1. El precio del agua

Antes de escribir estas líneas yo no sabía cuántos litros de agua usaba en mi departamento cada bimestre. No obstante que pago “derechos” al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex); no obstante que el agua falta con frecuencia y que leo con aprehensión sobre los conflictos por el agua en todo el país, no sabía cuántos litros de agua se usaban en mi domicilio. ¿Cómo es posible que yo fuera inconsciente de algo tan importante? ¿Mi ignorancia sería una excepción?

El recibo gubernamental me informa que en este departamento chilango consumimos 13 280 litros el bimestre pasado. El recibo también afirma que yo “debería pagar” 534 pesos, pero que he recibido un subsidio de 325 pesos (un 60%) y que el cargo final es de 209. Si yo debería pagar 534 pesos, ¿por qué sólo me cobran 209?, ¿qué me quiere decir el Sacmex con eso de que yo “debería pagar” más del doble de lo que pago? ¿Me está insinuando que no me queje del pésimo estado de la infraestructura hidráulica? Cada segundo, por ejemplo, se pierden en fugas hasta doce mil litros de agua potable en las tuberías de la ciudad.[1] Cada segundo se desperdicia casi lo mismo que lo que dos personas consumen en un bimestre. Sí: cada segundo. ¿Será que en los 534 pesos que yo “debería” pagar están todos esos litros de agua perdida?

¿En serio debería pagar 534 pesos? Unos piensan que el agua, por ser un derecho elemental para la vida, no debería pagarse. Otros piensan que debería pagarse a una empresa privada, como la que provee de agua a Santiago de Chile. Otros piensan que está bien así, pagársela al gobierno muy barata. Yo pienso que si queremos tener agua en el futuro necesitamos pagar derechos ambientales por ella.

2. Derechos y obligaciones ambientales

En El crepúsculo del deber, Gilles Lipovetsky planteó que la abolición posmoderna de la ética dolorosa del sacrificio personal como deber con el colectivo podía conducir a un individualismo destructivo para la sociedad, en el cual todos vivirían en función de sus propios intereses sin ninguna consideración por el bienestar ajeno y común.

Al abrigo de los deberes del futuro, progresan las nuevas reivindicaciones de la seguridad, del marco de vida, de la ampliación de los derechos de las personas: derecho a un agua pura, derecho a los bosques y a una atmósfera no polucionada, derecho a un entorno natural no desfigurado. Tras las conquistas históricas de los derechos-libertades y los derechos sociales, vemos desarrollarse las reivindicaciones al derecho a la calidad de vida, que es la expresión misma del individualismo posmoderno.[2]

Para Lipovetsky, esta ampliación de derechos necesita complementarse con una “responsabilidad posmoralista”, un repertorio abierto de obligaciones razonables (inteligentes y humanistas, en el planteamiento del sociólogo) que regulen nuestra convivencia con los demás seres humanos.

Unos piensan que el agua, por ser un derecho elemental para la vida, no debería pagarse. Otros piensan que debería pagarse a una empresa privada, como la que provee de agua a Santiago de Chile. Otros piensan que está bien así, pagársela al gobierno muy barata.

A partir de esto podemos reformular la pregunta inicial de esta manera: ¿Qué responsabilidades o deberes posmoralistas complementan el derecho al agua que nos atribuimos y que ya se encuentra plasmado en muchas constituciones políticas del mundo (en el artículo 4 de la mexicana, por ejemplo)?

Así como mi derecho a la vida se complementa con el deber de no matar a los demás y de ayudarlos a vivir cuando sea necesario, mi derecho al agua implica la responsabilidad de no privar a los demás de ella e incluso, ya que es absolutamente imprescindible para la vida, de colaborar activamente para que los demás obtengan el bien llamado “líquido vital”.

Para defender el derecho al agua de todas las personas necesitamos que todos cumplamos nuestros deberes hídricos. ¿Cuáles son? y ¿cómo se cumplen? Con base en mi recibo de pago por derechos de agua podría concluir que mi deber hídrico queda cumplido al pagar aquello que el proveedor me exija a cambio del agua: 209 pesos para el gobierno (más los impuestos que contribuyan a financiar el subsidio del supuesto costo real), quince pesos para la tienda donde compré una botella de agua purificada, etcétera. Sin embargo, la escasez crónica de agua potable y los conflictos sociales por el agua que abundan en el país sugieren que los deberes hídricos de la sociedad no se están cumpliendo cabalmente. El incumplimiento es aún más grave si ampliamos el ámbito del derecho al agua de la vida silvestre, pues el desvío y la represa de ríos y la sobreexplotación de cuencas y acuíferos no asegura el suministro natural para ellas.

