Los primeros pasos de Emiliano Zapata
Así comenzó la historia del hombre que construyó su identidad alrededor de la defensa de la tierra
Fragmento del libro «Zapata. La lucha por la tierra, la justicia y libertad» (Crítica), © 2019, Felipe Ávila. Ilustración de portada: Aviña. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Zapata y Anenecuilco
Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala, Morelos, el 8 de agosto de 1879, día de san Emiliano. Por ello, de acuerdo con la ancestral tradición católica, sus padres, Gabriel Zapata y Cleofas Salazar, le pusieron ese nombre. Fue el noveno de diez hijos: Pedro, Celso, Eufemio, Loreto, Romana, María de Jesús, María de la Luz, Jovita, Emilia- no y Matilde. Bautizado en la iglesia de Villa de Ayala, sus padrinos fueron el administrador de la hacienda de El Hospital, Juan Ortiz, y su esposa Luz. Su familia, de mestizos asentados en Anenecuilco y en el vecino rancho de Mapaztlán desde la etapa virreinal, estaba vinculada estrechamente a la historia que había marcado a esa zona: la disputa de los pueblos contra las haciendas y el gobierno por defender las tierras y aguas que les pertenecían como pobladores originales. Esa región vecina a Cuautla tenía una identidad forjada en los grandes episodios de la historia nacional. Fue teatro de operaciones durante la Independencia y la Reforma, así como en la resistencia republicana contra la Intervención francesa. Dos de los ancestros de Emiliano participaron en esos acontecimientos. Su abuelo materno, José Salazar, fue parte del ejército insurgente del cura José María Morelos y participó en el sitio de Cuautla; sus tíos José y Cristino fueron soldados de la República liberal en la Guerra de Reforma y en la lucha contra el Imperio de Maximiliano. La región de Cuautla fue un bastión de las gestas insurgentes y liberales decimonónicas. Sus habitantes, incluidos los del pueblo de Zapata, se sentían parte de la nación mexicana y habían participado, modestamente, desde su historia local, en su construcción. El eje de la historia de Anenecuilco, como el de la mayoría de los pueblos de Morelos, era la tierra. Alrededor de la defensa de la tierra se construyó su identidad, una identidad colectiva que mantuvieron desde sus orígenes y que aún perdura.
La familia de Emiliano –cuyo padre había sido jornalero de la cercana hacienda de Mapaztlán– vivía de cultivar la tierra en Anenecuilco y de vender caballos y ganado. Si bien eran tierras propias, estaban localizadas en la parte occidental del pueblo, dividido en dos por el río del mismo nombre, que era la zona más árida y menos fértil, en comparación con la parte oriental, donde las tierras eran de mejor calidad y con abundante agua. Desde niño, Emiliano, quien ayudaba a sus padres en las faenas domésticas acarreando leña y comida para los animales, se apasionó por los caballos y aprendió a montarlos y criarlos, afición que le dio prestigio local y lo acompañó el resto de su vida. La primera yegua que tuvo, llamada la Papaya, fue un regalo de su padre cuan- do cursaba su educación elemental. Muy pronto destacó por su habilidad como jinete y su arrojo al montar. Otro importante aprendizaje temprano fue el uso de las armas, parte de la cultura popular de los lugareños desde tiempos ancestrales, necesaria para la cacería y para defenderse, asociada a la historia local como una tradición de los pueblos inmersos en una geografía que fue centro de operaciones bélicas en las grandes coyunturas que definieron la historia nacional desde la Independencia.
Como el resto de los niños de su pueblo, Emiliano cursó la educación elemental combinándola con las faenas agrícolas de su familia. En la escuela de Anenecuilco, anexa a la iglesia, aprendió además del catecismo, español, aritmética e historia patria del profesor Emilio Vara, quien había participado en la Guerra de Reforma y contra la Intervención francesa. Fue ahí donde aprendió la limpia y elegante caligrafía que se aprecia en la firma de Emiliano Zapata, como general en jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, en quien se convertiría años después.
