Los 96 kilómetros bordean el río Atrato desde que es una quebrada que se puede cruzar de piedra en piedra, sin tocar el agua, hasta que se convierte en el ancho y caudaloso afluente que determina todo en el Chocó. La cultura, el transporte, la economía. En algunas partes, el borde de la vía se desliza como una hondonada plácida hasta la orilla del cauce; en otras, es un corte rocalloso y perpendicular sobre un abismo de hasta sesenta metros de hondura.

A comienzos de 2009, un bus de servicio público cayó al fondo del cañón. Murieron más de treinta personas. Que una avalancha de rocas lo había sacado de la carretera, dijeron al principio. Que el bus venía con sobrecupo, agregaron luego. Que el pésimo estado de la trocha había causado el accidente, se defendió la empresa transportadora. Lo cierto es que desde que se abrió esta ruta, ningún gobierno ha sido capaz de pavimentarla.

La trocha está dividida por sectores bautizados con el número del campamento de obreros que la abrieron con machete y dinamita a comienzos del siglo xx. Desde el Uno —apenas rebasado el límite con Antioquia— hasta el Veintiuno —antes de tocar Quibdó, la capital del Chocó—. Su enumeración ascendente puede traducir la transformación del paisaje: en los diez primeros, cafetales y platanales cuadriculan las encumbradas faldas de las montañas. A partir del Once, el verde oscuro hoja de café pierde intensidad hasta clarear como verde pálido pastal de ganado. Y aunque no hay avisos que anuncien cosas como “el Doce” o “Aquí empieza el Quince”, los lugareños distinguen cuándo empieza y termina cada sector. Una quebrada, un árbol, una curva del trazado o una casa pueden ser marcas informativas.

En todos o en casi todos hay rastros de la guerra. Del Cinco, llamado La Mansa, los campesinos narran violaciones de Derechos Humanos por parte del Ejército. Del Siete, sus habitantes describen retenes guerrilleros donde han secuestrado, extorsionado y reclutado menores de edad. En el Diez, todavía quedan en pie vestigios de viviendas quemadas por paramilitares. En el Doce y el Dieciocho, los viajeros pueden imaginar cruces por cada asesinato ocurrido.

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A lo largo de estos cinco meses, entonces, nuestro trabajo consistiría en visitar varias de las zonas más fustigadas por la guerra, escuchar a las víctimas, entender las dinámicas de los territorios y producir el material periodístico. El primer destino, señalado por mi editora, fue El Carmen de Atrato.

Habitado por unos 13 500 habitantes, este pueblo está situado en lo profundo de los Andes colombianos, cuando ya las cordilleras Occidental y Central parecen una sola cadena de nevados, páramos y cañones que se acuestan luego en los valles de los ríos Cauca y Magdalena. Edificado en la inclinación más suave y baja de una pendiente montañosa de casi noventa grados, las casas más antiguas fueron levantadas con los materiales típicos de la arquitectura que abundó en el sur de Antioquia durante el siglo xix: teja de barro, paredes de bahareque, puertas y ventanas de madera, chambranas y chapas de hierro.

Federico y yo nos alojamos en una de estas casas, situada a una cuadra del parque central. No era exactamente un hotel. Era una vivienda familiar adecuada para recibir viajeros ocasionales, atendida por una amable abuela conocida como doña Lili. Luego de instalarme en la habitación, reparé en el grueso de las paredes del interior, en el cielo raso a casi tres metros de altura y en el largo corredor entre la puerta de entrada y la cocina.

—Es una casa de las de antes —acotó doña Lili. Canosa, me miraba con unos ojos achatados y alegres. Le dije que parecía una casa decimonónica del sur de Antioquia.

—¡Ah, sí! Es que acá somos más de allá. Yo me siento más antioqueña que chocoana.

En los días sucesivos entendí que doña Lili no era la única. En general, los carmeleños hablan en un acendrado acento paisa, sirven fríjoles paisas a la mañana, al mediodía y a la noche, y beben el aguardiente de Antioquia. Si bien no era del todo sorprendente, este rasgo sí me resultó inesperado porque desvirtuaba el estereotipo. En este país equiparamos al Chocó con África porque sus habitantes son de raza negra y pobres. Pero El Carmen de Atrato ni es un lugar de clima tropical en el que uno pueda contagiarse de paludismo, ni sus habitantes son afro. El clima es tan frío como el de una población edificada al borde de la línea de páramos y la raza de sus pobladores es mestiza.

