Las investigaciones más recientes muestran que la orfandad tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo y la movilidad social de las niñas, niños y jóvenes. Hasta ahora el gobierno federal no ha diseñado un programa específico para los huérfanos que está dejando el covid.
Más de 140 mil niñas, niños y jóvenes son huérfanos a causa del covid en México, según una estimación hasta abril de 2021, publicada recientemente en The Lancet. Es enorme el costo social de los fallecimientos de madres, padres y cuidadores principales –con frecuencia, abuelas y abuelos–, pero lo es más aún para sus hijas e hijos, quienes se enfrentan inesperadamente a una situación que marcará sus vidas. Si el Estado mexicano no los atiende de manera anticipada e integral, la orfandad podría convertirse en una barrera insalvable para su desarrollo y sus opciones de movilidad social, es decir, podría reducir la posibilidad de que mantengan o superen, al ser adultos, el ingreso de sus padres. Los huérfanos de estos años podrían ser los adultos que padezcan de pobreza en el futuro.
Los estudios académicos confirman las nociones que tenemos acerca de la orfandad. Por ejemplo, una investigación sobre Canadá, un país que tiene un Estado de bienestar consolidado, encontró el siguiente efecto negativo: en la adultez, los huérfanos alcanzaron un nivel menor de ingreso en comparación con quienes no perdieron a uno de sus padres en la infancia.[1] Pero también hay acontecimientos que provocan la orfandad de muchos menores de edad. Al respecto, un estudio sobre el tsunami de 2004 en Indonesia identificó que las peores consecuencias ocurren entre quienes perdieron ambos padres. Los huérfanos de mayor edad cursan menos años de escuela y se insertan más pronto en el mercado laboral. Sucede algo parecido con las huérfanas de mayor edad: se incrementan sus obligaciones de trabajo doméstico. Parece, entonces, que se encargan de cubrir la ausencia inesperada de los adultos.[2]
A pesar de la evidencia que acabo de mencionar, la atención gubernamental en México para las y los huérfanos que está dejando el covid no acaba de definirse. Los esfuerzos originales de planeación para hacer frente a la pandemia no contemplaron esta situación, pues se concentraban más en proteger la salud de las propias niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a la composición de muertes por grupos de edad, el problema de la orfandad tiene visos de convertirse en uno de los más significativos de la pandemia.
En cuanto a las acciones públicas específicas que ha puesto en marcha el gobierno federal, en noviembre pasado la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia suscribieron un acuerdo para que las y los huérfanos de la pandemia tengan acceso prioritario a las Becas Benito Juárez. Este tipo de atención es necesaria, pero hay que preguntarse si un programa pensado para un contexto distinto será suficiente. Los resultados del estudio sobre el tsunami de Indonesia, como ya expuse, muestran que es más probable que los más grandes asuman la responsabilidad del cuidado y la provisión de ingreso. Sus necesidades no alcanzarán a cubrirse con los ochocientos pesos mensuales de la Beca Benito Juárez. Un mejor programa no sólo consideraría el monto de la transferencia, sino también que la educación a distancia y los efectos económicos de la pandemia han colocado a muchas y muchos ante la disyuntiva entre seguir estudiando o abandonar la escuela.
El esfuerzo de las personas debe corresponder con sus logros, ésta es una idea frecuente para definir lo “justo”; sin embargo, no todas y todos nacemos y enfrentamos situaciones similares. John Roemer, el principal exponente del enfoque de la igualdad de oportunidades, distingue entre el esfuerzo y las circunstancias como fuentes de las diferencias en los logros de las personas. Me detengo en las circunstancias porque las personas no tienen control sobre ellas y, por lo tanto, no son responsables, por ejemplo, de perder a sus padres debido a la pandemia. Ésa es una circunstancia que está fuera del control de niñas, niños y jóvenes y, por ello, deben ser atendidos de tal manera que sus opciones de desarrollo y movilidad social no queden truncas.
El Estado mexicano, además, tiene la obligación legal de garantizar el ejercicio de sus derechos. La ley general de las niñas, niños y adolescentes es clara: el Estado debe generar condiciones de igualdad sustantiva –de oportunidad y trato– para este grupo. Además, la misma ley establece su prioridad frente a los adultos, en particular, en situaciones en las que ameritan protección, así como en el diseño y la implementación de políticas públicas. No hay que olvidar, como dice el profesor Roemer, que la sociedad que busque una igualdad “justa” compensará cada desventaja creada por las circunstancias; en este caso, la orfandad que resultó de la pandemia.
Roberto Vélez Grajales es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Twitter: @robertovelezg
[1] Miles Corak, “Death and Divorce: The Long-Term Consequences of Parental Loss on Adolescents”, Journal of Labor Economics, vol. 19, núm. 3, julio de 2001, pp. 682–715.
[2] Ava Cas, Elizabeth Frankenberg, Wayan Suriastini y Duncan Thomas, “The Impact of Parental Death on Child Well-being: Evidence From the Indian Ocean Tsunami”, Demography, vol. 51, núm. 2, 2014, pp. 437–457.
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