Ociel Baena marcó diversos antecedentes en la inclusión de las personas no binarias. La falta de justicia después de su asesinato ilustra los grandes pendientes para garantizar los derechos de esta población.
La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
El caso más reciente en Ciudad Juárez muestra, una vez más, que la política migratoria del país está definida por el despliegue de la Guardia Nacional, por redadas y retenes contrarios a los derechos humanos, por la austeridad y por extraños “acuerdos políticos” de alto nivel que inhiben la rendición de cuentas.
Si la reforma electoral se aprueba como está redactada, reducirá el mínimo de candidaturas que los partidos deben destinar para las personas indígenas, migrantes, afromexicanas, LGBTI y con discapacidad. Además, el Plan B limita en mucho la capacidad del INE para evitar que haya candidatos que han cometido violencia de género, y discrimina a los jóvenes, que no tendrán prioridad para ser parte de las mesas que instalan las casillas.
