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Los comercios emblemáticos también desaparecen a falta de regulaciones claras que protejan a las personas de la Ciudad de México. La famosa Tortería Colima solo es uno de tantos casos en la capital mexicana donde la crisis de vivienda, los despojos y la especulación en los costos de los inmuebles provocan el desplazo de sus habitantes.
La Tortería Colima estuvo abierta por más de medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En 2022 tuvieron que bajar las cortinas de su negocio, tras vivir durante diez años un duro proceso de desalojo, en el que recibieron amenazas, intentos de entrar a su establecimiento por la fuerza, incluso sabotaje en las instalaciones del que fue, durante generaciones, un comercio emblemático de la zona.
Carmen Ortiz, junto a su familia, fundó la Tortería Colima en 1968. Al inicio vendían tortas, jugos y licuados, pero durante los últimos años añadieron en el menú otros productos como hamburguesas. Los platillos estrella del establecimiento eran las tortas de milanesa, pollo y pierna horneada. La mujer de 65 años recuerda que ella y sus hermanos hacían sus propios ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles.
Ahora un restaurante vegano y una cafetería de una famosa cadena ocupan el local que fue una de las toterías favoritas de miles de personas que buscaban comida rápida y accesible. Han pasado tres años desde que fueron desalojados, pero los hermanos Ortiz aún extrañan trabajar en su restaurante, pues tras el cierre de su negocio no todos lograron encontrar una nueva fuente de ingresos. “Estábamos cumpliendo 54 años (con el local) precisamente en el (mes de) febrero en que nos desalojaron”, lamenta Carmen.
Un grupo de personas que se acreditaron como dueños y apoderados legales del edificio los obligaron a irse, y desalojaron a los vecinos que vivían en los 21 departamentos, para apropiarse del inmueble. Tras este amargo episodio en su vida, los hermanos Ortiz quedaron afectados física y emocionalmente. Además, el proceso legal terminó con sus ahorros.“En esos diez años en los que peleamos con esta gente, nuestros ahorros y las pocas ganancias que salían del negocio, ya fueron para abogados”, dice Carmen en entrevista.
Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la Ciudad de México nos referimos siempre a la gentrificación que, según ONU-Habitat, “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”, pero la especulación en el precio de las viviendas y los despojos influyen también en lo está ocurriendo.
Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades; algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está pasando en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte.
Los hermanos Ortiz: una década de resistencia
Esta emblemática tortería en la colonia Roma se ubicaba en el edificio de la calle Mérida, en el número 83. En 1985, el padre de los hermanos Ortiz, Samuel, firmó un contrato de compraventa del local a un panadero que reconocían como el dueño del inmueble de tres pisos y una planta baja. En 1996 cuando murió Samuel, sus hijos heredaron el establecimiento.
La Tortería Colima gozaba de una nutrida clientela que los conocía de décadas atrás. Pero el acoso comenzó en 2012, cuando Guillermo Santiago Salinas Plata, según cuenta Carmen, se presentó como apoderado legal del edificio y le advirtió que tenía órdenes de avisar a los inquilinos que debían desocupar el inmueble.
Este fue solo el primer aviso del proceso de desalojo que se avecinaba para los residentes. Poco a poco el conflicto escaló. De acuerdo con la familia Ortiz, por las noches entraban personas, enviadas por la inmobiliaria, a los locales vecinos, los vaciaban y cerraban para que los dueños no tuvieran oportunidad de entrar. Realizaron un movimiento similar con los habitantes de los 21 departamentos del edificio.
“Siempre vimos de qué forma los trataban, de qué forma los desalojan, cómo aventaban sus muebles por los balcones a las calles, cómo golpeaban las puertas hasta tirarlas para poder entrar. A mí también me quitaron mi departamento, yo trabajaba ahí con mis hermanas. Se robaban cosas, mi colchón se lo quedaron. Fue muy estresante, ya no queríamos vivir así”, cuenta Carmen.
El periodista Carlos Acuña ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal similar a la de la Tortería Colima, al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. “Lo que estamos viendo es un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que intervienen y desembocan en una crisis de la vivienda”, explica el cronista.
En su opinión, la gentrificación aún ocurre, pero actualmente se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino personas del norte global quienes ocupan espacios que antes eran barrios habitacionales, y que hoy se han destinado a escenografías turísticas y a las experiencias que se venden.
Otro de los componentes de la crisis de vivienda en Ciudad de México es la financiarización, es decir, “cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión, en lugar de como un bien social”, define ONU-Habitat.
También te puede interesar leer “Los sonideros de la CDMX contra el silencio de la gentrificación”.
Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno aún más grave: los despojos, en los que convergen numerosas violaciones a los derechos humanos, como ilustra el caso de la Tortería Colima. Carlos Acuña relata que “hay mafias de abogados o notarios” que buscan viviendas o edificios con irregularidades, por ejemplo, que sean inmuebles intestados o sin herederos. “Hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Las personas que vienen de los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso legal, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan”, dice Acuña.
En mayo de 2019, los métodos de la inmobiliaria cambiaron. Un día la familia Ortiz escuchó ruidos extraños en su techo, comenzaron con martillazos, pero poco tiempo después notaron que estaban taladrando el techo de la tortería. A la mañana siguiente descubrieron que “cascadas de agua” caían encima de su negocio. “Nosotros seguimos abriendo un poco y la clientela creía que era una fuga por parte de nosotros. Algunos se enojaban, decían ‘cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua’, otros creían que era agua sucia de los baños de arriba, nos afectó muchísimo. Empezó a bajar la clientela”, dice Carmen.
Estas cascadas sobre la Tortería Colima continuaron durante dos meses, aproximadamente, pese a que la familia Ortiz denunció ante el Ministerio Público para detener las intimidaciones y la fuga de más de “23 000 litros de agua potable”, según los cálculos de la familia. Los afectados denuncian que quienes se asumían como dueños del edificio llegaron acompañados de personas que buscaban intimidarlas, e intentaban entrar a su negocio por la fuerza. Después de estas agresiones, dos hermanas de Carmen tuvieron que irse a vivir al local.
Para tratar de detener el desalojo e informar a los vecinos sobre la situación de violencia que enfrentaban, los hermanos Ortiz realizaron protestas como regalar más de 400 tortas en el evento “Tortas pa’ la banda vs Cártel Inmobiliario”, pretendían que este espacio fuera un punto de reunión para que vecinos, activistas y artistas formaran reflexiones y diálogos sobre este problema.
