El expresidente Enrique Peña Nieto es el blanco de tres investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Una es por delitos electorales y patrimoniales (son aquellos que afectan a la hacienda pública, como la defraudación fiscal o las operaciones con recursos de procedencia ilícita). En esta acusación está involucrada la empresa OHL.

La segunda investigación incluye los delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales que aún requieren “dictámenes periciales hacendarios y fiscales” antes de convertirse en un proceso judicial formal, pero ya fueron solicitados. Existe una tercera carpeta por enriquecimiento ilícito que sí cuenta con los dictámenes necesarios, los cuales se están analizando. De este modo, las carpetas de investigación contra Enrique “P” se desarrollarán en los siguientes meses.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR sobre el caso de Enrique Peña Nieto, las denuncias fueron presentadas por las autoridades hacendarias, es decir, por la Procuraduría Fiscal de la Federación, que forma parte de la Secretaría de Hacienda. El documento no ofrece mayor detalle sobre los delitos electorales que menciona, pero advierte que se informará sobre los resultados de este proceso si la ley lo permite.

La constructora y concesionaria española OHL tuvo a su cargo obras carreteras en el Estado de México, las más importantes del entonces gobernador Enrique Peña Nieto (2005-2011): el Circuito Exterior Mexiquense, la Supervía Poetas, el Libramiento Norte de Puebla y el Viaducto Bicentenario.

En 2019, con Santiago Nieto al frente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra la empresa y contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal, Gerardo Ruiz Esparza, por presuntos actos de corrupción. Para abril de 2020 la FGR confirmó que la concesión para que construyeran el viaducto fue ilegal.

La empresa también ha sido acusada de financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 90 mil millones de pesos mediante complejos esquemas de corrupción, derivados de las obras públicas que le fueron concesionadas. Las pruebas fueron presentadas por el ahora senador Emilio Álvarez Icaza, pero no hubo una investigación judicial.

El pasado 7 de julio, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que Enrique Peña Nieto estaba siendo investigado por operaciones con recursos de origen ilícito. Según Gómez, se detectó un esquema que permitió al expresidente recibir en España más de 26 millones de pesos por medio de transferencias internacionales. Señaló además que Peña Nieto tenía vínculos con dos empresas que mantenían irregularidades financieras, pero nunca se dieron a conocer sus nombres.

En mayo el periódico español El País publicó que Enrique Peña Nieto posee una casa de lujo en España, y que se había convertido en residente gracias a una golden visa, un permiso especial para grandes inversionistas que destinan al menos 20.9 millones de pesos a la compra de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran un inmueble valuado en al menos 10.5 millones de pesos.

Horas después de que Pablo Gómez informara sobre la investigación, la propiedad de Enrique Peña Nieto fue puesta a la venta por 650,000 euros, es decir, 13.7 millones de pesos.

Quien fuera presidente de México entre 2012 y 2018 solamente se ha pronunciado sobre estas acusaciones en sus redes sociales. “Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos  legales”, escribió en su cuenta de Twitter.