La escuela a la que asistió Zapata había sido fundada pocos años antes, en 1872, bajo el impulso del gobernador Francisco Leyva, quien había hecho obligatoria la ense- ñanza primaria. La escuela tenía un único salón donde tomaban clase más de veinte niños de diversas edades y niveles. El maestro era Mónico Ayala, hijo del héroe local Francisco Ayala, quien seguía el método lancasteriano de enseñanza. Era una escuela mixta, a la que asistían niños y niñas tanto de Anenecuilco como de la vecina Villa de Ayala. Entre sus alumnos estuvo Eufemio Zapata y otros dos hermanos mayores de Emiliano. El maestro Ayala fue sustituido por Emilio Vara en 1879, el año en que nació Emiliano.
Las clases de su maestro Vara y las pláticas del pa- dre de Emiliano infundieron en él la admiración por la Reforma y una identificación con sus ideales y con el patriotismo de sus principales personajes, que se vería reflejada, años después, en la reivindicación de esa gesta heroica y de sus próceres en numerosos planes y mani- fiestos que firmaría como líder de la revolución suriana.
Al salir de clases, Emiliano acarreaba zacate a caballo para los animales de la casa. Para aumentar los ingresos familiares, cuidaba también el ganado de Modesto Rábila, un propietario español avecindado en el pueblo
Cuando Emiliano tenía 16 años, murió su madre; menos de un año después, perdió a su padre, víctima de una pulmonía. A partir de entonces se hizo responsable no solo de su propia vida sino de ayudar a sus hermanas y conservar el pequeño patrimonio familiar que les habían dejado. La niñez y la juventud de Emiliano fueron las típicas de una familia de clase media rural de un pueblo enclavado en el fértil valle de Cuautla Amilpas. Ese joven, llegadas las circunstancias, se convertiría en el caudillo agrario más importante de la Revolución y de la historia del país. Para entender ese tránsito de Zapata, es necesario entender la historia de su pueblo. Un pueblo con una larga historia de resistencia y rebeldía en defensa de las tierras que les pertenecían, como pobladores originarios.
Emiliano Zapata, 1914
La larga historia de un pueblo por sobrevivir
En tiempos muy lejanos, que se remontan a los años posteriores a la Conquista y colonización española, el pueblo de Anenecuilco inició la lucha por defender sus derechos contra el Marquesado del Valle, la enorme propiedad de 21 villas con la que en 1529 el monarca español recompensó a Hernán Cortés por sus servicios a la corona.
En 1579, los herederos del conquistador, que poseía las tierras más fértiles y vastas del Valle de Cuernavaca, quisieron despojar a Anenecuilco de sus derechos como cabecera municipal,1 a lo que los lugareños se opusieron con éxito. Lograron mantener su independencia del Marquesado del Valle. Los de Anenecuilco amparaban legalmente su propiedad en la disposición real de 1573 con la que la corona española había dispuesto que los pueblos de indios tuvieran derecho a ejidos y a un fundo legal equivalente a 100 hectáreas de tierra.
En 1603, durante las terribles décadas de despoblación indígena, los de Anenecuilco pudieron mantener su integridad territorial no obstante los
intentos de las autoridades virreinales de congregarlos en Cuautla. El pequeño pueblo, compuesto por 122 tributarios, que sobrevive en difíciles condiciones, recibe una merced de tierras del virrey Luis de Velasco en 1607, pero no puede aprovecharlas porque la hacienda de El Hospital, situada en la vecindad del poblado, se apropia de ellas.
En las décadas siguientes, los supervivientes del pueblo –integrado por apenas veinte familias– tienen que defender sus tierras ante el avance de tres haciendas que lo circundan, la de El Hospital, la de Cuahuixtla y la de Mapaztlán. Apoyadas por las autoridades virreinales, las haciendas despojan a los pueblos vecinos de sus tierras y aguas, obligando a los lugareños a trabajar en sus tierras a cambio de un jornal o como arrendatarios.
Los pobladores de Anenecuilco, como el resto de los habitantes de los valles de Cuautla y Cuernavaca, dueños originarios de las tierras y aguas de esos fértiles valles, nunca renunciaron a su derecho. Recurrieron a los tribunales y mantuvieron litigios que duraron décadas y aun centurias en los tribunales virreinales y, más tarde, en los republicanos. La mayoría de las veces, los tribunales legitimaron la posesión de esas tierras a los nuevos dueños, españoles y criollos, incluidas órdenes religiosas. Sin embargo, los campesinos indígenas y mestizos tenían a su favor los títulos virreinales, que habían recuperado buscando en los archivos. Así, entre 1714 y 1790, 25 pueblos de los valles de Cuautla y Cuernavaca entablaron juicios para recuperar sus tierras. No obstante que ningún juicio se resolvió favorablemente para los pueblos. esos litigios sirvieron a los pobladores para reforzar sus lazos de identidad, para estrechar sus intereses comunes y para que pudieran recuperar los documentos y títulos originales que habían perdido por las maniobras legales de las haciendas con las que peleaban por defender sus tierras.
