“Serie Mina Peñasco” / Fotografía Lucía Vergara García.
Esta zona desértica de Zacatecas es un territorio con severo estrés hídrico. Aún así, la minera tiene prioridad sobre el agua, y esto implica que comunidades enteras se queden sin acceso a ella o que la poca que les llegue, esté completamente contaminada. Esto, por supuesto, ignora los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana (Artículo 4, párrafo 6).
La ley, modificada otra vez en el 2005 para facilitar aún más la inversión, plantea que las mineras tienen prioridad en la explotación de los pozos y que son dueños de toda el agua que salga del laboreo. El problema es que las excavaciones son profundísimas –en algunos casos de más de seis kilómetros– y cuando utilizan el agua la contaminan con cianuro y/o mercurio, pues es lo que utilizan para separar los metales de la roca. Una vez utilizada en la minería, el agua se vuelve tóxica. Además, las minas contaminan el suelo y el subsuelo.
La actividad minera destruye anualmente las fuentes de agua que podrían abastecer a 12 millones de personas.
“Se estima que para sacar una onza de este mineral precioso, se utilizan 40 kg de explosivos, se consumen de 150 a 200 mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kg de CO2”.
“Minas de Nueva Rosita, Palau y Cloete” / Fotografía de Cristóbal Trejo.
“Yo creo que es uno de los más grandes males del país”, dice la doctora Leticia Merino, Coordinadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI). Su especialidad son los ambientes forestales, pero en los últimos dos años ha estudiado mucho los desastres de la minería, pues compañías han llegado a despojar de sus tierras y aguas a la gente de Calpulálpam de Méndez, Oaxaca, una población famosa por su manejo forestal sustentable y su trabajo comunitario, y donde Merino ha trabajado por más de 20 años.
En un esfuerzo para continuar recopilando información del impacto que tiene la minería en México, cuatro organizaciones mexicanas se unieron para hacer una documentación de lo que sucede en los territorios rurales. Bajo el liderazgo de Cecilia Navarro, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), intentaron acercarse a las comunidades pero recibieron múltiples amenazas y les dijeron que si iban a las minas, no les podían asegurar que regresarían.
“El tema de la minería nos preocupa mucho a las organizaciones que trabajamos con comunidades, con ejidos, y que vamos viendo cómo se otorgan concesiones sobre sus territorios”, explica Navarro. Al no poder acceder a la zona se les ocurrió convocar a que quienes ya han estado en esos territorios a que compartieran esa información para crear un acervo documental necesario para acercarse a la realidad de las comunidades. Así nació la plataforma Así se ve la minería en México.
“Serie concesiones mineras” / Fotografía de Carlos Ariel Ojeda Sánchez.
Esta iniciativa fue impulsada por el CCMSS, la Fundación Heinrich Böll Stiftung; FUNDAR, el Centro de Análisis e Investigación, y el SUSMAI. Se presentaron 107 piezas de investigación, de las cuales 63 quedaron seleccionadas por un jurado compuesto por la periodista Marcela Turati, la especialista en minería Sol Pérez y el fotógrafo y coordinador del área de fotografía de la revista Proceso, Marco Antonio Cruz.
“Parte del problema es que es una actividad con una legislación muy laxa”, explica Cecilia Navarro. Las concesiones se dan por 50 años, prorrogables a otros 50 más. En Estados Unidos y Canadá no se puede dar una concesión por más de 20 años, ni siquiera en otros países de Latinoamérica se dan por tantos años. Además, los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) se hacen después de haber otorgado la concesión y los llevan a cabo las mismas empresas, por lo que no son mínimamente fiables.
El 46% de las concesiones mineras están dentro de las Áreas Naturales Protegidas y la ley lo permite, aún cuando provocan devastación total de fauna, flora y agua. Además, sin importar los múltiples casos de desastres, como el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, o el colapso en Pasta de Conchos, que provocó la muerte de 65 mineros, nunca se ha derogado una concesión.
“El 46% de las concesiones mineras están dentro de las Áreas Naturales Protegidas y la ley lo permite, aún cuando provocan devastación total de fauna, flora y agua”.
“Minas de Nueva Rosita, Palau y Cloete” / Fotografía de Cristóbal Trejo.
Una de las justificaciones de la minería es que es una de las caras del progreso. El problema es que esta actividad ni siquiera brinda reales oportunidades de crecimiento. Tan solo genera el .66% de los empleos en el país y aporta apenas el 0.9% del Producto Interno Bruto. Es considerada una de las actividades económica más peligrosas, y más de la mitad de la gente que trabaja en esta industria está contratada por outsource, así que no recibe seguridad social.
“Yo creo que tiene que haber transparencia, tienen que pagar más impuestos: pagan el 1% de los impuestos, mientras que tú y yo pagamos el 30%”, dice Leticia Merino, indignada. “Hay un mito muy enraizado de que la minería es desarrollo, pero la realidad es que si te paras en cualquier lugar minero lo que se ve es mucha miseria”. Aunque muchos de los materiales obtenidos de la minería son necesarios para actividades cotidianas, como el cobre para la telefonía, la mayoría de la extracción es de metales preciosos, que no cumplen con ninguna función esencial.
Así se ve la minería en México cubre cuatro categorías: Impactos Ambientales, Impactos a la Salud, Resistencias Comunitarias y Comunidades y Territorios. El trabajo, además de exponer los profundos daños que causa la minería en la gente y la Tierra, le da voz a las comunidades que han decidido enfrentarse a las grandes corporaciones que llegan a explotar sus territorios. “De los 176 pueblos indígenas que habitan en México, 83 tienen concesiones mineras en sus territorios”, dice en el documento.
“Serie Sobre mi tierra”. Fotografía Laura Verónica Arvizu Valenzuela.
Además, “se han otorgado concesiones mineras en el 42 por ciento de los núcleos agrarios que tienen recursos forestales. Alrededor del 80 por ciento de las especies y los ecosistemas que integran la biodiversidad de México, se encuentran precisamente en los ejidos y comunidades”.
Así se ve la minería en México seguirá siendo alimentado; la convocatoria permanece abierta y busca recopilar la mayor cantidad de información de calidad posible. “Esperamos que este proyecto sea acompañado de un buen proceso de discusión sobre qué ley necesita nuestro país”, dice Navarro. La ley que ella esperaría, como mínimo, contempla las necesidades básicas de las comunidades, el cuidado al medio ambiente y el cobro de impuestos proporcionales a las empresas que explotan la Tierra.
La minería en México es uno de los ejemplos más claros de la devastación ambiental en favor de los intereses políticos y económicos. Esta actividad acaba con comunidades, enferma a a la gente, y contamina de forma profunda e irreversible envenenando el agua y todo lo que encuentra a su paso, pero le da miles de millones de pesos a unos cuantos poderosos.
“Hay un mito muy enraizado de que la minería es desarrollo, pero la realidad es que si te paras en cualquier lugar minero lo que se ve es mucha miseria”.
“Minas de Nueva Rosita, Palau y Cloete” / Fotografía de Cristóbal Trejo.
