijo el alcalde en una entrevista con Vanity Fair. “Lanzamos la orden de quedarse en casa un jueves, y ese día hablé con el gobernador y le pedí que la medida se extendiera a todo el estado; y estoy muy orgulloso de que esa misma tarde fuimos el primer estado en hacerlo”. En ninguna de estas ocasiones, Garcetti mencionó al gobierno federal como un aliado en la estrategia.

“Cuando, un viernes, el presidente tuiteó que Cuomo debería pasar más tiempo dando resultados en lugar de quejarse, éste respondió en tiempo real: ‘Si está sentado en su casa viendo televisión, tal vez debería levantarse e ir a trabajar’”.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo conduce una conferencia de prensa sobre el Covid-19 en Albany, Nueva York. Fotografía de Mike Segar / Reuters.

Durante los meses previos, Garcetti había lanzado críticas directas a Trump por no utilizar un cubre bocas durante actos públicos en la Casa Blanca. “Lo diré de una manera sencilla: los hombres de verdad usan cubre bocas”, dijo el alcalde en un noticiero el mismo día en que el presidente visitaba una planta de ensamble de Ford, en Michigan, sin llevar una mascarilla, lo que violaba las políticas de la empresa y las establecidas para todo el estado por la gobernadora Whitmer. Unos días antes, el vicepresidente Pence recibió la misma crítica en los medios cuando visitó una clínica con pacientes de Covid-19 sin usar ningún tipo de protección.

En todo el país el mensaje de utilizar cubre bocas ha sido más o menos homogéneo a medida que los estados empiezan a reabrir sus economías. En Nueva York, donde el gobierno estatal lanzó una campaña para promover su uso, los estudios indican que los trabajadores de rubros esenciales tuvieron menores tasas de infección debido a que fueron obligados a ponerse la mascarilla. En Detroit, Chicago, Los Ángeles o Atlanta, se ha hecho una campaña intensa para que las personas conserven la distancia de metro y medio entre sí.

Todo marchaba así, hasta el 25 de mayo. Ese día un agente de la policía de la ciudad de Minneapolis respondió al llamado de una tienda por haber recibido un billete falso. El agente detuvo al sospechoso, lo esposó, lo colocó boca abajo en el piso, junto a la llanta de un auto, y colocó la rodilla derecha sobre su cuello. George Floyd, el detenido, pidió ayuda durante ocho minutos, y murió ese mismo día. Y así, en ocho minutos, las órdenes de quedarse en casa y las jornadas de sana distancia pasaron a un segundo lugar, en un país donde, hasta la primera semana de junio, se diagnosticaron 20 mil nuevos casos de Covid-19 por día.

Candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden en un evento de campaña en Delaware State University a principios de junio. Fotografía de Jim Bourg / Reuters.

Black Mayors Matter

Muriel Bowser es una mujer demócrata de presencia fuerte y sonrisa ancha. Por cinco años ha sido alcaldesa de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, y fue reelecta recientemente para un segundo periodo de cinco años más. Una búsqueda simple de Google permite encontrarla retratada en las calles de su ciudad: hablando con la gente, encabezando eventos públicos, o empujando en un carrito a su hija de dos años.

Aunque su trabajo en la ciudad ha sido intenso, Bowser había mantenido un perfil bajo a nivel nacional hasta que las protestas por la muerte de George Floyd llegaron a la capital del país. Una multitud llena de ira, que identifica la narrativa racista y violatoria de los derechos humanos con la administración de Donald Trump, se dirigió a la Casa Blanca para protestar y enfrentó a los agentes de seguridad de la residencia presidencial. En uno de sus arranques vía Twitter, el presidente acusó a la alcaldesa de haber evitado que la policía local respondiera a los manifestantes.

El lunes siguiente, Trump —quien en esa ciudad solo cuenta con 28% de aprobación— salió de la Casa Blanca para posar ante la prensa con una Biblia en la mano, teniendo como fondo la histórica Iglesia Episcopal de St. John, ubicada frente a la residencia presidencial; un sitio al que todos los presidentes de Estados Unidos han realizado una visita alguna vez. Para que el presidente llegara a este sitio, fue necesario despejar el área de manifestantes, lo que se logró con agentes federales y gas lacrimógeno. Tras la fotografía, y sin ninguna intención de visitar el templo, Trump volvió a sus oficinas.