Después de estos actos de intimidación, la familia Ortiz interpuso una demanda por daños a la propiedad en contra del hombre que se acreditaba como apoderado legal, Guillermo Santiago Salinas Plata. También acudieron al Juzgado Cívico para solicitar que intervinieran para que cesaran las agresiones, pero la familia denuncia que no los quisieron escuchar por no estar acreditados como los dueños del lugar.
La familia Ortiz ha mencionado que buscaron la ayuda de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no obtuvieron respuesta. Por otra parte, Guillermo Santiago Salinas Plata afirmó que desde 2013, Noemí Ortiz, dueña de la Tortería Colima, “tenía una demanda de juicio civil por desocupación del inmueble”, en una carta que envió al medio de comunicación Chilango para ejercer su derecho de réplica.
El 2021 fue el último año que la familia Ortiz pudo resistir protegiendo su local. “Fuimos las últimas en que nos desalojaron”, dice Carmen con orgullo. La familia resistió durante años las amenazas que les dañaron, incluso físicamente.
El 11 de febrero de 2022, sin notificación previa, un abogado acompañado de cargadores desalojó de manera violenta a la familia Ortiz del local que ocupaba la Tortería Colima. Una cuenta de X, antes Twitter, documentó que “un grupo de mujeres agredió a las hermanas Ortiz mientras otro grupo soldaba las cortinas del negocio. El desalojo no contaba con autorización de las autoridades, pues existía un juicio todavía no resuelto. Incluso se enviaron policías para intentar frenarlo”, dice Carmen.
Las consecuencias de la defensa del territorio
Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más pedían sus clientes. Las memorias antes del despojo le evocan el olor a frutas, jugos y la solidaridad de su clientela; sin embargo, también la acompañan la huella del trauma después del violento proceso para sacarlos del edificio que los vio crecer.
“Todo eso a nosotros nos dejó un trauma, hasta la fecha cualquier golpe fuerte nos altera mucho porque dos veces los golpeadores intentaron entrar por la parte de atrás de la tortería”, recuerda Carmen, la hermana mayor de los Ortiz.
La mayoría de los desplazamientos en la capital mexicana ocurren de manera silenciosa. Silvia Emanuelli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que, en general, se están construyendo viviendas solo para los sectores altos de la población, pero se olvida a las personas jóvenes y a las de bajos ingresos. “Los que menos ganan en nuestra sociedad, son expulsados. Tenemos 20 000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago”, puntualiza.
Los desahucios o desalojos forzosos pueden ser traumáticos, ya que violan los derechos humanos de las personas, como el derecho a la vivienda, alimentación, salud, seguridad, incluso al agua o al trabajo. Además ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que son despojadas de sus hogares, de acuerdo con un informe realizado por ONU-Habitat. Según esta institución, la clave para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentra en “el ejercicio de este derecho humano mediante la adopción de políticas y programas gubernamentales adecuados, en particular estrategias nacionales de vivienda”
Pese a que esta familia logró resistir diez años en la lucha por conservar su fuente de trabajo, en algunas ocasiones se sintieron solos y sin ningún tipo de respaldo. “El gobierno no les va a ayudar, al contrario, las van a sacar”, dice Carmen y recomienda abandonar cualquier edificio cuando sea requerido, pues sin importar cuánto dure la pelea, terminarán siendo desalojados.
Carmen y su familia terminaron decepcionados y cansados tras esta larga pelea por conservar el negocio que atendieron desde que eran pequeños. Durante una década vivieron con miedo, ansiedad, frustración y los consumía el sentirse incapaces de frenar el desalojo, pese a sus constantes actos de resistencia: “Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Por eso no tenemos muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, estamos muy cansadas”.
Para entender más a fondo el tema, te recomendamos el capítulo de Semanario Gatopardo: "Vivienda, gentrificación y despojos".
¡Gracias!
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Los comercios emblemáticos también desaparecen a falta de regulaciones claras que protejan a las personas de la Ciudad de México. La famosa Tortería Colima solo es uno de tantos casos en la capital mexicana donde la crisis de vivienda, los despojos y la especulación en los costos de los inmuebles provocan el desplazo de sus habitantes.
La Tortería Colima estuvo abierta por más de medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En 2022 tuvieron que bajar las cortinas de su negocio, tras vivir durante diez años un duro proceso de desalojo, en el que recibieron amenazas, intentos de entrar a su establecimiento por la fuerza, incluso sabotaje en las instalaciones del que fue, durante generaciones, un comercio emblemático de la zona.
Carmen Ortiz, junto a su familia, fundó la Tortería Colima en 1968. Al inicio vendían tortas, jugos y licuados, pero durante los últimos años añadieron en el menú otros productos como hamburguesas. Los platillos estrella del establecimiento eran las tortas de milanesa, pollo y pierna horneada. La mujer de 65 años recuerda que ella y sus hermanos hacían sus propios ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles.
Ahora un restaurante vegano y una cafetería de una famosa cadena ocupan el local que fue una de las toterías favoritas de miles de personas que buscaban comida rápida y accesible. Han pasado tres años desde que fueron desalojados, pero los hermanos Ortiz aún extrañan trabajar en su restaurante, pues tras el cierre de su negocio no todos lograron encontrar una nueva fuente de ingresos. “Estábamos cumpliendo 54 años (con el local) precisamente en el (mes de) febrero en que nos desalojaron”, lamenta Carmen.
Un grupo de personas que se acreditaron como dueños y apoderados legales del edificio los obligaron a irse, y desalojaron a los vecinos que vivían en los 21 departamentos, para apropiarse del inmueble. Tras este amargo episodio en su vida, los hermanos Ortiz quedaron afectados física y emocionalmente. Además, el proceso legal terminó con sus ahorros.“En esos diez años en los que peleamos con esta gente, nuestros ahorros y las pocas ganancias que salían del negocio, ya fueron para abogados”, dice Carmen en entrevista.
Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la Ciudad de México nos referimos siempre a la gentrificación que, según ONU-Habitat, “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”, pero la especulación en el precio de las viviendas y los despojos influyen también en lo está ocurriendo.
Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades; algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está pasando en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte.
