El 8 de marzo de 2019, con apenas unos meses en el cargo, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a través de Twitter un mensaje por el Día Internacional de las Mujeres. En el “Ejército y las Fuerzas Armadas mexicanas”, dijo, “refrendamos nuestro compromiso con el principio de la igualdad de género y [el] reconocimiento pleno de la mujer”. Tres años después de dicha afirmación, documentos confidenciales de la Sedena, hackeados por el colectivo clandestino Guacamaya, dan cuenta de que hasta el día de hoy el acoso sexual, la discriminación por género y los prejuicios moralinos marchan a paso veloz, a un costado de las 25 mil mujeres que forman parte del Ejército mexicano.

Una forma recurrente de violencia contra las mujeres militares, documentada en decenas de reportes internos de la Sedena, es que los hombres militares entran a sus dormitorios, y esto sucede en cuarteles e instalaciones de todo el país. El 12 de marzo de 2018 un correo enviado con las leyendas “confidencial” y “urgente” llegó a los comandantes de las doce regiones y 46 zonas militares de México, firmado directamente por el entonces titular de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Hago de su conocimiento”, reclamaba el jefe del Ejército a todos sus altos mandos, “que el suscrito ha sido informado de diversos incidentes, en los cuales personal militar, hombres, han invadido la privacidad de mujeres militares, al ingresar o pretender ingresar a sus dormitorios, situación que se constituye como un acto denigrante”.

Para evitarlo, el general Cienfuegos ordenó “implementar medidas contundentes” para “evitar que este tipo de sucesos se vuelvan a repetir”. Las únicas medidas que ordenó en aquel documento fueron “la vigilancia [en los dormitorios] en diversos horarios”, poner letreros que adviertan que los hombres no pueden entrar a ellos e instalar “circuitos cerrados de televisión que den cobertura a la totalidad de dichos dormitorios”. Aunque la intención era garantizar la seguridad y proteger la intimidad de las mujeres en sus habitaciones de descanso, no se especificó quién tendría acceso a los videos de las cámaras de vigilancia y tampoco se ordenó en aquella comunicación algún tipo de sanción para los hombres que habían incurrido en esto.

Cuatro años después, los casos seguían ocurriendo, tal como confirma la denuncia interpuesta en abril de 2022 contra Pedro Vázquez Huerta, sargento segundo de la Policía Militar, adscrito a la Guardia Nacional y apostado en la aduana de Nuevo Laredo. El sargento entró al dormitorio de la denunciante “completamente en estado etílico” y se abalanzó para intentar tocarla. Los hechos ocurrieron mientras ella dormía, en la madrugada. “Salí de la habitación totalmente descalza, desorientada y en completo estado de shock”, escribió en su denuncia. Mientras que el sargento solo alegó que tuvo “una confusión al abrir el alojamiento de una femenina, con ubicación similar a donde me alojaba”. En los documentos de la Sedena consultados por Gatopardo no se encontró algún tipo de sanción contra él.

Pero estas no son las únicas transgresiones que padecen las militares. Además del acoso y el hostigamiento sexual, se pone en riesgo su salud reproductiva. Tal como establece el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, todas las mujeres que forman parte del Ejército tienen derecho a gozar oportunamente de licencias de maternidad, que comienzan un mes antes de la fecha de parto y se extienden dos meses después de él.

Sin embargo, en un documento interno, fechado en marzo de 2022, la Subsecretaría de Defensa Nacional reconoce que “al complicarse el estado de salud de las mujeres militares durante el proceso de embarazo, los comandantes, directores y jefes directos no le dan el debido seguimiento” a sus casos. Por el contrario, destaca el reporte, de manera “recurrente” los mandos militares les niegan licencias médicas a las mujeres embarazadas bajo su mando, alegando que “las interesadas no desean hacer uso de estos beneficios o no se encuentran física y moralmente aptas para solicitarlos”.

