Sus compañeros de lucha describen a Kenia Hernández como una mujer propositiva y enérgica ante los problemas. En lo que más coinciden es en su capacidad para poner a los demás antes que a ella misma. En las fotografías que circulan en redes sociales para exigir su libertad, se aprecia su vínculo con las tejedoras de huipiles amuzgos; siempre va vestida con bordados de colores, erguida y orgullosa, sonriente.
Yaneli Flores, quien ahora es parte del Colectivo Zapata Vive, coordinado por Kenia, dice que comenzó a escuchar sobre ella en 2015, cuando trabajaba como reportera en Diario Alternativo, un medio guerrerense. Se acercó a ella dos años después porque en Ometepec se declaró la Alerta por Violencia de Género.
“Inspiraba respeto y yo me sentía hasta intimidada de hablar con ella porque a lo mejor mis preguntas no iban a ser las mejores o se iban a quedar muy cortas, y ella ya hablaba un tanto como feminista”, cuenta sobre su primera impresión. Durante su defensa de los derechos de los pueblos originarios de Guerrero, Kenia dejó claro ante varios funcionarios que el machismo que acecha a las mujeres indígenas debe ser erradicado. Dice Yaneli que este discurso disruptivo le costó varios enemigos.
Kenia y Yaneli se hicieron más cercanas cuando descubrieron que comparten agresores. En 2017 Yaneli recibió amenazas de un grupo armado por su labor periodística; Kenia también, por su trabajo como activista: “Yo siempre he creído en ella, como cuando surgió todo su problema allá en la Costa Chica, que tuvo amenazas”.
Yaneli recuerda que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) empezó a desconocer a Kenia, “hablaban muy mal de ella, para desprestigiarla hablaban de un romance, lo típico que utilizan para desacreditar a las mujeres. Fue por mera empatía que me molestó y empecé a buscarla porque no me gustaba que hablaran mal de ella”.
Kenia se distanció de ellos, continúa Yaneli, por sostener ese discurso feminista dentro de la policía comunitaria y porque, en su momento, exigió a los coordinadores que se liberara a los miembros de la CRAC-PC que habían sido capturados por grupos armados que no eran parte de la policía comunitaria. Ante la negativa, tomó las riendas y montó un operativo para liberarlos. Los dirigentes se molestaron. De acuerdo con Yaneli, la acosaban constantemente y Kenia renunció.
Sin embargo, eso dio vida al Colectivo Zapata Vive, que Kenia fundó junto a Arturo Campos, expreso político de la CRAC-PC, y Arnulfo Cerón Soriano, dirigente en Guerrero. Tres meses después, en febrero de 2019, realizaron su primera acción: la liberación de plumas de casetas de peaje en Guerrero. Con la cooperación de los automovilistas, pagaron para liberar a dos de los miembros capturados por los grupos armados.
“Estaba fuera de lugar lo que estaba haciendo. No te puedes imaginar que una mujer se oponga a estas formas con las que se manejan dentro de los ayuntamientos, donde las mujeres son meros objetos decorativos. Son comunidades, son pueblos en los que, la verdad, son bastante machistas, donde las mujeres crecemos con esa educación muy machista”, explicó Yaneli.
En 2019 Kenia fue desplazada de Guerrero por su seguridad.
Protestar en las casetas
Algunos medios de comunicación le pusieron a Kenia un apodo: “tomacasetas”. Yaneli piensa que es despectivo y que contribuye a criminalizar la protesta. Para los grupos comunitarios de Guerrero, dar paso libre a los vehículos en las casetas es una forma de manifestación legítima, a la que han recurrido desde hace al menos una década.
Por ejemplo, la Casa de Justicia de Cochoapa, en Ometepec –que ha luchado por la construcción de carreteras y hospitales para las comunidades indígenas de la Costa Chica– hizo en 2011 una serie de bloqueos carreteros para exigir a la Comisión Federal de Electricidad que resolviera los cobros injustificados de recibos de luz a los pobladores, pues los montos ascendían hasta 3 mil pesos. Kenia empezó a trabajar como consejera de derechos humanos en la Casa de Justicia en 2013.
Este es el tipo de protesta por el que la Fiscalía General de la República (FGR), sin reparar en la historia de las manifestaciones en Guerrero, acusó y encarceló a Kenia.
Lo que más le duele de su reclusión es no estar con sus compañeros. El 16 de marzo de 2021 Jonatan Hernández Hernández, miembro de Zapata Vive e hijo de Flor, una de sus amigas, fue asesinado por hombres armados en San Luis Acatlán, Guerrero. Dentro del penal federal, Kenia no pudo hacer más que llorar. En otras circunstancias, habría protestado por el homicidio. Lo hizo antes, cuando Jonatan fue capturado y torturado, presuntamente por la UPOEG; según Yaneli, Kenia acudió a liberarlo ella misma pese a estar amenazada.
Siete investigaciones penales contra Kenia
La lucha del sistema judicial y las empresas concesionarias de autopistas privadas contra Kenia comenzó en junio de 2020.
La primera vez fue detenida por el delito de robo con violencia, algo que supuestamente ocurrió en una caseta del Circuito Exterior Mexiquense (a la altura de la colonia Las Américas, en Ecatepec). Un juez giró una orden de aprehensión en su contra y se inició la causa penal 853/2020. La única prueba que presentó el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue una acusación de dos personas.
