Arranca construcción sin permiso de impacto ambiental
300 hectáreas destruídas para la construcción de la refinería Dos Bocas, sin permiso.
En septiembre del 2018, unos meses después de haber ganado las elecciones y un poco antes de empezar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador anunció el plan energético que aplicaría en su mandato. El eje principal sería aumentar la producción petrolera 800 barriles por día.
La refinería Dos Bocas es uno de los lugares que ayudarían a lograr el objetivo de López Obrador. “Porque tengo como propósito que a mitad del sexenio, en tres años, dejemos de vender petróleo crudo al extranjero y vamos a producir las gasolinas en México”, anunció en una de sus giras por Tabasco.
Dos Bocas es un puerto en el municipio Paraíso, en el estado en el que nació el presidente electo. En 1979, Petróleos Mexicanos convirtió esta salida marítima en uno de los espacios de mayor acceso de transporte de hidrocarburos. Desde el 82, Dos Bocas es un puerto petrolero y actualmente se utiliza para el almacenamiento y acondicionamiento de crudo.
Tras poner en marcha esta refinería, aseguró López Obrador, se podrán producir ahí 400 mil barriles diarios. Hacerla costará 8 mil millones de dólares (que hoy significan 163 mil millones de pesos) y tomará tres años.
El analista de la industria energética enfocada en economía, Ramsés Pech declaró en entrevista con Gatopardo que la construcción de esta refinería es importantísima para el país, pues de no hacerla “posiblemente tendríamos que importar, en lugar del 70% actual, hasta el 85% de los combustibles”.
Sin embargo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que aunque no se ha autorizado el estudio de factibilidad, que determina el impacto ambiental y el cambio de uso de suelo, el proyecto avanza en un terreno en el que ya fueron desmontadas 300 hectáreas de selva y manglares.
“Nos ha llamado la atención la complicidad de las autoridades locales porque se permitió la limpieza de un terreno de alrededor de 300 hectáreas, y sorprende mucho que autoridades locales hayan permitido eso”, declaró Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador de CEMDA.
La ONG ha señalado como responsables a Pemex y a la compañía SCCA por violar los ordenamientos que regulan tanto la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico al empezar desde el mes de septiembre el desmonte de la vegetación. Estas 300 hectáreas son los terrenos que rodean el puerto que Pemex adquirió en 1979.
El gobierno entrante ha convocado una consulta popular (como la que se hizo sobre el aeropuerto en Texcoco) sobre la viabilidad de esta refinería, sin embargo, el Cemda considera que es no es apropiado, sobre todo considerando que el proyecto comenzó con irregularidades y omisiones a la ley. La consulta de este y otros proyectos se hará el 24 y 25 de noviembre.
“La pregunta que nos hacemos es ¿cómo vas a consultar un proyecto que ya iniciaste, que ya limpiaste el terreno y ya estás destinando presupuesto del próximo año?, ¿cómo consultas algo que ya decidiste?, no sé si es una burla”, declaró Alanís Ortega.
La denuncia imputada pide que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA y laProcuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)ordenen medidas de aplicación inmediata para evitar que se desmonte más vegetación y se detenga la construcción de la nueva refinería, que afectará los ecosistemas, los recursos naturales y expulsará a un buen sector de la población que vive en los alrededores.
“Proyectos de esta naturaleza se tienen que someter a la evaluación de impacto ambiental para que se establezca o no la posibilidad de que vaya adelante, aquí ya se lo brincaron y ya causaron un daño que es más que evidente”, dijo el director de la ONG.
La Profepa se deslindó de dicha demanda declarando que la responsabilidad recae completamente en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que debe de abrir de inmediato una carpeta de investigación.
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