El pasado 3 de agosto nuestro país sumó una más a su larga lista de tragedias mineras. Un pozo carbonero de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se inundó dejando a diez mineros atrapados. Ha pasado más de un mes desde que el gobierno comenzó las labores de búsqueda sin éxito, ya que no se ha logrado rescatar ni un solo cuerpo, mientras que los familiares de este grupo de trabajadores siguen esperando que se consiga.

Estos accidentes han sido una constante en los últimos años: en 2021, siete mineros quedaron atrapados en un pozo en el municipio de Múzquiz, y en 2006, 65 hombres murieron de la misma forma en Pasta de Conchos, ambos sucesos ocurrieron en Coahuila. Solamente en ese estado, 122 mineros han muerto haciendo su trabajo de 2006 a la fecha. La falta de seguimiento a las concesiones, las precarias condiciones laborales y las frecuentes omisiones en el ámbito de seguridad, han hecho que México sea el segundo país más peligroso del mundo para los mineros, solo después de Venezuela, de acuerdo con el reporte de 2020 del Instituto Fraser.

En México el negocio del carbón sigue generando ingresos significativos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía el valor de la producción minera estatal en el 2020 ascendió a más de $334 mil millones de pesos y en ese mismo año Coahuila contribuyó con el 1.23 % del valor total, pues tan solo cinco de sus municipios concentran el 99% del carbón mexicano.

En el gobierno de López Obrador, desde que la CFE se posicionó al frente de la industria eléctrica en el país, y a pesar de que buena parte del mundo transita ya hacia las energías limpias, las concesiones para minas de carbón se incrementaron, y a pesar de que están reguladas bajo diversas leyes federales, la implementación de estas normas ha sido deficiente. Además, muchos concesionarios subcontratan empresas o arriendan estas minas, haciendo mucho más difícil identificar responsables ante un accidente como el de El Pinabete.

“Estos pozos estaban abandonados, fueron súper explotados en su tiempo por concesiones que se expidieron entre el año 2000 y 2002, pero se reactivaron en el año 2021. Se autorizó un permiso sin considerar que el producto de estos pozos abandonados es un carbón de muy mala calidad que no tiene mercado y cuyo único comprador es Comisión Federal de Electricidad”, explica Jorge Witker, experto en derecho minero.

Por otro lado, antes de que una mina comience a operar deben realizarse una serie de estudios topográficos e hidrológicos para prevenir cualquier riesgo de inundación, seguidos de un monitoreo periódico para asegurar que las condiciones seguridad para los mineros se cumplan, pero esto pocas veces sucede, pues el número de inspectores disponibles para esta titánica tarea es apenas simbólico.

“Recientemente la Secretaría del Trabajo hablaba de una cifra de arriba de 20 inspectores, pero cuando nosotros cuando le hicimos una solicitud de información,  la respuesta fue que nada más tenía nueve inspectores, y no solo para el tema minero, sino en general para todas las actividades económicas del estado. Además, en realidad, estas inspecciones se hacen hasta que ocurre algún tipo de tragedia,” afirma Francisco Ramírez, periodista del medio Vanguardia y becario de la Red Global de Periodismo de Investigación.

Tan solo en Coahuila hay más de 1300 concesiones mineras a las que, en la mayoría de los casos, estas inspecciones nunca llegan.

El gobierno mexicano ha dicho que la búsqueda de los cuerpos de los mineros continuará, pero podría tomar entre seis y once meses llegar a ellos. Además, anunció que las familias serán indemnizadas por el Estado, independientemente de quién resulte responsable de esta tragedia.

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