Por fin se discutirá en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. Pese a que el dictamen, según el coordinador de la bancada de Morena, recoge la mayoría de los puntos que la oposición presentó, en la sesión del lunes se oyeron las preocupaciones de varios diputados ante el peligro que la reforma supone –en gran medida, debido al combustóleo– respecto al cambio climático, la calidad del aire, la salud y hasta la vida de los mexicanos –incluidos los legisladores, el director de la CFE y el presidente, quienes también respiran–. Durante toda una semana la oposición ha prometido que votará en contra de la reforma eléctrica.

Mientras todo esto sucede, yo escribo este texto e intento localizar en páginas del gobierno y de organizaciones internacionales, como el World Resources Institute (WRI), las plantas eléctricas que rodean a la Ciudad de México. Una multitud de puntitos aparece: una multitud de puntitos que pronto le darán prioridad al combustóleo. Escribo esto desde la capital del país, mientras nos ahogamos en la contaminación atmosférica. Es la primera quincena de abril: los peores días en términos de calidad del aire. La semana pasada un olor a quemado se dispersó por la ciudad: las personas se tallaban los ojos y se quejaban de la extraña sensación que les provocaba respirar. Falta poco para que se anuncien las contingencias atmosféricas que nos alertan que se está rebasando un umbral que no deberíamos superar porque pone en riesgo máximo nuestra salud.

Nada de eso importó el jueves 7 de abril, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo ponerle un alto a la Ley de la Industria Eléctrica. Debido al voto de ¿tres o cuatro? ministros –depende de cómo se hagan las cuentas–, México producirá más energía eléctrica con combustóleo. Para nuestro futuro no se vislumbra la calidad del aire, sino la contaminación que seguirá enfermándonos y cobrándose, al año, la vida de decenas de miles en la capital.

Para entender por qué la votación del domingo es tan importante, hay que regresar a la reforma energética de 2013, que establecía —entre muchas otras cosas— que la CFE debía darle prioridad a la compra de energías renovables, como la eólica y la solar, sobre las energías fósiles. Al final de la lista quedaba el combustóleo, por ser el más contaminante. Ese era el criterio al que se tenía que sujetar la CFE para producir electricidad.

Sin embargo, lo que plantean la ley y la reforma eléctrica impulsadas por AMLO invierte las prioridades: la CFE ya no tiene que comprar primero las energías más baratas, que son la eólica y la solar, sino que tiene total poder de decisión y, por lo tanto, podrá priorizar la compra de energías sucias. Según cifras del 2019, la producción de un megavatio por hora con combustóleo se estima en 138 dólares, mientras que el mismo megavatio producido con energía solar cuesta 67 dólares y con energía eólica, 66 dólares. Así, AMLO está tratando de reestablecer el monopolio de la CFE, pero no en beneficio de las energías más baratas ni de las menos contaminantes.

¿Qué implica todo esto en la práctica? Que se dará prioridad al combustóleo para la producción de electricidad. Se trata de un combustible que proviene del excedente del petróleo mexicano y que ya no encuentra compradores internacionales por ser muy contaminante —tiene un contenido importante de azufre—. En enero de 2020 hasta la Organización Marítima Internacional prohibió que las embarcaciones siguieran usando combustóleo porque las emisiones de azufre y partículas finas (PM10 y PM2.5) y los impactos ambientales y a la salud eran prohibitivos. Así, Pemex empezó a acumular combustóleo, que nadie quería comprar.

El gobierno de México cree haber encontrado la solución perfecta al problema, matando dos pájaros de un tiro al decidir, por un lado, que la CFE le compre ese combustóleo a Pemex —lo que coincide completamente con el proyecto de AMLO de rescatar a la empresa petrolera— y, por el otro lado, le encuentra un uso a una parte de ese combustóleo producido. La cantidad no es menor: por cada barril de crudo (son unos 159 litros) se produce entre 30% y 40% de combustóleo. Con la ley y la reforma eléctrica que propone AMLO, la CFE puede elegir a Pemex como su principal cliente y utilizar ese combustóleo para generar energía eléctrica.

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Volvamos a lo que sucedió el jueves pasado: para que la CFE fuera otra vez un monopolio, se necesitaba cambiar la Constitución y echar para atrás la reforma de 2013. Siete de once ministros declararon inconstitucional lo que AMLO estaba tratando de hacer. Sin embargo, se necesitaban ocho votos para bloquear la propuesta del presidente. No sucedió, por lo que la Ley de la Industria Eléctrica no es constitucional, pero tampoco es inconstitucional y, por lo tanto, los tribunales, a donde llegan los amparos, tendrán que ir tomando decisiones, caso por caso, para darle entrada a las energías renovables en nuestro país. Sin embargo, la resolución de la SCJN alenta significativamente que México genere electricidad con energías renovables. Mientras tanto se sigue quemando combustóleo: peor aún, su uso se incrementa.

La decisión de la SCJN también es preocupante porque México se comprometió internacionalmente —a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, las famosas NDC— a reducir de manera incondicional (sin la ayuda o la intervención de otros países) sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 22%. El planteamiento de la meta es muy interesante: además del componente del cambio climático, que se expresa en las reducciones de GEI, México también integró la calidad del aire en sus NDC. Es algo que hemos visto en muy contados países y, por lo tanto, una excepción digna de celebrar. Con ello, el gobierno mexicano presentó un compromiso de reducción de 51% del carbono negro para 2030 —un componente de las partículas finas que tiene un impacto nocivo en la salud.

Pero esto, claro, es en teoría. En la práctica estamos lejos de lograrlo y más ahora. La noticia del jueves pasado y lo que suceda el domingo vuelve a despertar la premura por detener lo que está pasando y la urgencia de explicar el problema a detalle.

