Se cumplirían las 72 primeras horas de la puesta en marcha de la Guardia Nacional cuando el nuevo cuerpo de seguridad ya se enfrentaba con un turbulento comienzo. En un insólito escenario, miembros de la Policía Federal paralizaron algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México no sin antes bloquear el acceso al Centro de Mando de la Policía Federal ubicado en la alcaldía Iztapalapa durante las primeras horas del miércoles 3 de julio. Andrés Manuel López Obrador había prometido pacificar el país, pero ahora su principal proyecto de seguridad estaba siendo desafiado. El Presidente había asegurado que ningún elemento de PFP sería despedido durante la transición. Sin embargo, ahí estaban policías y familiares inconformes con el proceso y exigiendo certeza laboral dentro de la nueva corporación.

“Sabíamos que desaparecería la Policía Federal desde que entró el señor Presidente, la cuestión es que nunca se nos preguntó si queríamos ser parte de la Guardia Nacional”, explicó a Gatopardo Arturo, uno de los miles de elementos inconformes, quien solicitó que su verdadero nombre no fuera utilizado. En tan solo 24 horas diferentes versiones comenzaron a esparcirse a través de redes sociales y los medios de comunicación abrieron el micrófono a diversas voces, que a pesar de estar unidas por la inconformidad, mostraban matices en sus exigencias. Algunos pedían su liquidación y se mantenían firmes en la negativa a unirse a la Guardia Nacional, pero también estaban los que exigían conservar tanto sus prestaciones como su rango al momento de la incorporación o los que prometían pensarlo una vez que las condiciones fueran claras.

En efecto, como había asegurado el mandatario mexicano ningún elemento fue despedido. Sin embargo, no todos fueron aceptados, pues no todos cumplían con los requisitos físicos para poder integrar al nuevo cuerpo de seguridad. La altura y el peso fueron algunos de los puntos por los que miembros de la PFP quedaron descartados y en su lugar fueron enviados a Instituto Nacional de migración. También hubo quienes fueron rechazados por tener tatuajes o bien, presentar alguna enfermedad. Durante las protestas, los elementos denunciaban que habían sido humillados. Además, se les había informado que en caso de formar parte de la Guardia Nacional perderían no solo su antigüedad, sino sus prestaciones, como gastos médicos, bonos de riesgo y viáticos.

Policías federales frente al Centro de Mando de la Policía Federal ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

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Arturo tiene 8 años perteneciendo a la Policía Federal, previo a incorporarse al cuerpo de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, sirvió durante cinco años a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese cambio fue “decisión propia”, destacó. Durante una llamada telefónica señaló que no consideraba que el proyecto de la Guardia Nacional fuera malo, incluso detalló que “a la PFP la integraron militares en el tiempo de Calderón y aunque al inicio las condiciones fueron un tanto precarias, la institución evolucionó y dio bastantes buenos resultados”. No obstante declaró que lo que esta mal es que “se están ganando muchos problemas al quererse ahorrar las liquidaciones. Pierden tiempo en evaluar a gente que no quiere estar en la Guardia. No nos van a obligar a firmar una baja de la Policía Federal y una alta en la Guardia Nacional. No nos pueden obligar y no lo vamos a hacer”.

Los elementos de la Policía Federal aseguraron que las manifestaciones se estaban llevando a cabo de manera pacífica. Sin embargo, un penoso altercado ocurrido la mañana del 3 de julio. Un incidente que lejos de ayudarlos empeoró la situación y reforzó la mala imagen que por años ha destacado a la Policía Federal en México. Al grito de “¡traidora, traidora!” y entre empujones, policías federales recibieron a Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, comisaria general representante de la Guardia Nacional, a su llegada al Centro de Mando de la Policía Federal. Arturo explicó que, aunque no era una justificación, “los ánimos se calentaron” cuando ella llegó vestida con el uniforme de la Guardia. “La persona que tenía que velar por los intereses de los elementos de la PFP no ha hecho nada por nosotros y ahora es la coordinadora de la transición a la GN”, señaló. Además, reiteró que ellos con quien buscan tener un diálogo es con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien acusó al movimiento por estar movido por una “mano negra”.

