El 25 de agosto de 2017, aproximadamente 671,000 refugiados rohingya huyeron de la violencia y de las graves violaciones a los derechos humanos en Myanmar, la antigua Birmania. Fue hace un año que las fuerzas de seguridad del país asiático lanzaron un asalto generalizado y sistemático contra cientos de poblados rohingyas como respuesta a una serie de ataques contra 30 puestos de policía por parte del Ejército de Salvación Rohingya de Arkán, un grupo armado. La reacción de las fuerzas de seguridad birmanas fue quemar poblados, violar a cientos de mujeres, y torturar y asesinar a miles de personas. La violencia alcanzó tales niveles que el gobierno de Myanmar ha sido acusado internacionalmente por genocidio y limpieza étnica.

Los rohingyas son una minoría étnica (aunque no son reconocidos como tales dentro de los 135 grupos étnicos oficiales del país) y religiosa (practican el Islam) que por décadas ha sufrido persecuciones en Myanmar, donde la religión mayoritaria es el budismo. Desde 1948, cuando Birmania se independizó del Reino Unido, los rohingyas han sido víctimas de tortura, negligencia y represión. En Myanmar se les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra, ni propiedades. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la crisis del pueblo rohingya ha sido una de las más duraderas del mundo y es también una de las más olvidadas.

Fotografía vía Wikimedia Commons.

Este año, en el aniversario de la crisis que ha desplazado a 723,000 rohingyas de Myanmar, 133 dignatarios de Indonesia, Malasia, Filipinas, Timor Leste y Singapur, han hecho un llamado para que el Consejo de Seguridad de la ONU refiera inmediatamente el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado, piden que Myanmar sea investigado por crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica contra los rohingya; cargos que el gobierno liderado por la premio Nobel de la Paz, Aung Sang Suu Kyi, niega rotundamente.

Actualmente la CPI está discutiendo si tiene la base legal para abrir una investigación sobre los crímenes cometidos, puesto que Myanmar no es miembro de la Corte. Sin embargo, Bangladesh, que ha recibido a los miles de refugiados rohingya sí lo es, de tal manera que, ante la deportación forzada de los rohingya a Bangladesh, existe la posibilidad legal de que el caso entre dentro del mandato de la CPI y Myanmar pueda ser juzgado.

Por otra parte, Zeid Raad al-Husein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), urgió a que la Corte Internacional de Justicia de La Haya enjuicie a Myanmar por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Además, hizo un llamado al gobierno birmano para que le otorgue la ciudadanía de Myanmar al pueblo rohingya. Asimismo, les solicitó a las autoridades que permitan la entrada al país a expertos internacionales en Derechos Humanos para que realicen investigaciones independientes sobre la violencia que sufre esta minoría. Actualmente, Myanmar conduce estas investigaciones a puertas cerradas y niega que existan tales niveles de violencia contra la población rohingya.

Fotografía de Kevin Frayer / Getty Images.

La inacción por parte del gobierno de la galardonada Aung San Suu Kyi es paradójica. La jefa de gobierno dice velar por la paz y los derechos humanos, y al mismo tiempo advierte que su gobierno ha reaccionado de esa manera frente a lo que llama “actividades terroristas”. En consecuencia, cientos de miles de personas son desplazados de sus casas y los abusos contra los rohingya continúan sin ser castigados.

Mientras la situación se intenta resolver dentro de Myanmar, no se pueden perder de vista  las condiciones que viven los refugiados rohingya en Bangladesh. El asentamiento de Kutupalong, que se construyó en tan solo cinco meses, ha crecido hasta el punto en el que más de 600,000 personas viven en un área de 13 kilómetros cuadrados, llevando la infraestructura y los servicios hasta sus límites. Aunado a la sobrepoblación del campo de refugiados, los riesgos por desastres naturales son altísimos e incrementan las posibilidades de epidemias y enfermedades como el sarampión, la hepatitis y el cólera.

Queda claro que las crisis de refugiados no se limita a Europa y África, pues se trata de uno de los dilemas más importantes de nuestra era. El desplazamiento forzoso de personas es un problema que debe de continuar atendiéndose por los países que reciben refugiados, pero principalmente por aquellos en los que se han generado condiciones tan adversas para partes de su población, que obligan a la gente a migrar en condiciones de total desamparo.