El dinero de estas trabajadoras alimentó el flujo de 23,606,000 pesos de remesas internacionales que el Banco de México registró en 2014, 98% del cual fue enviado desde Estados Unidos. Sus dólares fueron parte de 26% del total de las transacciones monetarias que realizaron emigrantes mexicanas, de acuerdo con el estudio La migración femenina y el ingreso de México por remesas (2015), elaborado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banorte.

Estas trabajadoras integran la población de 11,581,000 mexicanos emigrantes en Estados Unidos, 47% de ellos mujeres, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos (2013). El Pew Research Center estima que de esa población, casi la mitad, 5.9 millones de mexicanos, están indocumentados.

“Les dicen que ese dinero es para construir la casa. Pero ellas no han podido comprarse zapatos”

Gretchen Kühner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) con sede en la Ciudad de México, piensa que el tema de la migración femenina y las remesas generalmente se ve desde la perspectiva macroeconómica, sin considerar el impacto social y de salud física y psicológica para las que envían, pero también para las que las reciben. Tal dinámica económica femenina no sólo es patente en la migración transnacional sino también en la interna, dice Kühner, tanto para la mujer emisora de remesas como para la receptora. “Hay mucho más de relaciones de poder de lo que imaginamos”, dice.

En el caso de las receptoras, los hombres pueden ejercer la violencia de distintas formas —emocional, física, patrimonial—; enviarle el dinero no directamente a su esposa sino a los padres de él como forma de control sobre ella; condicionar los envíos o decidir su uso. “Muchas veces a las mujeres las llaman por teléfono y les dicen que ese dinero es para construir la casa, pero ellas no han podido comprarse zapatos”, ejemplifica Kühner.

En la migración interna, las emigrantes enfrentan discriminación racial y de género, violencia y explotación laboral. Lo saben Conchita Gaytán en Houston, Ana María Hernández en el ejido Emiliano Zapata del Valle de San Quintín, Baja California, y Elvia Lara en el ejido El Rodeo, del municipio de Jurécuaro, Guanajuato.

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Conchita renta un cuarto pequeño, limpio y ordenado en el que está su cama, un par de sillones, una mesita y la pantalla que le regaló una de sus hijas. Tiene una hija treintañera y tres hijos de veintitantos. Al lado del sillón hay bolsas negras con ropa usada que compró para enviar a su familia en Monterrey con alguna visita.

“Las mujeres latinas ganan como 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco por el mismo trabajo”

En su clóset improvisado almacena lo necesario para las otras dos actividades que le generan dinero: cajas rellenas de piezas sueltas de bisutería vistosa con las que arma collares y pulseras para vender a sus conocidas. Ahí también guarda sus tesoros: tres máquinas de coser Singer portátiles con las que hace compostura de ropa. Saca una por una, presume sus cualidades. Las compró usadas en ventas de garaje. “Allá nunca pude comprarme una máquina de Singer y aquí tengo tres”, se ufana cuando muestra la más moderna.

Pero su trabajo principal es el de cocinera. Antes de ingresar a la fuente de sodas se empleó en restaurantes en los que hacía casi dos horas de trayecto en camión con dos transbordos, para realizar jornadas en las que era explotada, no tenía descansos y no le daba tiempo de probar alimento mientras preparaba ollas enormes de arroz, frijoles, caldos. “[Estaba tan cansada que] llegaba de trabajar, me sentaba en el sillón y me quedaba dormida, sin comer, sin bañarme”, recuerda. Su trabajo ha sido parte de 52.9% de fuerza laboral aportado por mexicanas emigrantes en Estados Unidos (2013), de acuerdo con el estudio La migración femenina y el ingreso de México por remesas (2015).

Laura Pérez Boston, consultora de Texas Organizing Project, en Houston, dice que en el estado con el segundo lugar en concentración de migración mexicana —después de California—, las mexicanas se incorporan a trabajos informales de limpieza de casas o edificios, cuidado de niños y ancianos y en la elaboración de alimentos, como lo hace Conchita. Pérez Boston opina que la condición de género, racial e indocumentada de esta población hace que su labor sea devaluada: “Las mujeres latinas ganan como 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco por el mismo trabajo”, dice.

Además, los derechos laborales de estas mujeres son comúnmente violados por “el acoso sexual, hostigamiento laboral, amenazas, discriminación racial y el robo de salario”, y afectan su envío de remesas, porque “muchas mujeres vienen acá para poder ayudar a sus hijos o papás en México”. Conchita sufrió el llamado “robo de salario” en el restaurante previo al de la fuente de sodas: “Trabajé tres meses y no me quisieron pagar dos meses”.

