La llamada duró cerca de 30 minutos y la crisis política actual en Estados Unidos sugiere que el presidente Donald Trump jamás imaginó las consecuencias que podría traerle esa conversación. Aquel 25 de julio, al otro lado de la línea estaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Era la segunda vez que los mandatarios tenían comunicación directa y apenas colgaron, comenzaron los esfuerzos de los funcionarios encargados de monitorear la charla para eliminar el registro de la misma, por medio de un sistema que únicamente se utiliza en casos de información clasificada. La primera vez que hablaron, Trump llamó a Zelensky para felicitarlo por su nombramiento, pero el contenido de su segunda conversación tiene al gobierno norteamericano ante la posibilidad de un juicio político, o impeachment, como le llaman en su país.

Meses después de aquella charla salió a la luz que el presidente Trump había usado la llamada como una oportunidad para obtener un beneficio electoral. Durante la conversación, el mandatario estadounidense sugirió a Zelensky investigar a Hunter Biden, el hijo menor del precandidato demócrata Joe Biden y su posible rival en las elecciones de 2020. El presidente de Estados Unidos hizo sonar aquella petición como un favor, e insistió en que su país había sido muy bueno con Ucrania y que no sentía que el esfuerzo fuera recíproco. Semanas antes, Donald Trump había ordenado el bloqueo de 400 mdd de ayuda militar a Ucrania sin dar razones, por lo que había muy altas probabilidades de que sus palabras se interpretaran como una propuesta de intercambio a oídos del mandatario ucraniano.

Semanas más tarde, el 12 de agosto, una queja formal llegó a la oficina de Michael Atkinson, inspector general de la comunidad de Inteligencia, el remitente era un denunciante anónimo. “En el curso de mis deberes oficiales, he recibido información de varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que reportan que el Presidente está utilizando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”, detalló en el escrito de nueve páginas. El informante escribió también que entre las acciones cuestionables del Presidente resaltaba el que su abogado personal, Rudolph Giuliani, también estuviera involucrado en este intercambio diplomático, aún sin tener un puesto en el gobierno. “El fiscal general [William] Barr parece estar implicado también”, agregó.

Arranca la investigación rumbo al posible juicio político del mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el denunciante, desde mediados de mayo de este año, comenzó a tener noticias de que otros funcionarios estadounidenses estaban profundamente preocupados por la intromisión de Giuliani en la toma de decisiones de seguridad nacional. Fue él, quien a nombre de Trump, se reunió con los ucranianos para ejercerles presión para que retomaran las investigaciones respecto al periodo en que Hunter Biden estuvo dentro del directorio de Burisma Group, una de las mayores compañías de gas de Ucrania, mientras su padre era vicepresidente, durante el sexenio de Barack Obama. En más de una ocasión, el abogado de Trump sugirió que lo  sucedido era un conflicto de intereses y que era necesario que el gobierno ucraniano tomará “enérgicas medidas contra la corrupción”.

Durante la llamada de julio, Zelensky le aseguró a Trump que pondría especial atención en la investigación. Sin embargo, al darse a conocer públicamente la queja anónima, el presidente de Estados Unidos y el partido republicano desestimaron de inmediato que el hecho se tratara de una traición o abuso de poder. Como es recurrente, el mandatario estadounidense usó su cuenta de Twitter para descalificar la acusación en su contra y tildarla de ser “otra cacería de brujas”, tal y como se refirió siempre a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, un escándalo que lo acompañó durante los dos primeros años de su gobierno. Lo cierto es que esta nueva denuncia demostró, una vez más, que Trump es un presidente dispuesto a cruzar las líneas que delimitan las atribuciones de un jefe de estado.

Días después, el mandatario aseguró no tener problema con que la transcripción de la llamada con el presidente ucraniano se diera a conocer y prometió que así sería. Sin embargo, lo que se publicó no fue la transcripción íntegra, sino una versión reconstruida a partir de notas. Previo a ese esperado momento, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que se abriría la investigación previa rumbo a un juicio político o impeachment en contra de Trump. Sin embargo, aún sería precipitado asegurar que esta nueva crisis realmente afectará a un presidente acostumbrado a los escándalos en su camino a la reelección.

Previo a ese esperado momento, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que se abriría la investigación previa rumbo a un juicio político o impeachment en contra de Trump.

Es importante resaltar que el presidente cuenta con una base electoral sólida, que a pesar de los tropiezos, lo ha apoyado siempre. Respecto al denunciante, Trump ha declarado que tanto él como aquellos que le proporcionaron información desde el gobierno son «traidores». Sin embargo, la Ley de Protección de los Denunciantes ampara a los empleados federales que quieran denunciar violaciones a la ley, actos de corrupción o abusos de poder y otras acciones que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública.

Por otro lado, la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente, «debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves». Hasta ahora, todo indica que Trump sí presionó al presidente ucraniano, por lo que sus intenciones por reelegirse podrían verse afectadas por el escándalo. No obstante, el proceso está ahora en manos del Congreso y no hay una fecha clara para que la investigación previa llegue a su fin y en caso de ser necesario, abra paso a un juicio.

Los miembros del Congreso son los únicos que pueden acusar a un presidente en ejercicio de “altos crímenes y ofensas”. El poder judicial no puede intervenir para determinar si los cargos que se le presentan son justos o no, pues no se trata de un proceso legal, sino político. Por otro lado, ni la Casa Blanca ni Donald Trump pueden frenar el proceso que ha iniciado ya. Si tras la investigación, una mayoría simple del 51% Cámara de representantes,  aprueba la destitución, se procedería al juicio, que  tendría lugar en el Senado y a partir de ese momento ser necesitarían dos tercios de los votos para destituir al presidente, algo que jamás ha sucedido en la historia de Estados Unidos.

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