Fue en septiembre de 1978 —hace casi cuarenta años— cuando los nicaragüenses salieron a las calles para pedir la destitución del presidente Anastasio Somoza Debayle. La dictadura de la familia Somoza gobernó al país centroamericano desde 1931 hasta 1979 y un clamor similar al que pedía el fin de esa era, volvió a escucharse en las calles de Managua en abril pasado: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”.
Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, anunció en abril de este año el aumento en las tasas de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaron lo mismo a trabajadores, empleadores y jubilados. El gobierno anunció esta medida después de declarar que era necesaria para evitar la privatización de los servicios de salud que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) presta a los habitantes del país. Sin embargo, la iniciativa privada y los ciudadanos que intentaron presentar un recurso de amparo para tratar de revertirla, se organizaron en manifestaciones que han resultado en 178 muertos.
Mientras el descontento tomaba las calles de la capital de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del presidente, llamó a los protestantes “almas mezquinas” y “seres mediocres”. Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron que el descontento creciera. Los opositores que ya habían ligado el gobierno de Ortega con actos de corrupción y abuso de poder, aprovecharon los dichos de la también vocera del gobierno para llamar a más protestas. La intervención de la policía y las fuerzas armadas sólo contribuyó a elevar la cifra de heridos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de abril, la cifra ya es de al menos mil trescientos heridos.
La expresión más violenta de la racha de represión que se ha registrado en Nicaragua desde hace dos meses ocurrió la mañana del sábado 16 de junio en Managua. Un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron, entre ellos un niño de dos años y un bebé de de ocho meses de edad. Ese día se cumplieron 58 días de crisis en el país.
“La violencia en Nicaragua es extrema, y la respuesta del gobierno de Ortega ante las demandas de la ciudadanía es lamentable”, dice Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica. Ella es la abogada detrás del litigio de varios casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Honduras. “La violencia es responsabilidad de este gobierno al no desmantelar a las turbas sandinistas —grupos de choque formados por jóvenes, respaldados por el gobierno de Ortega— que actúan en coordinación con la policía en contra de la oposición.”
El periódico local, La Prensa, contabilizó 18 muertes de estudiantes universitarios hasta la primera semana de mayo. Las madres de esos estudiantes fundaron el movimiento Madres de Abril que ha convocado a marchas y vigilias para pedir justicia. En Nicaragua el día de las Madres se celebra el 30 de mayo; ese día fuerzas paramilitares apuntaron con armas de fuego a una manifestación pacífica de opositores en la Avenida Universitaria de Managua: murieron ocho personas.
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La convocatoria al paro nacional, que mantuvo las calles de Nicaragua en silencio el pasado jueves 14 de junio, se realizó después de que obispos entregaran al presidente Daniel Ortega, una propuesta para retomar el diálogo con los opositores, adoptar reformas democráticas y adelantar las elecciones. La crónica del periódico local La Prensa, bajo censura del gobierno actual, describe Managua durante el paro:
“Durante todo el día, las calles de la ciudad permanecieron desoladas, ni siquiera se observaron compradores que se dirigieran al mercado municipal Ernesto Fernández. Los únicos que estaban en las calles eran los pobladores autoconvocados, quienes establecieron controles más estrictos en las barricadas para no dejar circular a ninguna persona, excepto emergencias médicas.”
Según Marcia Aguiluz, más allá del paro, desde hace dos semanas la violencia ha mantenido las calles de Nicaragua vacías. “Universidades, negocios, y carreteras se encuentran cerradas. También los centros de salud están desabastecidos ante el reclamo de justicia y democratización”, dice.
Cuando se le pregunta sobre el futuro de Nicaragua, Aguiluz no se atreve a dar un diagnóstico; teme que si las cosas siguen como hasta ahora, “la crisis podría afectar la región y en todo caso habrá más represión.”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —quien ocupó ese mismo puesto de 1985 a 1990— reactivó el diálogo con la oposición este viernes 15 de junio, mientras los analistas nicaragüenses temen que el debate no lleve a ningún lado.
¡Gracias!
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En medio de la crisis que vive Nicaragua, un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx; murieron 8 personas.
Fue en septiembre de 1978 —hace casi cuarenta años— cuando los nicaragüenses salieron a las calles para pedir la destitución del presidente Anastasio Somoza Debayle. La dictadura de la familia Somoza gobernó al país centroamericano desde 1931 hasta 1979 y un clamor similar al que pedía el fin de esa era, volvió a escucharse en las calles de Managua en abril pasado: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”.
Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, anunció en abril de este año el aumento en las tasas de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaron lo mismo a trabajadores, empleadores y jubilados. El gobierno anunció esta medida después de declarar que era necesaria para evitar la privatización de los servicios de salud que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) presta a los habitantes del país. Sin embargo, la iniciativa privada y los ciudadanos que intentaron presentar un recurso de amparo para tratar de revertirla, se organizaron en manifestaciones que han resultado en 178 muertos.
Mientras el descontento tomaba las calles de la capital de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del presidente, llamó a los protestantes “almas mezquinas” y “seres mediocres”. Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron que el descontento creciera. Los opositores que ya habían ligado el gobierno de Ortega con actos de corrupción y abuso de poder, aprovecharon los dichos de la también vocera del gobierno para llamar a más protestas. La intervención de la policía y las fuerzas armadas sólo contribuyó a elevar la cifra de heridos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de abril, la cifra ya es de al menos mil trescientos heridos.
La expresión más violenta de la racha de represión que se ha registrado en Nicaragua desde hace dos meses ocurrió la mañana del sábado 16 de junio en Managua. Un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron, entre ellos un niño de dos años y un bebé de de ocho meses de edad. Ese día se cumplieron 58 días de crisis en el país.
“La violencia en Nicaragua es extrema, y la respuesta del gobierno de Ortega ante las demandas de la ciudadanía es lamentable”, dice Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica. Ella es la abogada detrás del litigio de varios casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Honduras. “La violencia es responsabilidad de este gobierno al no desmantelar a las turbas sandinistas —grupos de choque formados por jóvenes, respaldados por el gobierno de Ortega— que actúan en coordinación con la policía en contra de la oposición.”
El periódico local, La Prensa, contabilizó 18 muertes de estudiantes universitarios hasta la primera semana de mayo. Las madres de esos estudiantes fundaron el movimiento Madres de Abril que ha convocado a marchas y vigilias para pedir justicia. En Nicaragua el día de las Madres se celebra el 30 de mayo; ese día fuerzas paramilitares apuntaron con armas de fuego a una manifestación pacífica de opositores en la Avenida Universitaria de Managua: murieron ocho personas.
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“Durante todo el día, las calles de la ciudad permanecieron desoladas, ni siquiera se observaron compradores que se dirigieran al mercado municipal Ernesto Fernández. Los únicos que estaban en las calles eran los pobladores autoconvocados, quienes establecieron controles más estrictos en las barricadas para no dejar circular a ninguna persona, excepto emergencias médicas.”
Según Marcia Aguiluz, más allá del paro, desde hace dos semanas la violencia ha mantenido las calles de Nicaragua vacías. “Universidades, negocios, y carreteras se encuentran cerradas. También los centros de salud están desabastecidos ante el reclamo de justicia y democratización”, dice.
Cuando se le pregunta sobre el futuro de Nicaragua, Aguiluz no se atreve a dar un diagnóstico; teme que si las cosas siguen como hasta ahora, “la crisis podría afectar la región y en todo caso habrá más represión.”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —quien ocupó ese mismo puesto de 1985 a 1990— reactivó el diálogo con la oposición este viernes 15 de junio, mientras los analistas nicaragüenses temen que el debate no lleve a ningún lado.
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Fue en septiembre de 1978 —hace casi cuarenta años— cuando los nicaragüenses salieron a las calles para pedir la destitución del presidente Anastasio Somoza Debayle. La dictadura de la familia Somoza gobernó al país centroamericano desde 1931 hasta 1979 y un clamor similar al que pedía el fin de esa era, volvió a escucharse en las calles de Managua en abril pasado: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”.
Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, anunció en abril de este año el aumento en las tasas de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaron lo mismo a trabajadores, empleadores y jubilados. El gobierno anunció esta medida después de declarar que era necesaria para evitar la privatización de los servicios de salud que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) presta a los habitantes del país. Sin embargo, la iniciativa privada y los ciudadanos que intentaron presentar un recurso de amparo para tratar de revertirla, se organizaron en manifestaciones que han resultado en 178 muertos.
Mientras el descontento tomaba las calles de la capital de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del presidente, llamó a los protestantes “almas mezquinas” y “seres mediocres”. Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron que el descontento creciera. Los opositores que ya habían ligado el gobierno de Ortega con actos de corrupción y abuso de poder, aprovecharon los dichos de la también vocera del gobierno para llamar a más protestas. La intervención de la policía y las fuerzas armadas sólo contribuyó a elevar la cifra de heridos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de abril, la cifra ya es de al menos mil trescientos heridos.