Federico y yo salimos a dar una vuelta y a buscar comida. Doña Lili nos ofreció llaves en caso de que fuéramos a llegar muy tarde. No eran las nueve, apenas saludaba la noche de jueves y el pueblo empezaba a dormir; los negocios ya apagaban las luces.

Aquella ascendencia del departamento vecino se me hizo más clara cuando me paré en la mitad del parque central. Como en los pueblos antioqueños de montaña, este parque había sido alzado sobre una pendiente que no se preocuparon por aplanar. La Iglesia Católica, con la parroquia y la casa cural, se erguía sobre el costado más empinado, a manera de panóptico, como si desde lo alto quisieran controlar con ojo vigilante el movimiento del Carmen. Alcaldía, Concejo y banco se repartían una calle lateral. Bares, tabernas, restaurantes, billares, panaderías, droguerías, licoreras ocupaban el resto de locales.

A la mañana siguiente, viernes, Federico y yo salimos rumbo al sector del Once. Nuestro destino final era el resguardo indígena de La Puria. Las familias Emberá Katío de esta comunidad habían retornado hacía menos de un año, luego de haber permanecido como desplazadas en Medellín. El encargo de mi editora consistía en contar las razones del desplazamiento, el suplicio que los indígenas soportaron en esa ciudad y el proceso del retorno a su resguardo.

Nuestra guía era una risueña antropóloga llamada Julia Marín Bedoya. De unos 50 años, trabajaba con comunidades indígenas y la Alcaldía de Medellín. Indigenista, conocía al milímetro la situación en que se encontraban los grupos aborígenes de Antioquia y no pocos del Chocó. Menuda y de poca estatura, piel trigueña, vestía ropa para trabajo de campo: botas flexibles, pantalón de secado rápido, camiseta, chaleco explorador y una pañoleta con la que se cubría el pelo.

Julia disponía de dos camionetas doble cabina con platón que se encontraban estacionadas en una bocacalle del parque. Los conductores comían buñuelos calientes. En una iríamos los tres; la otra llevaría materiales de construcción, insumos agrícolas para la comunidad y víveres para quienes apoyaban a Julia en el proceso y que permanecían semanas enteras dentro del resguardo. Eran las seis de la mañana pasaditas, la niebla caminaba paciente por entre las esquinas y ocultaba las montañas que rodeaban el pueblo. Parecía que ese amanecer gris azulado podía atraparse con las manos o comérselo a dentelladas.

Justo antes de arrancar, Julia nos explicó que este caso de retorno era el más representativo hasta el momento en el país, porque incluía el restablecimiento de derechos de las víctimas y la reparación del daño. Sin exagerar, podía ser tomado como ejemplo para intentar más retornos colectivos de desplazados en otras zonas igual de críticas.

—Ha sido un proceso permanente. Esta población no le creía al Estado, no le creía a los gobiernos. Y nos ganamos su confianza —dijo.

El trayecto hasta el Once fue un recorrido de dos horas en el que cada cuatro o cinco kilómetros pasábamos sobre ríos y cañadas en cuyas orillas había personas en ambiente festivo, con el radio encendido y saludando con chiflidos el paso de las camionetas. Al principio y por temprano que fuera, parecía gente disfrutando de un paseo familiar. La imagen se repetía en cada río, en cada cañada. En uno de esos pasos, el conductor debió reducir la velocidad para sortear las rocas y el pantano de un lecho de agua que mojaba la trocha. Fue allí donde pude mirar con detenimiento. No estaban de paseo; los indígenas habían madrugado a buscar pepitas de oro en la arena usando el más antiguo de los mecanismos artesanales: poner a girar el sedimento en una batea para que la fuerza centrífuga expulse las partículas más livianas hacia los extremos y mantenga las más pesadas en el centro donde, si hay suerte, debe resplandecer el oro. Técnica conocida como “barequear”.

Siguiendo con su explicación, Julia nos contó que a lo largo de 2012 ya era muy notoria la presencia de indígenas pauperizados en Medellín, con la ropa cada vez más sucia y ajada, buscando comida en la basura, pidiendo limosna y durmiendo en los andenes.

