Fotografía por Alejandra Crail.

El dictamen más reciente, de agosto de 2020, confirma los daños, pero expone un diagnóstico más grave. El inmueble que está sobre Tamaulipas –tiene trece niveles, locales comerciales en la planta baja, doce pisos de departamentos y oficinas y un anuncio espectacular en el techo– presenta una inclinación de hasta 69 centímetros hacia la sala de conciertos. Su gemelo, cuya entrada está en la avenida Nuevo León, tiene un desplome de 69 centímetros, también hacia el centro. Ambas inclinaciones son casi cuatro veces mayores que el máximo permitido en las normas técnicas de construcción para inmuebles con estas características; un edificio seguro no debe tener un declive superior a los 18.73 centímetros. Adicionalmente, los nueve pisos de oficinas que están encima de la zona de taquillas del Plaza presentan una inclinación de 50 centímetros hacia el frente. Si el edificio se derrumbara, los restos caerían en dirección al Parque España.

Por estos motivos, además de otros daños que se encontraron después del sismo de 2017, el ISC determinó que los cuatro edificios que conforman el Condominio Plaza Condesa –incluyendo la sala de conciertos– representan un “peligro latente” que “pone en riesgo la vida de sus ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas; asimismo, compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes”. Desde 2018 el ISC recalcó que el inmueble no puede ser rehabilitado, debe ser demolido y reconstruido porque “ante cualquier evento sísmico de magnitud importante, podría sufrir un colapso parcial o total”, considerando que está ubicado en la Zona III del Valle de México, donde antiguamente se encontraba el lago de Texcoco, cuyo suelo, con altos contenidos de agua, favorece la amplificación de las ondas sísmicas.

Pero han pasado cuatro años del sismo y el Condominio Plaza Condesa sigue ahí. Un conjunto de obstáculos lo ha mantenido en pie. Está la pugna entre la empresa Condominio Plaza Condesa, S.A. de C.V., que posee el 98% de la propiedad, y dos dueñas de condominios que se han negado a desalojar y permitir la demolición, además de cuatro bares y un centro de espectáculos que se niegan a entregar los locales que arriendan. Por si fuera poco, el crimen organizado ejerce presión porque se opone a perder un territorio clave para la venta de droga en la colonia Condesa. Finalmente, está la omisión del gobierno de la Ciudad de México, que se niega a intervenir pese al mandato de la ley.

Esta es la historia de un edificio que sobrevivió al sismo de 1985 pero 32 años después, a causa de otro sismo, quedó herido de muerte.

Fotografía por Alejandra Crail.

Un edificio muerto que sigue en pie

La vista es espectacular. En un primer plano, se ve el follaje enorme, espeso y verde de los árboles del Parque España. Un poco más allá, se aprecia el norte de la Ciudad de México, con los altísimos edificios del Paseo de la Reforma; la Sierra de Guadalupe delimita el terreno y el cerro del Chiquihuite –recién desgajado– está al centro. El paisaje, bajo un cielo azul y nuboso, de este lunes de septiembre aminora el malestar de haber subido los trece niveles de un edificio que recibe a sus escasos visitantes con un letrero que reza: “Este inmueble es considerado de alto riesgo”.

Para llegar aquí hay que tomar un elevador que se tambalea mientras sube al piso nueve, el más cercano a la azotea, porque el cubo del elevador para los pisos superiores quedó dañado tras el sismo; luego hay que seguir por una escalera y brincar pedazos de muro, tabiques sueltos y varillas salidas, y avanzar entre los cambios de luz que continuamente entran por los huecos que el temblor dejó en las paredes.

Alejandro L., elemento de seguridad del condominio, está nervioso. No le gusta estar dentro de los edificios del complejo que ha custodiado los últimos veinte años. Le incomoda, en especial, éste, cuya entrada da a la avenida Nuevo León, porque fue la construcción que más se dañó en 2017. Los efectos del temblor se advierten en un cuarto construido en la azotea, que parece estar a punto de caer los trece pisos para aterrizar encima de la sala de conciertos; también se notan al mirar el horizonte, hacia ese paisaje que da al norte de la ciudad, porque la barda del edificio –se percibe a simple vista– está chueca.

