Rumbo a la conclusión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya había despachos fiscales en espera de la próxima amnistía fiscal a través de programas del gobierno que en sexenios pasados habían beneficiado a grandes empresas a través de condonaciones millonarias. “Intentaron negociar que este 2019 volvieran a ocurrir las condonaciones de impuestos, pero por fortuna no se permitió que se salieran con la suya”, dice a Gatopardo el abogado Iván Benumea de Fundar a pocos días de que el Centro de Análisis e Investigación reveló el listado de acreedores de diversos beneficios fiscales durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con los datos, obtenidos vía Transparencia, en las dos administraciones previas a la de López Obrador se condonó un total que asciende a los 273 mil 778 millones de pesos a través de amnistías fiscales ocurridas entre 2007 y 2015. Artistas, empresarios, políticos e incluso dependencias gubernamentales encabezan la lista de beneficiarios, situación que desencadenó una ola de cuestionamientos. Oficialmente, el Estado decide perdonar impuestos por dos razones principales: apoyar económicamente a las personas y para buscar que se regularicen aquellos contribuyentes que han incumplido en el pago de sus impuestos.

Fundar explica que si bien las amnistías perdonan grandes deudas, también permiten recuperar recursos que son usados por el gobierno, pero para que estos programas realmente sean efectivos “deben ocurrir de manera extraordinaria”. No obstante, en un país como México, donde la riqueza se concentra en el 1% de la población, la aplicación de amnistías fiscales se alteró en favor de grandes contribuyentes durante los gobierno de Calderón y Peña Nieto. El Centro de Análisis e Investigación detalla que si éstas ocurren de manera constante, los contribuyentes pueden aprovechar la situación para retrasar el pago de sus impuestos hasta lograr evadirlos, pues, al menos por casi 12 años, tuvieron segura la condonación. López Obrador se refirió a esto como el “huachicol de cuello blanco”.

Fundar inició una investigación al respecto en 2009, año en el que identificaron que gracias al secreto fiscal, una figura contenida en Código Fiscal, no era posible conocer la identidad de aquellos a quienes el gobierno de Calderón y Peña Nieto habían perdonado impuestos. “El caso llegó hasta la Corte y ahí determinaron que el secreto fiscal es necesario en ciertos casos, por ejemplo, el SAT no podría revelar el domicilio de todos los contribuyentes”, señala el abogado. Sin embargo, no se dieron por vencidos y fue en 2015 que una vez más, intentaron acceder a la información “particularmente de aquellos a quienes se les benefició en las amnistías fiscales de 2007 y 2013”, pues corresponden al inicio de los dos sexenios pasados.

“Volvimos a recibir la respuesta que esperábamos: que la información estaba protegida por el secreto fiscal. A pesar de ello, acudimos al INAI, impugnamos lo que había dicho el SAT y fue que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales falló a nuestro favor”, explica Iván Benumea. Pero en ese punto, la batalla aún no estaba ganada, el SAT incumplió la resolución por lo que Fundar recurrió a un amparo en el que exigieron que la orden del INAI se cumpliera. “Fue hasta febrero de 2017 que ganamos el amparo, es decir, el SAT se quedó sin opciones jurídicas para seguir ocultando la información”, señala.

De manera inmediata, un grupo de grandes contribuyentes comenzaron a ampararse para que la información no fuera revelada. Dos años más tarde, Fundar logró dar a conocer el nombre de 7,884 contribuyentes beneficiados por millonarias condonaciones fiscales. La suma alcanza los 172 mil 335 millones de pesos perdonados. Sin embargo, aún falta liberar la información de 201 contribuyentes que a la fecha siguen amparados. A estos beneficiarios secretos se les perdonó un total de 101 mil 443 millones de pesos. El SAT reportó a Fundar que estos personajes concentran el 37% de las cancelaciones de impuestos.“Creemos que pronto sucederá y se publicará la información”, asegura el abogado, “en los últimos años, el Poder Judicial ha sido sensible a estos casos y ha dictado criterios a favor de la transparencia que muy pronto serán aplicados a estas empresas”.

Fundar inició una investigación al respecto en 2009, año en el que identificaron que gracias al secreto fiscal, una figura contenida en Código Fiscal, no era posible conocer la identidad de aquellos a quienes el gobierno de Calderón y Peña Nieto habían perdonado impuestos.

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“Ustedes saben que el presidente de México tiene facultad para condonar impuestos, pues voy a renunciar a esa facultad y durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras de mayo de 2019. Tres meses más tarde, el mandatario envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución donde estipula que quedan prohibidas las condonaciones de impuestos además de los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos “en los términos y condiciones que fijan las leyes”.

El mandatario mexicano señaló que en los últimos 18 años se ha distorsionado el fin de otorgar al contribuyente tal beneficio, hasta llegar al punto de otorgar condonaciones generalizadas, prácticamente de “forma lisa y llana, sin que exista un enfoque de política fiscal”. Esto ha generado un desequilibrio en la carga fiscal que recae en el conjunto de la sociedad, en detrimento de los contribuyentes cumplidos.