Fotografía de Tsuan (2017), un ensayo visual de Tania Ximena en colaboración con Yollotl Alvarado.

Usualmente se rechazan los derechos del hábitat y de la vida silvestre precisamente porque no se les puede exigir deberes a los ríos, bosques o animales. Aunque no se pueda exigirles deberes, ellos los cumplen, de hecho, ya que su existencia misma es la que asegura la del agua dulce y otros recursos naturales. Tenemos, pues, deberes hídricos con la naturaleza y su incumplimiento debilita la base de nuestro derecho al agua.

—Ah, caray —pensarán algunos—, ya perdimos a este chairo: cree que las nubes, los ríos y los pececitos son personas.

—Ha de ser drogadicto.

—Y neopagano.

No lo soy. Solamente pienso que la lógica de los derechos sobre los recursos naturales supone deberes concretos con la naturaleza de la que provienen, obligaciones ambientales que debemos cumplir para asegurar el acceso de las personas a bienes como el agua, el aire limpio y los mares ricos en peces comestibles. No podemos tener simultáneamente derecho a comer manzanas y a talar el manzano: el derecho a las manzanas nos obliga a cuidar el árbol que las produce. Obligaciones naturales: darle a los lugares del agua aquello que necesitan para seguir dándonos de beber.[3]

Así como mi derecho a la vida se complementa con el deber de no matar a los demás y de ayudarlos a vivir cuando sea necesario, mi derecho al agua implica la responsabilidad de no privar a los demás de ella.

La idea no es original: un tribunal neozelandés reconoció la personalidad jurídica del río Whanganui, un cuerpo de agua sagrado para los maoríes y, desde 2008, la Constitución de Ecuador reconoce en el artículo 71 que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

—Bueno —dirán aquellos con impaciencia—, y ¿cómo cumplimos esos deberes? ¿Le quieres pagar a la naturaleza? ¿A poco el río Lerma tiene cuenta bancaria?

3. El diluvio virtual

Antes de continuar por el camino de la responsabilidad naturalista, conviene recordar que la mayor parte del agua que consumimos no figura en el recibo de agua que le pagamos al gobierno, sino que se utilizó al producir de forma privada nuestros alimentos y demás bienes y servicios. Un 76% del agua en México se usa en la agricultura; el abastecimiento público a domicilios y negocios representa 14.4%; y el uso industrial y el eléctrico, cerca de 5% cada uno.[4]

La mayor parte del agua que nos moja es agrícola y virtual: está en los campos donde se regó el algodón de nuestra mezclilla y en las tierras donde se cultivó el maíz de las tortillas, así como la soya con la que luego se alimentó a pollos, vacas y cerdos. Un kilogramo de maíz en México requiere en promedio 1 860 litros de agua, un poco menos que una playera de algodón (dos mil litros). Un kilogramo de carne vacuna requiere más de quince mil litros, es decir, más de lo que dos personas usamos en un departamento de la Ciudad de México en dos meses.[5]

Un kilogramo de carne molida en Walmart cuesta 184 pesos; el equivalente doméstico del agua usada para producir ese kilo de carne supera, de acuerdo con mi recibo de agua, los quinientos pesos. Es obvio que distribuir agua potable en la Ciudad de México es más costoso que sacarla de un pozo o desviarla de un río para regar un sembradío de soya o alfalfa, pero la diferencia abismal de precios entre el agua virtual y el agua concreta que usamos es causa suficiente para preguntarnos si los derechos pagados por el uso de agua virtual en la producción agropecuaria son proporcionales a los deberes hídricos de la industria.

El uso agrícola del agua se basa en concesiones otorgadas por el gobierno federal con base en la propiedad nacional del agua establecida en el artículo 27 de la Constitución Mexicana. El agua le pertenece a la “Nación” y la “Nación”, representada por el Estado, la reparte de acuerdo con sus criterios soberanos. El Estado define cuál es el derecho y cuál es el deber de cada productor y usuario en función del interés nacional.