Alejandro señala una barra de madera, tres cuartos de ella están amarrados a la orilla del edificio, y el resto, de unos ochenta centímetros de largo, están volando en el aire. De ahí sale un alambre que antes llegaba hasta la planta baja, en la avenida Nuevo León, pero el sismo del pasado 7 de septiembre la reventó. “Es la forma que tenemos nosotros de identificar si el edificio se ha inclinado más. Eso que queda volando en el aire es lo que se ha movido el edificio”, explica. Desde la azotea también se ve que el muro del edificio se ha ido acercando al de la sala de conciertos del Plaza Condesa, al grado de que uno de los contravientos tubulares –son estructuras metálicas que se colocaron para evitar que el muro de la sala se deforme– atravesó la pared del edificio de Nuevo León.

Del otro lado, en la edificación de Tamaulipas, el panorama no mejora. Hay fisuras en todos los muros y, más allá del desprendimiento de los acabados, se notan algunas columnas y trabes con deformaciones. Su separación respecto al edificio central, el que alberga la sala de conciertos, es casi nula en los pisos más altos; por ello, la autoridad advierte que hay riesgo de golpeteo cuando ocurran otros sismos.

En ambos casos, los pilotes de control –las estructuras que sostienen a un edificio y que permiten nivelarlo en caso de hundimiento, como las que se colocaron debajo de la Catedral Metropolitana en el Zócalo– se dislocaron, “por lo que actualmente no cumplen ninguna función estructural”. Entre 2009 y 2011 intentaron hacer ajustes para nivelar los edificios, pero nunca concluyeron los trabajos; así que para 2017 el daño fue irreversible: el 10% de los pilotes de control tienen daños severos en los cabezales. “El edificio está sostenido apenas con las uñas”, explica el representante legal del condominio, quien pidió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad.

Fotografía por Alejandra Crail.

Pese al riesgo, la fiesta sigue

Hay tres dictámenes, realizados en 2018, 2020 y 2021, que afirman que el edificio tiene una probabilidad alta de derrumbarse –cuyas copias tiene en su poder Gatopardo– y que avalan la decisión de demolerlo con urgencia. Desde que se hicieron, la empresa Condominios Plaza Condesa, asegura su representante legal, entregó copia de los documentos a los inquilinos y locatarios, y acordó no cobrarles renta a cambio de que, en cuanto fuera posible para ellos, abandonaran el inmueble.

“Nos dimos a la tarea de obtener financiamiento para el rescate de toda persona que pudiera tener derechos. Indemnizamos a diecisiete de diecinueve familias propietarias que aceptaron dejar el edificio, pero inesperadamente nos encontramos con personas que niegan el riesgo de colapso dictaminado por las autoridades, incluyendo a locatarios a quienes se les ha solicitado la devolución de los comercios sin ningún éxito y que, además, siguen operando en la clandestinidad”, explica en entrevista el representante de Condominios Plaza Condesa.

El Salón Bakachá, el restaurante Don Andrés, el bar Corner Rock y Prinze Club, en la planta baja del edificio en Nuevo León, con los números 73, 81 y 67, y en Tamaulipas 36, son los que desde 2018 se han negado a abandonar los locales. Aun con las restricciones por la pandemia de covid-19 y la suspensión de actividades que decretó la autoridad por el riesgo del edificio, siguen recibiendo clientes en horarios nocturnos.

En febrero de este año un grupo de clientes se enfrascó en una pelea con supuestos miembros del crimen organizado dentro de uno de esos establecimientos, se detonaron armas de fuego y tuvo que intervenir la policía; el local operaba clandestinamente, de modo que el desalojo tuvo que hacerse por la entrada a un estacionamiento. En junio, en el establecimiento de Nuevo León 73, narcomenudistas le dispararon a un joven durante una fiesta ilegal.

Algunos reportes periodísticos han asociado esos establecimientos con la venta de droga en la colonia Condesa, presuntamente controlada por integrantes de la Unión Tepito. Vecinos y trabajadores de los locales aseguran que su presencia es uno de los factores por los que no se concreta el cierre de los negocios, lo que retrasa el proceso de demolición del condominio.

