Mientras sigan ocurriendo asesinatos de periodistas y activistas, no habrá manera de garantizar la libertad de expresión en México. Cada muerte, cada asesinato de una o un colega ensancha ese enorme boquete que desequilibra al sistema democrático. Los cambios sociales y económicos no lograrán echar raíces mientras la gente no pueda recibir información o sumarse a un movimiento de protesta ambiental ante el riesgo de recibir un balazo en la cabeza.

En cualquier democracia estable en el mundo, esto sería un escándalo mayúsculo. En los últimos veintidós años han ejecutado a 151 periodistas: 139 hombres y 12 mujeres. Los estados con mayor número de colegas asesinados son Veracruz (31), Guerrero (15), Oaxaca (15), Tamaulipas (14), Chihuahua (13) y Sinaloa (6), de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. Los primeros 39 meses del gobierno del presidente López Obrador han sido los más violentos en la historia de la prensa. Han ejecutado a 31 periodistas; seis de esos homicidios ocurrieron tan sólo entre enero y febrero de este 2022. No sabemos en qué momento y dónde le arrebatarán la vida a alguien más.

¿Qué gobierno ha tenido, en realidad, más muertos (as)? Las estadísticas son importantes porque marcan el ritmo de la violencia, sirven como coordenadas para saber dónde estamos parados, pero nada más. Ninguna fuerza política ha podido amortiguar esta espiral de violencia desde que Felipe Calderón desató su inútil e irracional guerra contra el narcotráfico. No es un asunto de partidos ni de ideologías. Los políticos no entienden o —más aterrador aún— no tienen la capacidad de atender este grave problema.

Cada vez que matan a una comunicadora o a un líder ambientalista, los discursos oficiales, ya sean del presidente López Obrador, de los gobernadores (as) o de los alcaldes, suenan a retórica, huecos, sin sentido, mientras la oposición reacciona sólo para golpear y llevar agua a su molino porque tampoco tiene entre las manos ni una idea somera de cómo hallar una solución. Los gobernadores (as) se hacen a un lado, al menos públicamente, y dejan caer la responsabilidad en el gobierno federal.

Los políticos, sin embargo, tienen la obligación de dar con los responsables materiales e intelectuales. A nadie le hacen un favor si cumplen con su responsabilidad. Cuando el actual presidente tomó protesta, hizo un compromiso con la Constitución y las leyes que de ella emanan, lo mismo que su gabinete. Por eso, no debemos conformarnos con sus declaraciones. De hecho, los treinta millones de votos que les permitieron llegar al poder los obtuvieron para cambiar lo que sucedía en el país. En esa tesitura, el combate a la impunidad es un imperativo, como lo es atender los problemas sociales que más nos aquejan: uno de ellos sigue siendo el asesinato de periodistas y activistas.

Es verdad que los homicidios dolosos, periodistas incluidos, afectan a todo México. Hay quienes aseguran que debemos entender los asesinatos de periodistas como un asunto estructural. No comparto esta perspectiva por un hecho: cada medio de comunicación ha publicado noticias sobre secuestros, asesinatos, desaparecidas (os) o cuerpos sin identificar arrojados en las calles, como ha estado sucediendo en Zacatecas.

También hay que mirarnos como gremio: ¿qué hemos hecho los y las periodistas? Realmente poco, seamos honestos. ¿Nos hemos equivocado en la forma de comunicar estos asesinatos? Seguramente sí. Las redes sociales ayudan a informar sobre ellos, pero no se ha visto un respaldo social amplio.

El 15 de mayo de 2017, cuando mataron a Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, un grupo amplio de periodistas nos reunimos, durante algunos días, en sesiones de trabajo en la Ciudad de México. No tengo la información completa, pero no creo que la lluvia de ideas haya servido para algo más que el desahogo. Acerca de los dueños y directivos de los medios de comunicación, difícilmente harán algo: lo sabemos.

Creo que a nuestro gremio nos ha faltado unidad, cerrar filas. No pienso en un sindicato, pero sí en una asociación articulada que nos permita exponer nuestras exigencias de manera más contundente, es decir, tener alguna organización que figure como nuestra voz colegiada. Desde luego, no sólo para los asesinatos, sino también para denunciar los sueldos de hambre que reciben decenas, quizá cientos de compañeros (as) en los estados, para dejar claro cómo los tienen sin derechos sociales, apartados de contratos, carentes de las mínimas garantías de seguridad.

Quizá necesitamos contar más las historias de vida de los y las periodistas asesinados, sus trayectorias, las consecuencias para las familias a las que les arrebatan un padre o una madre. ¿Cuáles fueron sus últimos trabajos antes de que les quitaran la vida?, ¿qué historias estaban preparando? Continuar con lo que dejaron pendiente podría ser una buena tarea, como hizo Quinto Elemento Lab en el caso de Miroslava Breach. Si las autoridades estatales y federales no quieren o no pueden dar con los asesinos intelectuales y materiales, hagámoslo nosotros hasta donde sea posible. Y, cuando llegue el momento, busquemos difundir esas historias —tal vez sin mencionar a los autores— en los medios de comunicación que quieran sumarse y si no quieren, también existen las redes sociales.

