Tiempo de lectura: 7 minutosFuego, enormes llamaradas, humo, vidrios estrellados en el piso, piedras arrojadas, contenedores de basura volcados en la calle, estallidos, el sonido de sirenas y alarmas, de motocicletas, de balas, de gritos. El 9 de septiembre de 2020, las imágenes de lo que sucedía en distintos barrios de Bogotá aparecieron en simultáneo en las redes sociales. Era el comienzo de una protesta ciudadana en respuesta a la tortura y el homicidio de Javier Ordóñez, un hombre de 44 años, ingeniero aeronáutico y próximo a graduarse de abogado, mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional.
La noche anterior, Javier Ordóñez salió de su apartamento a una tienda cercana, junto con dos amigos. La policía los detuvo y uno de ellos grabó en su celular. En el video, Javier está tendido boca abajo. Dice “por favor, por favor, ya, no más”, mientras dos patrulleros le propinan descargas eléctricas con pistolas taser. Su muerte ocurrió en una unidad de policía, conocida como Centro de Atención Inmediata, a la que fue conducido después y no en un hospital, asegura el abogado a cargo de la defensa; por su parte, el informe de necropsia estableció que tenía múltiples golpes que le causaron la ruptura de un riñón y una posterior hemorragia.
“A Javier lo asesinó la tomba”, dice uno de los tantos carteles que fueron agitados durante las jornadas de protesta el 9 y el 10 de septiembre; dos días de enfrentamientos y represión, cuyos hechos y responsables continúan sin ser suficientemente esclarecidos. Según datos de la Veeduría Distrital, la entidad que recibe e investiga reclamos por irregularidades cometidas por funcionarios del distrito, 10 personas fueron asesinadas –otras fuentes contabilizan 14– y 305 heridas, 75 de ellas con arma de fuego. Hubo 206 policías lesionados y la alcaldía recibió 119 denuncias de abuso policial.
Cuatro meses después, el pasado 25 de enero, Temblores ONG, una organización con sede en Bogotá que construye puentes entre los ciudadanos, el Estado y la administración de justicia, lanzó el informe Bolillo, Dios y Patria que documenta hechos de violencia homicida, física y sexual cometidos por la Policía Nacional en 2017, 2018 y 2019. Tres números sobresalen: 289 personas asesinadas, 39,613 personas lesionadas, 102 hechos de violencia sexual.
—¿Por qué seleccionaron los años 2017, 2018 y 2019?
—En 2020 nos sentamos a producir información diagnóstica sobre la violencia física, sexual y homicida en esos tres años porque queríamos ver cómo había sido la implementación del Código de Policía, si las normas habían servido para regular la actividad entre ciudadanos y policía y si esto había generado un impacto positivo o negativo en la ciudadanía —dice por teléfono en entrevista con Gatopardo el abogado Alejandro Lanz, codirector de Temblores ONG.
Se refiere al Código Nacional de Policía y Convivencia que entró en vigor en 2017 y que fue discutido en el Congreso en el marco del posacuerdo entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.
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—¿Qué se creyó en el Congreso cuando se creó este código? —continúa Lanz—. Que si se lograba regular la actividad de la Policía en el espacio público y detener las multas cuando un ciudadano o ciudadana incurría en un comportamiento contrario a la convivencia, se iban a reducir la violencia y la corrupción policial. Lo que estamos viendo es que no fue así. Se le otorgó mayor poder a la Policía y, con ese poder, ha tenido una mayor discrecionalidad en la imposición de multas que muchas veces se transforma en violencia y formas de autoritarismo con personas que usan drogas, personas LGBTI o personas que hacen de la calle su lugar de trabajo.
Aunque los datos registrados son recientes, la situación tiene raíces en el pasado. En Colombia, se lee en el informe, la Policía Nacional fue creada por decreto presidencial en 1891 como un cuerpo independiente de las fuerzas militares, pero con un siglo XX atravesado por un conflicto armado interno, la institución fue perdiendo su carácter civil y adoptó uno militar para enfrentar, en nombre de una noción de seguridad, a los grupos armados al margen de la ley. Eso, de alguna manera, repercutió en que hoy la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa y no al Ministerio del Interior, como sucede en otros países, lo que, a su vez, faculta a la Justicia Penal Militar para investigar, acusar y juzgar las acciones que involucran a policías.
—La Policía, según la Constitución, es la cara visible del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos. […] Para muchas ciudadanías su presencia sí implica seguridad, pero para otra gran cantidad implica miedo por unas prácticas de perfilamiento y criminalización asociadas a ciertas identidades —dice Lanz.
El informe Bolillo, Dios y Patria hace énfasis en cuáles son esas identidades y en los factores de vulnerabilidad basados en “estereotipos de raza, género y clase social”. Ser afrodescendiente, dedicarse a la venta ambulante y usar drogas, en el caso de la violencia homicida. Usar drogas, ser afrodescendiente, estar bajo custodia policial o en situación de desplazamiento forzado, en el caso de la violencia física. Ser mujer, en el caso de la violencia sexual. Perpetradas por policías en todos los casos. Pero hay otros dos factores casi transversales a cualquier violencia: ser estudiante y participar en la protesta social.
