El pasado 7 de agosto, el gran jurado de Pensilvania reveló un informe de cientos de páginas en el que se relatan los casos de abuso sexual cometidos por más de 300 religiosos durante siete décadas a más de 1000 menores en ese estado. La investigación, que tardó 18 meses en completarse y examinó a seis de las ocho diócesis de Pensilvania, es la más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual perpetuado por la Iglesia Católica en Estados Unidos.

El brutal informe narra con detalle los actos de pederastia, violación, acoso y abuso sexual que ocurrieron en Pensilvania desde 1947 y permanecieron ocultos hasta la semana pasada. El reporte está basado en declaraciones de las víctimas y en lo que oficiales religiosos llaman los “archivos secretos de la iglesia”, sobre acusaciones en esta materia. De manera explícita, la investigación relata cómo en varios de los casos los sacerdotes utilizaron símbolos católicos y lecturas bíblicas para justificar sus actos frente a los niños.

El informe asegura que la Iglesia ha tenido conocimiento de estos hechos durante años y ha optado por encubrir de manera sistémica los actos de violación y abuso, protegiendo así a los perpetradores y a su reputación en lugar de a las víctimas. En una rueda de prensa, el fiscal general de Pensilvania y responsable de esta devastadora investigación, Josh Shapiro, declaró que para la Iglesia “lo principal no era ayudar a los niños, sino evitar el escándalo”. Como consecuencia del encubrimiento, y de la prescripción de los delitos en Pensilvania (Statute of Limitations), que establecen un tiempo máximo después de un evento dentro del cual se pueden iniciar procedimientos legales, «casi todos los casos de abuso que encontramos son demasiado viejos para ser enjuiciados», aclararon los investigadores en el informe. De hecho, hasta ahora, sólo dos de los sacerdotes acusados han sido imputados con cargos penales por abuso sexual infantil. Uno de ellos se declaró culpable el mes pasado. 

A partir de este informe, las víctimas quieren cambiar las leyes de Pensilvania para tener una ventana más amplia de protección. Las cuatro propuestas principales que presentaron son: 1) eliminar la prescripción de los derechos por abuso sexual a menores, 2) crear una temporalidad más amplia para que las víctimas adultas tengan más tiempo para demandar por el acoso que sufrieron en su infancia (actualmente la víctima tiene hasta los 50 años de edad para presentar cargos criminales por el acoso que sufrió), 3) que existan reglas mas claras que establezcan penas por no reportar el abuso sexual infantil, y 4) cancelar la autorización de pactos de confidencialidad para comunicar casos de acoso sexual infantil a las autoridades.

Lo ocurrido en Pensilvania durante los últimos 70 años no es un caso aislado. En Estados Unidos, tan sólo el mes pasado, el Cardenal Thedore McCarrick, ex–arzobispo de Washington D.C., renunció frente al Papa por acusaciones de abuso sexual. Años atrás, en el 2002, el periódico The Boston Globe publicó una investigación títulada “Spotlight”, que años después se adaptó en película y fue galardonada con el Oscar, donde se acusó a 87 sacerdotes de pederastia durante los 30 años anteriores. Además, el reportaje periodístico develó cómo, al igual que en Pensilvania, las altas esferas eclesiásticas encubrieron las acusaciones y permitieron que los abusadores volvieran al ministerio público, tras cortas estancias en centros de rehabilitación. Sin embargo, las acusaciones no se limitan a la Iglesia Católica Norteamericana. Este año, en Chile, decenas de líderes eclesiásticos renunciaron tras ser acusados de abuso sexual y encubrimiento. En Australia, el arzobispo Philip Wilson fue condenado por abuso sexual infantil.

En respuesta a la espeluznante investigación, el Vaticano declara que hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a estos horribles crímenes: vergüenza y dolor. La Iglesia Católica desde Roma ha calificado de «criminales y moralmente reprobables» los abusos de sacerdotes a menores. En una misiva de prensa, la Santa Sede declara que «estos hechos han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y su fe». La nota agrega que la Santa Sede está en “constante reforma y vigilancia en todos los niveles de la Iglesia Católica, para garantizar la protección de los menores y de los adultos vulnerables” y subraya “la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos a menores”. Agrega también que los resultados de la investigación son coherentes con las reformas hechas por la Iglesia Católica en Estados Unidos durante los últimos años y que han ayudado a reducir drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero. Esto lo respaldan sosteniendo que la mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000, habiendo encontrado muy pocos casos después de 2002 cuando comenzaron las reformas en Estados Unidos.

El inmenso dolor e indignación que estos casos provocan constituyen un reto enorme para toda la sociedad, especialmente para los sectores católicos pero también para otros credos, pues son ejemplos patentes del daño enorme que puede causar el abuso de poder –de cualquier clase- a individuos que se encuentran en situación vulnerable, ya sea por edad, sexo, condición social o cualquier otra característica.  La paradoja causada por los sacerdotes indica que es necesario repensar las organizaciones eclesiales y las relaciones entre los feligreses y las propias iglesias. El reto es inmenso y la ruta, por ahora, no está del todo clara.