La lactancia materna es una responsabilidad compartida
La leche materna tiene beneficios indiscutibles tanto para las madres como para sus hijas e hijos. Los gobiernos, los centros de trabajo y el personal de salud deben promover y proteger este derecho de las mujeres.
Quizá has visto el hashtag en las redes sociales, en tuits y posts que se publican desde México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, por nombrar algunos, ilustrados con la foto de una mujer amamantando a su bebé. Se trata de mensajes institucionales pero también espontáneos de las madres que se suman a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña que este año ocurre entre el 1 y el 7 de agosto, coordinada por la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA).
Lo primero que se debe saber es lo siguiente: hay suficientes estudios para aseverar que la leche materna es el mejor alimento para las y los bebés recién nacidos. Pero no es todo: en un artículo de 2013, «Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost?», varios investigadores concluyen que la lactancia materna óptima tiene, por sí misma, el mayor impacto potencial en la prevención de la mortalidad infantil, mayor que cualquier otra intervención que pueda hacerse. La serie de la revista The Lancet, publicada en 2016, estima que la lactancia materna óptima podría ayudar a prevenir 823 mil muertes infantiles cada año.
Además, existe la evidencia necesaria para asegurar que son indiscutibles sus beneficios a largo plazo en la salud, la nutrición, lo cognitivo y lo económico, tanto para la mujer que amamanta como para la y el lactante. La misma serie en The Lancet estima que la lactancia puede prevenir veinte mil muertes maternas al año, provocadas por el cáncer de mama, y reducir el riesgo de padecer cáncer de ovarios. En cuanto a las y los niños, la lactancia disminuye el riesgo de obesidad y diabetes infantil. Aunado a lo anterior, un estudio publicado en la misma revista, y llevado a cabo en Brasil, indica que la lactancia está asociada con coeficientes de inteligencia más elevados.
Si los beneficios individuales y colectivos son tan claros, entonces ¿por qué se necesita una semana de la lactancia? La respuesta es que la Organización Mundial de la Salud y el Unicef han reportado, desde 1979, una disminución en las tasas de lactancia materna. Por ejemplo, en 2016 el Unicef reportó que el 43% de los bebés menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna y los que jamás reciben este alimento tienen catorce veces más probabilidades de morir en comparación con los que sólo beben leche materna.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018 (Enadid), la duración promedio de la lactancia es de 9.7 meses, un incremento en contraste con 2014, cuando era de 8.8 meses. Más allá del nivel nacional, Oaxaca reporta la duración mayor (14.1 meses), seguido de Guerrero y Chiapas (13.5 y 12.5); en cambio, Baja California (6.7), Sonora (7.3), Chihuahua y Nuevo León (7.4) son las entidades con la duración promedio más baja.
No sólo se percibe una gran diferencia, de hasta siete meses, entre los estados del norte –en particular, los fronterizos– y los del sur, sino que la edad de las madres también juega un papel importante. En la Enadid 2018 se aprecia que las mujeres de entre 25 y 29 años son quienes amamantan más a sus hijas e hijos.
El responsable del programa de nutrición de Unicef, Victor Aguayo, ha ofrecido la siguiente explicación: a medida que los países se van industrializando, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, las familias se vuelven cada vez más pequeñas y desaparecen las redes de apoyo, por lo que muchas deciden no amamantar. Esto podría aplicar a los estados del norte de México, donde la lactancia dura menos.
De cualquier modo, todas estas características –nacionales, estatales y de edad– implican que la lactancia, a pesar de que es una decisión individual de cada mujer, tiene determinantes sociales. Por eso, la WABA resolvió que la campaña de este año tuviera por nombre y tema: “proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida”. Pero ¿con quién comparten esta responsabilidad las madres?, ¿hay más factores que inhiban su decisión de amamantar? Aunque se combinan varios, uno de los más importantes es la comercialización de sustitutos de leche materna, como las fórmulas para lactantes.
Estas fórmulas están relacionadas principalmente con infecciones intestinales y digestivas, en particular, se les asocia con diarreas. Pueden causar estreñimiento porque contienen más hierro y muchas proteínas más que la leche materna. Se debe monitorear a los bebés alimentados con fórmula: que no estén sobrealimentados, que no tengan problemas de peso, debido a la cantidad muy alta de azúcar que ingieren y que dificulta la digestión. Por si fuera poco, muchas veces ocurre que el agua en la que se prepara la fórmula no tiene las condiciones necesarias, o bien, los biberones no se esterilizan adecuadamente.
Los productos que sustituyen la leche materna deben estar disponibles cuando se necesiten, pero no deben promoverse, es decir: no deben publicitarse ni difundirse entre el público y cualquier tipo de promoción de sucedáneos de la leche materna en los servicios de salud, incluyendo biberones y tetinas, debe prohibirse, de acuerdo con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado en 1981 en la Asamblea Mundial de Salud. Con ello, el Código pretende que las y los lactantes tengan una nutrición segura y suficiente, basada en la lactancia, al proteger y promover ésta, e insistiendo en el uso correcto de los sustitutos a partir de información suficiente.
En 1990, en el mismo sentido, se firmó la Declaración de Innocenti sobre la protección, promoción y apoyo a la lactancia. En ella se reconocen los múltiples beneficios de este alimento y se destaca su importancia como única opción durante los primeros seis meses de vida y se sugiere que continúe hasta los dos años e incluso más adelante. Por ello, se insta a los países a reforzar la cultura de la lactancia, se recomienda la implementación de políticas nacionales en favor de esta práctica y se solicita que cada país mida los avances por medio de indicadores específicos. Se debe a esta declaración que, desde 1992, cada año se conmemore la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
México cuenta con una legislación adecuada para garantizar el derecho de las mujeres a amamantar. En principio, las trabajadoras tienen derecho a una licencia de maternidad de doce semanas, pagada íntegramente, que les permite hacerlo; cuando ésta expira, tienen derecho a los descansos dentro de la jornada para amamantar. Ambos derechos se encuentran establecidos en el texto constitucional, la Ley Federal del Trabajo –también en la que protege a los trabajadores del Estado–, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las dos últimas establecen, además, el derecho a contar con un lugar adecuado e higiénico para amamantar o extraerse la leche dentro del lugar de trabajo; incluso existe una guía para la instalación de las salas de lactancia en estos sitios. Finalmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que impedirles lactar constituye violencia laboral.
Desafortunadamente, pese a que las mujeres trabajadoras tienen estos derechos, muchas no los conocen ni los ejercen, y esto tiene un impacto en la práctica de la lactancia. Por eso, es crucial que el Estado intervenga: debe garantizar que las mujeres no perderán sus puestos de trabajo por tomar recesos para estos fines. En nuestro país, hasta la fecha, tampoco existen mecanismos para monitorear de manera formal la comercialización de sucedáneos de leche materna. No sabemos, por ejemplo, cómo se está regulando la publicidad de la fórmula láctea que anuncian las influencers en redes sociales.
Para que las mujeres que así lo desean y lo deciden puedan seguir amamantando, hay que asumir una responsabilidad compartida. Sin embargo, el Estado mexicano nos ha quedado mucho a deber en cuanto a la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que diseñen incentivos para los centros de trabajo que cumplen con sus obligaciones y sancionen a aquéllos que no. La responsabilidad –insistimos durante esta semana– no es únicamente de las madres: se comparte socialmente.
Melissa Ayala García es abogada por el ITAM y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. Se especializa en derecho constitucional, así como en temas relacionados con la violencia de género, el acoso y hostigamiento sexual y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
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