—Eso es impresionante. Yo creo que esa cifra alta de estudiantes responde también a discursos políticos graves y peligrosos. Es el discurso de criminalización que convierte a los estudiantes y jóvenes en vándalos —dice Lanz y recuerda a Dilan Cruz, el joven asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) con un arma disparada de manera ilegal el 23 de noviembre de 2019 durante una jornada de movilización en Bogotá, en la que se exigía, entre otras cosas, educación.
—Seguir diciendo que las armas que disparan [granadas] aturdidoras, gases lacrimógenos o balines pequeños para herir a la gente no generan letalidad es una mentira. No cumplen con el derecho internacional humanitario y son, y han sido, utilizadas en Colombia de manera ilegal al recargarlas con recalzadas, piquis y esquirlas. Una petición primordial es la discusión pública sobre la utilización de esas armas y sobre la poca precisión que tienen al momento de dispersar una movilización social.
De los 39,613 casos de violencia física, 10,271 ocurrieron en Bogotá, es decir, uno de cada cuatro. Pero concluir que la violencia policial es un fenómeno urbano no es del todo preciso puesto que Bogotá, así como otras capitales, tiene una estructura de denuncia consolidada, mejor acceso a las instituciones y mayor densidad poblacional. Al respecto, la consecución de datos para realizar el informe no fue en absoluto fácil. El equipo de Temblores ONG usó sobre todo información del Estado, en particular del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero también de redes sociales, medios de comunicación y de una plataforma propia de denuncia. En ocasiones, las fuentes oficiales no entregan los datos completos y ocurre también que los videos y fotos publicados en redes no incluyen fecha o lugar o generan una indignación momentánea que no se materializa en una denuncia.
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Esos vacíos en el registro, dice el informe, permiten la continuidad de un discurso que asegura que la violencia obedece a malos comportamientos aislados y no a un problema estructural y, con eso, persiste la impunidad. “Solo en un 2.2% de los 39,613 casos [de violencia física por parte de la policía] el Estado abrió una investigación formal por la comisión del delito de lesiones. […] De los 39,613 casos que llegaron a ser registrados por el Estado, hay ocho condenas penales, lo que equivale a que solo el 0.02% de las víctimas pudieron acceder a la justicia y obtener un fallo mínimamente satisfactorio”.
En medio de la pandemia por Covid 19, en la que, de acuerdo con Lanz, la crisis de la Policía se profundizó porque ahora tiene más poder para determinar quién usa el espacio público y quién no, en medio también de un crecimiento de multas por agresión a la autoridad (de 200 mil en 2019 a un millón 200 mil en 2020), el informe termina con una serie de peticiones para una reforma policial: prohibición de armas de “letalidad reducida”, multas que cuenten con la firma de un testigo civil que dé fe de la contravención, formación en derechos humanos de los agentes, crímenes juzgados por la justicia ordinaria, traslado de la institución al Ministerio del Interior.
En respuesta a un cuestionario enviado por Gatopardo, la integrante de la Cámara de Representantes María José Pizarro, prologuista del informe Bolillo, Dios y Patria, escribe que la Bancada Alternativa del Congreso, que agrupa partidos y movimientos de la oposición, presentó “un proyecto de ley que tiene como finalidad fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo y dar impulso al Sistema de Participación Ciudadana”. Menciona algunos aspectos del actual Código de Policía que buscan reformar: el traslado de protección “si una persona se encuentra en grado alto de exaltación, deberá ser entregada a un familiar o conocido y, en ausencia de éstos, llevada a un centro de protección, no a estaciones ni a otros sitios destinados a la privación de libertad; la duración de la detención no podrá ser mayor a doce horas”; la forma en que la policía realiza los registros, que “deberá ser superficial, externa y no invasiva” y además hecha por alguien del mismo género, y la creación de un manual para el registro con el fin de que quede constancia de la actuación policial. El proyecto se encuentra en la Comisión Primera, pendiente para un primer debate en el Senado.
“Sobre su viabilidad, puedo asegurar que esta iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales y de miles de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, no contamos con el apoyo del gobierno nacional, ni con los partidos de gobierno, quienes se han opuesto a iniciativas, entre las cuales se encuentran los proyectos ‘Por el que se regula el uso de la fuerza y la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas’ y ‘Por el cual se regula el sistema de ascensos de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional’.
“Queremos volver a mirar a la Policía con legitimidad, recobrar la confianza en esta institución que debe estar con la ciudadanía, dar información, acompañarla”, escribe la representante Pizarro. “Rechazamos esa institución que abusa de su poder, violenta los derechos humanos y acaba con la vida de cientos de ciudadanos”.
Sobre la respuesta oficial tras la publicación del informe, recuerda que, además de recurrir a Medicina Legal, usaron datos de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. “Invitamos a estas mismas entidades al lanzamiento; sin embargo, solo acudió en calidad de observador un funcionario enviado por la Procuraduría. De las otras no asistió ningún representante o vocero”.
Las recalzadas son cápsulas rellenadas con pólvora, balines, canicas (piquis) y otros elementos irregulares, luego disparadas como proyectiles por las armas a las que Lanz hace referencia.
