El caso más reciente en Ciudad Juárez muestra, una vez más, que la política migratoria del país está definida por el despliegue de la Guardia Nacional, por redadas y retenes contrarios a los derechos humanos, por la austeridad y por extraños “acuerdos políticos” de alto nivel que inhiben la rendición de cuentas.

Si la reforma electoral se aprueba como está redactada, reducirá el mínimo de candidaturas que los partidos deben destinar para las personas indígenas, migrantes, afromexicanas, LGBTI y con discapacidad. Además, el Plan B limita en mucho la capacidad del INE para evitar que haya candidatos que han cometido violencia de género, y discrimina a los jóvenes, que no tendrán prioridad para ser parte de las mesas que instalan las casillas.