La directora de la organización no gubernamental Centro de Trabajo Fe y Justicia en Houston, Concepción Ojeda, explica que el robo de salario se realiza de diversas maneras: no pagando la fracción que suma el pago global de 7.25 dólares la hora, no pagando horas extras, no dándoles las propinas en los restaurantes cuando el cliente paga con tarjeta. La dimensión del robo de salario es de tal magnitud en Texas, que en seis años su organización “ha recuperado un millón y medio (de dólares) en salarios no pagados o robados, y la variante del género no es determinante, pues son mínimas las personas que se atreven a denunciarlo por temor a la deportación”.

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Conchita muestra en su celular una foto de sus hijos. No está el padre. Dice que se separó de él porque nunca contribuyó en la manutención del hogar. Ella fue —y sigue siendo— la jefa del hogar. Trabajó como secretaria en un negocio de venta de autos pero, cuando se quedó sin empleo, dejó a sus hijas de año y medio y 10 años a cargo de su mamá y cruzó por primera vez la frontera por el río Bravo. Volvió, nacieron sus otros dos hijos —niña y niño—, los dejó con su madre y se fue de nuevo. Ésta es su séptima estancia en Estados Unidos en 27 años. Las primeras dos veces ingresó “de mojada”. La deportaron. Luego pudo obtener una visa de turista por 10 años. Así ha entrado en cinco ocasiones, la más reciente hace tres años. Su visa ya caducó, pero ella permanece aquí indocumentada, sin poder ir a ver a su familia. En estos tres años, sólo una de sus hijas pudo sacar visa y visitarla una vez.

Con las remesas que envía por Moneygram le pagó la carrera de ingeniera a una de sus hijas. Su objetivo ahora es apoyar a su hijo menor que recién ingresó a la carrera de Comercio Internacional. Cuando estuvo en el desempleo y su hijo, entonces preparatoriano, la llamaba por teléfono, Conchita sufría de impotencia. Rememora y las lágrimas le corren: “ ‘Mami ¿Ya está trabajando?’, me preguntaba, ‘mami, es que necesito dinero’, me daba vergüenza y me ponía a llorar”. Dice que tanta presión laboral y económica ya minaron su salud: padece diabetes, se le sube la presión, tiene reumatismo en las manos por las horas que ha permanecido frente al fuego en los restaurantes sin que tenga acceso a algún servicio de salud. “Por la plancha caliente”, alza su mano derecha, “mire mis dedos, no los puedo doblar, me duelen mucho mis dedos.”

Además de ayudar a su familia, tiene otra razón para permanecer en Houston: “Quiero hacerme un ahorro para mi vejez, no quiero ser una carga para mis hijos”. Lleva en una libreta la cuenta de sus gastos y de su meta en ahorros: 10,000 dólares de aquí a diciembre de 2016. Así podrá tener “un negocito” sin depender de nadie y vivir en su casita de interés social. Con la meta cumplida, Conchita retornará a Monterrey.

Otras mexicanas migrantes, sin embargo, no cruzaron la línea fronteriza. No piensan en su vejez. Están muy ocupadas tratando de resolver cada día qué comerán ellas y sus familias.

Celia Pérez y su madre son indígenas triqui que inmigraron de Oaxaca y hoy viven en el Valle de San Quintín, Baja California.

Valle de San Quintín, Baja California

Ana María Hernández sale a las 5:30 am de su casa de madera en la colonia de inmigrantes Las Aves, en el valle agrícola de San Quintín, considerado el más rico de Baja California. Es el valle que en marzo de 2015 fue escenario de una insurrección de jornaleros, la mayoría indígenas, sin precedente en el país. Su marido, que es “aguador” o regador de sembradíos, se ha alistado por su lado y ha salido a su trabajo.

Cierra la puerta y se persigna: “En el nombre sea de Dios, que todo salga bien”. La acompaña su hija Lucía, de 23 años, que vive con su familia en la casa vecina. Las dos mujeres de tez blanca van armadas para la guerra: abrigadas con sudaderas de manga larga y capucha para protegerse del frío matinal y, luego, del sol inclemente; un paliacate les cubre la cabeza para impedir la insolación, otro más, doblado en dos, les tapa buena parte del rostro para evitar quemaduras en la piel; la cabeza va coronada con una gorra de beisbol. Llevan además pants cómodos y por encima una falda de tela elástica por mero decoro: hay que agacharse en la labor. “Es para no mostrarle el rabo a los hombres y por la menstruación”, dice Ana María.