El documento de la Sedena ordena a los mandos del Ejército desistir de estas actitudes, no porque violen sus derechos humanos, sino porque con estos comportamientos generan “trastornos administrativos y posibles repercusiones legales para esta secretaría de Estado”. Con todo, las licencias médicas, les recuerda el reporte, permiten que las mujeres militares lleven un correcto seguimiento de su embarazo.

El documento también menciona que las licencias hacen posible una “correcta recuperación emocional y mental después de un proceso de pérdida o de enfermedad depresiva” tras el parto o por un aborto. Aunque les recuerda que el derecho de las mujeres a las licencias de salud no aplica para “las militares que, por voluntad propia, decidan interrumpir su embarazo sin alguna indicación médica”.

Las normas del ejército respecto a los embarazos se manifiestan incluso en los institutos militares educativos, donde las mujeres son obligadas a firmar un compromiso escrito para no casarse ni tener hijos durante el tiempo que duren sus estudios, según se lee en el documento del Ejército que delinea el reglamento interno para la atención a las mujeres embarazadas.

La Sedena, donde las mujeres representan 11% del personal, cuenta desde 2011 con el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo objetivo es prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad entre el personal militar, como se lee en su acuerdo de creación. En los correos filtrados por el colectivo Guacamaya queda constancia de que este Observatorio ha registrado diversos actos de presunto acoso y hostigamiento sexual durante este sexenio.

En 2019, por ejemplo, hubo una denuncia contra la Dirección de Justicia Militar, el órgano que se encarga de investigar los delitos que comete el personal del Ejército. El documento advierte el ambiente de acoso sexual contra quienes trabajan bajo el propio subdirector, el teniente coronel mayor Francisco Rubio Castro. Una denunciante narra que el teniente coronel la acosa constantemente, le ha pedido favores sexuales y frente a ella “habla de las mujeres de forma sexista y libidinosa, cosas sexuales de mal gusto”. Esta denunciante recurrió al anonimato porque “no sé lo que los jefes puedan hacer en este Ejército o [el teniente coronel] me vaya a mandar desaparecer”. La denunciante alerta que nunca deja de acosarla ni invitarla a salir y termina su narración con una frase breve: “Realmente me siento aterrada”.

Denuncias similares fueron presentadas contra el teniente coronel Alfredo Castillo Santos, pagador del Estado Mayor de la Sedena, en diciembre de 2019. En una denuncia anónima se documenta que Castillo Santos ha tenido actitudes discriminatorias y misóginas desde 2017 al grado de “orillar a las personas a cambiarse de área o incluso renunciar a la institución”. Según se lee, el teniente coronel constantemente invitaba a una subalterna a salir y añadió que “nada ni nadie se metería con ella” mientras estuviera bien con él. Sin embargo, ella lo rechazó y después se reunió con dos compañeros, una mujer y un hombre. Castillo Santos tomó esto como una prueba de “deslealtad” y prohibió que los demás hablaran con ellos, amenazándolos con que podía cambiarlos de adscripción. En una ocasión, según la denuncia, cumplió esta amenaza contra dos mujeres del personal, asignándolas a áreas consideradas de “alto riesgo” en Tamaulipas, Apatzingán y Chihuahua.

Castillo Santos también se molesta cuando las militares piden licencias de maternidad. Según el mismo documento, el teniente coronel hace que este beneficio forme parte del periodo vacacional y el personal femenino lo acepta, con tal de que él no lo considere “una falta de profesionalismo”. Les ha dicho que si por él fuera, no otorgaría estas licencias. Además, a quienes las solicitan, según se lee, las ataca psicológicamente diciéndoles que mejor se salgan de trabajar y se dediquen de tiempo completo a sus hijos.

