Si la reforma electoral se aprueba como está redactada, reducirá el mínimo de candidaturas que los partidos deben destinar para las personas indígenas, migrantes, afromexicanas, LGBTI y con discapacidad. Además, el Plan B limita en mucho la capacidad del INE para evitar que haya candidatos que han cometido violencia de género, y discrimina a los jóvenes, que no tendrán prioridad para ser parte de las mesas que instalan las casillas.