“Es verdad que en el gobierno de Calderón se le dio mucha importancia a la policía y logramos cosas buenas, la institución creció, pero también es verdad que durante el gobierno de Peña Nieto la corrupción desmedida fue lo que hizo que la institución cayera”, explicó Arturo. El expresidente Calderón no tardó en salir a mostrar su apoyo a los miembros de la Policía Federal, incluso hubo quien lo propuso como representante, iniciativa que fue depurada de inmediato. “Durante las manifestaciones se han acercado personas del PAN y PRI a ofrecer su apoyo. Nos dijeron que mandarían gente, pero lo rechazamos. No queremos que esto sea político, por más que el gobierno diga que sí lo es, nosotros estamos tratando de evitarlo”.

Policías federales acorralaron a Patricia Rosalinda Trujillo Mariel frente al Centro de Mando de la Policía Federal.

Arturo manifestó que “ni Durazo ni López Obrador están bien informados. Dicen que la gente de la Policía Federal ya está podrida y que somos corruptos. Entonces si hablan tan mal de los elementos ¿para qué les sirven en su Guardia Nacional?”. Sin embargo, durante más de una semana, el gobierno ha asegurado que integrarse a la GN era completamente voluntario, pero en ningún momento habló de una posibilidad de liquidar a los elementos. “Desde que llegó el Presidente ha habido mucha incertidumbre. Hace unos meses incluso nos preguntaron a qué estados nos podríamos mover para radicar, supuestamente ahí nos mandarían a trabajar para evitar los viáticos, pero a la mera hora comenzaron el despliegue hacía estados que nada tenían que ver con nuestras opciones”.

En cuanto a la corrupción a la que en reiteradas ocasiones ha referido el Presidente, Arturo señaló que sí, que efectivamente había corrupción en los altos mandos de la Policía Federal. “Es correcto que Andrés Manuel López Obrador quiera hacer limpieza en la policía, pero lo está haciendo de forma incorrecta porque lo hace con los de abajo, cuando debe comenzar por los de arriba, ellos están o estuvieron coludidos con el crimen organizado y con los políticos”. Señaló que esos titulares y comandantes era los que les impedían a los policías hacer realmente su trabajo, “no podíamos trabajar como policías porque todo estaba coludido y había represalias bastante fuertes por afectar intereses políticos”.

Resaltó que a pesar de haber asegurado un mando civil, en realidad se dice que tendrán que obedecer a un mando militar, con lo cual “la mayoría está en desacuerdo”. Una postura que no solo se percibe dentro de la institución sino entre la sociedad. Por otro lado, señaló que el gobierno de López Obrador lo que en realidad está haciendo es “enfrentar militares con policías federales, teniendo en cuenta que muchos de los miembros cuentan con adiestramiento militar pues son exmilitares o exmarinos”. Arturo contó que a pesar de que la protesta se ha realizado de manera pacífica, la semana pasada llegaron camionetas del Ejército a los plantones afuera del Centro de Mando de la Policía Federal lo cual “fue una provocación”. Dijo que es inaceptable que lleguen armados a un lugar en donde familias enteras están realizando una manifestación pacífica, “eso para mí es una señal completa de provocación ¿qué querían, que los policías federales se calentaran los ánimos, agredieran a los militares para obtener la justificación de entrar con fuerza letal y militar a sacarlos de las instalaciones?”.

A lo largo de los últimos días, se han iniciado y suspendido mesas de diálogo entre representantes de la policía federal y de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, en más de una ocasión han sido suspendidas debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo en común. Incluso, hasta el momento, con cerca de 3500 efectivos que han interpuesto un amparo en contra de la violentación de sus derechos, el presidente López Obrador aseguró que el conflicto se había terminado, sin embargo las instalaciones aún están paralizadas y cientos de policías continúan pugnando por llegar a un acuerdo de liquidación.

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