Quizá si buscamos la manera de hacer una denuncia colectiva bajo los parámetros descritos, recuperemos el respaldo social. Al respecto, el ego es el peor enemigo del periodista, lo ha dicho la maestra chilena Mónica González: bajemos el volumen de ese lastre. Sabemos bien que los compañeros (as) muertos no ganaban miles o millones de dólares por su trabajo. No todos somos Loret, pero tampoco estamos ciegos ni mudos periodísticamente hablando.

Cada compañera (o) caído es una afrenta al país y debemos estar a la altura de los hechos. La propuesta no es enfrentarnos a los poderes políticos como si fuéramos un grupo político opositor, pero sí dar pasos firmes, hasta donde sea posible, ante la grave situación por la que pasamos. El periodismo es, ante todo, la vocación de informar de la mejor mera posible. No queremos heroínas ni mártires. La sociedad necesita información de mejor calidad: ésa es nuestra responsabilidad. Las autoridades, cualesquiera que sean, deben otorgar las garantías necesarias para cumplir con nuestro trabajo, aunque gobernar con ciudadanos informados sea más complicado para cualquiera que ejerza el poder.

Al respecto, López Obrador se mantiene firme en su postura: cada vez que matan a un colega, responde que en su gobierno no hay censura ni se manda hostigar a nadie. De nuevo: no nos hace un favor, para eso llegó, para cambiar las cosas.

El miércoles 24 de febrero, el vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “El gobierno de México rechaza la violencia contra los periodistas, quienes son acosados por gobiernos locales, crimen organizado e intereses económicos. Y comprometido con la libertad de expresión, en los recientes crímenes se ha detenido a los presuntos responsables en tres casos”.

Repuestas como ésta nublan lo que sucede. Hay preguntas sin atender: los homicidios contra periodistas han sido ejecutados por sicarios profesionales… ¿pagados por quiénes?, ¿cuál fue el móvil?, ¿quiénes fueron los autores intelectuales?, ¿cómo van a detener los asesinatos? López Obrador ha prometido que no habrá impunidad, pero el crimen organizado domina en amplias zonas del país.

En los tres casos en los que hay presuntos detenidos materiales, como informó el vocero de Palacio Nacional, el gobierno incluyó el de Nezahualcóyotl Cordero García, reportero en Islas Mujeres, Quintana Roo, quien sufrió un atentado. El periodista fue abordado en la calle por una persona que le apuntó con una pistola. La gente que estaba alrededor trató, de alguna manera, de ayudar. Las autoridades detuvieron a un sujeto llamado Fredy, que está en espera de juicio.

En los otros dos casos con detenidos, sí se concretaron los asesinatos. Lourdes Maldonado murió de un balazo en la cabeza el pasado 23 de enero. Las policías estatal y federal aprehendieron a tres sujetos, como autores materiales: Erik, Guillermo y Kevin. Lourdes estuvo bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estatal. Por su parte, Heber López Vázquez falleció de cinco disparos. Hay dos detenidos que presuntamente ejecutaron al periodista: ambos de nombre Ricardo.

Heber López fue amenazado por publicar noticias relacionadas con la corrupción en la zona de Salina Cruz, Oaxaca, no tenía protección y lo mataron. Lourdes Maldonado fue asesinada a pesar de tener protección oficial. Entonces, ¿de qué sirven los mecanismos de protección para periodistas y activistas?

Este par de asesinatos y el de Margarito Martínez, el fotoperiodista en Tijuana, –insisto– tienen algo en común: en los tres casos intervinieron sicarios que les dispararon en la cabeza. No sé qué tan profesionales hayan sido, porque algunos de ellos ya fueron detenidos; de lo que no cabe duda es que sabían a lo que iban, se aseguraron de cumplir con su encomienda y, evidentemente, alguien les tuvo que haber pagado.

Un caso pendiente es el del colega veracruzano José Luis Gamboa, cuyo cuerpo fue encontrado en la calle. Sus victimarios usaron armas blancas. Las autoridades investigan si este homicidio está relacionado con su actividad periodística o si fue porque se resistió a un asalto.

Finalmente, el pasado 22 de febrero, el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, mandó un mensaje a través de Twitter en el que lamentó la muerte de periodistas en México:

‘‘El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, escribió.

López Obrador enfureció. En respuesta, desde Palacio Nacional, le dijo que estaba mal informado, que su gobierno estaba persiguiendo a los responsables de esos crímenes y, de nuevo, los acusó de “injerencistas” y de estar financiando a organizaciones que golpean a su gobierno. “México no es una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”, reaccionó el presidente.

Larga es la historia del intervencionismo de Estados Unidos en el mundo, particularmente, en América Latina, pero ¿mintió el secretario de Estado respecto a los crímenes contra periodistas?, ¿pedir mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos es una ofensa? Aquí caben respuestas variadas. Independientemente de si el asunto viola la soberanía nacional, se reclama lo mismo desde el gremio periodístico: necesitamos protección. Nos están matando.