Julia y su equipo detectaron que muchos de ellos, tras varias noches a la intemperie, se enteraban de que existían unos centros de atención en los que recibían ayuda inmediata básica: comida, ropa, techo y algo de dinero en efectivo. También los instruían sobre la vida en la ciudad y les daban charlas de motivación para que planearan regresar a sus lugares de origen.

Si las familias optaban por volver a La Puria, Julia y su equipo debían trabajar en dos frentes: una parte del equipo, dentro del resguardo, ganándose la confianza de la comunidad y diagnosticando cómo podían ayudarles a recuperar la tierra abandonada, levantar casas caídas y la vida en general. La otra parte debía involucrar a las autoridades del Chocó.

—Era decirles que si estas familias iban a regresar al territorio, ellos debían asumir el reto de llevarles salud y educación. Mientras que nosotros les íbamos a ayudar a recuperar el uso de la tierra.

Las camionetas se detuvieron cuando llegamos al Once. La parada fue junto a una casa en la que vendían comida y bebidas. Ahí nos estaban esperando unos diez integrantes de la Guardia Indígena con sus bastones de mando y chalecos azul marino con insignias distintivas. Nos habían traído tres burros para que hiciéramos el trayecto que restaba: un camino de herradura que se desprendía desde el solar de esa casa.

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El resguardo Emberá Katío de La Puria comprende unas 6 000 hectáreas. En su centro poblado hay unas setenta casas de estilo uniforme alzadas sobre palafitos de madera con piso y paredes en tabla rústica y techos de hoja metálica. Sin puertas, cada casa no tiene más de tres divisiones: un porche que ocupa la mitad de la edificación y dos habitaciones pequeñas. Una casa por familia y hay familias que pueden ser de más de diez: papá, mamá, hijos, hijos de los hijos, primos, sobrinos. Ninguna, con plafones ni tomacorrientes ni grifos ni baño. La comunidad no cuenta con acueducto ni conexión eléctrica.

En YouTube hay un video en el que un helicóptero militar despega desde la cancha de fútbol del Carmen de Atrato, con dirección a La Puria, cargando una planta de energía de 1 300 kilos —el peso de un automóvil mediano—. El video, aparentemente producido por alguien de la tropa, dice que “habrá luz por primera vez en La Puria”. Se ve la planta sobre un tapiz de montañas y cañones selváticos. Luego dice, sin mostrarlo, que la planta fue dejada en la cancha de fútbol del resguardo. En los pueblos montañosos de este país, las canchas de fútbol son el único espacio suficientemente plano para servir de helipuerto, epicentro de ceremonias, fiestas campales y, por supuesto, matanzas campales. Lo que no dice el video es cómo hicieron los indígenas para mover 1 300 kilos desde ese punto hasta la maloca en la que pusieron la planta bajo techo. Además, nada de aquello significó la llegada de la luz eléctrica a La Puria. La comunidad no ha encendido la planta una noche completa porque nunca ha tenido dinero para comprar el combustible necesario.

El camino desde el Once hasta La Puria lo hice sobre un burro más bien autónomo, por no decir mal domesticado. Federico prefirió irse a pie.

—Evito la frustración del fotógrafo que trabaja desde el lomo de un caballo —me respondió luego de que le ofreciera mi burro a mitad del trayecto. No entendí de qué frustración me hablaba—. Es la de ver una foto que hay que tomar y para la cual hay que acercarse o agacharse, mirar desde varios ángulos. Y mientras uno se baja del caballo y vuelve a ubicarla, la foto ya no existe más.

Fueron tres horas por un sendero estrecho en el que casi siempre anduvimos en fila india. Primero, descolgadas por laderas casi perpendiculares de tierra roja. Luego, repetidas subidas y bajadas sobre un paso de piedra en la cornisa de la montaña. Por último, una explanada de hierba alta con trampas de barro que succionaban cada pisada hasta la rodilla. Pasamos cinco puentes colgantes, todos con pilotes mustios, tensores enmohecidos y piso de maderas añosas. El último de ellos, necesario para superar el río Grande —que en ese punto es brioso y de unos quince metros de ancho—, estaba tan deteriorado que lo cruzamos a pie. Un hombre de la Guardia guio las bestias para que atravesaran el río por una parte menos honda.