La pareja declaró que Kenia les robó con un arma de fuego 500 pesos y un celular valorado en una cantidad similar. Dijeron que “sabían que era ella porque habían visto en internet que era la dirigente de los que toman casetas”, explicó José Antonio Lara Duque, abogado de la activista y fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
La FGJEM nunca presentó evidencia alguna del arma que se supone que portaba Kenia, ni videos de la caseta que probaran que el 19 de marzo de 2020 estuvo en el lugar. Ese día, según su abogado, ella estaba en Guerrero. Cuenta que, durante una audiencia, Kenia retó a la fiscalía estatal: quería que las autoridades mostraran los videos de seguridad de la caseta para demostrar que la acusación era falsa. Pero la fiscalía nunca lo hizo.
“Nosotros, sin ninguna duda, señalamos que son personas pagadas por la empresa concesionaria Circuito Exterior Mexiquense para fabricar el delito en contra de la defensora. La acusan […] como si Kenia Hernández fuera una asaltante de la calle. Las empresas concesionarias de las autopistas privadas de este país se sienten incómodas por sus protestas”, reclama Lara Duque.
Kenia permaneció en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, por cinco días hasta que el juez de la audiencia inicial la vinculó a proceso, pero cambió la prisión preventiva por la medida cautelar de acudir a firmar de manera periódica, y la activista salió del encierro.
La segunda vez, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, en Puebla. Viajaba en una camioneta con otros miembros de Zapata Vive, cuando un grupo de personas, vestidos de civiles, pararon el vehículo y bajaron a todos, excepto a ella. “Vieron a una mujer vestida formal, con unos papeles. Cuando vio la camioneta, le dijo a alguien que la abriera. Les dicen que llevan una orden contra Kenia pero nunca la muestran. Les quitaron los teléfonos y los golpearon, y así de uno en uno porque ninguno quería entregar a Kenia”, narró Yaneli.
Un hombre subió a la camioneta. Nunca se identificó, también vestía de civil y le daba órdenes a otras personas. Para “detener” a la activista, la golpeó en el estómago. “Kenia se resistió porque no sabía de qué se trataba. Semanas antes uno de los integrantes del colectivo había desaparecido y ella creía que se trataba de algo similar. Iban al mando de un grupo de la Guardia Nacional, el convoy dio seguridad perimetral y rodearon la zona”, explicó el abogado Lara Duque.
Luego fue trasladada al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Otra vez fue acusada de robo con violencia. “Esa vez Kenia sí estuvo en el lugar de los hechos, pero en una protesta”, aclara su abogado. Cinco días después de su detención, fue vinculada a proceso e inició la causa penal 630/2020. Pero el juez volvió a ordenar su libertad con medidas cautelares –firmar de manera periódica, el pago de una fianza y que le fuera colocado un dispositivo de rastreo.
A punto de salir de Santiaguito, el 25 de octubre, fue aprehendida por tercera ocasión; ahora por ataques a las vías de comunicación, un delito de fuero federal, debido a una protesta que hizo en Guerrero, en 2019. Aquella manifestación en la caseta de la Autopista del Sol, en Acapulco, fue por el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molppeg), fundado en septiembre de 2018 a la par del Colectivo Zapata Vive.
Sin más, fue transportada a Acapulco, donde corría peligro. El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que la protegía desde 2019, la había sacado del estado por las amenazas en su contra.
“Si le pasaba algo a Kenia en Guerrero por esa detención, iba a ser una responsabilidad política altísima de las autoridades, por haberla regresado a donde ella dijo que la estaban amenazando de muerte”, expone su abogado. “Por eso no la ingresan en el penal de Acapulco. Se la llevan directo al juzgado federal a las cuatro de la tarde. El juez, en ese momento y sin defensa, ordena mandarla al penal de máxima seguridad de Morelos el mismo domingo y de noche”.
Kenia ya no salió de ahí, ni siquiera a las audiencias porque todas han sido virtuales.
Para su abogado, “la paradoja es que ninguna de las dos acusaciones por robo con violencia, que sí son graves, la tiene en prisión. La tienen en prisión por un delito no grave, el de ataque a las vías de comunicación”. El argumento de la FGR para negarle a Kenia llevar su proceso en libertad fue que “protesta mucho” y, por eso, “pone en riesgo a la sociedad”.
Cuando Lara Duque solicitó que se aplicara en su caso la perspectiva de género y se valorara la prisión preventiva, el juez de distrito dijo que Kenia no es sumisa, vulnerable ni débil, por lo que no aplicaría la perspectiva de género.
La defensa de Kenia quiere recurrir a la Ley de Amnistía para que quede libre de las acusaciones por robo con violencia, radicadas en el Estado de México. En cuanto a la acusación federal por ataques a las vías generales de comunicación, con la agravante de pandilla, Lara Duque promovió un amparo indirecto; el cual fue aceptado, por lo que este proceso volverá a realizarse desde el inicio.
Pero hace menos de un mes, el 27 de marzo de 2021, la FGR completó otra orden de aprehensión en su contra –la cuarta–, una vez más, por ataques a las vías de comunicación (es la causa penal 83/2021), lo que se suma a otras tres investigaciones federales en curso, (causas penales 1144/2020, 1145/2020 y 1146/2020), radicadas en el juzgado especializado en proceso penal de Guanajuato, sin que las autoridades ejerzan acción penal por ellas hasta el momento.
En total, sobre Kenia pesan siete investigaciones, cinco del fuero federal y dos del fuero común en el Estado de México.
Su abogado concluye que las autoridades no están buscando una salida para que la defensora de derechos humanos salga de prisión: “El gobierno federal, a través de Caminos y Puentes Federales y la FGR, recrudece su persecución política-penal, obstaculizando todo lo posible la libertad de Kenia Hernández”.
