Luis Rodríguez Bucio, un general en trámite de retiro será quien comande la Guardia Nacional (GN).

Durante la conferencia «mañanera» de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo anunció los nombres de quienes integrarán la coordinación de la Guardia Nacional. El general Luis Rodríguez Bucio, quien  inició en diciembre pasado su trámite de retiro del Ejército fue elegido para comandar la polémica GN.

Junto a él, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador,  designó también para la coordinación interinstitucional de la nueva corporación al general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; a Gabriel García Chávez, por parte de la Secretaría de Marina, y a Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, por parte de la Policía Federal.

El feroz debate

Desde hace años, México vive el periodo más sangriento de su historia. Tan solo en 2018, la tasa de homicidio aumentó 14% superando las 27 muertes por cada 100 mil personas, que de acuerdo con Instituto para la Economía y la Paz (IEP) corresponde al nivel más alto registrado. Ante este oscuro panorama, el país requiere de una serie de planes y estrategias que logren reducir los niveles de violencia por los que atraviesa. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado clara, desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, su inclinación por la creación de la Guardia Nacional, como nuevo cuerpo de seguridad centralizado, algo que no es muy distinto a lo que se implementó en los dos sexenios anteriores con terribles resultados.

Para López Obrador no hay mejor opción que las Fuerzas Armadas para estar al frente de esta nueva estrategia. Esa postura implicaría una reforma constitucional para la creación de un nuevo cuerpo militar. La sola posibilidad de “militarizar” al país una vez más (tras el largo proceso en el que especialistas y organizaciones de la sociedad civil lucharon por revertir la Ley de Seguridad Interior, consiguiendo que la Suprema Corte la declarara inconstitucional) encendió alarmas en más de un sector de la población, lo cual derivó en un intenso debate que alcanzó calma hasta febrero de este año. Frente a las presiones de la oposición en el Congreso y la movilización de la sociedad civil, Morena cedió a modificar la reforma propuesta por el Ejecutivo y aceptó que la nueva corporación quede adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional.

Con este cambio, la creación de la Guardia Civil fue aceptada por unanimidad. Pero ahora, a poco más de un mes de alcanzar el acuerdo, el mandatario mexicano volvió a cimbrar el panorama al declarar, el pasado 5 de abril, que sería un militar en activo quien esté al frente de la Guardia Nacional.

Presentación de uniformes para los elementos de la Guardia Nacional

“La gente que pide a gritos militarización sin entender los efectos a largo plazo, es gente que está apoyando un cambio de régimen y un cambio de régimen que sí puede tener visos autoritarios, que sí puede tener modos de operar propios de las dictaduras de derecha latinoamericanas que México no tuvo en los 70 y que no tendría por qué estar en riesgo de tener en los años venideros”, afirmó Lisa Sánchez, directora general de México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) en entrevista con Gatopardo.

El reciente posicionamiento del Presidente ha llegado a ser calificado como una traición al compromiso alcanzado en el Congreso. La mayoría de los nuevos elementos que conformarán la Guardia Nacional vienen de las filas del Ejército: 35 mil policías militares, por 18 mil policías federales y 8 mil policías navales.

A pesar de las críticas por parte de las bancadas opositoras en el Congreso y de organizaciones de derechos humanos, técnicamente el presidente López Obrador sí puede elegir al mando de la Guardia Nacional, incluso si este fuera militar. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la reforma al artículo 21 de la Constitución, en efecto, le otorga al presidente la facultad para designarlo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero también se ha sumado a esta postura y ha negado que el cambio se deba a “una burla”.

De acuerdo con el segundo transitorio de la reciente reforma al artículo 21, el Ejecutivo federal “dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina”.

“Creo que hay rasgos preocupantes en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo intentos de modificación legal en temas de la Ley de Seguridad Nacional y después en el sexenio de EPN, vino la Ley de Seguridad Interior, pero este sexenio simplemente se quitaron las máscaras, fuera eufemismos de si Seguridad Nacional Interior o Seguridad Pública, para materialmente constitucionalizar que el Ejército se hiciera cargo de la seguridad”, señaló Sánchez.

¿Y los derechos humanos?

“Yo no me adelantaría a hacer un juicio de que este sexenio terminará necesariamente en dictadura. Yo esperaría con todas mis fuerzas que no, pero sin duda es una señal de alarma que recibimos y estamos atendiendo y nos parece fundamental que tenga la respuesta que merece”, señaló Lisa Sánchez.

Por otro lado, el gobierno mexicano ganó recientemente lo que quizá se traduzca como un voto de confianza. Durante su visita a México, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con el que su oficina se comprometió a apoyar en la formación de los agentes en esta materia. «Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos«, señaló la expresidenta chilena.

El “compromiso histórico”, como lo calificó el mandatario mexicano durante la mañanera del 9 de abril, supone la responsabilidad por parte de su gobierno de no repetir los crímenes que se han cometido contra civiles por parte de las fuerzas armadas. Esto, luego de que el Ejército, quien tendrá gran presencia en la Guardia Nacional, ha sido acusado en reiteradas ocasiones por violaciones a los derechos humanos: tortura, secuestro, desaparición y ejecuciones arbitrarias.