Los hermanos Ortiz: una década de resistencia
Esta emblemática tortería en la colonia Roma se ubicaba en el edificio de la calle Mérida, en el número 83. En 1985, el padre de los hermanos Ortiz, Samuel, firmó un contrato de compraventa del local a un panadero que reconocían como el dueño del inmueble de tres pisos y una planta baja. En 1996 cuando murió Samuel, sus hijos heredaron el establecimiento.
La Tortería Colima gozaba de una nutrida clientela que los conocía de décadas atrás. Pero el acoso comenzó en 2012, cuando Guillermo Santiago Salinas Plata, según cuenta Carmen, se presentó como apoderado legal del edificio y le advirtió que tenía órdenes de avisar a los inquilinos que debían desocupar el inmueble.
Este fue solo el primer aviso del proceso de desalojo que se avecinaba para los residentes. Poco a poco el conflicto escaló. De acuerdo con la familia Ortiz, por las noches entraban personas, enviadas por la inmobiliaria, a los locales vecinos, los vaciaban y cerraban para que los dueños no tuvieran oportunidad de entrar. Realizaron un movimiento similar con los habitantes de los 21 departamentos del edificio.
“Siempre vimos de qué forma los trataban, de qué forma los desalojan, cómo aventaban sus muebles por los balcones a las calles, cómo golpeaban las puertas hasta tirarlas para poder entrar. A mí también me quitaron mi departamento, yo trabajaba ahí con mis hermanas. Se robaban cosas, mi colchón se lo quedaron. Fue muy estresante, ya no queríamos vivir así”, cuenta Carmen.
El periodista Carlos Acuña ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal similar a la de la Tortería Colima, al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. “Lo que estamos viendo es un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que intervienen y desembocan en una crisis de la vivienda”, explica el cronista.
En su opinión, la gentrificación aún ocurre, pero actualmente se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino personas del norte global quienes ocupan espacios que antes eran barrios habitacionales, y que hoy se han destinado a escenografías turísticas y a las experiencias que se venden.
Otro de los componentes de la crisis de vivienda en Ciudad de México es la financiarización, es decir, “cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión, en lugar de como un bien social”, define ONU-Habitat.
También te puede interesar leer “Los sonideros de la CDMX contra el silencio de la gentrificación”.
Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno aún más grave: los despojos, en los que convergen numerosas violaciones a los derechos humanos, como ilustra el caso de la Tortería Colima. Carlos Acuña relata que “hay mafias de abogados o notarios” que buscan viviendas o edificios con irregularidades, por ejemplo, que sean inmuebles intestados o sin herederos. “Hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Las personas que vienen de los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso legal, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan”, dice Acuña.
En mayo de 2019, los métodos de la inmobiliaria cambiaron. Un día la familia Ortiz escuchó ruidos extraños en su techo, comenzaron con martillazos, pero poco tiempo después notaron que estaban taladrando el techo de la tortería. A la mañana siguiente descubrieron que “cascadas de agua” caían encima de su negocio. “Nosotros seguimos abriendo un poco y la clientela creía que era una fuga por parte de nosotros. Algunos se enojaban, decían ‘cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua’, otros creían que era agua sucia de los baños de arriba, nos afectó muchísimo. Empezó a bajar la clientela”, dice Carmen.
Estas cascadas sobre la Tortería Colima continuaron durante dos meses, aproximadamente, pese a que la familia Ortiz denunció ante el Ministerio Público para detener las intimidaciones y la fuga de más de “23 000 litros de agua potable”, según los cálculos de la familia. Los afectados denuncian que quienes se asumían como dueños del edificio llegaron acompañados de personas que buscaban intimidarlas, e intentaban entrar a su negocio por la fuerza. Después de estas agresiones, dos hermanas de Carmen tuvieron que irse a vivir al local.
Para tratar de detener el desalojo e informar a los vecinos sobre la situación de violencia que enfrentaban, los hermanos Ortiz realizaron protestas como regalar más de 400 tortas en el evento “Tortas pa’ la banda vs Cártel Inmobiliario”, pretendían que este espacio fuera un punto de reunión para que vecinos, activistas y artistas formaran reflexiones y diálogos sobre este problema.
Después de estos actos de intimidación, la familia Ortiz interpuso una demanda por daños a la propiedad en contra del hombre que se acreditaba como apoderado legal, Guillermo Santiago Salinas Plata. También acudieron al Juzgado Cívico para solicitar que intervinieran para que cesaran las agresiones, pero la familia denuncia que no los quisieron escuchar por no estar acreditados como los dueños del lugar.
La familia Ortiz ha mencionado que buscaron la ayuda de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no obtuvieron respuesta. Por otra parte, Guillermo Santiago Salinas Plata afirmó que desde 2013, Noemí Ortiz, dueña de la Tortería Colima, “tenía una demanda de juicio civil por desocupación del inmueble”, en una carta que envió al medio de comunicación Chilango para ejercer su derecho de réplica.
El 2021 fue el último año que la familia Ortiz pudo resistir protegiendo su local. “Fuimos las últimas en que nos desalojaron”, dice Carmen con orgullo. La familia resistió durante años las amenazas que les dañaron, incluso físicamente.
El 11 de febrero de 2022, sin notificación previa, un abogado acompañado de cargadores desalojó de manera violenta a la familia Ortiz del local que ocupaba la Tortería Colima. Una cuenta de X, antes Twitter, documentó que “un grupo de mujeres agredió a las hermanas Ortiz mientras otro grupo soldaba las cortinas del negocio. El desalojo no contaba con autorización de las autoridades, pues existía un juicio todavía no resuelto. Incluso se enviaron policías para intentar frenarlo”, dice Carmen.
Las consecuencias de la defensa del territorio
Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más pedían sus clientes. Las memorias antes del despojo le evocan el olor a frutas, jugos y la solidaridad de su clientela; sin embargo, también la acompañan la huella del trauma después del violento proceso para sacarlos del edificio que los vio crecer.
“Todo eso a nosotros nos dejó un trauma, hasta la fecha cualquier golpe fuerte nos altera mucho porque dos veces los golpeadores intentaron entrar por la parte de atrás de la tortería”, recuerda Carmen, la hermana mayor de los Ortiz.
La mayoría de los desplazamientos en la capital mexicana ocurren de manera silenciosa. Silvia Emanuelli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que, en general, se están construyendo viviendas solo para los sectores altos de la población, pero se olvida a las personas jóvenes y a las de bajos ingresos. “Los que menos ganan en nuestra sociedad, son expulsados. Tenemos 20 000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago”, puntualiza.