La “Nación” se concibe como una colectividad estrictamente humana (construida a través de la opresión de muchos pueblos originarios). La Nación no es el bosque, el río, la población de anfibios o de aves migratorias. Todo eso forma parte del territorio al que el Estado moderno no atribuye ninguna personalidad. Sin embargo, el territorio vive: está formado por organismos que participan activamente en la creación de las condiciones necesarias para la vida humana. Mientras no seamos capaces de superar el tratamiento de la naturaleza como una propiedad pasiva de los Estados nacionales, el deterioro ambiental hará cada vez más difícil cumplir esos derechos sobre la naturaleza que la posmodernidad reconoce a todas las personas.

4. Los subsidios ecocidas

Se puede pagar a la naturaleza por sus servicios de dos formas: invertir recursos públicos en la conservación ecológica y no subsidiar su explotación. La primera estrategia es positiva: proteger áreas naturales, fomentar la
investigación y protección ecológicas, gravar la contaminación, prohibir la cacería y tala insostenibles, etcétera. Todo eso cuesta mucho trabajo, trabajo que se realiza en favor de los ecosistemas. Al pagarle a una comunidad por la vigilancia y conservación de una selva se está cumpliendo un deber ambiental con esa selva al mismo tiempo que se fomenta la subsistencia comunitaria.

La segunda forma de pago es negativa: eliminar los incentivos económicos para su destrucción. Por razones que en el fondo responden a intereses políticos y económicos particulares, los Estados nacionales de todo el mundo subsidian ampliamente la explotación de los recursos naturales. Esto hace que los bosques, los ríos limpios y las pesquerías marinas lleguen a tener precios negativos, o sea, que explotarlos no sólo sea gratuito, sino que los Estados nacionales les paguen a los particulares por hacerlo. Este sistema de incentivos es la base económica del expolio planetario que está conduciendo a la extinción masiva de especies.

Desde hace varias décadas, el economista indobritánico Partha Dasgupta se ha dedicado a analizar los efectos de este sistema sobre la biodiversidad: cómo los bienes “gratuitos” de la naturaleza adquieren un precio negativo a través de los subsidios gubernamentales, lo cual crea incentivos perversos, diabólicos, para la degradación ambiental. Globalmente, se calcula que estos subsidios superan los cuatro trillones de dólares anuales (trillones anglosajones son billones hispánicos: 10¹² dólares).[6] Esta cantidad pasmosa de dinero adquiere verdadero significado cuando vemos la dimensión del ecocidio planetario: desde 1970 se ha perdido casi 70% de las poblaciones de animales silvestres en el mundo.[7]

Fotografía de Tsuan (2017), un ensayo visual de Tania Ximena en colaboración con Yollotl Alvarado.

Como ya vimos al analizar los volúmenes de agua consumida virtual y directamente por las personas, la clave del problema no está en el consumo doméstico de agua y de otros recursos, sino en su consumo industrial, cuya magnitud nos resulta invisible individualmente.

El subsidio que el Estado me otorga por el consumo de agua en mi departamento es insignificante en comparación con el subsidio masivo de la explotación de recursos naturales a los que ese mismo Estado, como administrador de los recursos naturales, asigna precios negativos.

—Ya vi por dónde vas, pinche Mario Antonieto. Y ¿qué va a pasar si se eliminan todos esos subsidios públicos a la producción agropecuaria e industrial? ¿Qué va a pasar cuando se disparen los precios de las mercancías? ¿Cómo les iría a las personas que viven con salarios de subsistencia, eh? ¿Quieres que en lugar de comer pan la gente coma pasteles?

—Para nada. Con la eliminación de los subsidios ecocidas se liberarían recursos públicos para financiar otras formas de producción que no sean inherentemente ecocidas. Si el Estado realmente se compromete con la defensa de los derechos sociales al agua y la buena alimentación, entonces tendrá que defender los derechos de la naturaleza que los sustenta. Esa defensa implica regular con criterios ecológicos la explotación de recursos forestales, hídricos, pesquerías; gravar severamente la contaminación del aire y el agua; perseguir a los asesinos de defensores ambientales y respetar el derecho de los pueblos originarios a explotar su hábitat de forma sustentable.