El abogado Benumea detalla que el problema con las amnistías que sucedieron en 2007 y 2014 fue que “se realizaron sin otro objetivo más que recaudar una parte pequeñísima de lo que los deudores debían al SAT para así el gobierno iniciar su próximo año con más recursos”. Lo que sucedió en dicho periodo fue la mayor cantidad de impuestos cancelados en la historia de México, pues además de las condonaciones publicadas por Fundar, en ese mismo periodo se cancelaron créditos fiscales por casi 815.000 millones de pesos.

En el país, los más ricos deberían estar pagando hasta el 35% del ISR, mientras que una persona con menos recursos debería pagar cerca del 4%. Sin embargo, las amnistías fiscales en sexenios pasados beneficiaron a las personas que más deben. En muchos casos los contribuyentes impugnaron créditos fiscales que mantuvieron en tribunales por cinco años, hasta que llegara la siguiente amnistía. Lo más grave fue darse cuenta que muchos de estos grandes deudores recurrieron en dos ocasiones a las condonaciones.

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Los millones de pesos que estos 8085 contribuyentes lograron esquivar, no pueden recuperarse. “porque los plazos ya vencieron, todo fue legal y encontrarían una justificación técnica para no regresar ese dinero. Además, vendrían una serie de litigios interminables, en el que los grandes contribuyentes impedirían que ese dinero se les cobrara”, señala abogado Benumea. Lo ideal sería que a partir de esta información se lograra una reforma fiscal que de algún modo recupere lo que ya se perdonó. “Creemos que si enfocáramos nuestros esfuerzos en lo que viene, sería algo mejor para todos porque eso le daría más recursos al gobierno y sería un acto de justicia social”, dice.

En la lista entregada por el SAT a Fundar se puede ver que el 24% de las condonaciones se concentra en 10 contribuyentes, entre los que destaca la Comisión Federal de Electricidad con 14 mil 21 millones divididos en dos condonaciones, la primera en el sexenio de Calderón y la segunda con Peña Nieto; la Secretaría de Educación Pública con 8 mil 230 millones de pesos; y Luz y Fuerza del Centro a quien en sus últimos años de existencia, se le condonó el pago de 3 mil 344 millones de pesos.

Empresas como Productos Roche, S.A. de C.V. de Andrés Bruzual, recibió una condonación de 2 mil 891 millones de pesos divididos en dos programas. Mientras que Grupo Lala S.A. de C.V., presidido por Mauricio Leyva, aparece en la lista con una condonación en 2013 por 2 mil 429 millones de pesos. El gobierno de Michoacán también está en top 10, con dos condonaciones por un total de 2 mil 193 millones de pesos, así como el Banco Nacional de Comercio Exterior al que se le perdonó una cantidad de 1 mil 543 millones de pesos. Por su parte Sabritas S. de R.L. DE C.V, empresa subsidiaria de PepsiCo, recibió una condonación por 1 mil 491 millones de pesos.

El monto total condonado a artistas, políticos y empresarios equivale a cancelar 4 veces el NAIM.

Pero también hay personajes de los espectáculos como Alberto Aguilera Valadez conocido como Juan Gabriel a quien se le perdonaron más de 121 millones, Marco Antonio Solís “El Buki con más de 23 millones de pesos o José José con cerca de 11 millones de pesos condonados. El perdón usado de forma discrecional los últimos 12 años también benefició a la ex primera dama y actriz de telenovelas, Angélica Rivera a quien se le perdonó 1 millón 784 mil pesos en 2007. Ese mismo año, el primero de la administración Calderón, se le condonaron 23 millones 740 mil 729 a la cantante Paulina Rubio, 1 millón 558 mil a Roberto Bolaños “Chespirito”, entre otros.

Mientras que en el sexenio de Peña Nieto, entre los beneficiados destaca la conductora de televisión, Galilea Montijo con 663 mil pesos, la actriz Edith González con 2 millones 886 mil y la actriz Diana Guadalupe Bracho a quien se le perdonaron 1 millón 384 mil 772 pesos.

Entre los contribuyentes beneficiados también destacan personas ligadas a la política como es el caso del excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos. En la lista también está el nombre de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, quien fue beneficiada con una condonación por 16,441,439 pesos del ejercicio fiscal 2013; Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, beneficiada con una condonación por 9,637,598 en 2013; y Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual gobernador de Morelos, fue beneficiado con una condonación por 302,230 pesos entre 2015 y 2019.

Para comprender la magnitud de los montos condonados durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, basta decir que los 273 mil 778 millones de pesos equivalen a cuatro veces el costo de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue 71 mil millones de pesos.

El monto equivale a 11 veces el presupuesto que López Obrador destinó a uno de sus programas estrella: Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue de 25 mil millones de pesos o dos veces el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con un presupuesto de de 120 mil millones. Las condonaciones equivalen también a 6.6 veces el presupuesto destinado a la refinería de Dos Bocas, Tabasco proyecto al que se le destinó un monto de 41 mil 256 millones de pesos.

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