Verónica Cruz Sánchez vio suceder algo extraordinario desde la oficina donde trabaja en favor de los derechos de las mujeres en Guanajuato, la capital de uno de los estados católicos más conservadores de México. Ella es fundadora de Las Libres, organización que construyó una red de píldoras abortivas en un país donde someterse al procedimiento podría haber significado ir a la cárcel. Pero en septiembre de 2021, desde este pueblo minero convertido en centro turístico, donde las casas pintan la ladera de rojos, naranjas y azules, Cruz Sánchez vio cambiar todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo sorpresivo de que el aborto ya no era un delito en el país, ni siquiera en lugares como Guanajuato, donde sigue prohibido por el estado.

Ese mismo mes, al otro lado de la frontera con Estados Unidos, Texas instituyó el llamado “proyecto de ley sobre el latido del corazón fetal”, que prohibió efectivamente el aborto. Y el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization estaba ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con el potencial de revertir el caso Roe contra Wade y poner fin a casi cincuenta años de derecho al aborto en el país. “Era de locos porque, antes, para México, para quienes trabajamos [el] aborto, el ejemplo a seguir era Estados Unidos”, dice Cruz Sánchez. “Todos los países de América Latina queríamos tener un caso Roe..., queríamos tener el derecho constitucional”.

Pero de repente fue México el que estuvo a la vanguardia del acceso al aborto. Cruz Sánchez se acercó a otros grupos que distribuían medicamentos abortivos en el país y a organizaciones que conocía en Estados Unidos, que trabajan en favor de este derecho. Así comenzó a construir una red transfronteriza. “Pudimos darles apoyo y capacitación”, dice. “¿Cómo encontrar la medicación?, ¿Cómo hacer la logística para que las píldoras lleguen a las manos de quien las necesita?, ¿Cómo garantizar la seguridad de todos?”. Y tenía en mente una población estadounidense específica.

“Sabíamos que allí había una gran proporción de mujeres migrantes indocumentadas, hispanas de Centroamérica, que cruzan todo el tiempo por México”, dice Cruz Sánchez. “Y esa fue una de nuestras motivaciones de por qué queríamos apoyar a Texas, no solamente para todas las mujeres, sino de manera especial para las mujeres migrantes indocumentadas”.

En enero de 2022, grupos de ambos países decidieron reunirse en México, pero una tormenta de nieve trasladó su encuentro a Zoom, donde las mujeres estadounidenses ingresaron con las cámaras apagadas. No se mostraron nombres. No se registró nada.

La ley de Texas, el Proyecto de Ley 8 del Senado, incluía sanciones civiles por ayudar a las personas a abortar. La ironía no pasó desapercibida para los participantes mexicanos. Estados Unidos, conocido por ellos y por el mundo entero como la tierra de la libertad, había llevado a sus ciudadanos a esconderse por el derecho al aborto. “Tenían tanto miedo”, dice Vanessa Jiménez, de la red de pastillas abortivas Necesito Abortar, con sede en Monterrey. “Creo que para mí el mayor impacto fue entender un poco el miedo que le tienen a la seguridad de Estados Unidos”.

“PUEDO TOMAR PASTILLAS”

En un barrio residencial con una vista completa del Cerro de la Silla, el pico montañoso icónico de Monterrey, Vanessa Jiménez dirige Necesito Abortar desde la casa de la familia de su esposa. La sala de estar, con una fotografía a color de la boda de sus suegros y un retrato familiar de unas hermanas con vestidos rojos a juego, se ha convertido en su oficina. Ahí, Jiménez rellena sobres de papel manila para armar kits caseros. Cada uno incluye bolsas pequeñas que contienen una sola mifepristona, cuatro diminutas pastillas de misoprostol, dos ibuprofenos de forma ovalada y cuatro toallas sanitarias.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un régimen de mifepristona y misoprostol para interrumpir embarazos de hasta diez semanas, e indicó que esto es seguro y eficaz. Jiménez tiene una red informal de familiares y amigos que llevan estos kits y frascos de pastillas a Estados Unidos durante las visitas al otro lado de la frontera. “Hace poco hablaba yo con una chica que me decía: ‘Yo me dedico a traer cosas de Estados Unidos y venderlas…, si tú quieres, yo llevo las pastillas’”, dice. “Así es como hemos hecho estas alianzas”. Una vez que llegan las pastillas, Jiménez acompaña por teléfono a las pacientes durante el proceso.

No hay nada ilegal en llevar medicamentos a través de la frontera. Los estadounidenses cruzan a las ciudades fronterizas mexicanas todo el tiempo para comprar fármacos que de otro modo requerirían receta en su país. Pero que una persona le dé pastillas a otra en Texas para interrumpir un embarazo podría llevarla a la cárcel. “Alguien podría ser acusado de un delito por proporcionar esas píldoras abortivas en Texas”, dice Blake Rocap, asesor legislativo de Avow, un grupo que defiende el aborto desde Austin, Texas. Las personas también podrían enfrentar sanciones civiles bajo la Ley SB 8. En un caso en curso, un hombre de Texas demandó a las amigas de su esposa por homicidio culposo después de que la ayudaron a obtener píldoras abortivas.