Solemos confundir la calidad del aire y el cambio climático. En general, pensamos que se emiten gases de efecto invernadero que tienen impacto en ambos. No es del todo incorrecto, el cambio climático y la contaminación atmosférica están intrínsecamente relacionados porque comparten las mismas fuentes de contaminación —el transporte, la industria y la generación de electricidad—. La diferencia es que los gases que se toman en cuenta para cada asunto no son los mismos.

En el caso del cambio climático se contabilizan los GEI, principalmente el dióxido de carbono, mientras que en la contaminación atmosférica se habla de ozono y partículas finas porque son los que tienen más impacto negativo en la salud. Para mostrar la diferencia, es útil pensar en el carbono negro. Es un componente de las partículas finas, por lo que tiene implicaciones importantes para la salud pública pero, a la vez, juega un papel crucial en el cambio climático: por unidad de masa, su efecto de calentamiento es entre 460 y 1,500 veces más potente que el dióxido de carbono. Una cosa y otra son distintas y se puede ver en las cuentas. México ocupa el lugar 13 del mundo en emisiones de GEI, sin embargo, ostenta el lugar 5 en contaminantes atmosféricos, superado solamente por la India, Rusia, China y Arabia Saudí, y probablemente subirá unos peldaños con la reactivación del combustóleo que propone el presidente.

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Los mexicanos nos hemos acostumbrado, de cierta manera, a vivir siempre en riesgo y tenemos una extraña relación con la contaminación. Mientras que en otros países los altos niveles de contaminación son motivo de alarma, aquí la información gubernamental es dispersa y escasa; se evita alertar acerca de los peligros, se les quita importancia y se crea una sensación de que no pasa nada, de que todo esto es normal. Cómo podría ser de otra manera, si el informe anual de calidad del aire más reciente de la Ciudad de México, publicado en 2018, indica que la mayor parte del año se rebasaron los límites máximos permisibles de ozono y partículas finas. En otras palabras: no se respetaron los umbrales que protegen nuestra salud. En total, en 2018 tan solo tuvimos 89 días con calidad de aire buena o regular. Por lo tanto, se sumaron 276 días en los que tuvimos una calidad de aire mala y muy mala.

Sí, estamos acostumbrados, mas no inmunizados: las consecuencias en nuestra salud se harán sentir en el largo plazo. A nivel global, siete millones de personas mueren de manera prematura cada año por la contaminación atmosférica y, por lo tanto, este se posiciona como el factor de riesgo de índole ambiental más mortífero para los humanos. En nuestro país mata a 48 mil personas al año y es el noveno factor de muerte prematura. En la Ciudad de México se calcula que entre 8 mil y 14 mil personas mueren al año por la mala calidad del aire. Estas muertes se deben principalmente a las partículas finas PM2.5 que, por su diámetro diminuto, logran introducirse muy profundamente en nuestros cuerpos. Hay seis enfermedades que están directamente relacionadas con la contaminación atmosférica: los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades del corazón, las pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer de pulmón, de branquia y de tráquea; también provoca infecciones en las vías respiratorias inferiores y diabetes mellitus tipo 2.

Mientras los diputados deciden si se aprueba la reforma eléctrica, los habitantes de la Ciudad de México esperamos tiempos mejores, cuando lleguen los vientos y la lluvia y podamos volver a olvidarnos de la calidad del aire... hasta diciembre, porque los fuegos artificiales y el incremento en la movilidad nos servirán, otra vez, de recordatorio. Vivimos así, de manera cíclica. Cuando logramos salvarnos de las contingencias, no es gracias a las políticas que se implementan, sino a las condiciones naturales de nuestra ciudad.

En nuestro futuro de combustóleo, ni eso será suficiente. Mucho menos lo será la activación de planes de urgencia porque consisten en medidas más paliativas que preventivas —como el “Hoy no circula” o las restricciones a la industria en tiempos de contingencia—. Son medidas puntuales, superficiales y no resuelven el problema a largo plazo. Seguiremos muriendo por la mala calidad del aire.

Busco en internet la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en el municipio de Tula, en Hidalgo, como un adelanto de lo que parece venírsenos encima. Es una central que principalmente produce electricidad con combustóleo: lo usa en un 69%. Aunque está a 83 kilómetros de la Ciudad de México, es responsable del 10% de la contaminación que respiramos aquí. En realidad, el caso es todavía más preocupante: al desagregar la contaminación, nos damos cuenta de que el 56% de las PM2.5 —uno de los contaminantes más peligrosos en términos de salud pública que se respiran en esta ciudad— proviene de esa central que también provoca que el lugar en donde está sea una de las zonas más contaminadas del mundo.

Esto es lo que sucede solamente con una central.

Vuelvo a mirar el mapa de plantas eléctricas del World Resources Institute. Veo todos esos puntitos que pronto podrán empezar a utilizar de manera prioritaria el combustóleo y, simplemente, no entiendo la Ley de la Industria Eléctrica ni la reforma eléctrica del presidente. Respirar es inevitable y, por este tipo de políticas, se está volviendo un riesgo cada vez más grave para nuestra salud. Como bien dijo Mariana Aziz, abogada ambiental y miembro de Oceana: con la decisión de la SCJN y en buena parte de las intervenciones de los diputados, escuchamos puras discusiones maniqueas, dicotómicas e ideologizadas sobre la reforma eléctrica: se defiende a la CFE o se defiende a los inversionistas. Y ¿quién nos defiende a nosotros, los que respiramos las emisiones de la termoeléctrica de Tula? ¿Cuándo entraremos a la conversación de los políticos, de nuestro gobierno?

*La reforma eléctrica, con tanto en juego para la CFE y el país, se discutirá el domingo 17 de abril.