Los desahucios o desalojos forzosos pueden ser traumáticos, ya que violan los derechos humanos de las personas, como el derecho a la vivienda, alimentación, salud, seguridad, incluso al agua o al trabajo. Además ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que son despojadas de sus hogares, de acuerdo con un informe realizado por ONU-Habitat. Según esta institución, la clave para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentra en “el ejercicio de este derecho humano mediante la adopción de políticas y programas gubernamentales adecuados, en particular estrategias nacionales de vivienda”
Pese a que esta familia logró resistir diez años en la lucha por conservar su fuente de trabajo, en algunas ocasiones se sintieron solos y sin ningún tipo de respaldo. “El gobierno no les va a ayudar, al contrario, las van a sacar”, dice Carmen y recomienda abandonar cualquier edificio cuando sea requerido, pues sin importar cuánto dure la pelea, terminarán siendo desalojados.
Carmen y su familia terminaron decepcionados y cansados tras esta larga pelea por conservar el negocio que atendieron desde que eran pequeños. Durante una década vivieron con miedo, ansiedad, frustración y los consumía el sentirse incapaces de frenar el desalojo, pese a sus constantes actos de resistencia: “Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Por eso no tenemos muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, estamos muy cansadas”.
Para entender más a fondo el tema, te recomendamos el capítulo de Semanario Gatopardo: "Vivienda, gentrificación y despojos".
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Los comercios emblemáticos también desaparecen a falta de regulaciones claras que protejan a las personas de la Ciudad de México. La famosa Tortería Colima solo es uno de tantos casos en la capital mexicana donde la crisis de vivienda, los despojos y la especulación en los costos de los inmuebles provocan el desplazo de sus habitantes.
La Tortería Colima estuvo abierta por más de medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En 2022 tuvieron que bajar las cortinas de su negocio, tras vivir durante diez años un duro proceso de desalojo, en el que recibieron amenazas, intentos de entrar a su establecimiento por la fuerza, incluso sabotaje en las instalaciones del que fue, durante generaciones, un comercio emblemático de la zona.
Carmen Ortiz, junto a su familia, fundó la Tortería Colima en 1968. Al inicio vendían tortas, jugos y licuados, pero durante los últimos años añadieron en el menú otros productos como hamburguesas. Los platillos estrella del establecimiento eran las tortas de milanesa, pollo y pierna horneada. La mujer de 65 años recuerda que ella y sus hermanos hacían sus propios ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles.
Ahora un restaurante vegano y una cafetería de una famosa cadena ocupan el local que fue una de las toterías favoritas de miles de personas que buscaban comida rápida y accesible. Han pasado tres años desde que fueron desalojados, pero los hermanos Ortiz aún extrañan trabajar en su restaurante, pues tras el cierre de su negocio no todos lograron encontrar una nueva fuente de ingresos. “Estábamos cumpliendo 54 años (con el local) precisamente en el (mes de) febrero en que nos desalojaron”, lamenta Carmen.
Un grupo de personas que se acreditaron como dueños y apoderados legales del edificio los obligaron a irse, y desalojaron a los vecinos que vivían en los 21 departamentos, para apropiarse del inmueble. Tras este amargo episodio en su vida, los hermanos Ortiz quedaron afectados física y emocionalmente. Además, el proceso legal terminó con sus ahorros.“En esos diez años en los que peleamos con esta gente, nuestros ahorros y las pocas ganancias que salían del negocio, ya fueron para abogados”, dice Carmen en entrevista.
Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la Ciudad de México nos referimos siempre a la gentrificación que, según ONU-Habitat, “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”, pero la especulación en el precio de las viviendas y los despojos influyen también en lo está ocurriendo.
Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades; algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está pasando en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte.
Los hermanos Ortiz: una década de resistencia
Esta emblemática tortería en la colonia Roma se ubicaba en el edificio de la calle Mérida, en el número 83. En 1985, el padre de los hermanos Ortiz, Samuel, firmó un contrato de compraventa del local a un panadero que reconocían como el dueño del inmueble de tres pisos y una planta baja. En 1996 cuando murió Samuel, sus hijos heredaron el establecimiento.
La Tortería Colima gozaba de una nutrida clientela que los conocía de décadas atrás. Pero el acoso comenzó en 2012, cuando Guillermo Santiago Salinas Plata, según cuenta Carmen, se presentó como apoderado legal del edificio y le advirtió que tenía órdenes de avisar a los inquilinos que debían desocupar el inmueble.
Este fue solo el primer aviso del proceso de desalojo que se avecinaba para los residentes. Poco a poco el conflicto escaló. De acuerdo con la familia Ortiz, por las noches entraban personas, enviadas por la inmobiliaria, a los locales vecinos, los vaciaban y cerraban para que los dueños no tuvieran oportunidad de entrar. Realizaron un movimiento similar con los habitantes de los 21 departamentos del edificio.
“Siempre vimos de qué forma los trataban, de qué forma los desalojan, cómo aventaban sus muebles por los balcones a las calles, cómo golpeaban las puertas hasta tirarlas para poder entrar. A mí también me quitaron mi departamento, yo trabajaba ahí con mis hermanas. Se robaban cosas, mi colchón se lo quedaron. Fue muy estresante, ya no queríamos vivir así”, cuenta Carmen.
El periodista Carlos Acuña ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal similar a la de la Tortería Colima, al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. “Lo que estamos viendo es un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que intervienen y desembocan en una crisis de la vivienda”, explica el cronista.
En su opinión, la gentrificación aún ocurre, pero actualmente se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino personas del norte global quienes ocupan espacios que antes eran barrios habitacionales, y que hoy se han destinado a escenografías turísticas y a las experiencias que se venden.
Otro de los componentes de la crisis de vivienda en Ciudad de México es la financiarización, es decir, “cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión, en lugar de como un bien social”, define ONU-Habitat.
También te puede interesar leer “Los sonideros de la CDMX contra el silencio de la gentrificación”.
Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno aún más grave: los despojos, en los que convergen numerosas violaciones a los derechos humanos, como ilustra el caso de la Tortería Colima. Carlos Acuña relata que “hay mafias de abogados o notarios” que buscan viviendas o edificios con irregularidades, por ejemplo, que sean inmuebles intestados o sin herederos. “Hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Las personas que vienen de los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso legal, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan”, dice Acuña.
