En las últimas semanas se ha abierto un debate sobre un tema sumamente importante: la transparencia de ingresos. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al INAI una investigación para hacer público cuánto gana el periodista Carlos Loret de Mola. Pese a que el INAI rechazó su solicitud, él ha seguido insistiendo en que los periodistas deberían hacer públicas sus percepciones monetarias. El reclamo exacto del presidente parece un castigo en contra del ejercicio periodístico y no una política propiamente dicha para que la sociedad esté informada sobre los ingresos de la población en general. Sin embargo, ¿por qué sólo los periodistas deberían transparentar sus ingresos?, ¿por qué no hacer públicos los ingresos de todos?

Aunque parezca ilusorio, ya hay países con transparencia de ingresos. En Finlandia, Noruega y Suecia, por ejemplo, se puede saber cuáles son las percepciones (declaradas ante la autoridad fiscal) de cualquier ciudadano. En Noruega estos datos son públicos bajo ciertas restricciones y en los otros dos casos se pueden obtener, mediante una solicitud de información, los ingresos de cualquier persona y la tasa de impuestos que paga (el ciudadano en cuestión tiene el derecho de saber quién hizo la solicitud). La razón por la que esta información es pública es muy sencilla: si convivimos en una sociedad, es justo que todos sepamos cuánto contribuimos a ella. Es una forma de disminuir el número de polizontes, es decir, aquellos que reciben un fruto económico de la sociedad pero no quieren devolverle lo que corresponde. En otras palabras, estamos en el mismo barco y queremos evitar que algunos no remen.

Imaginemos que también supiéramos cuánto pagan de impuestos y cuánto ganan los más ricos, como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, pasando por los políticos, como el propio López Obrador, sus familias y hasta académicos como yo. Al seguir el ejemplo de los países escandinavos, se podría señalar públicamente a quien teniendo recursos económicos suficientes no contribuya como debería, ya sea por elusión o evasión fiscal. Por supuesto, si esa información fuera a volverse disponible, muchas personas se anticiparían, preferirían evitar quedar expuestas y pagarían sus impuestos, lo que llevaría a un aumento en la recaudación; y si los impuestos se invirtieran de forma rentable para la sociedad, sería sumamente positivo.

Sin embargo, esta medida podría ocasionar un aumento en la delincuencia (más extorsiones, homicidios, secuestros, asaltos, entre otros delitos) e incluso podría generar mayor elusión y evasión fiscal, especialmente, entre los más ricos. Por un lado, los criminales podrían seleccionar con más información a sus víctimas potenciales; por el otro, los pagadores de impuestos podrían cambiar su conducta, evitando el sector formal o usando más dinero en efectivo, lo que potencialmente conduciría a una menor recaudación. A final de cuentas, estos costos podrían ser más onerosos socialmente que la recaudación obtenida.

Por lo tanto, llevar a cabo este sistema de transparencia de ingresos depende en gran medida del contexto y México no parece tener todos los elementos para conseguir un nivel de transparencia de esta escala. Sin embargo, sí puede hacer más de lo que actualmente hace; de hecho, las normas al respecto así lo requieren. La Ley de Ingresos de la Federación, en su artículo 19 transitorio, indica que las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales deben ser públicas y anónimas, y que tendrán que actualizarse cada dos años. La administración federal anterior sí empezó hacer pública esta información, pero actualmente sólo tenemos las declaraciones anuales del 2010 al 2015. A pesar de una resolución en la que el INAI establece que se deben incluir años recientes, el SAT no lo ha hecho.

Otra medida posible es que el SAT publique tabulados simples de esa información. Podría, por ejemplo, dividir a todos los pagadores de impuestos en cien grupos del mismo tamaño, ordenados por ingreso, y decirnos cuál es el ingreso promedio y cuántos impuestos paga cada grupo. Sería una manera muy sencilla y valiosa de presentar esos datos a la sociedad. Podríamos saber, por ejemplo, cuál es el ingreso promedio entre los más ricos y cuánto pagan en impuestos. Al respecto, en Estados Unidos se ha encontrado que los más ricos pagan una tasa de impuestos más baja que la de los menos ricos. En 2018 las cuatrocientas personas con mayores ingresos pagaron una tasa del 23% aproximadamente, que es ligeramente menor a la pagada por el 5% de las personas con menos ingresos. En suma, sin esta información resulta muy difícil tener una discusión seria sobre una reforma impositiva. Necesitamos saber cuánto se paga de impuestos y cómo se distribuye esa carga entre diferentes estratos de la población (y me refiero a la verdadera carga de impuestos, no a la estimada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público).

No sólo debemos buscar mayor transparencia de ingresos e impuestos, también debemos incluir los salarios que se pagan en el sector privado. La legislación sobre la transparencia salarial se utiliza en aproximadamente la mitad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La obligación generalmente recae en empresas privadas con un tamaño mínimo (de treinta a quinientos trabajadores). En muchos lugares se usa como instrumento para evitar la discriminación salarial por género, pero puede ir más allá y utilizarse para evitar cualquier desigualdad en el pago por el mismo trabajo. La medida funciona así: cada empresa hace pública su brecha salarial de género promedio (o la mediana) y el porcentaje de mujeres en diferentes puntos de la distribución salarial de la empresa. Algunos gobiernos, como el de Inglaterra, asesoran a las empresas para resolver estas desigualdades.

Este tipo de política sería muy sencilla de implementar en nuestro país porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya tiene información sobre la nómina de los trabajadores de cada empresa. El IMSS podría subir a un sitio web estadísticas básicas como el salario promedio de todos sus trabajadores, el salario promedio por género y en diferentes puntos de la jerarquía. Todo ello sin revelar ningún dato personal de los empleados. Definitivamente, eso ayudaría al funcionamiento del mercado laboral, pues le daría información a las personas para que pudieran negociar mejor su salario y también les serviría para seleccionar el tipo de empresa en el que quieren laborar.

Aprovechemos, entonces, la coyuntura y llevemos la discusión hacia la transparencia de ingresos. Primero, exijamos al gobierno actual continuar con la publicación de declaraciones fiscales, pero que también incluya tabulados simples para transparentar tanto las percepciones como la tasa de impuestos pagada en cada nivel de ingreso. Segundo, con base en la experiencia que han tenido otros países, busquemos implementar la legislación sobre la transparencia salarial en el sector privado. Ésa no es la exigencia del presidente, pero es lo que más le conviene a la sociedad mexicana.

Raymundo M. Campos Vázquez es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos en El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Twitter: @rmcamposvazquez; sitio web: http://cee.colmex.mx/raymundo-campos.