En 1786, el pueblo de Anenecuilco hizo un desesperado alegato de auxilio a las autoridades virreinales para que detuvieran el despojo de sus tierras y aguas por las haciendas que lo rodeaban. El pueblo se quejaba de que la Hacienda de Mapaztlán quería reducirlos a las 600 varas que se daban a los pueblos nuevos como fundo legal, siendo que ellos eran un pueblo antiguo que había obtenido una merced real. Señalaron también que las haciendas circundantes los estaban asfixiando.
Las haciendas de Mapaztlán y de Cuahuixtla invadían sus tierras con caña de azúcar y les quitaban el uso del agua del río mediante dos apantles internos. En suma, era el retrato vivo de un pueblo indígena asentado en una zona de tierra fértil, con agua, que era presa de la voracidad de las haciendas cañeras y religiosas colindantes.
Los de Anenecuilco denunciaron que el título original del pueblo y la merced real de su fundación se los había quitado 12 años atrás una de las tres haciendas colindantes, luego de que el juez de tierras José de Tagle se los había pedido para restaurarlos.
Emiliano Zapata
En 1798, los de Anenecuilco –al igual que muchos pueblos que desaparecieron en procesos de despojo y arbitrariedad– no pudieron recuperar sus títulos origina- les, y a pesar de las evidencias de que eran pueblo viejo, con lo que tenían derecho a poseer ejidos y tierras de repartimiento, las tres haciendas colindantes intentaron hacerlo desaparecer como pueblo. La estrategia de sus abogados fue solicitar a la corona española que se les reconociera como pueblo nuevo y se les dotara de las 600 varas de fundo legal a las que tenían derecho como tal.
La Real Audiencia de la Ciudad de México consideró que era justa la petición de los de Anenecuilco y el 16 de agosto de 1798 ordenó que se les otorgaran las 600 varas de fundo legal que les correspondían como pueblo nuevo. La orden fue turnada al juzgado de Cuautla, que citó a los naturales del pueblo y a los representantes de las ha- ciendas colindantes para ejecutarla. El 24 de septiembre se llevó a cabo el procedimiento. Los naturales llevaron el mapa y a cuatro ancianos que testificaran la antigüedad del pueblo. Los dueños de la hacienda de Cuahuixtla, en poder de la orden de Santo Domingo, y de El Hospital, en manos de la orden religiosa de San Hipólito, así como el dueño de la hacienda de Mapaztlán, lograron que se difiriera el proceso hasta el año siguiente. Cuando no pudieron impedirlo, el administrador de El Hospital trató de evitar que se midieran las 600 varas de Anenecuilco, alegando que esas tierras pertenecían a la hacienda El Hospital desde 1608 y que el pueblo ya no existía. A pesar de ello, las autoridades del juzgado de Cuautla llevaron a cabo el 25 de mayo de 1799 la medición del fundo legal que correspondía al pueblo. Entonces, el hacendado de Mapaztlán presentó un recurso ante la Real Audiencia en donde objetó que Anenecuilco no era sino un rancho, cuyas tierras se habían vendido a la hacienda de Mapaztlán en 1597, que las tierras del pueblo se las había dado la hacienda y que los habitantes del pueblo no eran de ahí, sino indios criminales de otros lugares que huían de la justicia. La Real Audiencia abrió una nueva investigación en la que comprobó que lo que aducía el hacendado eran puras falsedades. El 11 de octubre de 1800 rechazaron el recurso del hacendado y ordenaron que se les dieran las tierras del fundo legal a Anenecuilco. No obstante, las artimañas del hacendado lograron frenar una vez más la ejecución. A pesar de que la Real Audiencia una y otra vez desechó los recursos de apelación del hacendado de Mapaztlán, este logró impedir la aplicación del fallo. El camino torcido de la justicia virreinal, válido también para las épocas posteriores, justicia expedita para los poderosos, lenta y sinuosa para los desposeídos, tuvo en Anenecuilco un caso paradigmático de negación y postergación de la justicia.