La mayor parte del agua que nos moja es agrícola y virtual: está en los campos donde se regó el algodón de nuestra mezclilla y en las tierras donde se cultivó el maíz de las tortillas, así como la soya con la que luego se alimentó a pollos, vacas y cerdos.

Por supuesto que estos grandes cambios en la administración de los recursos naturales tendrían efectos profundos en las economías humanas. El consumismo implícito en la industria de la moda chatarra o fast fashion se volvería incosteable. El comercio internacional de productos perecederos tampoco podría seguir aumentando de escala: los aguacates de Michoacán ya no podrían convertirse en guacamoles canadienses; los cerdos argentinos ya no podrían servirles de alimento a los consumidores chinos.[8]

A pesar de que la ética indolora del individualismo posmoderno reniega de cualquier sacrificio, los derechos humanos a la vida y la naturaleza implican obligaciones que tenemos que cumplir colectivamente, a través de la administración sustentable de los recursos y de la impartición de justicia ambiental.

5. El precio de la naturaleza

—Oye, pero el agua es sagrada, es el líquido vital. ¿Cómo vas a cobrarlo como si fuera una mercancía cualquiera? ¿Por qué ensuciarla con el asqueroso dinero? ¿Por qué no repartirla gratuita y equitativamente para todos y pagar con trabajo social, como que vayamos todos a limpiar el río y a sembrar árboles en el cerro?

—Ya que vivimos en sociedades tan grandes y complejas, basar el intercambio en el trueque y la distribución gratuita puede presentar dificultades logísticas insuperables. La mayoría de la gente no se conoce entre sí, ¿cómo va a saberse quién tiene lo que necesitamos y cómo vamos a darle lo que necesita?; ¿cómo voy a saber desde mi departamento urbano qué se necesita para la restauración ambiental de la cuenca del río Cutzamala o para la subsistencia de los guardabosques y comunidades defensoras del territorio selvático?

Aunque muchas veces nos incomode asignarle precios a bienes y servicios relacionados con nuestros derechos humanos, el dinero es una herramienta muy útil porque permite llevar cuentas exactas, se puede ahorrar (siempre y cuando no se imprima demasiado o haya una guerra civil, el dinero no se echa a perder en el banco) y cada quien puede usarlo como un equivalente general para hacer los intercambios que necesite. El dinero no es un instrumento exclusivo del capitalismo monopólico trasnacional. Puede servir, dentro del marco jurídico y ético adecuado, para realizar intercambios justos, tanto locales como globales.

¿Cuánto deberíamos pagar entonces por el agua? Lo suficiente para que subsistan los bosques y los ríos que la acogen y depuran; lo suficiente para que las comunidades rurales puedan cuidar de esos recursos y vivir con dignidad; lo suficiente para que los habitantes venideros de la Tierra sigan teniendo acceso a ella. Lo suficiente para no acabar muertos de sed.

* Estas fotografías forman parte de Tsuan (2017), un ensayo visual de Tania Ximena en colaboración con Yollotl Alvarado, que resultan de una investigación que inició en 2015 y continúa hasta la fecha en la comunidad Esquipulas Guayabal, ubicada al noreste de Chiapas, junto al volcán Chichonal.

[1] Jonás López, “Cada segundo se pierden…”, Excélsior, 3 de abril de 2021.

[2] Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Juana Bignozzi (trad.). Barcelona: Anagrama, 2005 [1992], p. 118. El subrayado es mío.

[3] Aprovecho para recomendar la antología El lugar del agua. Palabras para Ayutla, Oaxaca: Yagular Ediciones, 2021.

[4] Estadísticas del agua en México. 2018. Comisión Nacional del Agua, 2018, p. 76.

[5] Mesfin Mergia Mekonnen y Argen Y. Hoekstra, “The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products”, 2011, y “The green, blue and grey water footprint of farm animals and derived animal products”, 2010, citados en Estadísticas…, p. 93.

[6] Partha Dasgupta, The economics of biodiversity: the Dasgupta review. Londres: HM Treasury, 2021, capítulo 8, cuadro 8.1, p. 209.

[7] De acuerdo con el Informe Planeta Vivo 2020, livingplanet.panda.org/es-es/.

[8] “Megacriaderos de cerdos chinos en la Argentina”, El Clarín, 27 de abril de 2021.