La reciente detención del exprocurador de Justicia Jesús Murillo Karam nos obliga revisar uno de los casos de desaparición que más han sacudido la historia reciente de México.  En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hace casi ocho años, un enfrentamiento entre policías guerrerenses con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejó un saldo de seis muertos, veinticinco heridos y 43 desaparecidos. Hoy sabemos que se encontraron restos óseos de tres de ellos, pero a pesar del descontento social y la incansable búsqueda de sus familiares, aún no hay datos de los demás.

El nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, prometió brindar justicia al caso mediante la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que en su último informe, publicado el miércoles 17 de agosto por medio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, evidenció que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.

Dos días después fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam, uno de los artífices de la llamada “verdad histórica”, que en 2014 pretendió darle un cierre definitivo al caso, argumentando que los estudiantes de la Normal planeaban boicotear un acto de campaña de la esposa del alcalde de Iguala y que, para evitarlo, los policías los detuvieron y se los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató, incineró y lanzó los restos al río San Juan.

Hoy se sabe que todo esto fue un montaje que involucró tortura, corrupción, manipulación del basurero de Cocula y hasta el rol de un militar infiltrado en la Normal de Ayotzinapa que terminó desaparecido, al igual que resto de los jóvenes.

“¿Qué pasó entonces si no pasó eso que decían Murillo y Zerón? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que llevaron un grupo de entre 10 y 15 personas de cada uno de los escenarios a la zona del noroeste de Iguala y a partir de ahí, lo que dice el informe de la Comisión es que los matan a prácticamente todos”, dice Pablo Ferri, periodista de El País, quien ha cubierto el caso desde su origen. El informe evidencia además, que la participación de la policía y el Ejército fue mucho más directa y determinante de lo que se planteó en la versión original.

A raíz de esta información se anunciaron 83 órdenes de aprehensión, veinte de ellas en contra de militares, además de policías locales y estatales, autoridades judiciales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Pero a pesar de todo, sobre la viabilidad del caso contra el exprocurador, a quien se acusa de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, hay muchas dudas.

¿Se trata la detención de Murillo Karam de un asunto político o realmente tiene un trasfondo jurídico sólido? Y la pregunta más importante: ¿cuándo sabremos por fin qué pasó con los estudiantes?

“En el caso Ayotzinapa, lo primero que hay que decir es que hasta el momento no hay persona alguna sentenciada por los hechos, al contrario, se han dictado sentencias absolutorias y se han liberado a muchísimas personas”, explica Luis Eliud Tapia, abogado del Washington College of Law y consultor en Fair Trials, quien además trabajó en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh).

En Semanario Gatopardo revisamos el caso de la mano de estos dos expertos, Pablo Ferri y Luis Tapia, pero además, como cada semana, te decimos cuáles son los temas más relevantes del momento:

• Tormentas en el noroeste del país causan muertes.
• Asesinan a los periodistas Fredid Román Román y Cándida Vázquez.
• La SCJN votará por dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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