Los ataques a la prensa por parte del gobierno deben interpretarse como el preludio de la restricción a los derechos humanos. Hay evidencia empírica que así lo demuestra. La intolerancia al escrutinio que hacen los periodistas termina por extenderse a otros ciudadanos y grupos sociales.
La primera vez que cerró la Línea 12, muchos funcionarios lograron eludir sus responsabilidades. Aquella experiencia y el estado de las instituciones hacen pensar que la rendición de cuentas tampoco se cumplirá cabalmente en el caso de la tragedia del 3 de mayo.
