En un fallo histórico, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, permitió a dos personas la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína. La decisión fue en respuesta a los amparos promovidos por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), como parte de una estrategia legal con la que la organización ha pugnado desde 2011 para reorientar la política de seguridad del país, con el fin de abrir paso al fin de la guerra contra las drogas que inició en el gobierno de Felipe Calderón. En una resolución inédita, el juez de primera instancia reconoció que el consumo de cocaína está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con el cual cada individuo tiene capacidad de elegir de manera autónoma su forma de vivir.

Ante la ola de violencia que se vive en México desde 2006: más de 150 mil muertos, 200 mil desaparecidos y la multiplicación de las bandas del crimen organizado, “es indudable que necesitamos cambiar de estrategia porque la que tenemos ha sido un fracaso en todo los sentidos. No podemos tener mejores condiciones de seguridad y justicia sino se logra una reforma al respecto”, explicó Tania Rodríguez, Directora de Política de Drogas de MUCD, en entrevista con Gatopardo.

A partir de este panorama nacional, MUCD optó por la creación del programa de Políticas de Drogas en 2011, con el cual emprendió una serie de litigios relacionados con el cannabis. Fue en 2013 que un grupo de cuatro personas, integrantes de MUCD y miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les negó una solicitud para poder producir y consumir su propia marihuana. Dos años después, la Corte otorgó el amparo a los cuatro solicitantes sin que eso les permita comercializarla, ni utilizar otros estupefacientes o psicotrópicos.

En un fallo histórico, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, permitió a dos personas la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína.

Como parte de la estrategia, la organización siguió impulsando el camino hasta conseguir otros cuatro amparos, con lo que en 2018 la SCJN sentó jurisprudencia sobre el uso recreativo de la marihuana en México. En términos jurídicos, la jurisprudencia ocurre cuando se otorgan cinco amparos en el mismo sentido y a partir de ese momento, este criterio debe ser vinculante para todos los jueces del Poder Judicial de la Federación. “Este hecho no quiere decir que la cannabis esté legalizada, para eso se necesita que se reforme la ley y en teoría, por mandato de la Corte y de la jurisprudencia, eso tendría que suceder”, detalló Tania Rodríguez.

Para completar la ruta contra el modelo prohibicionista en el país, “en MUCD siempre creímos que el debate va más allá, no solo se trata de la cannabis, es necesario ir por otras sustancias porque el foco está dirigido a los temas de seguridad y justicia y para eso es necesaria la despenalización efectiva”, añadió. En México, después de la marihuana, la cocaína es la segunda sustancia de mayor consumo entre la población adulta – de 18 a 65 años –. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 – 2017, 5.2% de los consumidores recurrieron a la sustancia.

Según Rodríguez, los dos amparos sobre cocaína otorgados el pasado 17 de mayo, “son una herramienta para llegar al fondo y para debatir sobre lo que necesitamos cambiar. Se trata de construir propuestas y entender que este es un fenómeno mucho más amplio”.

Es mediante el derecho al libre desarrollo de la personalidad que el Estado reconoce la facultad de toda persona a elegir ser y actuar de la manera que mejor le convenga para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de vida. Basado en ello, el juez Luna Escobedo dio la autorización para el consumo personal y lúdico de la cocaína. “El camino fue el mismo que se siguió en los casos de cannabis”, dijo la Directora de Política de Drogas, “primero acudieron, como lo dice la Ley General de Salud a Cofepris, a solicitar el permiso y una vez que ellos lo negaron, entonces acudieron con un juez a ampararse”.

«Es indudable que necesitamos cambiar de estrategia porque la que tenemos ha sido un fracaso en todo los sentidos. No podemos tener mejores condiciones de seguridad y justicia sino se logra una reforma al respecto”, explicó Tania Rodríguez.

Sin embargo, luego del fallo, Cofepris se inconformó e impugnó, por lo que el caso pasará, ya sea un Tribunal Colegiado o incluso, la SCJN, para confirmar la decisión. “Por ahora, nosotros no estamos con una agenda de propuesta de regulación, más bien estamos aportando a abrir un debate que se tiene que dar, que es el de la despenalización efectiva de todas las drogas, para entonces poder contribuir a que todo ese trabajo de nuestras autoridades que se ha concentrado aquí, se vaya a atender los fenómenos que realmente nos importan y que están afectando a todos, como es el incremento a la violencia relacionado con homicidios, violencia a las mujeres y con todo lo que pasa día a día”, explicó Tania Rodríguez.

En tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado disposición a reformular el combate contra las drogas. En el Plan Nacional de Desarrollo señalan que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación”. Al respecto, Tania Rodríguez señaló la importancia de aprovechar este momento, pues “al menos en el papel, tendríamos las condiciones para empujar esta agenda”.

Por otro lado detalló, Tania Rodríguez resaltó la importancia de que el sector Salud esté involucrado con campañas, no no solo de prevención, sino integrales que brinden información completa y no basada en en prejuicios. No obstante, reconoció que como sociedad hay problemas internalizados, como es la lógica del de combate. Como evidencia de ello, está el hecho de que AMLO haya declarado el fin de la guerra contra las drogas, mientras que muchos de sus efectos, como la militarización, se quedaron. “Creo que tenemos que ir desarmando esos discursos y en el tema de las personas que usan drogas, también, eliminar estigmas, abordar a quien necesite servicios de esa manera, desde un enfoque de salud y no desde un enfoque de criminalización”.

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