A pesar de esto, los voluntarios se han ofrecido a trabajar con la red transfronteriza como acompañantes, personas que no solo brindan medicamentos para el aborto, sino que durante el proceso se mantienen atentas por teléfono, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud. “Van compartiendo nuestras experiencias hacia las compañeras de Estados Unidos, explicándoles cosas… ¿Qué es el misoprostol?, ¿qué hace?, ¿se detecta en el cuerpo?, ¿no se detecta?, ¿cómo funciona?’”, dice Jiménez. “Creo que la finalidad no es resolver el problema en Estados Unidos, sino más bien compartir la experiencia que nosotras tenemos y que allá, en su propio contexto, se puedan formar redes como existen aquí”.

News21 rastreó y entrevistó a una mujer mexicana que se ofrece voluntariamente como acompañante, llevando pastillas a la Unión Americana. Obtiene su suministro de Las Libres, y las personas embarazadas de aquel lado de la frontera se comunican con ella a través de las redes sociales para solicitar el medicamento.

Dijo que comenzó su lucha por los derechos reproductivos después de su propio embarazo a los veintitrés años, que llevó a término debido al estigma que rodea al aborto. Aseguró que no tiene miedo de cruzar la frontera con pastillas. “Yo lo hago desde la pasión, desde la convicción de que yo no estoy haciendo nada mal. Las leyes son las que deben cambiar”. Un fin de semana reciente, hizo el viaje de cinco horas a El Paso, Texas, y dejó medicamentos con una persona que los puede distribuir en Estados Unidos y que recibe de dos a tres pedidos de píldoras al mes en Texas, Kansas y Arizona. Si hay una solicitud en Nuevo México, al otro lado de la línea estatal desde El Paso, va en persona. De lo contrario, envía las píldoras por correo a través del Servicio Postal, porque los transportistas privados requieren información personal.

“Yo no soy la única”, dice, y agrega que las voluntarias suelen ser mujeres profesionistas, en posiciones de poder, que pueden asumir el riesgo. “Hay otras personas que reciben muchos pedidos y tratan de dividirlos para que el peso no caiga sobre una persona”. Tanto la acompañante como la distribuidora solicitaron el anonimato por temor a repercusiones legales en Texas.

“Como madres, tías, amigas, nosotras en nuestra vida reproductiva contábamos con acceso al aborto, con acceso a medidas de salud reproductiva que muchas mujeres ahora no tienen”, dice la voluntaria responsable de la distribución. “Entonces, yo creo que nos sentimos un poco endeudadas por haber podido aprovechar la legalidad en esos años”.

Desde su nacimiento en el año 2000, Las Libres ha obtenido una importante cobertura de noticias en los medios de comunicación estadounidenses y, con ello, más clientes. Las personas encuentran la red a través de Reddit, Instagram y Facebook, y piden pastillas a través de aplicaciones de mensajería encriptada como Signal y WhatsApp.

Después de Roe, la red ha visto aumentar las solicitudes de píldoras abortivas en Estados Unidos, desde diez en un día hasta trescientas en algunos casos, lo que pone presión sobre el suministro de la organización, dice Verónica Cruz Sánchez. El grupo ahora usa donaciones en efectivo para comprar píldoras, además de la ayuda de organizaciones internacionales sin fines de lucro. Pero la red se ha quedado corta en un área.

“Todo el mundo pensó que como éramos una organización mexicana que habla español, que está en México, la mayoría de las personas en Estados Unidos que nos iban a buscar eran de habla hispana, inmigrantes indocumentados”, dice Cruz Sánchez, y agrega: “El único dato que les puedo dar es que esa mayoría solo habla inglés”.

SIN SALIDA AL MAR

Cathy Torres dirige un fondo de aborto en el valle del Río Grande, en el sur de Texas, el delta del río que, de este lado, conocemos como río Bravo. De 1.4 millones de personas que viven en esta tierra salpicada de palmeras y huertos de cítricos, al menos 10% está ilegalmente en el país.

Torres, gerente de organización de Frontera Fund, dice que en la región la demanda de viajes para abortar subió de ocho al año —antes de que la prohibición de Texas cerrara la única clínica de aborto en el valle— a quince al mes. El estado de acceso más cercano, Nuevo México, se encuentra a doce horas en automóvil. Torres transportaba personas hasta Las Vegas y Virginia. “Todo el camino, hasta la noche anterior al 24 de junio de 2022… Financié mi último aborto y vuelo como a las dos de la mañana”, dice. Quería trabajar todo el tiempo que pudiera anticipándose a lo que sucedió más tarde ese día: el fallo de Dobbs, que eliminaba el derecho constitucional al aborto. “Y efectivamente, creo que eran las nueve o diez de la mañana, tuvimos que parar”, dice.