En mayo de 2019, los métodos de la inmobiliaria cambiaron. Un día la familia Ortiz escuchó ruidos extraños en su techo, comenzaron con martillazos, pero poco tiempo después notaron que estaban taladrando el techo de la tortería. A la mañana siguiente descubrieron que “cascadas de agua” caían encima de su negocio. “Nosotros seguimos abriendo un poco y la clientela creía que era una fuga por parte de nosotros. Algunos se enojaban, decían ‘cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua’, otros creían que era agua sucia de los baños de arriba, nos afectó muchísimo. Empezó a bajar la clientela”, dice Carmen.
Estas cascadas sobre la Tortería Colima continuaron durante dos meses, aproximadamente, pese a que la familia Ortiz denunció ante el Ministerio Público para detener las intimidaciones y la fuga de más de “23 000 litros de agua potable”, según los cálculos de la familia. Los afectados denuncian que quienes se asumían como dueños del edificio llegaron acompañados de personas que buscaban intimidarlas, e intentaban entrar a su negocio por la fuerza. Después de estas agresiones, dos hermanas de Carmen tuvieron que irse a vivir al local.
Para tratar de detener el desalojo e informar a los vecinos sobre la situación de violencia que enfrentaban, los hermanos Ortiz realizaron protestas como regalar más de 400 tortas en el evento “Tortas pa’ la banda vs Cártel Inmobiliario”, pretendían que este espacio fuera un punto de reunión para que vecinos, activistas y artistas formaran reflexiones y diálogos sobre este problema.
Después de estos actos de intimidación, la familia Ortiz interpuso una demanda por daños a la propiedad en contra del hombre que se acreditaba como apoderado legal, Guillermo Santiago Salinas Plata. También acudieron al Juzgado Cívico para solicitar que intervinieran para que cesaran las agresiones, pero la familia denuncia que no los quisieron escuchar por no estar acreditados como los dueños del lugar.
La familia Ortiz ha mencionado que buscaron la ayuda de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no obtuvieron respuesta. Por otra parte, Guillermo Santiago Salinas Plata afirmó que desde 2013, Noemí Ortiz, dueña de la Tortería Colima, “tenía una demanda de juicio civil por desocupación del inmueble”, en una carta que envió al medio de comunicación Chilango para ejercer su derecho de réplica.
El 2021 fue el último año que la familia Ortiz pudo resistir protegiendo su local. “Fuimos las últimas en que nos desalojaron”, dice Carmen con orgullo. La familia resistió durante años las amenazas que les dañaron, incluso físicamente.
El 11 de febrero de 2022, sin notificación previa, un abogado acompañado de cargadores desalojó de manera violenta a la familia Ortiz del local que ocupaba la Tortería Colima. Una cuenta de X, antes Twitter, documentó que “un grupo de mujeres agredió a las hermanas Ortiz mientras otro grupo soldaba las cortinas del negocio. El desalojo no contaba con autorización de las autoridades, pues existía un juicio todavía no resuelto. Incluso se enviaron policías para intentar frenarlo”, dice Carmen.
Las consecuencias de la defensa del territorio
Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más pedían sus clientes. Las memorias antes del despojo le evocan el olor a frutas, jugos y la solidaridad de su clientela; sin embargo, también la acompañan la huella del trauma después del violento proceso para sacarlos del edificio que los vio crecer.
“Todo eso a nosotros nos dejó un trauma, hasta la fecha cualquier golpe fuerte nos altera mucho porque dos veces los golpeadores intentaron entrar por la parte de atrás de la tortería”, recuerda Carmen, la hermana mayor de los Ortiz.
La mayoría de los desplazamientos en la capital mexicana ocurren de manera silenciosa. Silvia Emanuelli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que, en general, se están construyendo viviendas solo para los sectores altos de la población, pero se olvida a las personas jóvenes y a las de bajos ingresos. “Los que menos ganan en nuestra sociedad, son expulsados. Tenemos 20 000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago”, puntualiza.
Los desahucios o desalojos forzosos pueden ser traumáticos, ya que violan los derechos humanos de las personas, como el derecho a la vivienda, alimentación, salud, seguridad, incluso al agua o al trabajo. Además ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que son despojadas de sus hogares, de acuerdo con un informe realizado por ONU-Habitat. Según esta institución, la clave para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentra en “el ejercicio de este derecho humano mediante la adopción de políticas y programas gubernamentales adecuados, en particular estrategias nacionales de vivienda”
Pese a que esta familia logró resistir diez años en la lucha por conservar su fuente de trabajo, en algunas ocasiones se sintieron solos y sin ningún tipo de respaldo. “El gobierno no les va a ayudar, al contrario, las van a sacar”, dice Carmen y recomienda abandonar cualquier edificio cuando sea requerido, pues sin importar cuánto dure la pelea, terminarán siendo desalojados.
Carmen y su familia terminaron decepcionados y cansados tras esta larga pelea por conservar el negocio que atendieron desde que eran pequeños. Durante una década vivieron con miedo, ansiedad, frustración y los consumía el sentirse incapaces de frenar el desalojo, pese a sus constantes actos de resistencia: “Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Por eso no tenemos muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, estamos muy cansadas”.
Para entender más a fondo el tema, te recomendamos el capítulo de Semanario Gatopardo: "Vivienda, gentrificación y despojos".
¡Gracias!
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Los comercios emblemáticos también desaparecen a falta de regulaciones claras que protejan a las personas de la Ciudad de México. La famosa Tortería Colima solo es uno de tantos casos en la capital mexicana donde la crisis de vivienda, los despojos y la especulación en los costos de los inmuebles provocan el desplazo de sus habitantes.
La Tortería Colima estuvo abierta por más de medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En 2022 tuvieron que bajar las cortinas de su negocio, tras vivir durante diez años un duro proceso de desalojo, en el que recibieron amenazas, intentos de entrar a su establecimiento por la fuerza, incluso sabotaje en las instalaciones del que fue, durante generaciones, un comercio emblemático de la zona.
Carmen Ortiz, junto a su familia, fundó la Tortería Colima en 1968. Al inicio vendían tortas, jugos y licuados, pero durante los últimos años añadieron en el menú otros productos como hamburguesas. Los platillos estrella del establecimiento eran las tortas de milanesa, pollo y pierna horneada. La mujer de 65 años recuerda que ella y sus hermanos hacían sus propios ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles.