Llegamos a mediodía. El sol saludaba quemante. Fuimos recibidos por integrantes del cabildo y por el alcalde del Carmen de Atrato. Los indígenas vestían atuendos de ciudad: yines, camisas de puño y zapatos de calle, algunos con tenis y otros con botas de caucho. Varios lucían accesorios de su cultura como collares de chaquiras en colores vistosos y uno que otro combinaba una pulsera tradicional con un reloj urbano. Se veían muy jóvenes: ninguno tenía canas ni arrugas de tercera edad. El alcalde vestía botas pantaneras, camisa ligera remangada a la altura de los codos, yines y sombrero campesino. Se llamaba Alexander Echavarría Agudelo y tenía 40 años. Se expresaba en un claro acento paisa de buena dicción. Era de piel morena, estatura promedio y rostro cuadrado.

No era común que ni éste ni los anteriores alcaldes visitaran La Puria. Una de las quejas de los líderes de la comunidad era, precisamente, sobre el abandono estatal. Echavarría Agudelo se nos había anticipado dos días, quizás, para realizar arreglos de último momento antes de que llegara “la prensa de Bogotá”.

Era explicable: durante los días previos a este viaje revisé en internet artículos que se refirieran al Carmen de Atrato y a La Puria. Con excepción de los que informaban sobre el retorno de estos Emberá Katío, todos dejaban un acre sabor de desolación: masacres, desplazamientos, guerrillas, paramilitares. Así que la actitud del alcalde, el haberse anticipado a nuestra llegada, podía leerse como un intento por resolver cosas de último momento que pudieran reflejar una cara más amable del pueblo que gobernaba.

La comunidad preparaba un sancocho de cerdo en un fogón de leña. Nos querían dar la bienvenida con un almuerzo abundante y especial. Mientras estaba listo nos llevaron a una caseta embaldosada y con vigas de concreto dispuesta para reuniones y visitas. En las columnas se leían los nombres de los indígenas que la habían construido y, debajo, el de sus esposas.

—Fue una manera de empezar a mostrarles que sus mujeres también son importantes —me tradujo Julia.

En las paredes colgaban fotos de la comunidad junto a un retrato ampliado de Enrique Arce, un emberá que a comienzos de los años ochenta lideró un convite para recuperar una mina de oro que había sido usurpada del territorio ancestral por mestizos antioqueños. En 1983, Arce fue asesinado por la policía, crimen nunca resuelto. Para honrar su memoria, La Puria bautizó a la Guardia con su nombre.

Líderes, alcalde, Julia, Federico y yo nos sentamos en círculo. Unas diez personas. Luis Eduardo Arce, miembro del cabildo, comenzó a explicar que el asedio por parte de los grupos armados inició en el año 2000. Hasta que en 2002 los paramilitares cometieron el primer asesinato. La víctima: un joven dueño de una tienda dentro del resguardo. Una tarde en que regresaba a su casa luego de haber mercado para aprovisionar el negocio, dos motos alcanzaron el bus en que iba, lo hicieron detener, los paramilitares se subieron, señalaron al joven, lo obligaron a que se bajara y, delante de la gente, lo acribillaron a quemarropa. Lo inculpaban de usar la tienda para suministrar víveres a la guerrilla.

—Los paramilitares mataban sólo por sospecha —dijo Arce, en un español empedrado.

En los años siguientes aumentaron los combates entre el ejército y las guerrillas y se intensificó el asedio contra los Emberá. Gota a gota, ochenta familias salieron desplazadas.

Un indígena que no era del cabildo tomó la palabra. Me pidió no revelar su nombre. En las notas de mi libreta le llamé Francisco. Su desplazamiento junto con esposa e hijos —seis personas en total— comenzó a finales de 2001. Los primeros meses vivieron en un cambuche de plásticos y tablas que instalaron a orilla de la trocha. Cansados del hambre y la lluvia, volvieron al resguardo que ya en ese momento estaba despoblado. Sin herramientas ni semillas para cultivar, Francisco se empleó como jornalero en una finca, situada a más de una hora de camino por parajes controlados por una guerrilla local llamada Ejército Revolucionario Guevarista, ERG.