“La respuesta del presidente Trump a las protestas por George Floyd, incluido el desalojo forzoso de manifestantes, ha tenido el efecto de atraer aún más manifestantes que los días pasados”, dijo Bowser. “¡Es vergonzoso! Lo que la gente vio, a las fuerzas policiales federales lanzando gas lacrimógeno a estadounidenses pacíficos; pero la forma en que respondieron deja claro al presidente que los estadounidenses van a seguir ejerciendo sus derechos respaldados por la Primera Enmienda, y que lo harán de manera pacífica”.

Bowser es una de las siete alcaldesas afroamericanas que gobiernan alguna de las cien ciudades más grandes de Estados Unidos. Otra integrante de este grupo es Keisha Lance Bottoms.

“George Floyd pidió ayuda durante ocho minutos, y murió ese mismo día. Y así, en ocho minutos, las órdenes de quedarse en casa y las jornadas de sana distancia pasaron a un segundo lugar, en un país donde, hasta la primera semana de junio, se diagnosticaron 20 mil nuevos casos de Covid-19 por día”.

Black Lives Matter Plaza mientras continuan las protestas en Washington DC contra el asesinato de George Floyd. / Fotografía de Carlos Barria / Reuters.

Lance Bottoms es una abogada demócrata de 50 años, originaria de Atlanta, Georgia, que llegó al gobierno de la ciudad en 2018. Tan pronto asumió el cargo, la nueva alcaldesa declaró Atlanta como una “ciudad de bienvenida” en respuesta a las acciones de Trump en contra de los migrantes que solicitan asilo político en Estados Unidos. “Nuestra ciudad no apoya a ICE”, dijo en julio de 2019 sobre la agencia de inmigración gubernamental. “No tenemos una relación con las autoridades federales. Cerramos nuestro centro de detención a las personas arrestadas por ICE, y no realizaremos acciones contra la gente debido a su estatus migratorio”.

Cuando llegaron las protestas, la alcaldesa envió un mensaje ante los medios para explicar que destrozar los negocios en la ciudad también afectaba a la comunidad a la que pretendían defender, ya que muchos de ellos eran de propietarios afroamericanos. Tras culpar a Trump por avivar las tensiones raciales con su discurso, Lance Bottoms se encargó de revisar los videos grabados durante una agresión a un par de jóvenes por parte de agentes de la policía de Atlanta, e inmediatamente ordenó que se dieran de baja del departamento.

El 3 de junio, en respuesta a las crecientes protestas por todo el país, el expresidente Barack Obama lanzó una iniciativa a través de la página web de su organización, para sumar a alcaldes y congresos locales al compromiso de revisar y resolver el uso de la fuerza por parte de los departamentos de policía. El primer día se adhirieron diez alcaldes; entre ellos, tres afroamericanas: London Breed, de San Francisco; Lance Bottoms, de Atlanta, y Muriel Bowser, de D.C.

Luego de un par de días, Bowser dio su golpe maestro y envió un mensaje definitivo no sólo a Washington, sino también al país y en especial a Donald Trump. La alcaldesa envió a trabajadores de la ciudad a pintar un mural gigante a lo largo de dos cuadras sobre la Calle 16, que se ubica justo frente a la Casa Blanca. Con letras amarillas imposibles de ignorar, la leyenda Black Lives Matter se volvió en cuestión de horas parte de la vista diaria del presidente. Pero no sólo eso; en la placita donde se encuentra la Iglesia Episcopal de St. John, se levantó una placa que revela su nuevo nombre: “Black Lives Matter Plaza”.

“Momentos como este ponen a prueba a los gobernantes, y la habilidad de la alcaldesa Bowser para responder al presidente, y su astuto movimiento al pintar el mural, han elevado su perfil para ser considerada entre las posibles candidatas a la Vicepresidencia”, comentó más tarde un integrante del equipo de campaña de Joe Biden. Y en efecto, en solo unos días, Bowser logro incorporarse a la lista de posibles candidatas afroamericanas, junto con la propia Lance Bottoms, la excandidata al gobierno de Georgia, Stacy Abrams, y la senadora por California, Kamala Harris.