Entre los locatarios que no han devuelto los inmuebles arrendados también está OCESA, que tuvo un contrato de arrendamiento para operar la sala de conciertos Plaza Condesa. Ha llevado a cabo más de 170 eventos después del sismo de 2017. “Nos está solicitando una indemnización. OCESA desconoce los dictámenes emitidos y se rehúsa a entregar el local. Es lamentable que una empresa reconocida públicamente actúe en contra de sus principios y contribuya a la situación de riesgo en la que está el inmueble”, señala el representante del condominio. Gatopardo solicitó una entrevista con OCESA, pero su encargado de atención a medios respondió que la empresa “no tiene nada que declarar”.

La sala de conciertos es un espacio indispensable para la industria musical: es la única sede de tamaño mediano adonde pueden venir grupos musicales de todo el mundo, bandas que no alcanzan a llenar espacios más grandes, como el Auditorio Nacional. Algunos músicos y el personal operativo aseguran que tras el sismo sí notaron daños dentro de la sala, que parecían superficiales y fueron corregidos por OCESA, aunque también detectaron que ciertas zonas eran muy vulnerables, incluido el escenario. “Sabíamos que el sismo había dejado daños y que el edificio estaba en riesgo pero, pues, es el pensamiento chilango de que es lo que hay, ¿cómo ibas a rechazar tocar en El Plaza?”, reflexiona un guitarrista que se presentó con su grupo en 2019.

Actualmente hay alrededor de siete juicios civiles y penales abiertos contra cinco locatarios y dos condóminos que impulsó la empresa que posee la mayor parte del inmueble. Esos conflictos entre privados han sido el pretexto que el gobierno de la Ciudad de México ha utilizado para no intervenir. “Un colapso del inmueble afectaría la vida o la propiedad de al menos quinientas personas en la manzana que conforman las calles de Tamaulipas, Nuevo León, Cadereyta y Juan Escutia, nos han comentado expertos. Aunque, en realidad, el daño podría ser incalculable”, asegura el representante de Condominios Plaza Condesa.

Fotografía por Alejandra Crail.

El silencio del gobierno de la CdMx

Un grupo de militares y elementos de protección civil marcan con cintas un perímetro seguro que pretende evitar que peatones y voluntarios se acerquen al edificio. Anuncian a través de megáfonos el riesgo de colapso del inmueble que, suponen, podría unirse a la lista del edificio de la esquina de Ámsterdam y Laredo, y el de Álvaro Obregón 286. Es 19 de septiembre de 2017 y un sismo acaba de dejar a varias partes de la Ciudad de México en ruinas, con un saldo inicial de más de 2,400 edificios dañados –el último censo determinó que en realidad fueron 24,581 viviendas afectadas.

Pero pasan los días y el temor baja.

Se difunde ampliamente que no hay riesgo de derrumbe, que apenas hay algunos daños en la fachada que provocaron que se acordonara la zona. OCESA dijo que sus inmuebles, incluyendo la sala de conciertos de este condominio, eran seguros, los eventos se reactivaron muy pronto y los bares también volvieron a abrir. “Era natural que los derrumbes se convirtieran en el principal centro de atención de las autoridades y los medios durante los siguientes meses. No fue hasta que el polvo se asentó que las autoridades giraron su atención en torno a los edificios dañados que presentaban importantes riesgos en caso de un nuevo sismo, entre ellos El Plaza”, explica el representante del edificio.

Un año después, el ISC emitió el primer dictamen que avala que el edificio tiene un alto riesgo de colapso. Algunos dueños tocaron la puerta de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México; era parte del proceso que debían seguir tras la revisión inicial del inmueble en 2017, cuando un director responsable de obra hizo una revisión superficial y determinó que la intervención no era urgente, pero sí era necesario un análisis a profundidad. Tras el dictamen que dio como única salida la demolición, la administración intentó obtener permiso para realizarla con recursos privados, pero encontró que algunos propietarios y arrendatarios de locales habían pedido al gobierno de la Ciudad de México que evitara esa posibilidad.

“El permiso de demolición tuvo que revocarse por el conflicto que permea ahí, que no han salido todos los vecinos. En tanto ellos no resuelvan este conflicto, nosotros no podemos autorizar la demolición”, detalla en entrevista Jabnely Maldonado Meza, titular de la Comisión para la Reconstrucción. Lo único que puede hacer, dice la comisionada, es acelerar los permisos de demolición cuando el conflicto privado quede resuelto, porque hay un “proyecto mayúsculo” que se planea para esa zona que no cabe en el programa de reconstrucción de la capital del país.