Ahora un restaurante vegano y una cafetería de una famosa cadena ocupan el local que fue una de las toterías favoritas de miles de personas que buscaban comida rápida y accesible. Han pasado tres años desde que fueron desalojados, pero los hermanos Ortiz aún extrañan trabajar en su restaurante, pues tras el cierre de su negocio no todos lograron encontrar una nueva fuente de ingresos. “Estábamos cumpliendo 54 años (con el local) precisamente en el (mes de) febrero en que nos desalojaron”, lamenta Carmen.
Un grupo de personas que se acreditaron como dueños y apoderados legales del edificio los obligaron a irse, y desalojaron a los vecinos que vivían en los 21 departamentos, para apropiarse del inmueble. Tras este amargo episodio en su vida, los hermanos Ortiz quedaron afectados física y emocionalmente. Además, el proceso legal terminó con sus ahorros.“En esos diez años en los que peleamos con esta gente, nuestros ahorros y las pocas ganancias que salían del negocio, ya fueron para abogados”, dice Carmen en entrevista.
Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la Ciudad de México nos referimos siempre a la gentrificación que, según ONU-Habitat, “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”, pero la especulación en el precio de las viviendas y los despojos influyen también en lo está ocurriendo.
Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades; algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está pasando en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte.
Los hermanos Ortiz: una década de resistencia
Esta emblemática tortería en la colonia Roma se ubicaba en el edificio de la calle Mérida, en el número 83. En 1985, el padre de los hermanos Ortiz, Samuel, firmó un contrato de compraventa del local a un panadero que reconocían como el dueño del inmueble de tres pisos y una planta baja. En 1996 cuando murió Samuel, sus hijos heredaron el establecimiento.
La Tortería Colima gozaba de una nutrida clientela que los conocía de décadas atrás. Pero el acoso comenzó en 2012, cuando Guillermo Santiago Salinas Plata, según cuenta Carmen, se presentó como apoderado legal del edificio y le advirtió que tenía órdenes de avisar a los inquilinos que debían desocupar el inmueble.
Este fue solo el primer aviso del proceso de desalojo que se avecinaba para los residentes. Poco a poco el conflicto escaló. De acuerdo con la familia Ortiz, por las noches entraban personas, enviadas por la inmobiliaria, a los locales vecinos, los vaciaban y cerraban para que los dueños no tuvieran oportunidad de entrar. Realizaron un movimiento similar con los habitantes de los 21 departamentos del edificio.
“Siempre vimos de qué forma los trataban, de qué forma los desalojan, cómo aventaban sus muebles por los balcones a las calles, cómo golpeaban las puertas hasta tirarlas para poder entrar. A mí también me quitaron mi departamento, yo trabajaba ahí con mis hermanas. Se robaban cosas, mi colchón se lo quedaron. Fue muy estresante, ya no queríamos vivir así”, cuenta Carmen.
El periodista Carlos Acuña ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal similar a la de la Tortería Colima, al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. “Lo que estamos viendo es un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que intervienen y desembocan en una crisis de la vivienda”, explica el cronista.
En su opinión, la gentrificación aún ocurre, pero actualmente se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino personas del norte global quienes ocupan espacios que antes eran barrios habitacionales, y que hoy se han destinado a escenografías turísticas y a las experiencias que se venden.
Otro de los componentes de la crisis de vivienda en Ciudad de México es la financiarización, es decir, “cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión, en lugar de como un bien social”, define ONU-Habitat.
También te puede interesar leer “Los sonideros de la CDMX contra el silencio de la gentrificación”.
Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno aún más grave: los despojos, en los que convergen numerosas violaciones a los derechos humanos, como ilustra el caso de la Tortería Colima. Carlos Acuña relata que “hay mafias de abogados o notarios” que buscan viviendas o edificios con irregularidades, por ejemplo, que sean inmuebles intestados o sin herederos. “Hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Las personas que vienen de los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso legal, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan”, dice Acuña.
En mayo de 2019, los métodos de la inmobiliaria cambiaron. Un día la familia Ortiz escuchó ruidos extraños en su techo, comenzaron con martillazos, pero poco tiempo después notaron que estaban taladrando el techo de la tortería. A la mañana siguiente descubrieron que “cascadas de agua” caían encima de su negocio. “Nosotros seguimos abriendo un poco y la clientela creía que era una fuga por parte de nosotros. Algunos se enojaban, decían ‘cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua’, otros creían que era agua sucia de los baños de arriba, nos afectó muchísimo. Empezó a bajar la clientela”, dice Carmen.
Estas cascadas sobre la Tortería Colima continuaron durante dos meses, aproximadamente, pese a que la familia Ortiz denunció ante el Ministerio Público para detener las intimidaciones y la fuga de más de “23 000 litros de agua potable”, según los cálculos de la familia. Los afectados denuncian que quienes se asumían como dueños del edificio llegaron acompañados de personas que buscaban intimidarlas, e intentaban entrar a su negocio por la fuerza. Después de estas agresiones, dos hermanas de Carmen tuvieron que irse a vivir al local.
Para tratar de detener el desalojo e informar a los vecinos sobre la situación de violencia que enfrentaban, los hermanos Ortiz realizaron protestas como regalar más de 400 tortas en el evento “Tortas pa’ la banda vs Cártel Inmobiliario”, pretendían que este espacio fuera un punto de reunión para que vecinos, activistas y artistas formaran reflexiones y diálogos sobre este problema.
Después de estos actos de intimidación, la familia Ortiz interpuso una demanda por daños a la propiedad en contra del hombre que se acreditaba como apoderado legal, Guillermo Santiago Salinas Plata. También acudieron al Juzgado Cívico para solicitar que intervinieran para que cesaran las agresiones, pero la familia denuncia que no los quisieron escuchar por no estar acreditados como los dueños del lugar.
La familia Ortiz ha mencionado que buscaron la ayuda de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no obtuvieron respuesta. Por otra parte, Guillermo Santiago Salinas Plata afirmó que desde 2013, Noemí Ortiz, dueña de la Tortería Colima, “tenía una demanda de juicio civil por desocupación del inmueble”, en una carta que envió al medio de comunicación Chilango para ejercer su derecho de réplica.
El 2021 fue el último año que la familia Ortiz pudo resistir protegiendo su local. “Fuimos las últimas en que nos desalojaron”, dice Carmen con orgullo. La familia resistió durante años las amenazas que les dañaron, incluso físicamente.