Descienden por caminos solitarios, mal iluminados, que cruzan el cerro desértico salpicado de pequeñas viviendas sin agua potable ni drenaje. Caminan 15 minutos hacia el punto en el que el camión de la empresa agrícola para la que trabajan recogerá a los empleados y los trasladará a los campos de cultivo. Hora y media más tarde la jornalera de 45 años que emigró hace 10 de Sonora es parte de un pequeño enjambre de trabajadores agrícolas. Una veintena, casi la mitad mujeres, caminan con agilidad entre surcos y en su marcha van perforando con un “marcador” de metal la superficie de camas de tierra cubiertas de plástico, de unos 30 centímetros de ancho y alargadas. En los orificios se colocarán las diminutas semillas de las fresas que luego serán exportadas a California. Pero ésta no es una jornada más para Ana María en la que percibirá 180 pesos y ninguna prestación. Es la última.

Su patrón así lo decidió por un asunto administrativo: Ana María no tiene acta de nacimiento porque nació en Guanajuato y su familia emigró con ella en brazos a Sonora, sin papeles. Sin un ingreso seguro, ignora cuándo podrá enviarle dinero a sus dos muchachos que viven en Sonora, también jornaleros y en la penuria. Su última remesa salió hace un mes: 270 pesos.

Ana María tuvo nueve hijos y fue jefa del hogar; dice que la búsqueda de trabajo para alimentarlos fue la razón por la cual emigró al Valle de San Quintín en busca de un nuevo hogar. La cantidad de hijos le impidió considerar cruzar la frontera hacia Estados Unidos: “Por mis chamacos que estaban chiquitos, como fueron muchos”.

Ella es parte de la migración interna del país. No la de carácter temporal, sino la que se asienta a residir en el lugar. El censo de 2010 reveló que ese año hubo 3,292,310 migrantes internos, de los cuales la mitad, 1,652,115, fueron mujeres. En el caso de las mujeres indígenas, los principales estados expulsores ese año fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El estudio Niños y adolescentes migrantes en México 1990-2010 del INEGI apuntó que la migración interna de menores no ha tenido variaciones significativas en las últimas dos décadas (el porcentaje oscila entre 3 y 5 por ciento). Sin embargo, reveló que en cuanto a la relación hombre-mujer de los migrantes de 5 a 17 años hubo un aumento importante de la presencia femenina en algunos estados como Jalisco, Sonora y Baja California Sur.

A diferencia de la migración trasnacional, en la interna no hay estudios nacionales que indiquen las dinámicas de las remesas de mujeres migrantes, mucho menos de las indígenas. Denise Casas, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, considera que se debe parcialmente a que “estas remesas son difíciles de contabilizar porque no siempre se envían en forma de depósito”, sino que se entregan de mano a mano. También porque en México “ha habido invisibilidad de los procesos migratorios de mujeres”.

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Es domingo y el sol requema en Las Aves cuando la pequeña caravana sale de la casa de Ana María hacia la carretera. La inmigrante toma una de las asas de la maleta de plástico de su amiga María del Refugio Solís, Cuca, para cargarla entre las dos. Las acompaña su hija Lucía, que lleva una caja con 10 docenas de pitayas que pizcaron en los cerros. Atrás van sus dos niñas y el niño.

La caravana tiene dos misiones: acompañar a Cuca a la carretera e ir a vender las pitayas. A paso vencido recorren el límite de la colonia fundada por inmigrantes en 2009, la mayoría indígenas, y avanzan por el camino de terracería contiguo a los campos de cultivo de fresa cercados. Desde ese punto se observa abajo la carretera, luego más campos de cultivo y tras ellos un horizonte azulado: el mar.

La marcha de las dos amigas de talla robusta es penosa. Ana María tiene una vieja lesión muscular en un brazo y una pierna, producto de una caída al cosechar fresa. Las dos, además, van con desánimo: están en el desempleo y con exigencias familiares. Si bien Ana María vive con su pareja, no es el padre de sus hijos. Su casa es aledaña a las de dos hijas y un hijo veinteañeros, y seis pequeños nietos. Su preocupación es no poder apoyarlos en el día a día. Tiene otros cinco hijos en distintos lugares: uno en Chihuahua, otro en Baja California, y tres más en Hermosillo. En particular, le preocupan las carencias que pasan los últimos. “Ya no les he mandado, ¿de dónde?”, dice.