Muriel Bowser conduce una conferencia de prensa sobre ReOpen DC en Gonzaga College High School a finales de mayo. Fotografía de Tom Williams / Reuters.

La elección del siglo

Si la candidatura demócrata a la Vicepresidencia pasa por algunas de las mujeres que han formado parte de la resistencia a la administración de Donald Trump –las senadoras y exaspirantes a la candidatura demócrata, Kamala Harris, Amy Klobuchard y Elizabeth Warren; la gobernadora Whitmer; y las citadas Bowser y Abrams–, los alcaldes y gobernadores jugarán un rol fundamental en la elección presidencial de noviembre de 2020. Esto para definir las preferencias en los estados clave, los llamados swing states, donde no hay una clara inclinación por uno de los dos partidos, y cualquiera lo podría ganar. Un ejemplo es el caso de Michigan; con una población de 10 millones de habitantes, los 11 mil votos que le dieron ahí el triunfo a Trump en 2016 podrían ir para cualquiera de los dos partidos.

El coctel que ha sido este primer semestre de 2020, sumado a una campaña presidencial que carecerá de eventos y mítines multitudinarios y contacto directo entre candidatos y electores (debido a la emergencia sanitaria), obliga a un pronóstico reservado. La baja en la popularidad de Trump, y la empatía que algunos gobiernos locales han generado ante la pandemia y las manifestaciones por la violencia racial, puede ser la clave para cambiar las cosas de aquí a noviembre.

En promedio, la popularidad de Trump en los estados demócratas está por debajo de 40%, pero en los swing states que le dieron la presidencia está en una posición aún peor. Solo 36% de los votantes de Michigan aprueban su manejo de la pandemia, mientras 63% aprueba el trabajo realizado por Gretchen Whitmer. En Pennsylvania, por ejemplo, Trump cuenta con un 40% de aprobación, comparado con un 62% para el gobernador demócrata Tom Wolf. Y en Wisconsin, 39% aprueba la gestión de Trump, contra 58% a favor del gobernador demócrata Tony Evers.

“‘Lo diré de una manera sencilla: los hombres de verdad usan cubre bocas’, dijo el alcalde en un noticiero el mismo día en que el presidente visitaba una planta de ensamble de Ford, en Michigan, sin llevar una mascarilla”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cruza Lafayette Park camino a la capilla de St John en plenas protestas contra el asesinato de George Floyd. Fotografía de Tom Brenner / Reuters.

Otros estados críticos para la elección pueden convertirse en malas noticias para la reelección de Trump: su nivel de aprobación está en 47 puntos en Florida y Georgia; 46 puntos en Iowa, 44 en Texas y Virginia, y 42 en Minnesota­­ ––hasta antes del asesinato de George Floyd—. El voto de las mujeres también puede ser decisivo, y ahí no le va mejor al presidente: solo 40% de las mujeres entrevistadas en una encuesta (realizada por la empresa Morning Consult y la revista Politico, a principios de 2020) dijo aprobar la gestión de Trump, contra un 56% que la desaprueba.

Aún faltan muchas encuestas por realizarse, pero hasta junio las cifras indican que el eslabón más débil en la cadena de la reelección de Donald Trump es su mal manejo de la crisis por la Covid-19. Si la elección fuera hoy, y el candidato demócrata fuera Joe Biden, los republicanos perderían la presidencia por seis puntos. Sin embargo, Trump ha demostrado su habilidad para distraer el debate hacia asuntos que le resultan menos desfavorecedores.

Es difícil saber si, a partir del asesinato de George Floyd, eventos como la gobernadora Whitmer arrodillándose en una marcha en Detroit, o el alcalde Garcetti anunciando que recortará fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles para invertirlos en vivienda, tendrán un impacto en los resultados electorales; y si lo hay, hacia dónde será.

En las protestas, los manifestantes admiten que el problema del racismo no radica en el gobierno, sino el sistema, y este incluye a demócratas y republicanos. La incógnita será resuelta en las urnas el próximo 3 de noviembre.