Luego de más de veinte años de ardua lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, en Ecuador proliferan centros que, tras la fachada de clínicas de rehabilitación de adicciones, ofrecen el servicio clandestino de “deshomosexualización”. Sus prácticas incluyen encierros forzosos, tratos denigrantes y demás violaciones a los derechos humanos. Casi siempre son las familias las que pagan por las internaciones. Nadie sabe qué tan grande podría ser el problema.

Dos ciudades amenazadas por la guerra, unidas para siempre por la paz. Dos ciudades en la frontera que divide Perú de Ecuador, que se funden en una sola. La pandemia quiso separarlas, pero sus habitantes encontraron la forma de cruzar el pequeño canal que las divide, por donde cruza el contrabando, y las familias conviven entre un lado y el otro.

Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.

Le pusieron un nombre colonizado, le cortaron el pelo al estilo colonizado y le enseñaron a hablar español en lugar de kichwa. Pero Yaku Pérez Guartambel se cambió el nombre y se hizo una carrera política. Recorrió las calles en bicicleta de bambú, promovió la entrega de canastas agroecológicas y sumó a su discurso la lucha feminista, las diversidades sexuales y los pueblos indígenas. Este defensor ambiental, que pide radicalmente un Ecuador libre de minería, podría seguir siendo un portavoz para los pueblos originarios de su país.