Festividades del Carnaval de Rio de Janeiro, Brasil. Febrero 23, 2020. Fotografía de Marcelo Carnaval / Reuters.
El primer caso se confirmó en Brasil el 26 de febrero, último día del carnaval de Río de Janeiro. Para el 20 de abril ya había más de 43 mil infectados y 2,700 muertos. Bolsonaro sigue llamándolo “gripecita” y ya despidió al ministro de salud por contrariarlo.
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Brasil libra hoy dos grandes batallas, la primera contra el Covid-19 y la segunda contra un gobierno que ha dejado atrás lo irresponsable, para entrar al territorio de lo criminal.
Al final de enero los brasileños veían en los noticieros lo que el virus había provocado en China. Sin embargo, al sur de América se estaba lejos de dimensionar lo que estaba por venir. Por el contrario, por esos días comenzaban los preparativos para el carnaval, la fiesta más numerosa y democrática del país. En Río de Janeiro febrero tuvo sus 10 días feriados de mucha juerga, calles repletas, millones de turistas y demasiado contacto físico. Un escenario perfecto para la propagación de cualquier virus.
El primer caso de la enfermedad en el país se confirmó el 26 de febrero, último día del carnaval en Río.
Fue entonces que se comenzaron a tomar medidas de distanciamiento social. Algunos las consideraban exageradas, quizás por los recuerdos oscuros que los toques de queda traen a la cabeza de muchos latinoamericanos. Aunque las causas son muy distintas, hoy en las calles de Río de Janeiro lo que se ve es vacío.
Para este 21 de abril Brasil contabilizaba más de 43, 079 infectados por el nuevo coronavirus y los muertos superaban los 2,741.
El aislamiento social en el país es voluntario, es fruto del miedo. Como en buena parte del mundo, los medios están repletos de reportes de nuevos casos, muertes y hospitales abarrotados y con recursos insuficientes.
“Aunque las causas son muy distintas, hoy en las calles de Río de Janeiro lo que se ve es vacío.”
La Av. Presidente Vargas, uno de los principales ejes viales de Río de Janeiro vacío por la cuarentena voluntaria establecida por la sociedad brasileña. / Fotografía de Flavio Borges.
Los decretos de cuarentena han sido adoptados solamente en las esferas estatales y municipales, lo cual ha generado constantes roces con el gobierno federal, pues contrario a lo que han hecho otros jefes de estado y líderes regionales, y en contraposición a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Jair Bolsonaro se aferra a aplicar solamente lo que se conoce como aislamiento vertical. Es decir, sólo los diabéticos, hipertensos, o con enfermedades pulmonares, cardíacas o autoinmunes, están oficialmente llamados a permanecer en casa. Esta política ha sido calificada por los especialistas de la salud como un atentado a la vida de los brasileños.
Con proporciones continentales y una población de más de 217 millones de habitantes, Brasil tiene apenas dos camas de terapia intensiva por cada 10 mil personas. Al no tomar las debidas precauciones, el país corre peligro de alcanzar un escenario apocalíptico a finales de abril o principios de mayo.
En este país hay 31,3 millones de brasileños sin agua corriente y 11,6 millones viviendo en casas super pobladas, en especial en las favelas. Su población carcelaria es de casi 80o mil presos, amontonados donde solo hay cupo para 460 mil. En las cárceles de Brasil ya se han registrado 154 casos sospechosos, 60 confirmados y dos muertos.
Por otro lado, de los más de 735 mil representantes de los pueblos indígenas, 360 mil aún viven en aldeas alejadas de los servicios de salud y ya hay reporte de dos muertos, uno de ellos tenía 15 años.
Pero Bolsonaro no está preocupado por la población pobre de este país, y eso está claro en sus políticas. A él le interesa proteger la economía, a los empresarios y a los bancos de Brasil. Son esos los sectores donde aún encuentra algo de apoyo.
Hace unos 20 días, la Cámara de Diputados y el Senado Federal aprobaron una medida provisoria de asistencia financiera por tres meses para los desempleados, los trabajadores informales y las familias de escasos recursos. Pero Bolsonaro y su gabinete económico estaban decididos a que este apoyo fuera de apenas 200 reales al mes ($38,57 dólares). Por fortuna, al final, el montó aprobado fue tres veces mayor: 600 reales ($115,71 dólares), que sigue sin ser suficiente para cambiar la dura realidad de millones de brasileños.
Sin embargo, varios días después el gobierno no había comenzado a pagar esos apoyos, al tiempo que presentó una medida temporal que permite a los empresarios suspender contratos, reducir horarios de trabajo y recortar hasta un 70% los salarios de los trabajadores por un período de dos meses. En un momento tan incierto y desesperado, estas medidas son un golpe tremendo contra el trabajador asalariado.