Si el edificio llega a ser demolido, la administración de éste junto con la empresa Artha Capital desarrollarán un proyecto inmobiliario en el terreno que ocupa el Condominio Plaza Condesa. Esa empresa ha desplegado proyectos inmobiliarios de alto impacto en la Ciudad de México, como la plaza Terrazas Arenal en Xochimilco, que despertó la defensa del territorio por parte de los habitantes de Tepepan debido a la falta de agua que la obra ocasionó en la comunidad, y Enjoy Revolución, un proyecto de usos mixtos con vistas hacia el Parque Alameda Tacubaya, con 250 departamentos y dos niveles de uso comercial.

La Alcaldía Cuauhtémoc, comandada por Néstor Núñez, recibió el 25 de agosto de 2020 un oficio del ISC –la única dependencia facultada para atender estos asuntos– que informaba sobre el riesgo de colapso del Condominio Plaza Condesa. Fernando Corzo, director de Protección Civil de la demarcación, explica que hicieron una revisión para corroborar el riesgo y lo confirmaron. “Nosotros estamos obligados a dar el aviso a las personas, les explicamos las condiciones para que tomen cartas en el asunto y procedimos a colocar los sellos que lo muestran como un inmueble de alto riesgo porque si nos toca un sismo como el de ayer (7 de septiembre), el riesgo de colapso es grande”, explica.

Fotografía por Alejandra Crail.

Así fue que en abril de este año –casi tres años después del primer dictamen– se clausuraron los bares y la sala de conciertos tuvo que dejar de operar. “Es un tema de responsabilidad social. Los propietarios, los comerciantes de ese inmueble, tuvieron que haber reaccionado y pedir ayuda al gobierno para la demolición o las obras necesarias. Nosotros sólo podemos exhortar a la evacuación, pero no podemos forzarlos a salir”, recalca el funcionario que ha visto cómo cuatro veces seguidas, tras colocar los sellos que alertan sobre el riesgo, los mismos locatarios los arrancan.

Al representante legal de la empresa que posee el 98% de la propiedad se le pregunta si teme, en caso de un derrumbe, que haya consecuencias penales en su contra, como sucedió con la directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, quien purga una pena de 31 años de prisión por el delito de homicidio culposo de 26 personas. “Por supuesto”, responde, “pero lo más importante son las vidas que se puedan perder y los daños que se puedan causar. Por eso gritamos a los cuatro vientos que el inmueble puede colapsar, hemos buscado a distintas autoridades para procurar su asistencia en el desalojo y demolición del edificio y evitar una tragedia. Tenemos todo documentado. Nuestra labor está hecha y seguimos insistiendo, lo que resta es que la autoridad actúe en consecuencia”.

La Constitución local establece que el gobierno puede demoler inmuebles cuando esté en riesgo la población. La Ley de Desarrollo Urbano, en su artículo 95, indica que una medida de seguridad es la demolición de construcciones en riesgo y que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) y la de Protección Civil deberán coordinarse para mitigar los peligros. Además, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en su artículo 254, faculta al gobierno de la ciudad para demoler una construcción peligrosa si el propietario no ha atendido el ordenamiento de la autoridad. Mientras que la Ley de Procedimiento Administrativo dice que incluso puede proceder una “ejecución forzosa” en los casos de riesgo a la seguridad pública, la integridad física y la salud de las personas: entonces “la autoridad competente procederá directamente a la ejecución de los trabajos”.

Sin embargo, el edificio sigue ahí. Gatopardo solicitó a la Secretaría de Protección Civil y a la Seduvi sus posturas ante el caso, pero dijeron que no tenían antecedentes y remitieron al ISC, el organismo que se encargó de hacer los dictámenes de riesgo de colapso. Éste, a su vez, remitió a la Secretaría de Obras que respondió: “No estamos autorizados para hablar del tema una vez que el dictamen se entregó a los propietarios”.

Entre dependencias que esconden la mano para no actuar, propietarios y locatarios que no llegan a un acuerdo y la presión del crimen organizado que no quiere soltar una zona con altos rendimientos económicos por la venta de droga, hay un edificio de trece niveles –abarca prácticamente una cuadra– con un riesgo alto de colapso y al menos quinientas personas vulnerables que todos los días coexisten con ese peligro.

Aquí pueden consultar la documentación detrás de esta investigación.