La lógica rota en la discusión sobre seguridad pública - Gatopardo

La lógica rota en la discusión sobre seguridad pública

Los argumentos más comunes sobre la participación del ejército y la marina en este ámbito cometen saltos ilógicos y llegan a conclusiones que no se sostienen en los datos. Hay que superar estos errores de interpretación para discutir, por fin, la urgente reforma policial.

Los ánimos de normalizar y continuar con la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública andan desbocados, pese al fracaso en la reducción de la violencia homicida durante los últimos 13 años, en el que ellas mismas han participado. Varias posturas parten de una lectura superficial de las mediciones de la confianza ciudadana en las autoridades que hace el Inegi, particularmente, la que las personas sienten hacia los militares. Los errores de interpretación deben quedar en evidencia para tener discusiones más fructíferas sobre las estrategias e instituciones que necesitamos con urgencia.

Como mi intención no es señalar a algún autor en particular, me enfocaré en los argumentos para identificar dónde radican sus debilidades. Observo, como decía, que cojean del mismo pie: parten de premisas ciertas (la mayoría de las personas en México confía en las instituciones militares, por ejemplo), pero saltan a conclusiones y recomendaciones equivocadas. Atribuyo lo anterior a que pasan por alto detalles finos sobre la función de la seguridad pública y sobre la interacción de la ciudadanía con las autoridades en el marco de este concepto.

Es cierto que desde hace poco tiempo –prácticamente, a raíz de que la crisis de seguridad nos estalló en las manos– se hacen estudios y mediciones a escala nacional acerca de este tema. La medición periódica de la percepción de seguridad y confianza en las autoridades por parte del Inegi data apenas de 2010, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), aunque la División de Estudios Jurídicos del CIDE realizó levantamientos semestrales entre 2005 y 2007 para el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México.

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