Cuca va de regreso a Hermosillo. Inmigró fugazmente en un fallido intento de trabajar como jornalera. Recorrerá de vuelta las 12 horas de trayecto para buscar empleo en las empacadoras agrícolas de Sonora. El padre de Cuca tiene 85 años, está enfermo de la próstata y vive en Cananea. Cada quincena le envía 1,000 pesos para sus medicinas. “Llevo un mes sin mandarle dinero a mi papá”, se queja Cuca. No lo ve hace unos tres meses. En Sonora se siembra calabaza, sandía, chile, uva, nuez. Ana María cambió esos cultivos por los de fresa, tomate, cereza, pepino, arándano que se siembran en el Valle de San Quintín. Su fisonomía blanca y gruesa contrasta con la de la mayor parte de la mano agrícola de la región, que es de alrededor de 50,000 jornaleros, la tercera parte mujeres. Estos jornaleros trabajan en condiciones no muy lejanas a la esclavitud: en algunos de los campos de cultivo no les permiten tomar descansos para beber agua, para ir al baño, no cuentan con prestaciones médicas y sus jornadas extenuantes bajo un sol quemante son retribuidas con un pago de 150 a 180 pesos por día, sin que se paguen horas extras. La jornada laboral y la paga son iguales para mujeres y para hombres. Ellas, sin embargo, enfrentan una doble jornada cotidiana al atender las necesidades familiares, y contadas son las que obtienen prestaciones de salud que las beneficien en caso de embarazo o enfermedades. La gran mayoría no son contratadas en estas condiciones y deben buscar otras formas de sobrevivencia, situación que se agrava cuando son jefas del hogar.

Han migrado particularmente de Oaxaca, Michoacán y Sonora, y la mayoría son indígenas. El yerno de Ana María, marido de Lucía, es un indígena triqui. Su hermana, Cecilia Pérez, y su madre inmigraron de Oaxaca y viven a espaldas de la vivienda de Ana María. La investigadora Denise Casas considera que si prácticamente no hay estudios en México sobre mujeres emigrantes, mucho menos los hay sobre las indígenas. El reporte Mujeres, indígenas, migrantes líderes, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, señala que puede deducirse que gran parte de la migración femenina interna en México es indígena, pues los tres estados que el Censo de 2010 registró como los principales expulsores de mujeres emigrantes concentran el mayor porcentaje de población indígena del país: Oaxaca (27%), Guerrero (15%) y Chiapas (34 por ciento).

Manuela Méndez, una de las contadas exlíderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, frente que encabezó el movimiento insurreccional de jornaleros que exigía el aumento de la jornada diaria a 200 pesos más prestaciones, y que se fracturó tras las negociaciones fallidas con el gobierno, dice que esta inmigración interna pervive en la pobreza y marginación. “Se migra por falta de dinero”, dice Manuela, que también vive en Las Aves. Ese asentamiento es representativo de dicha inmigración: la mayoría de sus pobladores son de origen mixteco, zapoteco, purépecha, nahua, triqui. “Muchas tienen hombres que migran (a Estados Unidos), y tienen entre 3 y 8 hijos y entre 20 y 30% son mujeres solas”, es decir, jefas del hogar.

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El niño José Felipe, nieto de Ana María, carga sus docenas de pitayas en bolsas de plástico para venderlas. Lucía se despertó al amanecer de su día de descanso para pizcar en la serranía esos frutos espinosos, color sangre oscura, carnudos y dulces. Debe colectar un centenar para vender a 15 o 20 pesos la docena e incrementar sus ingresos semanales. Sus ventas diarias son de entre 150 y 200 pesos, más o menos lo que pagan por una jornada en los campos agrícolas.

El movimiento de jornaleros se dividió porque el gobierno logró que los líderes firmaran un acuerdo con un aparente aumento de sueldo, pero en el que se integraban las prestaciones sociales, en vez de que éstas se manejaran por separado, lo que en los hechos benefició a los empresarios agrícolas. Los dueños de los campos además han despedido u hostigan a quienes participaron en la sublevación, como es el caso de la mayoría de los habitantes de la colonia Vicente Guerrero, cercana a Las Aves. La familia de Ana María tuvo una participación menor pero sus hijos tuvieron que mostrar comprobantes domiciliarios de que no vivían en esa colonia para poder seguir laborando con su patrón. Ante la penuria económica, la venta de pitayas es su única posibilidad de sobrevivencia.

