La demanda vecinal de orden en la colonia Polanco implica que 140 personas pierdan sus herramientas de trabajo y, por lo tanto, su fuente de ingreso, lo que afectará a ellas y a sus dependientes económicos. ¿Cuál es el bien mayor que justifica estos efectos?
Algo no hizo sentido cuando un funcionario público de la alcaldía Miguel Hidalgo presentó, como triunfo de la legalidad, la imagen de más de cien triciclos apilados en un patio, que son utilizados por ambulantes para la venta de alimentos en la vía pública. Parecía la noticia del aseguramiento de objetos para la comisión de un delito o como si una amenaza a la integridad de la comunidad se hubiera desactivado gracias a la intervención.
El anuncio, que se hizo a través de la cuenta de Twitter del director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía, Hegel Cortés, fue el siguiente:
"Durante el recorrido por el almacén de Vía Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en Polanco y Granada, posteriormente se procede a su destrucción".
Como consecuencia, 140 personas perdieron en automático su herramienta para generar ingresos, justo cuando el país se dirige —de acuerdo con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera— , a “la crisis (económica) más fuerte desde 1932”. No sabemos quiénes son, probablemente viven en la periferia de la Ciudad de México y se trasladan diario a la capital del país para trabajar en el comercio informal. Lo cierto es que 140 personas se quedaron sin ingreso al igual que un número indeterminado adicional, considerando a sus dependientes económicos menores de edad, jóvenes y adultos.
Pronto se supo el origen del “logro”: grupos de vecinos de dichas colonias —cabe mencionar que se trata de una de las alcaldías donde se concentra la población con ingresos más altos de la ciudad— se quejaron de la presencia de los comerciantes en las calles, al considerar que ponían en riesgo la salud pública y la protección civil. Entonces, la autoridad local, con inusual diligencia, procedió a su retiro.
De inmediato se acumuló el rechazo compartido de miles de personas. Se publicaron más de 5 mil comentarios en el mismo medio en el que la autoridad de la alcaldía anunció la medida. En horas posteriores, la autoridad reculó parcialmente: ofrecieron empleos a las personas afectadas “en diferentes empresas y la Guardia Nacional”.
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Menos de una semana después, a finales de agosto, intervenciones similares de la autoridad en la Ciudad de México se hicieron visibles por privar de sus medios de subsistencia a dos personas más dedicadas al comercio ambulante. Primero fue Marven, vendedora de tacos de canasta proveniente de Oaxaca, y luego una vendedora de hierbas de la tercera edad, ambos casos en el Centro Histórico.
En los primeros días de septiembre se sumó al menos otro incidente en la estación Polanco del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los casos siguen acumulándose y la mayoría, muy probablemente, no llegará a conocerse públicamente. Esto, no hay que olvidar, en el peor momento para la economía desde hace un siglo.
Con estos antecedentes, el objetivo de este texto es, por un lado, reconocerle a la ciudadanía algo que no debe pasar de largo: la capacidad de discernir cuando un acto de la autoridad ante una conducta identificada por ésta como una infracción (en estos casos, obstruir la vía pública o vender en el metro sin permiso) es desproporcionado y, por tanto, injusto.
Este acto de razón, ese “algo no hace sentido aquí” o “no se vale”, que se acompañó de empatía, surgió de manera desinteresada. Es decir, no provino del grupo afectado por la medida. Y esta reacción contrasta con los ánimos punitivos que aprovechan casi cada año partidos y legisladores oportunistas cuando promueven reformas constitucionales a favor de medidas como el abuso de la prisión preventiva, con la que se encarcela a personas que no han recibido una sentencia condenatoria, o de la pena de muerte.
Este análisis es también una invitación a pasar por una mirada crítica las sanciones que impone la autoridad ante conductas que el Poder Legislativo ha clasificado como infracciones o delitos. Criminólogos como Michael Tonry sugieren en este sentido que las leyes y políticas públicas deben resultar de “los esfuerzos más honestos para lograr el beneficio público mayor al menor costo humano”. El ordenamiento del comercio en la vía pública debe procurarse, sí, pero por medios que no impliquen privar del ingreso a personas en situación de vulnerabilidad, o considerando medidas de mitigación para estos efectos negativos.
Bajo esta óptica, y tomando como ejemplo el episodio de los triciclos, el planteamiento del problema sería el siguiente, y puede ajustarse a muchas otras disyuntivas en la aplicación de las normas:
La demanda vecinal de orden en la colonia Polanco implica que 140 personas pierdan sus herramientas de trabajo y, por lo tanto, su fuente de ingreso, lo que afectará a ellas y a sus dependientes económicos. ¿Cuál es el bien mayor que justifica estos efectos?
Sirva como parámetro lo que de acuerdo con Tonry es un criterio que se aplica en Finlandia: "la política criminal debe tener en cuenta todos los costos del crimen, incluyendo el de hacer cumplir la ley". Lo que se refiere no solo a los costos económicos del crimen y del sistema de justicia penal, sino también los costos tangibles e intangibles que padecerán los infractores a consecuencia de la sanción.
En estos y otros casos similares necesitamos que quienes toman decisiones en nuestras ciudades consideren enfoques más equilibrados y sí más justos. Las normas pueden no serlo y los episodios recientes contra vendedoras y vendedores ambulantes son una muestra de que podemos distinguirlo. Esto último, por sí solo, hay que celebrarlo.
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