Las personas que viven ilegalmente en el país siempre han estado aisladas de los servicios de atención médica debido a la pobreza, las barreras del idioma y el miedo. No son elegibles para los programas federales de atención médica y, a menudo, dudan en inscribirse en los beneficios estatales o incluso en buscar atención en los hospitales debido a las preocupaciones sobre la deportación. Los defensores de la atención médica han tenido que ser creativos para llegar a estas comunidades.

Cuando el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva comenzó a trabajar en el valle del Río Grande hace quince años, sus miembros recorrieron los vecindarios en un camión de helados, anunciando reuniones en hogares o centros comunitarios para hablar sobre el cuidado de la salud reproductiva. “Consigues bocadillos y juegas juegos como la lotería o lo que sea. Y así es como comenzaron estas conversaciones”, dice Nancy Cárdenas Peña, directora de campaña de Abortion on Our Own Terms, que aboga por el aborto autogestionado a través de medicamentos.

Después de Roe, las barreras para estas comunidades solo se han vuelto mayores. Cuando Frontera Fund comenzó a operar de nuevo, posterior a Dobbs, ya no podía pagarles a las personas para que salieran del estado. “Legalmente, no podemos financiar viajes, alojamiento o cualquier otro apoyo práctico solo por lo turbias que son estas leyes”, dice Torres. “Existen políticas de ayuda e instigación”. Dice que los migrantes que viven de manera ilegal en el valle están “sin salida al mar”. Incluso si deciden viajar por servicios, deben pasar por los puntos de control de Aduanas y Protección Fronteriza. Y las posibilidades de ser descubiertos han empeorado desde 2017, cuando la Legislatura de Texas aprobó la Ley SB 4, que otorga a la policía estatal y local la autoridad para detener a las personas y solicitar documentación. “Así que tienen que lidiar con ‘Dios, realmente me arriesgo’ o ‘Solo sigo embarazada’”, dice Torres.

Y todos temen las nuevas leyes, incluidos los médicos que brindan atención prenatal. “Teníamos un folleto completo sobre qué hacer con un aborto espontáneo o si te enteras de que estás embarazada, cuáles son tus opciones de embarazo”, dice la doctora Denise De Los Santos, obstetra, ginecóloga y miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Valle del Río Grande. “Realmente queríamos fomentar ese tipo de comunicación abierta con nuestros pacientes. Y ahora no es así en absoluto. Debemos tener cuidado con lo que se dice”.

La opción obvia para las personas que no pueden viajar es el aborto autogestionado en casa. A partir de 2020, se usaron medicamentos en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos, según el Instituto Guttmacher, una organización de derechos reproductivos. Pero con leyes de aborto restrictivas, catorce estados ahora prohíben tomar medicamentos para interrumpir un embarazo, según KFF, un grupo independiente de políticas de salud.

“La gente está tomando su salud en sus propias manos”, dice la presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Rochelle Garza. “El aborto autogestionado es algo que está surgiendo como respuesta a la falta de atención médica”.

La red transfronteriza trabaja en el valle del Río Grande. Mensajeros de Necesito Abortar, la red de Vanessa Jiménez en Monterrey, cruzan a McAllen, una de las ciudades principales. Pero si, del lado estadounidense, se le pregunta a cualquier persona sobre esta red, se quedará en silencio. “Es esta confusión de lo que es legal, porque dirán que no te pueden demandar por abortar, pero hemos tenido situaciones en las que la gente ha ido a la cárcel por ello”, dice Cárdenas Peña en referencia al caso de una mujer del valle del Río Grande que fue arrestada por asesinato por un supuesto aborto autoinducido.

Después de las protestas de los activistas, se retiraron los cargos.

NUEVOS ESFUERZOS

Verónica Cruz Sánchez está pensando en nuevas formas de llegar a las personas que podrían necesitar los servicios de Las Libres o de la red transfronteriza, como pedirles a los voluntarios de Texas que coloquen calcomanías con las cuentas de las redes sociales de Las Libres en baños, bares, restaurantes, parques y otros espacios públicos. También está trabajando para llegar a los migrantes que atraviesan México, con la esperanza de que difundan las redes de píldoras una vez que lleguen a Estados Unidos.

“Nomás estoy hablando de Texas con el tema del aborto, pues tiene un montón de complejidades, porque… la gente de allá está como muy paralizada con la situación de la legalidad e ilegalidad”, dice. Al final, se requiere ir de puerta en puerta, como lo hizo la asociación en México, y lograr que la gente en la Unión Americana se organice y forme sus propias redes. “Seguiremos brindando todos los aportes necesarios”, dice. “Si México se pudo organizar sin un peso, solo con la organización de la población, obviamente, con más dinero, Estados Unidos lo puede hacer. Pero el gran reto es: ¿quién hace ese trabajo territorial en los estados restrictivos?”.

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‍Esta historia es parte de “America After Roe”, un examen del impacto de la reversión de Roe contra Wade en la atención médica, la cultura, las políticas y las personas, producido por Carnegie-Knight News21. Para más reportajes, visita https://americaafterroe.news21.com/.