La primera opción del niño de ojos grandes es ir a las casas de los alrededores. Va a la casa de Cecilia. “No gracias”, le dice la triqui mientras sus cuatro niños corretean de un lado al otro. No tiene dinero. Su tanque pequeño de gas está vacío. En una gran bolsa negra se acumulan morrales y prendas de telar que ella y su anciana madre elaboran artesanalmente y no tienen a quien vender. En Las Aves no hay dinero.

El niño regresa con sus bolsas. En casa de su abuela Ana María las carencias crecen: “No tenemos ni para el gas ni para el agua”, dice. Gastan 900 pesos en agua potable que les surten en pipas cada semana. Ana María no ve opciones en su futuro. No tiene dinero para ir a Guanajuato a tramitar su acta de nacimiento para así regresar al trabajo agrícola, a pesar del dolor que le produce hacerlo por sus lesiones musculares.

Sólo le quedan las pitayas. “Me verá en la colonia Vicente Guerrero con las pitayas cargando en el lomo”, dice.

Guanajuato queda lejos. Ahí también hay pitayas. Y está poblado de rancherías con mujeres de jornaleros emigrantes que viven esperando sus remesas.

Ejido del Rodeo, Guanajuato

Es mediodía en el ejido del Rodeo, en Guanajuato, un pueblo rural enclavado en el Bajío, a hora y media de Apaseo el Alto, donde muchos hombres emigraron a Estados Unidos y las mujeres se quedaron solas. Un funeral recorre las calles empedradas y solitarias del poblado. En la pequeña caravana de dolientes van mujeres mestizas con vestimenta sencilla: algunas llevan ropa modesta y conservadora, otras, pantalón de mezclilla o pants y blusas de algodón.

Elvia Lara, desde fuera de su casa, observa a la distancia el cortejo fúnebre. Su actitud es altiva y su vestimenta contrasta con la de la mayoría de las mujeres de esta zona rural, una de las principales receptoras de remesas en el país. Elvia porta una falda azul marino floreada, una blusa rosa y un saco sastre de algodón beige. Pero lo que a ella le da distinción en el pueblo es su sombrero con una banda estampada con diseño de piel de jaguar que remata en un moño trasero, y las chalinas que se acomoda alrededor de sus hombros, con un dejo de presunción. “No fui al funeral, estoy enferma, y una señora me dijo que me pueden robar la energía”, dice al tiempo que avienta la chalina sobre su hombro derecho. Ambos accesorios protegen el cuello de la mujer de 52 años porque se ha tratado de un pequeño mioma cancerígeno, pero lo cierto es que le gusta usarlos diario, incluso dentro de su casa. Se sabe privilegiada. Ella no se ha visto en la necesidad, como muchas de las lugareñas, de irse a trabajar a las maquilas de ropa de la región para sobrevivir económicamente. Su marido, que emigró a Texas, trabaja en la construcción y mensualmente le envía por Western Union alrededor de 550 dólares al mes: de 8,000 a 10,000 pesos.

El estudio Remesas y género de Imumi revela que los tres principales estados receptores de remesas son Michoacán, Guanajuato y Jalisco, los cuales absorben 70% de las remesas enviadas desde Estados Unidos. La remesa promedio varía entre 3,000 y 3,500 pesos y 97.7% se envía por medios electrónicos. Un 63.2% llega a hogares con mujeres jefas de familia, que destinan el dinero especialmente a la manutención (86.4%), educación (6.3%) y mejora de viviendas (3.2 por ciento). El estudio concluye que “prácticamente no hay ahorro”.

Evelyne Sinquin, representante legal de la Red de Mujeres del Bajío, con sede en Celaya, que articula a decenas de mujeres en poblados del Bajío de Guanajuato cuyos maridos emigraron a Estados Unidos, considera que el caso de Elvia es excepcional, y que han surgido una serie de mitos a partir de las dinámicas macroeconómicas del ingreso de remesas al país. La idea de que las familias receptoras tienen resueltos sus gastos básicos es falsa: “En el caso de las remesas de bolsillo, que no son para inversión, son irregulares y a veces pocas”. Además hay muchos casos en los que el emigrante forma otra familia y cesa el apoyo o busca ejercer el control del mismo enviando el dinero a su madre o a su padre.

Más allá del valor monetario, dice Sinquin, las remesas tienen un precio muy alto.

