México trata de no ahogarse en esta tercera ola de la pandemia de covid y, por eso, acelerar el proceso de vacunación se volvió un tema urgente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció el 6 de julio que el país está otra vez en un alza de contagios, después de que se dio un incremento del 22% en tan solo siete días. Además, el ritmo de la vacunación ha sido –por decir lo menos– desigual: en algunos días se han aplicado setecientas mil dosis y en otros días se ha conseguido vacunar a menos de quinientos mil personas; todo esto sin que las autoridades brinden una explicación completa de las variaciones.
En ese contexto de señales cruzadas, ciertos estados –como la capital mexicana– han sido capaces de acelerar el paso; otros, en cambio, se mantienen rezagados –Chiapas, por ejemplo–. Sin embargo, la opacidad de la información hace imposible que la ciudadanía conozca la estrategia y dificulta que expertos independientes evalúen si la campaña de vacunación es adecuada, si se implementa de manera correcta o si hay retrasos que deberían enmendarse cuanto antes.
El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, se propuso vacunar en solo 15 días al 18% de sus habitantes. A principios de mes, anunció que aplicaría la primera dosis a 1,044,000 personas de entre 30 y 39 años, del 19 al 27 de julio. Luego extendió la vacunación a 600 mil jóvenes de entre 18 y 29 años (30% de los que están en este rango de edad), quienes recibirán su primera dosis del 27 al 31 de julio. Aunque pudiera parecer una declaración “alegre” por parte del gobierno capitalino, lo cierto es que los Centros de Vacunación de las alcaldías funcionan de forma eficiente. Esto hace pensar que es posible llegar a la meta, siempre y cuando la gente acuda a la cita.
Con todo, a pesar de los avances en la vacunación de la Ciudad de México, las cifras no cuadran. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, declaró el 23 de julio que se había vacunado –con las dos dosis en los casos que así lo exigen las vacunas y con una dosis cuando así corresponde– al 93% de los adultos mayores de 60 años y al 94% de quienes tienen entre 50 y 59 años de edad. En otras palabras, estos grupos etarios ya tienen el esquema completo en los porcentajes mencionados. Además, agregó que ya cuentan con al menos una dosis el 82% de los adultos entre 40 y 49 años y el 60% de los treintañeros. En números absolutos, los porcentajes a los que Clark hizo referencia equivalen a 4,435,010 personas y, a su vez, representan el 64% de la población de la Ciudad de México.
Sin embargo, en su comunicado del 24 de julio, la Secretaría de Salud indica que se ha aplicado al menos una dosis al 73% de los capitalinos. La diferencia entre 64% y 73% no es un error menor: se trata de casi 600 mil personas. No es posible saber con certeza si están vacunadas porque no hay un registro público accesible para consultar la información y, por lo tanto, no es sencillo aclarar el origen de esta discrepancia.
La opacidad en los datos de la vacunación
Con el programa de vacunación, la Secretaría de Salud ha manejado un gran nivel de opacidad. “Cuando empezó la pandemia, el gobierno solo publicaba unos archivos en PDF, donde ponían como tres o cuatro columnas: el estado, el municipio, el sexo de la persona y si era positiva a covid. De eso saltamos, en dos meses, a tener una base de datos abiertos, donde se pueden consultar hasta las comorbilidades de las personas”, explica Alejandra Padilla, codirectora de Serendipia, un medio digital especializado en análisis de datos. Sin embargo, la Secretaría de Salud nunca ha publicado una base de datos de la vacunación.
Por ello, Serendipia hace un esfuerzo por armar su propia base a partir de las conferencias de López-Gatell. A través de los datos que exponía, lograron montar el sitio “Todo México vacunado”, donde se puede dar seguimiento a la vacunación. El sitio estima que si se mantiene la velocidad promedio actual, todo México estará vacunado para el 24 de febrero del 2023, y no para el 1 de octubre de este año, como prometió el presidente López Obrador.*
“Hubo un momento en el que las diapositivas incluso mostraban el avance por grupo de edad. Pero el 2 de mayo dejaron de hacerlo y ahora solo publican el dato grueso de todo el país, y ya no se puede distinguir entre grupos de edad”. Por si fuera poco, el 11 de junio fue la última conferencia vespertina, por lo que la información únicamente se puede consultar en los Comunicados Técnicos Diarios, que son las diapositivas que solían presentarse en las vespertinas.
Exigir que exista una base de datos pública, insiste Padilla, no es un capricho. Tenerla supondría no retroceder en los avances que ha hecho el país en datos abiertos. Conviene recordar que México fue uno de los principales impulsores de la Carta Internacional de Datos Abiertos y que está en el top 10 de países de la OCDE en esta materia.