En un país donde más del 20% de la población necesita ayuda financiera gubernamental, principalmente del programa conocido como Bolsa Familia, responsable de sacar a más de 30 millones de brasileños de la miseria, sobra decir que el pueblo tiene hambre.
Ante los recortes del gobierno de Bolsonaro, la Bolsa Familia corre peligro de extinguirse mientras los refrigeradores, de quienes tienen la suerte de tener uno, comienzan a vaciarse. En Brasil hay millones de personas que no pueden quedarse en casa y salen a las calles todos los días en busca de alimentos, poniéndose y poniendo en riesgo a quienes se encuentran a su paso.
“Con proporciones continentales y una población de más de 217 millones de habitantes, Brasil tiene apenas dos camas de terapia intensiva por cada 10 mil personas.”
Rio de Janeiro, Brasil. Abril 16, 2020. Fotografía de Ricardo Moraes / Reuters.
“Es posible ayudar a quebrados, no a los fallecidos”, dice una frase popular que podría traducirse como: no es momento de proteger la economía, sino la vida de las personas.
Según el Imperial College, institución británica con foco en la ciencia, la medicina y la ingeniería, si Brasil descuida las medidas de seguridad sugeridas por la OMS para la contención del Covid-19, el número de muertos en el país, tras el paso de la pandemia, podría superar el millón personas.
Podrá sonar exagerado, pero en una nación donde solo cinco personas reciben el equivalente al 50% de los ingresos del total población que vive en pobreza, el resultado de la pandemia puede ser realmente catastrófico.
Además, independientemente del contexto de emergencia extraordinaria, el estado en el que opera el sistema de salud pública en Brasil es alarmante y empeora día a día.
El país cuenta con el Sistema Único de Salud (SUS), un servicio público y gratuito instituido e la Constitución Federal de 1988, donde se estableció el acceso a la salud como un “derecho de todos” y un “deber del Estado”. Independientemente de la gran calidad de muchos de sus profesionales, el sistema opera en condiciones de precariedad en buena parte de Brasil.
No hay, en tanto, camas hospitalarias, ni respiradores artificiales suficientes para atender la demanda que esta emergencia nos impone y tampoco se han hecho suficientes pruebas para conocer los números reales de contagios, además de que los resultados de estos exámenes tardan hasta 48 hrs. en ser entregados.
En consecuencia, miles de personas están siendo enterradas todos los días con certificados de defunción que establecen como causa de muerte un “probable contagio de coronavirus”. Mientras los casos aumentan, su registro es cada vez más impreciso. Se estima que los datos reales podrían ser 48% mayores que los que divulga el Ministerio de Salud. Además, el personal médico, expuesto al trabajar en contacto directo con los contagiados, no cuenta con los insumos necesarios para protegerse.
El aislamiento social sigue siendo la única herramienta para frenar la catástrofe y es algo que si bien se ha logrado en buena parte de la población, ha sido por iniciativa de los ciudadanos.
Si el gobierno de Bolsonaro ya era ampliamente criticado antes de esta crisis, los brasileños han empezado a usar la palabra “genocida” para referirse a él, por la falta de compromiso con la protección de su gente.
Además de las protestas en las redes sociales, se superaron ya las 20 noches ininterrumpidas, en que a las 20:30 hrs, miles de brasileños salen a las ventanas y balcones de sus casas golpeando ollas y haciendo proyecciones en edificios y plazas para protestar contra su gobierno con frases y hashtags como #forabolsonaro, #acaboubolsonaro, #bolsonarogenocida, #bolsonaromiliciano.
A través de estos balcones se escuchan también canciones de resistencia como, “Apesar de você” y “Calice” (Léase Cállese), de Chico Buarque, que son himnos de protesta compuestos durante el periodo de la dictadura brasileña. El país está indignado.
La decisión de Bolsonaro de tratar al Covid-19 como “una gripecita”, rompiendo todos los protocolos y recomendaciones de la Organización Mundial de salud, hizo necesario que el Tribunal de Justicia Brasileño prohibiese al gobierno federal hacer publicidadque incentive el quiebre de aislamiento.
Los directivos de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram también optaron por borrar posteos hechos por Bolsonaro, al considerarlos “desinformación para la sociedad”. Según Facebook, las publicaciones del presidente brasileño “violan los patrones de la comunidad, que no permite desinformación que pueda causar daños reales a las personas”.
El 15 de marzo, Bolsonaro salió a las calles para encontrarse con simpatizantes que protestaban contra el Congresso Nacional y al Supremo Tribunal Federal. La manifestación, apoyada y incentivada por él mismo, ha sido descrita por los medios como un atentado más a la democracia. Pero ignorando las críticas, el día 29, el mandatario decidió salir nuevamente a las calles, esta vez para visitar comerciantes en Brasilia. Su decisión, nuevamente irresponsable ante la crisis de la salud publica, desató aún más alarmas, pues se le consideraba sospechoso de haber contraído coronavirus en un viaje a los Estados Unidos, entre los días 7 y 13 de marzo.