El 11 de febrero de 2022, sin notificación previa, un abogado acompañado de cargadores desalojó de manera violenta a la familia Ortiz del local que ocupaba la Tortería Colima. Una cuenta de X, antes Twitter, documentó que “un grupo de mujeres agredió a las hermanas Ortiz mientras otro grupo soldaba las cortinas del negocio. El desalojo no contaba con autorización de las autoridades, pues existía un juicio todavía no resuelto. Incluso se enviaron policías para intentar frenarlo”, dice Carmen.
Las consecuencias de la defensa del territorio
Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más pedían sus clientes. Las memorias antes del despojo le evocan el olor a frutas, jugos y la solidaridad de su clientela; sin embargo, también la acompañan la huella del trauma después del violento proceso para sacarlos del edificio que los vio crecer.
“Todo eso a nosotros nos dejó un trauma, hasta la fecha cualquier golpe fuerte nos altera mucho porque dos veces los golpeadores intentaron entrar por la parte de atrás de la tortería”, recuerda Carmen, la hermana mayor de los Ortiz.
La mayoría de los desplazamientos en la capital mexicana ocurren de manera silenciosa. Silvia Emanuelli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que, en general, se están construyendo viviendas solo para los sectores altos de la población, pero se olvida a las personas jóvenes y a las de bajos ingresos. “Los que menos ganan en nuestra sociedad, son expulsados. Tenemos 20 000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago”, puntualiza.
Los desahucios o desalojos forzosos pueden ser traumáticos, ya que violan los derechos humanos de las personas, como el derecho a la vivienda, alimentación, salud, seguridad, incluso al agua o al trabajo. Además ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que son despojadas de sus hogares, de acuerdo con un informe realizado por ONU-Habitat. Según esta institución, la clave para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentra en “el ejercicio de este derecho humano mediante la adopción de políticas y programas gubernamentales adecuados, en particular estrategias nacionales de vivienda”
Pese a que esta familia logró resistir diez años en la lucha por conservar su fuente de trabajo, en algunas ocasiones se sintieron solos y sin ningún tipo de respaldo. “El gobierno no les va a ayudar, al contrario, las van a sacar”, dice Carmen y recomienda abandonar cualquier edificio cuando sea requerido, pues sin importar cuánto dure la pelea, terminarán siendo desalojados.
Carmen y su familia terminaron decepcionados y cansados tras esta larga pelea por conservar el negocio que atendieron desde que eran pequeños. Durante una década vivieron con miedo, ansiedad, frustración y los consumía el sentirse incapaces de frenar el desalojo, pese a sus constantes actos de resistencia: “Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Por eso no tenemos muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, estamos muy cansadas”.
Para entender más a fondo el tema, te recomendamos el capítulo de Semanario Gatopardo: "Vivienda, gentrificación y despojos".
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Los comercios emblemáticos también desaparecen a falta de regulaciones claras que protejan a las personas de la Ciudad de México. La famosa Tortería Colima solo es uno de tantos casos en la capital mexicana donde la crisis de vivienda, los despojos y la especulación en los costos de los inmuebles provocan el desplazo de sus habitantes.
La Tortería Colima estuvo abierta por más de medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En 2022 tuvieron que bajar las cortinas de su negocio, tras vivir durante diez años un duro proceso de desalojo, en el que recibieron amenazas, intentos de entrar a su establecimiento por la fuerza, incluso sabotaje en las instalaciones del que fue, durante generaciones, un comercio emblemático de la zona.
Carmen Ortiz, junto a su familia, fundó la Tortería Colima en 1968. Al inicio vendían tortas, jugos y licuados, pero durante los últimos años añadieron en el menú otros productos como hamburguesas. Los platillos estrella del establecimiento eran las tortas de milanesa, pollo y pierna horneada. La mujer de 65 años recuerda que ella y sus hermanos hacían sus propios ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles.
Ahora un restaurante vegano y una cafetería de una famosa cadena ocupan el local que fue una de las toterías favoritas de miles de personas que buscaban comida rápida y accesible. Han pasado tres años desde que fueron desalojados, pero los hermanos Ortiz aún extrañan trabajar en su restaurante, pues tras el cierre de su negocio no todos lograron encontrar una nueva fuente de ingresos. “Estábamos cumpliendo 54 años (con el local) precisamente en el (mes de) febrero en que nos desalojaron”, lamenta Carmen.
Un grupo de personas que se acreditaron como dueños y apoderados legales del edificio los obligaron a irse, y desalojaron a los vecinos que vivían en los 21 departamentos, para apropiarse del inmueble. Tras este amargo episodio en su vida, los hermanos Ortiz quedaron afectados física y emocionalmente. Además, el proceso legal terminó con sus ahorros.“En esos diez años en los que peleamos con esta gente, nuestros ahorros y las pocas ganancias que salían del negocio, ya fueron para abogados”, dice Carmen en entrevista.
Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la Ciudad de México nos referimos siempre a la gentrificación que, según ONU-Habitat, “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”, pero la especulación en el precio de las viviendas y los despojos influyen también en lo está ocurriendo.
Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades; algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está pasando en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte.
Los hermanos Ortiz: una década de resistencia
Esta emblemática tortería en la colonia Roma se ubicaba en el edificio de la calle Mérida, en el número 83. En 1985, el padre de los hermanos Ortiz, Samuel, firmó un contrato de compraventa del local a un panadero que reconocían como el dueño del inmueble de tres pisos y una planta baja. En 1996 cuando murió Samuel, sus hijos heredaron el establecimiento.
La Tortería Colima gozaba de una nutrida clientela que los conocía de décadas atrás. Pero el acoso comenzó en 2012, cuando Guillermo Santiago Salinas Plata, según cuenta Carmen, se presentó como apoderado legal del edificio y le advirtió que tenía órdenes de avisar a los inquilinos que debían desocupar el inmueble.
Este fue solo el primer aviso del proceso de desalojo que se avecinaba para los residentes. Poco a poco el conflicto escaló. De acuerdo con la familia Ortiz, por las noches entraban personas, enviadas por la inmobiliaria, a los locales vecinos, los vaciaban y cerraban para que los dueños no tuvieran oportunidad de entrar. Realizaron un movimiento similar con los habitantes de los 21 departamentos del edificio.
“Siempre vimos de qué forma los trataban, de qué forma los desalojan, cómo aventaban sus muebles por los balcones a las calles, cómo golpeaban las puertas hasta tirarlas para poder entrar. A mí también me quitaron mi departamento, yo trabajaba ahí con mis hermanas. Se robaban cosas, mi colchón se lo quedaron. Fue muy estresante, ya no queríamos vivir así”, cuenta Carmen.