Es imposible descifrar la lógica de la vacunación
No contar con datos abiertos no sólo atenta contra la transparencia, sino que también impide evaluar el proceso de vacunación. El documento rector de la Política Nacional de Vacunación en México dice que “la vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas”. Sin embargo, la duda persiste: ¿realmente se está vacunando en primer lugar a las personas más vulnerables, en un sentido territorial?
Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que la Secretaría del Bienestar es la encargada de organizar el trabajo de campo de la vacunación y de hacer la convocatoria comunitaria; esto, de acuerdo con el “Operativo Correcaminos”, el nombre que se le dio a la estrategia federal de vacunación y en el que participan todas las entidades del país.
Debido a que la Secretaría del Bienestar está involucrada, podría pensarse que los estados donde hay un mayor número de beneficiarios de programas sociales son también los que han recibido más vacunas. En realidad, no hay una tendencia que compruebe esa tesis. Oaxaca, Chiapas y Puebla son el cuarto, el quinto y el sexto estado con más beneficiarios de programas sociales federales y, al mismo tiempo, son los tres estados más rezagados en la vacunación.
Tampoco es del todo claro que el criterio sea aplicar vacunas donde hay más gente. Aunque la Ciudad de México es la entidad más poblada y con más vacunas aplicadas, el criterio no se sostiene en el resto del país. Por ejemplo, Chiapas tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que Nuevo León, pero ha aplicado el 40% de las vacunas que el estado norteño. Por su parte, Puebla tiene el triple de habitantes que Yucatán, y ambos están empatados en el número de dosis.
Por lo tanto, la información es demasiado poca como para saber si realmente se está priorizando a la gente más vulnerable. Al respecto, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), afirma que “la información disponible no permite hacer un análisis muy fino. Para relacionar vacunación con pobreza o con desigualdad, deberíamos tener los datos a nivel municipal –por lo menos–, porque al interior de los estados se ocultan muchas diferencias”.
El matiz que hace De la Torre es importante: aunque la opacidad impida saber cuál es el criterio con el que se vacuna, eso no necesariamente quiere decir que la estrategia esté agravando la situación de desigualdad. “Si se hubiera usado la infraestructura hospitalaria, habría sido mayor el número de personas vacunadas en las zonas con más infraestructura, que suelen ser las grandes zonas metropolitanas o los estados con mayor ingreso per cápita o presupuesto”, explica el investigador y economista.
Avances dispares: Baja California y Chiapas
Pese a la opacidad, es posible inferir por qué algunos estados avanzan más rápido que otros. Los ejercicios masivos de vacunación de la Ciudad de México, que destacan por operar como una maquinaria perfecta, contrastan con el rezago en los estados con un mayor índice de pobreza. Como muestra, basta con ver de cerca y comparar lo que ocurre en Baja California, en el norte, y en Chiapas, al sur del país.
Para empezar, los estados del norte aceleraron la aplicación de vacunas en los municipios que colindan con Estados Unidos para negociar la reapertura de la frontera terrestre. El 8 de junio, durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se anunció que su gobierno donaría 1.3 millones de vacunas Johnson & Johnson. Originalmente, se dijo que se aplicarían en los municipios fronterizos más poblados, pero terminaron por utilizarse, desde el 17 de junio, en Baja California, con la meta de agotar el millón de dosis en menos de diez días.
“El primer día hubo unas filas increíbles, la gente hacía cuatro o cinco horas, porque pensaban que podían acabarse las vacunas. De hecho, en algunos lugares hubo personas acampando antes de que abrieran los centros de vacunación”, cuenta Ernesto Valencia, quien vive en Tijuana y logró vacunarse el 18 de junio, durante el segundo día para los mayores de edad, cuando las filas de pánico ya se habían terminado. Vacunarse le tomó poco más de diez minutos.
Sin embargo, el 21 de junio el San Diego Tribune reportó que durante los primeros cuatro días solo se habían logrado aplicar 560 mil vacunas, por lo que el gobierno de Baja California advirtió que las que no se usaran se llevarían a otros estados fronterizos. La advertencia surtió efecto. En la conferencia matutina del 25 de junio, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Ramírez –encargada de la vacunación fronteriza– informó que consiguieron vacunar a 1,247,998 personas: “Con esto se logró aplicar en ocho días el 92.4% de las dosis totales asignadas para Baja California de 1,350,000 dosis de la vacuna Janssen”.
