Debido a los accidentes en Pemex, ya se puede decir que la petrolera está teniendo un julio negro. A principios de mes —en específico, el día 7— se suscitó un incendio en las instalaciones que la empresa tiene en el mar de Campeche, donde al menos dos personas murieron y otra está desaparecida. Por si fuera poco, un derrame habría iniciado en la misma zona desde el 4 de julio, según advirtió un grupo de organizaciones ambientalistas. En realidad, sería más preciso decir que no se trata de un mes difícil, sino de un par de años muy complicados en materia de seguridad industrial, porque los accidentes van en aumento, tanto en frecuencia como en gravedad.

La gráfica anterior muestra el crecimiento de dos índices: el de frecuencia mide los accidentes en Pemex que ocurren por cada millón de horas trabajadas; el de gravedad, los días perdidos respecto a la misma unidad. Como se ve, ambos han crecido bastante entre 2022 y 2023.

Nunca sobra hacer explícito lo siguiente: los derrames petroleros, los incendios y cualquier accidente en Pemex representan, antes que nada, un riesgo para sus trabajadores. En cualquier empresa, pero todavía más en una de carácter público, lo más valioso son los empleados y su seguridad debe ser la prioridad más alta —cuando así es, las compañías gastan en mantener y conservar sus instalaciones. A la vez, los accidentes en Pemex implican un riesgo para sus activos. Por lo tanto, el aumento sostenido en los índices de frecuencia y gravedad es una pésima noticia tanto para los trabajadores como para el gobierno, y para todas las personas que contribuimos con nuestros impuestos a financiar a la petrolera nacional.

Eso no es todo, la empresa vive una gran paradoja: aumentan los índices relacionados con los accidentes en Pemex, a pesar de que también ha crecido su gasto en mantenimiento. Así lo muestran sus estados financieros dictaminados, una fuente de información más confiable que la del presupuesto de egresos de la federación (PEF) por dos motivos: primero, porque son gastos ejecutados, no planeados; segundo, porque la misma empresa los consolida y los reporta con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, para que puedan ser auditados de forma externa —cumplir con esto es necesario para que la empresa pueda, por ejemplo, acceder al financiamiento internacional—. El PEF, en este caso, no es una fuente de información tan precisa, pues resulta más complicado agrupar todos los datos que deben etiquetarse como mantenimiento —tanto por la estructura del presupuesto como por lo que Pemex considera como mantenimiento—. Así, lo que se verá a continuación difiere sustancialmente, en términos de montos, de diversas notas publicadas en días pasados.

Con estos datos, se puede ver que el gasto en mantenimiento de Pemex se incrementó en 61% entre 2018 y 2022 (alrededor de 31% en términos reales). Para dimensionarlo, los 78 mil millones de pesos reportados para 2022 equivalen al presupuesto total de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

¿Por qué crece el gasto en mantenimiento y conservación, pero aumentan los accidentes en Pemex? Esta paradoja se suma a otra de carácter más general, que comenté en Gatopardo hace unos meses: los cuantiosos recursos que el gobierno federal está utilizando para “rescatar” a Pemex tampoco se han traducido en una mejor situación financiera para la empresa. Una respuesta posible —como sugerí entonces— es que los recursos se enfocan en producir más petróleo, en lugar de orientarse a cumplir su mandato: generar valor, es decir, se maximizan las ventas, en lugar de maximizar las utilidades que sirvan a la empresa y generen más recursos fiscales para el gobierno.

La conducción que ha tenido la empresa en este sexenio y sus resultados tan poco alentadores no se han quedado sin respuesta en los mercados internacionales. El 14 de julio de este año, la agencia Fitch Ratings degradó su calificación para la petrolera mexicana. Entre los argumentos sobre por qué lo hizo, destaca el balance general: la empresa tiene un total de 95 mil millones de dólares más de pasivos que de activos. Fitch Ratings también consideró el tamaño y la estructura de la deuda de Pemex, pues sigue teniendo muchas obligaciones que debe cumplir en el corto plazo: debe pagar 25 mil millones de dólares tan solo en 2023.

Además, la agencia tomó en cuenta la presión que la petrolera representa para las finanzas públicas, pues estima que el gobierno de México podría recibir 20 mil millones de dólares menos de los que le aporta a la empresa, en un horizonte de cinco años. Finalmente, la situación operativa —el motivo principal de esta columna— refleja preocupaciones en términos de inversión y mantenimiento en activos clave, lo que se aprecia en los incendios y accidentes en Pemex.

Pero es evidente, a estas alturas del sexenio, que no habrá ningún cambio en el manejo de Pemex, y mucho menos en los objetivos que se persiguen o en las apuestas que el gobierno hace con los recursos de todos los mexicanos. No es difícil imaginar que las condiciones financieras y operativas se deteriorarán aún más o, por lo menos, permanecerán como hasta ahora.

Así las cosas, el siguiente presidente o presidenta tendrá un desafío enorme porque Pemex creará una presión cada vez más grande en las finanzas públicas, junto con las pensiones y el costo de la deuda pública. Ya veremos si más allá de los dimes y diretes de las y los candidatos, de sus chistes que no dan risa, de sus videos haciendo tortillas, nuestra clase política tiene algo que ofrecer para solucionar los problemas, tan complejos como añejos, para realmente hacer viable el futuro de México.

Mientras tanto, en paralelo a las campañas, las organizaciones ambientales que emitieron el boletín advirtieron que el derrame petrolero de Pemex se extendía en un área de 400 kilómetros cuadrados hacia el 12 de julio: es un poco más del doble del territorio que ocupa el municipio de Guadalajara (no de la ciudad, como indica el desplegado). En respuesta a la presión mediática, Pemex publicó un comunicado: asegura que el derrame fue de 0.06 kilómetros cuadrados y que el crudo derramado se recuperó casi de inmediato. Como si fuera una persona indignada —y no lo que es realmente, una empresa fundamental para la construcción del Estado mexicano—, Pemex “hace un llamado a estos medios de comunicación que desinforman a la opinión pública a conducirse de manera ética y apegados a la verdad” (sic).

Ante la discordancia entre las cifras, es Pemex la que tiene que aclarar detalladamente el origen, las dimensiones y los remedios del más reciente derrame. Pemex también debe aclarar por qué no hizo del conocimiento público esta situación, sino que se limitó a alertar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina. Un derrame petrolero es un asunto de interés público, porque las afectaciones al medio ambiente lo son y, reitero, porque los accidentes en Pemex representan un riesgo para los trabajadores.

Mi sincero agradecimiento para Diego Díaz, por su apoyo en la consulta de información y elaboración de los apoyos visuales.

Jesús Carrillo Castillo es director de Economía Sostenible en el IMCO. Antes hizo análisis estadístico y económico en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Da clases de asignatura en El Colegio de México, donde cursó la maestría y el doctorado en Economía.