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Elvia vive en una casa modesta que fincó con ayuda de su padrastro. En su terreno se mandó hacer un estanque rústico, que permanece con cierto descuido, donde pasean algunos gansos. Tiene una hija y un hijo. La primera se casó y vive con su familia. El segundo emigró a Texas y, como es la tradición, dejó a su joven esposa bajo la custodia de su propia madre, Elvia. La nuera, Arizbeth Patiño, también recibe remesas: unos 350 dólares al mes, alrededor de 6,000 pesos. Ambas mujeres cohabitan sin mucho contacto. Generalmente cada una permanece en su cuarto viendo la televisión, sin hacer ninguna otra actividad en el día; salen poco de casa.

Elvia se dice orgullosa de su recámara. Ella misma la eligió: blanca, con una cabecera enorme que tiene un espejo al centro, adornada con motivos rosados. En su buró izquierdo reposa una escultura de yeso con un oso adulto, sentado, sobre el que juguetean dos osos pequeños. Uno tiene una oreja desportillada. Toma la pieza entre sus manos: “Ésa es mi familia, porque siempre nomás estamos solos nosotros tres”, se refiere a ella y sus hijos, como la familia de los osos. Se detiene en el osezno roto: “Se me cayó y se le rompió una oreja”.

Sinquin dice que la salud física y psicológica de las receptoras de remesas se ve impactada por la incertidumbre económica, la carga de responsabilidades familiares (en las zonas rurales se vuelven responsables de la parcela) y la estigmatización local, porque se les ve como “abandonadas”. “Son mujeres que casi toda su vida la pasan solas”, detalla.

Su organización realizó el diagnóstico El costo psicosocial en la migración de las familias migrantes (2007) con un grupo de 30 mujeres de siete ejidos, en el cual 64% estaba casada y 78% tenía nivel educativo de secundaria o primaria. El estudio reveló que 51% de las mujeres se consideró “enferma” y 79% experimentaba depresión, miedo o angustia cuando el marido o el hijo se iban al norte. Las mujeres reportaron padecer migraña, presión alta o baja, falta de apetito, alta o baja de azúcar, gastritis, colitis nerviosa, tabaquismo y alcoholismo.

Elvia no sólo ha vivido en soledad, sino también sufrió violencia doméstica desde que se embarazó de su primer hijo. Cuenta que su marido la golpeaba porque el niño lloraba o porque lo amamantaba. “Te voy a matar a tu perro”, la amenazaba el hombre. Las agresiones cesaron cuando le diagnosticaron cáncer en 2014.

Sinquin afirma que esta población sufre distintos tipos de agresiones. Su organización realizó la investigación La violencia de género no es un destino (2013) en 100 mujeres residentes en medios urbanos, semiurbanos y rurales, de las cuales la mitad eran amas de casa, 74% tenía pareja y 19% eran jefas del hogar. Un 68% del total —la mayoría de ellas del medio rural— dijo vivir algún tipo de violencia: física, psicológica, patrimonial (despojo o amenaza de despojo de bienes), económica o sexual.

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“Mi esposo me da 500 pesos cada semana, pero yo soy bien jaladora. Vendo zapatos, cosméticos y bolsas por catálogo”.

Elvia sale de su casa y se encuentra a su hermana Lilia Lara pastoreando 24 borregos en la calle empedrada. El esposo de su hermana también fue emigrante, pero lo deportaron. Ahora trabaja de albañil y su familia apenas sobrevive. Los borregos pastan cuando la hermana expresa: “Mi esposo me da 500 pesos cada semana, pero yo soy bien jaladora. Vendo zapatos y cosméticos y bolsas por catálogo, mochilas en tiempo de escuela, chácharas, borregos”. La hermana voltea a ver a Elvia y le reprocha: “A ustedes les mandan dinero cada ocho días y se lo acaban en dos horas, y yo tengo que estirarlo”.

A Elvia le hace gracia.

Después del encuentro con su hermana, regresa a casa. Muestra las cajas sin abrir de baterías de cocina que se apilan en una esquina. Varias son de importación. Dice que algún día las estrenará. “Por eso no tengo dinero”, dice divertida.

La última vez que vio a su marido fue hace un par de años. No sabe cuándo regresará, pero lo que sí sabe es que la cantidad de la remesa aumentó a partir de su enfermedad. “Es la pura culpa”, dice sonriendo. Pero la culpa no impidió que con toda alevosía y ventaja su marido la despojara de su terreno y de su casa para ponerlos a su nombre; ni que en su última visita llegara al pueblo con una nueva mujer. Eso sí, a diferencia de Conchita y Ana María, no pasa penurias económicas. A Elvia las remesas le llegan puntuales.