“Pero Bolsonaro no está preocupado por la población pobre de este país, y eso está claro en sus políticas.”
Jair Bolsonaro. Brasilia, Brasil. Marzo 18, 2020. Fotografía de Adriano Machado / Reuters.
Tras el viaje, 23 personas de su comitiva dieron positivo a la prueba de Covid-19, entre ellos, su principal consejero político y ministro de Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Augusto Heleno. Lo mismo sucedió con el secretario de Comunicaciones de Planalto, Fabio Wajngarten, primer integrante del gobierno en ser diagnosticadoconcoronavirus, y quien durante el viaje pasó mucho tiempo junto a Bolsonaro y estuvo en contacto directo con el presidente estadounidense Donald Trump. Otro funcionario que estuvo presente en esos encuentros, el embajador brasileño en Washington, Nestor Foster, también dio positivo a la prueba. El presidente brasileño dijo haberse practicado 2 pruebas que dieron un resultado negativo, aunque no divulgó oficialmente ninguno de los resultados.
Legalmente la información sobre el estado de salud de una persona es privada, sin embargo, su verificación se justifica por razones de vigilancia epidemiológica. Además, al tratarse del presidente del país, su estado salud es un tema de interés público.
Como consecuencia al irresponsable manejo que Bolsonaro ha hecho de esta crisis, sus días en la presidencia pueden estar contados. Sin partido político, el funcionario está cada vez más aislado y hasta quienes solían ser sus aliados han comenzado a distanciarse de su imagen, tan asociada a la curva a la alza de muertes por Covid-19.
Las cifras demuestran, en cambio, que su número de seguidores está cayendo vertiginosamente. Una reciente encuesta deja claro que su índice de popularidad está entre los más bajos del mundo por su manejo de la pandemia.
Según Datafolha, el 42% de los brasileños opina que la gestión de Bolsonaro es “mala” o “pésima”, seis puntos más que el mismo sondeo de hace un mes.
Por otro lado, la aprobación al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, había crecido 21 puntos en pocas semanas, alcanzando el 76%; un índice mucho mayor que el del presidente, cuya aprobación está entre el 28 y el 33% según la fuente.
Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e
Mandetta había sido firme y coherente en su desacuerdo con la posición de Bolsonaro sobre la cuarentena y pedía constantemente a la población brasileña que respetara el aislamiento social. Al ser contrariado, el presidente amenazó públicamente con despedir al ministro y pocos días después, el 16 de abril, lo hizo. Ese día Luiz Henrique Mandetta anunció en su cuenta de Twitter que fue despedido de su puesto como ministro de Salud de Brasil.
Aunque la derecha y la izquierda nacionales tienen diferencias políticas e ideológicas de sobra, esta situación les ha dado motivos para unirse en contra del gobierno en turno.
Marco Aurélio Mello, ministro de la Corte Suprema de Brasil, envió a la Fiscalía General de la República un pedido para suspender de su cargo al presidente durante 180 días por haber cometido diversas acciones que pusieron al país en riesgo ante la emergencia sanitaria. Además, en la Cámara de Diputados se ha planteado también la destitución del funcionario por atentar contra la salud pública y la democracia.
Mientras tanto, el clamor en las calles es que “Brasil no sucumba ante el coronavirus, pero mucho menos ante fascismo”.
São Paulo, la metrópoli con el mayor PIB de América Latina, atraviesa la crisis de vivienda más aguda de su historia. Cincuenta mil personas no tienen hogar y esto es un récord al que se ha llegado tras un sostenido aumento desde 2015. Estas son las voces de quienes viven en las calles, bajo los puentes y en tiendas de campaña. Y de quienes han tratado de visibilizar una sociedad y un urbanismo hostiles con la más terrible pobreza.
Dicen que no es una lucha contra las vacunas, sino contra todo el sistema. Negacionistas, disidentes y antivacunas emergieron como una respuesta social, política y hasta espontánea a la primera pandemia de la era digital. Están indignados por la obediencia absoluta y la falta de cuestionamientos. Porque el covid-19, aseguran, fue orquestado para beneficiar a las grandes farmacéuticas. Una conspiración. En un país como Uruguay, el movimiento ha buscado generar un discurso desinstitucionalizante basado en la desconfianza.
Luego de 580 días en prisión acusado de corrupción, una condena que dividió y divide a su propio país, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los líderes populares más importantes en la historia de Brasil, ha ganado las elecciones presidenciales. Hablar del regreso de Lula suena un poco ingenuo: Lula nunca se fue.
