Javier Duarte se declaró culpable el 26 de septiembre del 2018.

El proceso federal en contra del exgobernador de Veracruz comenzó en octubre del 2016, cuando salió la orden de aprehensión. Lo detuvieron siete meses después, en abril del 2017 en Guatemala y el 17 de julio de ese mismo año fue extraditado. 

A Duarte se le acusa por Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber, delitos que la Procuraduría General de la República (PGR) explicó como “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos públicos […] utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres […] Todo con la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”.

La audiencia que se llevó a cabo este miércoles 26 de septiembre era solamente un paso previo al juicio oral, una audiencia intermedia en preparación a la sesión en la que que el Tribunal y el juez decidirían el futuro de Duarte. Pero una de las dos fiscales de la PGR (eran cuatro: dos hombres y dos mujeres) solicitó la palabra señalando que el 17 de septiembre pasado, los abogados de Duarte habían presentado, en su nombre, una petición de “proceso abreviado”, que se cumpliría a partir de su declaración de culpabilidad a cambio de que se le impusiera la pena mínima que marca la ley por los delitos que se le acusan. Eso se resume en 9 años de prisión y una multa de 58,890 pesos.

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Durante su mandato, Javier Duarte desvió 73,000 millones de pesos que provenían de recursos públicos. Recursos que estaban destinados a seguridad, educación y salud; por ejemplo, el recorte de recursos que se hizo al centro estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, que resultó en la administración de agua destilada en lugar del compuesto utilizado en la quimioterapia a cientos de niños y adultos.

El mismo sistema de corrupción con el que Duarte gobernó Veracruz llevó a la entidad a alcanzar un récord en la cifra de homicidios al mes, 132 en julio del 2016. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) reveló que durante la administración de Javier Duarte se registraron los niveles históricos más altos de homicidio en la entidad.

Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Rubén Espinosa (junto con Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile), Anabel Flores, Manuel Torres y Pedro Tamayo fueron los 17 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte.  Además hay tres, Gabriel Fonseca ‘Cuco’, Miguel Morales Estrada y Sergio Landa Rosado, que están desaparecidos.

En Veracruz, entre 2013 y 2016, se han investigado 145 casos de desapariciones forzadas, eso sin contabilizar casos no denunciados o que se han perdido en papeleos y burocracias coludidas.

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«Únicamente porque la ley procesal en vigor obliga al imputado a aceptar su responsabilidad por el delito que se le acusa, es que mi defendido admitió ser partícipe en los hechos imputados», dijo el abogado del exgobernador, Ricardo Antonio Sánchez en un comunicado. «No hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite que algún recurso proveniente del Gobierno del Estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio del Dr. Duarte de Ochoa de forma ilegal», añadió. El abogado anunció también que buscará una reducción del 50% de la pena.

Lo que Sánchez está diciendo es que, como aún no se presentan suficientes pruebas para que el Tribunal declare a Duarte culpable, él mismo puede aceptar responsabilidad y de esa forma conseguir el mínimo de sentencia dictado por la ley. Sin embargo, en mayo del 2016 Animal Político –medio nativo digital con amplia experiencia en periodismo de investigación– publicó un reportaje que muestra cómo el gobierno de Veracruz desarrolló todo un sistema de empresas fantasma para desviar millones de pesos. Esta investigación comprobaba, entre muchas otras cosas, cómo es que lograron desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.

Además, en el mismo juicio en el que Duarte se declaró culpable, los representantes de la PGR presentaron las pruebas obtenidas para demostrar la culpabilidad del exgobernador. Entre ellas hay testimonios de personas coludidas en los delitos, como por ejemplo, los abogados Juan Janeiro y Alonso Otrega, que transfirieron recursos a empresas fantasma y compraron múltiples propiedades. También hablaron Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Duarte, y Xóchitl Tress, otra exfuncionaria que también fue pareja sentimental del entonces gobernador. Ella reconoció que siendo directora de espacios educativos, no recibió dinero para las escuelas, pero sí para comprar una camioneta y una casa de lujo.

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Miguel Ángel Yunes, quien sustituyó a Javier Duarte después de renunciar y escapar, dijo que más que una sentencia, le parece que lo que le imputaron al exgobernador es un perdón. Además exigió que los 41 inmuebles que se le decomisaron a Duarte –que tienen un valor de 800 millones de pesos– sean entregados al gobierno de Veracruz inmediatamente y que se le impute también por el delito de desaparición forzada. «Quien piense que Duarte estará en la cárcel dos o tres años, está totalmente equivocado», dijo Yunes Linares.

Por otro lado, Felipe de Jesús Muñoz, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales, instancia de la PGR, aseguró que la investigación contra Javier Duarte continúa abierta y que por lo tanto, la historia continúa.