La Guerra de Independencia impidió que siguiera el litigio de Anenecuilco por recuperar sus tierras.
Los años del México independiente no hicieron avanzar el añejo litigio de Anenecuilco por recuperar sus tierras. De una generación a otra, los hijos del pueblo continuaron con el reclamo que habían hecho sus padres y abuelos de lo que les pertenecía. En 1853, para fortalecer su alegato, solicitaron al Archivo General de la Nación una copia de sus títulos de propiedad.
Los que suscribimos, vecinos del Pueblo de San Miguel Anenecuilco, de la extinguida Municipalidad de Cuautla, ante Usía, como más haya lugar en derecho… mediante este escrito, pedimos, que Usía en uso de la facultad que la ley le concede, se sirva mandar que este Archivo General y Público de la Nación, lugar donde existen los protocolos del Gobierno del antiguo Virreynato, se haga una escrupulosa busca de las constancias primordiales relativas a la fundación y tierras de nuestro Pueblo. 2
Cinco comisionados de Anenecuilco llevaron personal- mente esa solicitud, acompañada por los 400 pesos que el pueblo juntó para pagar los servicios de un abogado. Un año después, el 25 de mayo de 1854, regresaron con una caja de hoja de lata que contenía los documentos y el mapa que certificaban la existencia antigua y la pro- piedad legítima de Anenecuilco sobre sus tierras. Habían cumplido con éxito su misión.
Durante el último episodio de la guerra contra la In- tervención francesa, los pobladores de Anenecuilco, para manifestar con claridad su filiación política, se negaron a pagar contribuciones al régimen imperial. Además, se negaron a colaborar con las tropas imperiales, negándo- les información de las tropas republicanas y alertando a estas de los movimientos de sus enemigos imperiales.
Al mismo tiempo que luchaban por la causa republi- cana, incluso con las armas, los vecinos de Anenecuilco no cejaron en su intento por recuperar las tierras que les pertenecían. Por ello, hicieron una petición al régimen imperial para que les fueran devueltas sus propiedades. El 5 de enero de 1865, el ministro de Justicia del empera- dor les contestó que no podía devolvérseles los terrenos porque, de acuerdo con la Ley de desamortización de 1856, conocida como Ley Lerdo, que fue reivindicada por Maximiliano:
No pueden las corporaciones civiles tener bienes raíces en común; y que afectando a sus derechos personales los hechos de que se quejan los vecinos de dicho pueblo, deberán hacerlos valer individualmente. 3
El régimen imperial, sostenido por los conservado- res, hizo suyo gran parte del programa de sus enemigos liberales y dejó en vigor las Leyes de Reforma, que en su aspecto agrario significaron no solo liquidar la pro- piedad territorial de la Iglesia católica, sino acabar con las tierras comunales de los pueblos. Los de Anenecuilco no pensaban ni actuaban como propietarios privados individuales. No pedían sus tierras para fraccionarlas en lotes individuales. Las reclamaban como tierras colectivas, de toda la comunidad.
En plena guerra entre las fuerzas republicanas, en- cabezadas por Juárez, y las imperiales, Maximiliano, quien tuvo una sensibilidad hacia los problemas de los indígenas y pobres de México de la que carecieron mu- chos de sus rivales liberales, reconoció en una ley del 1o de noviembre de 1865 la personalidad jurídica de los pueblos para reclamar tierras y aguas que demostraran que les pertenecían.
En esa misma tónica, el 16 de septiembre de 1866 promulgó una Ley Agraria del Imperio que concedía Fundo Legal y Ejido a los Pueblos que carecieran de él, siempre que tuvieran más de 2 000 habitantes, se les concedería, además del fundo legal, tierras para ejido y labor. Esta ley, además, señaló que los terrenos para dotar a los pueblos de fundo legal y ejido los propor- cionaría el gobierno de los terrenos baldíos o realengos improductivos, pero también mediante la expropiación de los propietarios privados.
Los pueblos podían juntarse, si no tenían el número de habitantes suficientes marcado por la ley. Esta ley ofreció también una alternativa justa a los pueblos que, como Anenecuilco, llevaban generaciones enteras en litigios agrarios.
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