En uno de los trayectos de regreso a su casa, tres hombres de esta guerrilla lo hicieron detener disparando tiros de fusil al aire. Francisco debió explicar que volvía de trabajar, que iba para su casa. Los guerrilleros lo dejaron seguir. Pero al día siguiente, Francisco no volvió a esa finca porque la sola posibilidad de ser retenido nuevamente por el erg lo llenaba de pánico. Días más tarde fue el ejército quien lo detuvo a la fuerza en otro paso de montaña, cuando regresaba de hacer mercado.

—“¡Usted es un miliciano!”, me gritaron. Me dijeron que yo tenía un radio de comunicación y que sabían que yo lo había escondido en el camino. “No. No tengo ningún radio de ésos, ni siquiera tengo uno para escuchar noticias, ahora menos voy a tener uno de comunicación”. —Francisco imitaba el tono áspero e hiriente con que lo increparon los soldados.

Luego, se lo llevaron a un paraje boscoso. Lo hicieron arrodillar y le dijeron que echara al agua a otros indígenas que fueran guerrilleros. Un soldado le apuntaba con una pistola y otro le puso el cañón del fusil junto a la oreja. “¡¿Quién más es guerrillero?!”. “¡Nadie! —les respondió agitado—. Para qué quiere que le diga un nombre si es una mentira y nosotros no decimos mentiras”. Francisco sintió una ceguera momentánea después de oír un estallido que le sacudió la cabeza. Cuando pudo reaccionar, comprendió que habían disparado el fusil para atontarlo. “Hijueputa guerrillero, usted sabe mucho. Ahora sí lo vamos a matar”. Francisco vio el cañón de fusil directo a su cabeza. Cerró los ojos y esperó su muerte. Al segundo, escuchó cinco disparos no lejos de ahí, montaña arriba. En un segundo más, otros cinco disparos montaña abajo. Quizás, otras personas estaban siendo torturadas de la misma manera, pensó. Y aunque aguantaba el gesto serio para que no lo vieran aterrorizado, lloraba por dentro.

—Me iban a matar sin yo haber hecho nada, sin deberles nada. Un militar que parecía comandar esa patrulla le esculcó los bolsillos y le robó unos billetes. “Que esta mierda espere aquí”, dijo y se fue. Al rato volvió: “Vea, si usted fuera de malas y yo fuera un comandante malo, lo mataba ya mismo. Pero yo soy un comandante bueno. Usted salvó su vida con esa plata. Váyase”.

Semanas después, le volvió a ocurrir algo parecido también a manos del ejército. Lo hicieron desnudarse apuntándole con los fusiles. Lo vieron desarmado y lo dejaron ir. Y en una tercera ocasión, lo mismo: que para dónde llevaba tanta comida, que esa comida era para la guerrilla, que si de camino al resguardo había guerrilla. Lo increparon y amenazaron: “Mentiroso, hablador… lo vamos a matar”. Lo elevaron del suelo agarrándolo por el cuello. Lo dejaron caer. Lo levantaron de un jalón. “¡Pícaro… guerrillero… mentiroso… cholo!”.

—Por eso me desplacé de aquí —me dijo, con la voz alcanzada por la furia del momento.

En 2011, cuando la presión de la fuerza pública había bajado, las FARC aparecieron en el resguardo y citaron a los indígenas a una reunión en la que les pidieron apoyo para “la causa”. Podía ser que les permitieran pasar noches bajo techo, darles comida o ayudarles a conseguir comida, tenerles armas y, sobre todo, enrolarse en la fuerza: mujeres y hombres jóvenes que se convirtieran en guerrilleros. La comunidad les dijo no. La decisión de los pueblos indígenas de Colombia ha sido la de no participar voluntariamente en la guerra ni inclinarse a favor de nadie. De hecho, la Constitución aúpa esta  voluntad prohibiendo el reclutamiento de indígenas por parte de las fuerzas militares.

—Ahí nos dejaron amenazados de muerte a siete de nosotros —precisó Luis Eduardo Arce.

—¿Qué buscaba las FARC con esa amenaza?

—Que nos fuéramos. Que perdiéramos la autoridad. Que ellos pudieran venir y controlar el resguardo. Más de cincuenta familias salieron desplazadas en los días sucesivos.