La expresión más violenta de la racha de represión que se ha registrado en Nicaragua desde hace dos meses ocurrió la mañana del sábado 16 de junio en Managua. Un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron, entre ellos un niño de dos años y un bebé de de ocho meses de edad. Ese día se cumplieron 58 días de crisis en el país.
“La violencia en Nicaragua es extrema, y la respuesta del gobierno de Ortega ante las demandas de la ciudadanía es lamentable”, dice Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica. Ella es la abogada detrás del litigio de varios casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Honduras. “La violencia es responsabilidad de este gobierno al no desmantelar a las turbas sandinistas —grupos de choque formados por jóvenes, respaldados por el gobierno de Ortega— que actúan en coordinación con la policía en contra de la oposición.”
El periódico local, La Prensa, contabilizó 18 muertes de estudiantes universitarios hasta la primera semana de mayo. Las madres de esos estudiantes fundaron el movimiento Madres de Abril que ha convocado a marchas y vigilias para pedir justicia. En Nicaragua el día de las Madres se celebra el 30 de mayo; ese día fuerzas paramilitares apuntaron con armas de fuego a una manifestación pacífica de opositores en la Avenida Universitaria de Managua: murieron ocho personas.
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“Durante todo el día, las calles de la ciudad permanecieron desoladas, ni siquiera se observaron compradores que se dirigieran al mercado municipal Ernesto Fernández. Los únicos que estaban en las calles eran los pobladores autoconvocados, quienes establecieron controles más estrictos en las barricadas para no dejar circular a ninguna persona, excepto emergencias médicas.”
Según Marcia Aguiluz, más allá del paro, desde hace dos semanas la violencia ha mantenido las calles de Nicaragua vacías. “Universidades, negocios, y carreteras se encuentran cerradas. También los centros de salud están desabastecidos ante el reclamo de justicia y democratización”, dice.
Cuando se le pregunta sobre el futuro de Nicaragua, Aguiluz no se atreve a dar un diagnóstico; teme que si las cosas siguen como hasta ahora, “la crisis podría afectar la región y en todo caso habrá más represión.”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —quien ocupó ese mismo puesto de 1985 a 1990— reactivó el diálogo con la oposición este viernes 15 de junio, mientras los analistas nicaragüenses temen que el debate no lleve a ningún lado.
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Fue en septiembre de 1978 —hace casi cuarenta años— cuando los nicaragüenses salieron a las calles para pedir la destitución del presidente Anastasio Somoza Debayle. La dictadura de la familia Somoza gobernó al país centroamericano desde 1931 hasta 1979 y un clamor similar al que pedía el fin de esa era, volvió a escucharse en las calles de Managua en abril pasado: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”.
Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, anunció en abril de este año el aumento en las tasas de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaron lo mismo a trabajadores, empleadores y jubilados. El gobierno anunció esta medida después de declarar que era necesaria para evitar la privatización de los servicios de salud que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) presta a los habitantes del país. Sin embargo, la iniciativa privada y los ciudadanos que intentaron presentar un recurso de amparo para tratar de revertirla, se organizaron en manifestaciones que han resultado en 178 muertos.
Mientras el descontento tomaba las calles de la capital de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del presidente, llamó a los protestantes “almas mezquinas” y “seres mediocres”. Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron que el descontento creciera. Los opositores que ya habían ligado el gobierno de Ortega con actos de corrupción y abuso de poder, aprovecharon los dichos de la también vocera del gobierno para llamar a más protestas. La intervención de la policía y las fuerzas armadas sólo contribuyó a elevar la cifra de heridos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de abril, la cifra ya es de al menos mil trescientos heridos.
La expresión más violenta de la racha de represión que se ha registrado en Nicaragua desde hace dos meses ocurrió la mañana del sábado 16 de junio en Managua. Un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron, entre ellos un niño de dos años y un bebé de de ocho meses de edad. Ese día se cumplieron 58 días de crisis en el país.
“La violencia en Nicaragua es extrema, y la respuesta del gobierno de Ortega ante las demandas de la ciudadanía es lamentable”, dice Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica. Ella es la abogada detrás del litigio de varios casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Honduras. “La violencia es responsabilidad de este gobierno al no desmantelar a las turbas sandinistas —grupos de choque formados por jóvenes, respaldados por el gobierno de Ortega— que actúan en coordinación con la policía en contra de la oposición.”