Otro caso es el del mayor de Artillería Diplomado del Estado Mayor, Narciso Luna Rivera, jefe de la segunda sección de la 17 Zona Militar, en julio de 2022. Una denunciante narra que varias veces la invitó a salir a “dar la vuelta” e incluso llegó a tocarla en los hombros, simulando darle “un masaje”; en otra ocasión le tocó la cintura. Como la subteniente lo rechazó, él comenzó a hostigarla laboralmente, por ejemplo, pidiéndole cosas que no correspondían a sus funciones, demeritándola ante los demás u obstaculizando su trabajo.

La subteniente narra que dio aviso de la situación al subjefe del Estado Mayor de esta zona militar en al menos dos ocasiones, pero él se limitó a decirle que arreglaran sus problemas entre ellos. Finalmente, como las conductas de acoso y humillación en su contra no terminaron, interpuso una queja para solicitar al general de Brigada que la cambiaran de oficina.

Un estudio sobre la desigualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas
En febrero de 2021, el gobierno del presidente López Obrador anunció con orgullo que México se convirtió en el tercer país del mundo, y el primero de América Latina, en recibir financiamiento de la ONU para identificar “los obstáculos que impiden una mayor participación de las mujeres en operaciones de paz [de la ONU] y en labores de seguridad [dentro del país]”. Dichas barreras se analizarían por medio de un estudio oficial, cuyo arranque fue difundido en medios impresos y digitales: el financiamiento internacional, subrayaron entonces las autoridades federales, era prueba del “compromiso de las instituciones participantes y de México con la igualdad de género”.

En el estudio, elaborado entre agosto de 2021 y abril de 2022, el Ejército omitió mencionar sus problemas recurrentes, como la negación de licencias de maternidad a las militares embarazadas, la intrusión de los hombres en sus dormitorios o el acoso contra las empleadas de las áreas administrativas de la Sedena. Por el contrario, el informe, encargado a la Universidad de las Américas Puebla y “aprobado” por la Sedena, asegura que este organismo “cuenta con una política de tolerancia cero a la violencia contra la mujer”.

No obstante, las estadísticas recabadas para el estudio, a través de una encuesta entre el personal militar, dan cuenta de las desigualdades y los tratos diferenciados según el género de las personas.

De acuerdo con estos resultados, 14% de los hombres militares considera que no se les provee el equipo necesario para desempeñar su trabajo, una cifra que aumenta a 21% cuando se trata de mujeres militares. En el mismo sentido, mientras que 8% de los hombres en el Ejército considera que sus dormitorios son inadecuados, esta percepción crece hasta el 16% entre el personal femenino. Además, 59% de las mujeres militares opinan que son inadecuados los espacios para amamantar a sus hijos dentro de las instalaciones del Ejército.

El 33% de las mujeres militares encuestadas consideró que los uniformes para el personal femenino no son los adecuados para sus cuerpos, el 52% declaró haber sido víctima de “bromas” de sus compañeros acerca de su apariencia física, y el 40% sobre su condición de mujer.

El estudio incluso revela que tener hijos parece ser “un obstáculo” para que las militares sean seleccionadas para participar en “misiones de paz”, pues 90% de los hombres asignados a esas labores son padres, pero en el caso de las mujeres solo 45% de las elegidas son madres. Todas las mujeres que fueron desplegadas en misiones de paz indicaron que no les proporcionaron productos de higiene femenina.

El estudio en la Sedena también concluye que el 28% de los hombres militares encuestados cree que dentro de la institución hay “favoritismo hacia las mujeres” y el 22% considera que la violencia doméstica no supone una violación de los códigos disciplinarios de las Fuerzas Armadas.

Como un hecho positivo, los autores del estudio, financiado por la ONU, quisieron destacar que en México “se permite a las personas que se identifican como queer/no binario, gais, lesbianas y personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas”. No obstante, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Sedena ordenó en agosto de 2022 reescribir esta parte del informe, “sin incluir a personas transgénero” y explicó: “En nuestras leyes y reglamentos se consideran solamente hombres y mujeres”.