Rosa Isela Rodríguez también aseguró que para el mes de agosto se lograría inmunizar a las casi 3 millones de personas que viven en los 45 municipios de la frontera. A pesar de ello, las señales de reapertura no son esperanzadoras, pues el gobierno estadounidense emitió el 14 de julio una alerta de viaje nivel 3, que invita a sus ciudadanos a reconsiderar sus visitas a México debido al aumento de casos de covid.
Mientras tanto, en contraste con lo que ocurre en la frontera con Estados Unidos, al sur de México hay estados rezagados. El caso más dramático es Chiapas: está en el último lugar nacional. El gobierno federal culpó del problema a la falta de coordinación con el gobierno estatal. “Lo cierto es que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron vacunas. No tiene que ver con que la gente no quiere [vacunarse], tiene que ver con que no se hizo la labor requerida de organización logística, de abasto y difusión”, dijo López Obrador en la conferencia matutina del 13 de julio.
Los medios, en cambio, empezaron a documentar casos en los que las causas eran la desinformación y la proliferación de noticias falsas. Por ejemplo, en San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, la comunidad se reunió en una asamblea y votó en contra de darle entrada a la vacuna. También se han recopilado testimonios de personas que no están dispuestas a vacunarse en el municipio de San Juan Chamula. Esa desconfianza no es exclusiva de las comunidades indígenas, sino que se extiende a otros chiapanecos.
“Desde el principio ha habido disponibilidad de la vacuna. Las personas mayores respondieron rápido; hicieron filas de hasta dos horas. Pero ya que empezó a bajar el grupo edad, disminuyó muchísimo la demanda de la vacuna. Muy poca gente de entre 50 y 40 años se está vacunando”, explica Jorge Quevedo, un médico que trabaja de manera independiente en Tuxtla Gutiérrez.
Ahí, para incentivar la vacunación, el IMSS prometió vacunar a los mayores de 18 años, aunque todavía no fuera su turno, si acudían con dos adultos mayores de 40 que no se hubieran vacunado. La estrategia fue nombrada “2+1” y empezó el 11 de julio. De acuerdo con el último censo, en Chiapas viven 927 mil habitantes de entre 20 y 29 años de edad, 769 mil tienen entre 30 y 39 años y 614 mil están en el rango de los 40 a los 49. En otras palabras, la demografía parece indicar que hay un buen incentivo para que los veinteañeros busquen a gente mayor para llevarla a vacunar.
Sin embargo, la estrategia de promoción se suspendió: “No funcionó y lo tuvieron que cancelar porque se hizo un relajo”, dice Quevedo. Afirma que de un día a otro aumentaron mucho las filas y la gente no quería esperar, así que terminaron por irse, molestos, de los centros de vacunación. “La gente se desesperaba porque iba en el entendido de que la vacunarían inmediatamente”, explica el médico.
A la vez, hay que considerar que la vacunación no es un proceso popular entre todos los chiapanecos de 30 a 50 años. “La gente tiene miedo de tener reacciones adversas, de que tenga un chip, de que modifiquen su ADN, de que no sea la vacuna correcta, de que se haya hecho de manera anticipada, de que vaya a tener un efecto que imprevisto”, comenta el doctor Quevedo. Él dice que esos miedos permean en todas las clases sociales. Explica que los chiapanecos no tienen confianza en lo que hace el gobierno estatal en materia de salud.
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El final de la pandemia no está tan cerca como parece: al 24 de julio solo el 46% de los adultos en México han completado su esquema de vacunación. La vacuna reducirá las muertes por covid, pero no erradicará la enfermedad –hay que tener en cuenta que sus síntomas pueden ser graves y sus consecuencias longevas–. Habrá que seguir usando cubrebocas, ventilando los espacios cerrados y restringiendo el aforo en ellos.
El reclamo de opacidad en el proceso de vacunación no busca aguar la fiesta de los miles de jóvenes que se vacunan en la capital del país. El propósito es evidenciar que los vacíos de información ponen en peligro a toda la sociedad. Si no podemos saber con certeza algo tan elemental como cuántas personas se han vacunado en cada estado y municipio, si no podemos explicar por qué se vacuna con un orden –y no con otro–, no podemos persuadirnos de que los gobiernos estatales y el federal estén haciendo lo correcto.
Al ir a ciegas y sin información disponible, tampoco es posible adaptar la estrategia para que, en efecto, se ponga en primer lugar a los más pobres. Más aún, no podemos saber con certeza cuáles son los efectos del camino que hemos elegido para salir de la pandemia.