El periódico local, La Prensa, contabilizó 18 muertes de estudiantes universitarios hasta la primera semana de mayo. Las madres de esos estudiantes fundaron el movimiento Madres de Abril que ha convocado a marchas y vigilias para pedir justicia. En Nicaragua el día de las Madres se celebra el 30 de mayo; ese día fuerzas paramilitares apuntaron con armas de fuego a una manifestación pacífica de opositores en la Avenida Universitaria de Managua: murieron ocho personas.
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“Durante todo el día, las calles de la ciudad permanecieron desoladas, ni siquiera se observaron compradores que se dirigieran al mercado municipal Ernesto Fernández. Los únicos que estaban en las calles eran los pobladores autoconvocados, quienes establecieron controles más estrictos en las barricadas para no dejar circular a ninguna persona, excepto emergencias médicas.”
Según Marcia Aguiluz, más allá del paro, desde hace dos semanas la violencia ha mantenido las calles de Nicaragua vacías. “Universidades, negocios, y carreteras se encuentran cerradas. También los centros de salud están desabastecidos ante el reclamo de justicia y democratización”, dice.
Cuando se le pregunta sobre el futuro de Nicaragua, Aguiluz no se atreve a dar un diagnóstico; teme que si las cosas siguen como hasta ahora, “la crisis podría afectar la región y en todo caso habrá más represión.”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —quien ocupó ese mismo puesto de 1985 a 1990— reactivó el diálogo con la oposición este viernes 15 de junio, mientras los analistas nicaragüenses temen que el debate no lleve a ningún lado.
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Fue en septiembre de 1978 —hace casi cuarenta años— cuando los nicaragüenses salieron a las calles para pedir la destitución del presidente Anastasio Somoza Debayle. La dictadura de la familia Somoza gobernó al país centroamericano desde 1931 hasta 1979 y un clamor similar al que pedía el fin de esa era, volvió a escucharse en las calles de Managua en abril pasado: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”.
Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, anunció en abril de este año el aumento en las tasas de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaron lo mismo a trabajadores, empleadores y jubilados. El gobierno anunció esta medida después de declarar que era necesaria para evitar la privatización de los servicios de salud que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) presta a los habitantes del país. Sin embargo, la iniciativa privada y los ciudadanos que intentaron presentar un recurso de amparo para tratar de revertirla, se organizaron en manifestaciones que han resultado en 178 muertos.
Mientras el descontento tomaba las calles de la capital de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del presidente, llamó a los protestantes “almas mezquinas” y “seres mediocres”. Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron que el descontento creciera. Los opositores que ya habían ligado el gobierno de Ortega con actos de corrupción y abuso de poder, aprovecharon los dichos de la también vocera del gobierno para llamar a más protestas. La intervención de la policía y las fuerzas armadas sólo contribuyó a elevar la cifra de heridos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de abril, la cifra ya es de al menos mil trescientos heridos.
La expresión más violenta de la racha de represión que se ha registrado en Nicaragua desde hace dos meses ocurrió la mañana del sábado 16 de junio en Managua. Un grupo de encapuchados armados incendiaron la vivienda de una familia en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron, entre ellos un niño de dos años y un bebé de de ocho meses de edad. Ese día se cumplieron 58 días de crisis en el país.
“La violencia en Nicaragua es extrema, y la respuesta del gobierno de Ortega ante las demandas de la ciudadanía es lamentable”, dice Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica. Ella es la abogada detrás del litigio de varios casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Honduras. “La violencia es responsabilidad de este gobierno al no desmantelar a las turbas sandinistas —grupos de choque formados por jóvenes, respaldados por el gobierno de Ortega— que actúan en coordinación con la policía en contra de la oposición.”
El periódico local, La Prensa, contabilizó 18 muertes de estudiantes universitarios hasta la primera semana de mayo. Las madres de esos estudiantes fundaron el movimiento Madres de Abril que ha convocado a marchas y vigilias para pedir justicia. En Nicaragua el día de las Madres se celebra el 30 de mayo; ese día fuerzas paramilitares apuntaron con armas de fuego a una manifestación pacífica de opositores en la Avenida Universitaria de Managua: murieron ocho personas.
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —quien ocupó ese mismo puesto de 1985 a 1990— reactivó el diálogo con la oposición este viernes 15 de junio, mientras los analistas nicaragüenses temen que el debate no lleve a ningún lado.
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