Durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, México recibió 264 recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que se presentó el país y el segundo al que respondió dicha administración.
Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
En aquella sesión, representantes del mundo dejaron claro que sabían que casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 40 periodistas, entre ellos Javier Valdez y Javier Valdez; los miles de feminicidios en total impunidad y demás males, llevaban el sello de la administración de EPN. Por lo tanto, urgieron a un listado de recomendaciones en un intento de arreglar el dañado tejido social de México.
La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
Por otro lado, anunció la creación de un portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994. La plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.
El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
Organizaciones de la sociedad civil dudan del actuar del nuevo gobierno
A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
Señalaron también la poca tolerancia y apertura que el presidente ha mostrado hacia estos grupos que “han contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos clave de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”. En sus palabras, el presidente ha optado por señalarlos como entes conservadores o corruptos, sin tener ningún tipo de prueba.
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Las recomendaciones fueron emitidas en la recta final de la administración de Peña Nieto.
Durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, México recibió 264 recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que se presentó el país y el segundo al que respondió dicha administración.
Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
En aquella sesión, representantes del mundo dejaron claro que sabían que casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 40 periodistas, entre ellos Javier Valdez y Javier Valdez; los miles de feminicidios en total impunidad y demás males, llevaban el sello de la administración de EPN. Por lo tanto, urgieron a un listado de recomendaciones en un intento de arreglar el dañado tejido social de México.
La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
Por otro lado, anunció la creación de un portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994. La plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.
El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
Organizaciones de la sociedad civil dudan del actuar del nuevo gobierno
A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
Señalaron también la poca tolerancia y apertura que el presidente ha mostrado hacia estos grupos que “han contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos clave de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”. En sus palabras, el presidente ha optado por señalarlos como entes conservadores o corruptos, sin tener ningún tipo de prueba.
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Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
En aquella sesión, representantes del mundo dejaron claro que sabían que casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 40 periodistas, entre ellos Javier Valdez y Javier Valdez; los miles de feminicidios en total impunidad y demás males, llevaban el sello de la administración de EPN. Por lo tanto, urgieron a un listado de recomendaciones en un intento de arreglar el dañado tejido social de México.
La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
Por otro lado, anunció la creación de un portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994. La plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.
El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
Organizaciones de la sociedad civil dudan del actuar del nuevo gobierno
A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
Señalaron también la poca tolerancia y apertura que el presidente ha mostrado hacia estos grupos que “han contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos clave de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”. En sus palabras, el presidente ha optado por señalarlos como entes conservadores o corruptos, sin tener ningún tipo de prueba.
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Durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, México recibió 264 recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que se presentó el país y el segundo al que respondió dicha administración.
Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
En aquella sesión, representantes del mundo dejaron claro que sabían que casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 40 periodistas, entre ellos Javier Valdez y Javier Valdez; los miles de feminicidios en total impunidad y demás males, llevaban el sello de la administración de EPN. Por lo tanto, urgieron a un listado de recomendaciones en un intento de arreglar el dañado tejido social de México.
La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
Por otro lado, anunció la creación de un portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994. La plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.
El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
Organizaciones de la sociedad civil dudan del actuar del nuevo gobierno
A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
Señalaron también la poca tolerancia y apertura que el presidente ha mostrado hacia estos grupos que “han contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos clave de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”. En sus palabras, el presidente ha optado por señalarlos como entes conservadores o corruptos, sin tener ningún tipo de prueba.
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Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
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La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
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El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
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A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
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Durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, México recibió 264 recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que se presentó el país y el segundo al que respondió dicha administración.
Cuatro meses después, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a atender, 262 de ellas, “como parte del importante del ejercicio de colaboración y rendición de cuentas ante la comunidad internacional”, señaló en su pronunciamiento frente al Consejo en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal funciona como el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal asegurar la garantía y protección de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Cada cinco años, representantes de cada nación se presentan ante el Consejo y reciben una serie de observaciones respecto al cumplimiento o desacato de las recomendaciones del periodo anterior, en caso de haber existido –el primer examen de México ocurrió en 2008 bajo la administración de Felipe Calderón–.
Después, reciben un nuevo listados de recomendaciones en atención a la situación actual por la que atraviesan. Una vez completado ese proceso, los países tienen un lapso de tiempo para analizarlas y emitir respuesta en los siguientes meses.
Durante la administración de Peña Nieto, México atravesó una de las peores crisis de derechos humanos en su historia y aquel 7 de noviembre de 2018, la delegación mexicana ante la ONU, encabezada por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, lo reconoció. “No venimos ni a minimizar, ni a negar los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, señaló.
Fue en seguimiento de esa misma línea, que durante el Examen Periódico Universal la mayoría de las 264 recomendaciones emitidas por países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá y más, se concentraron en acciones para dar solución a los miles de casos de desaparición forzada, a las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la creciente ola de impunidad.
En aquella sesión, representantes del mundo dejaron claro que sabían que casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 40 periodistas, entre ellos Javier Valdez y Javier Valdez; los miles de feminicidios en total impunidad y demás males, llevaban el sello de la administración de EPN. Por lo tanto, urgieron a un listado de recomendaciones en un intento de arreglar el dañado tejido social de México.
La nueva administración mexicana dijo sí a 262 de ellas, excluyendo la emitida por el Vaticano en la que pedían “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la sugerida por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, en la que proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen.
En voz de Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva administración dejó claro que “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”. Explicó que la decisión se tomó como parte de un compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
Respecto a las excepciones, justificó que “México no puede aceptar una recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal en diversos supuestos, notablemente casos de violación”. Sin embargo, ante las recomendaciones, "México se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así como eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo.
Por otro lado, anunció la creación de un portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994. La plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.
El gobierno de México se comprometió también a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.
Organizaciones de la sociedad civil dudan del actuar del nuevo gobierno
A pesar de la respuesta positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, representantes de la sociedad civil le pidieron un plan claro de cumplimiento pronto y efectivo. Además, expresaron su preocupación ante las acciones y decisiones que a tan solo 100 días de la administración se han tomado en materia de derechos humanos. El tema de la Guardia Nacional y la relación que el mandatario ha tenido con activistas y periodistas estuvieron entre la lista de focos rojos en los que solicitaron acciones correctas.
Los miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron que el Estado mexicano aceptara las 25 recomendaciones formuladas sobre los casos de desapariciones en el país. Señalaron que para “marcar un cambio con respecto a los gobierno anteriores, que solo aceptaban las recomendaciones pero no las cumplían”, es necesario que la nueva administración cuente con medidas y plazos concretos. Dejaron claro que para hacer efectivas medidas como la pronta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de personas y el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, es necesaria la participación de las familias.
“Es importante hacer uso de los instrumentos internacionales para poder hacerle frente a la terrible problemática de las desapariciones en México”, aseguraron.
Por otro lado, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) urgieron a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pierda de vista la situación de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en México. Denunciaron que “los últimos dos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos (...) El presidente sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigos”.
Señalaron también la poca tolerancia y apertura que el presidente ha mostrado hacia estos grupos que “han contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos clave de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”. En sus palabras, el presidente ha optado por señalarlos como entes conservadores o corruptos, sin tener ningún tipo de prueba.
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