Con nueve votos a favor y dos en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el proceso fast track que llevó a la aprobación del Plan B de la reforma electoral presentada por AMLO. Esto se debe a que la reforma no pasó por comisiones y no tuvo un dictamen, además de que los diputados no tuvieron el tiempo suficiente para leerla. Entre los puntos más controversiales que proponía el Plan B estaba, entre otras cosas, que el presidente y los servidores públicos en funciones pudieran realizar propaganda gubernamental durante los procesos electorales, bajo protección del derecho a la libertad de expresión. 

En este episodio de Semanario Gatopardo analizamos las consecuencias que podría tener esta tensión entre poderes en lo que resta del sexenio, acompañados de tres expertos en el tema: Víctor Alarcón Olguín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y un gran experto en procesos electorales; Leslie Jiménez Urzúa, especialista en Derecho Penal por la UNAM y coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero; y Tito Garza Onofre, maestro en estudios avanzados en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.