El periodista Carlos Acuña ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal similar a la de la Tortería Colima, al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. “Lo que estamos viendo es un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que intervienen y desembocan en una crisis de la vivienda”, explica el cronista.
En su opinión, la gentrificación aún ocurre, pero actualmente se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino personas del norte global quienes ocupan espacios que antes eran barrios habitacionales, y que hoy se han destinado a escenografías turísticas y a las experiencias que se venden.
Otro de los componentes de la crisis de vivienda en Ciudad de México es la financiarización, es decir, “cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión, en lugar de como un bien social”, define ONU-Habitat.
También te puede interesar leer “Los sonideros de la CDMX contra el silencio de la gentrificación”.
Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno aún más grave: los despojos, en los que convergen numerosas violaciones a los derechos humanos, como ilustra el caso de la Tortería Colima. Carlos Acuña relata que “hay mafias de abogados o notarios” que buscan viviendas o edificios con irregularidades, por ejemplo, que sean inmuebles intestados o sin herederos. “Hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Las personas que vienen de los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso legal, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan”, dice Acuña.
En mayo de 2019, los métodos de la inmobiliaria cambiaron. Un día la familia Ortiz escuchó ruidos extraños en su techo, comenzaron con martillazos, pero poco tiempo después notaron que estaban taladrando el techo de la tortería. A la mañana siguiente descubrieron que “cascadas de agua” caían encima de su negocio. “Nosotros seguimos abriendo un poco y la clientela creía que era una fuga por parte de nosotros. Algunos se enojaban, decían ‘cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua’, otros creían que era agua sucia de los baños de arriba, nos afectó muchísimo. Empezó a bajar la clientela”, dice Carmen.
Estas cascadas sobre la Tortería Colima continuaron durante dos meses, aproximadamente, pese a que la familia Ortiz denunció ante el Ministerio Público para detener las intimidaciones y la fuga de más de “23 000 litros de agua potable”, según los cálculos de la familia. Los afectados denuncian que quienes se asumían como dueños del edificio llegaron acompañados de personas que buscaban intimidarlas, e intentaban entrar a su negocio por la fuerza. Después de estas agresiones, dos hermanas de Carmen tuvieron que irse a vivir al local.
Para tratar de detener el desalojo e informar a los vecinos sobre la situación de violencia que enfrentaban, los hermanos Ortiz realizaron protestas como regalar más de 400 tortas en el evento “Tortas pa’ la banda vs Cártel Inmobiliario”, pretendían que este espacio fuera un punto de reunión para que vecinos, activistas y artistas formaran reflexiones y diálogos sobre este problema.
Después de estos actos de intimidación, la familia Ortiz interpuso una demanda por daños a la propiedad en contra del hombre que se acreditaba como apoderado legal, Guillermo Santiago Salinas Plata. También acudieron al Juzgado Cívico para solicitar que intervinieran para que cesaran las agresiones, pero la familia denuncia que no los quisieron escuchar por no estar acreditados como los dueños del lugar.
La familia Ortiz ha mencionado que buscaron la ayuda de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no obtuvieron respuesta. Por otra parte, Guillermo Santiago Salinas Plata afirmó que desde 2013, Noemí Ortiz, dueña de la Tortería Colima, “tenía una demanda de juicio civil por desocupación del inmueble”, en una carta que envió al medio de comunicación Chilango para ejercer su derecho de réplica.
El 2021 fue el último año que la familia Ortiz pudo resistir protegiendo su local. “Fuimos las últimas en que nos desalojaron”, dice Carmen con orgullo. La familia resistió durante años las amenazas que les dañaron, incluso físicamente.
El 11 de febrero de 2022, sin notificación previa, un abogado acompañado de cargadores desalojó de manera violenta a la familia Ortiz del local que ocupaba la Tortería Colima. Una cuenta de X, antes Twitter, documentó que “un grupo de mujeres agredió a las hermanas Ortiz mientras otro grupo soldaba las cortinas del negocio. El desalojo no contaba con autorización de las autoridades, pues existía un juicio todavía no resuelto. Incluso se enviaron policías para intentar frenarlo”, dice Carmen.
Las consecuencias de la defensa del territorio
Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más pedían sus clientes. Las memorias antes del despojo le evocan el olor a frutas, jugos y la solidaridad de su clientela; sin embargo, también la acompañan la huella del trauma después del violento proceso para sacarlos del edificio que los vio crecer.
“Todo eso a nosotros nos dejó un trauma, hasta la fecha cualquier golpe fuerte nos altera mucho porque dos veces los golpeadores intentaron entrar por la parte de atrás de la tortería”, recuerda Carmen, la hermana mayor de los Ortiz.
La mayoría de los desplazamientos en la capital mexicana ocurren de manera silenciosa. Silvia Emanuelli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que, en general, se están construyendo viviendas solo para los sectores altos de la población, pero se olvida a las personas jóvenes y a las de bajos ingresos. “Los que menos ganan en nuestra sociedad, son expulsados. Tenemos 20 000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago”, puntualiza.
Los desahucios o desalojos forzosos pueden ser traumáticos, ya que violan los derechos humanos de las personas, como el derecho a la vivienda, alimentación, salud, seguridad, incluso al agua o al trabajo. Además ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que son despojadas de sus hogares, de acuerdo con un informe realizado por ONU-Habitat. Según esta institución, la clave para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentra en “el ejercicio de este derecho humano mediante la adopción de políticas y programas gubernamentales adecuados, en particular estrategias nacionales de vivienda”
Pese a que esta familia logró resistir diez años en la lucha por conservar su fuente de trabajo, en algunas ocasiones se sintieron solos y sin ningún tipo de respaldo. “El gobierno no les va a ayudar, al contrario, las van a sacar”, dice Carmen y recomienda abandonar cualquier edificio cuando sea requerido, pues sin importar cuánto dure la pelea, terminarán siendo desalojados.
Carmen y su familia terminaron decepcionados y cansados tras esta larga pelea por conservar el negocio que atendieron desde que eran pequeños. Durante una década vivieron con miedo, ansiedad, frustración y los consumía el sentirse incapaces de frenar el desalojo, pese a sus constantes actos de resistencia: “Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Por eso no tenemos muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, estamos muy cansadas”.
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