La Línea 12: ¿es posible la rendición de cuentas? - Gatopardo

La Línea 12: ¿es posible la rendición de cuentas?

La primera vez que cerró la Línea 12, muchos funcionarios lograron eludir sus responsabilidades. Aquella experiencia y el estado de las instituciones hacen pensar que la rendición de cuentas tampoco se cumplirá cabalmente en el caso de la tragedia del 3 de mayo.

Comúnmente, la rendición de cuentas se toma como sinónimo de castigo; se considera que para satisfacerla hay que integrar, lo más rápido posible, una lista de nombres contra los que se aplicarán sanciones económicas, administrativas o penales. En la fotografía del primer viaje de la llamada “Línea Dorada”, tomada el 30 de octubre de 2012, aparecen, entre otros personajes, Felipe Calderón, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera; sonriendo, como quien borra de tajo sus diferencias políticas. Al fondo, esforzándose para salir en la foto, se asoma Mario Delgado. Es una foto en la que hoy no querría aparecer nadie.

Menos de dos años después de ese viaje inaugural, en marzo de 2014, la Línea 12 –la más cara de la historia del Metro de la Ciudad de México y una de las más costosas del mundo– tuvo que cerrar 12 de sus 20 estaciones debido a diversas fallas mecánicas, afectando a más de 400 mil personas que la utilizaban para sus traslados diarios. En ese entonces, además de las dudas acerca de las finanzas de un proyecto que superó el 50% de su presupuesto original, se sumaban los “costos sociales” que implicaban, al menos, una pérdida de más de 800 mil millones de pesos, calculados a partir de las horas adicionales que los usuarios perdieron en buscar otras vías de transporte.

 

“Inauguración de la Línea 12, Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro” – Ariel Gutiérrez (Flickr).

Es cierto que, en ese momento, se activó una multiplicidad de procesos institucionales para determinar responsabilidades y apresurar la imposición de sanciones. En ellos, estuvieron involucradas al menos siete instancias tanto del gobierno local como del federal que, en el afán por reflejar mediáticamente que pronto se castigaría a los responsables, empezaron a atropellarse casi de inmediato. Mientras eso ocurría, surgían nuevos nombres que, conforme iban siendo señalados, amenazaban con impugnar las sanciones. Entre multas impagables y una malograda cadena de controles internos y externos, nunca hubo una sensación de verdadero resarcimiento social derivado de la telaraña de trámites administrativos e incluso penales.

Siete años después, nada, ni siquiera la muerte de 26 personas en los vagones colapsados en el puente de la estación Olivos, permite prever que exista la posibilidad de un mejor desenlace que el ocurrido en ese entonces.

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